El prestigioso diario estadounidense destacó el fenómeno viral de la expedición y lo enmarcó en la resistencia al ajuste en ciencia que impulsa el Gobierno. El furor por el streaming de la expedición del CONICET en el fondo del mar argentino trascendió las fronteras y llegó a las páginas de uno de los diarios más influyentes del mundo, The New York Times. En un extenso artículo, el medio no solo destacó el inesperado éxito de la transmisión, sino que lo enmarcó directamente como una forma de activismo y resistencia contra los recortes presupuestarios a la ciencia del gobierno de Javier Milei. Según la agencia Noticias Argentinas, la nota, titulada "Una estrella de mar ha cautivado a Argentina. No pidió ser política", describe cómo la transmisión en vivo se transformó en un "estandarte inesperado" para quienes se oponen a las amenazas del Presidente de recortar y privatizar la ciencia financiada por el Estado. "Mientras el presidente de Argentina recortaba los fondos para la investigación científica, cientos de miles de personas han visto una transmisión en vivo de una exploración de las profundidades marinas, en parte por interés en la naturaleza y en parte como una forma de activismo", señala el artículo del prestigioso diario. The New York Times relata cómo parejas cancelaron sus planes para ver el streaming, amigos se juntaron en sus casas y los chats familiares "zumbaban con actualizaciones", comparando el fenómeno con un partido de Lionel Messi. El diario también se hace eco de la grieta que generó el suceso. Cita un posteo del dirigente opositor Juan Grabois, quien al compartir el video de la "estrella de mar culona" escribió que Milei "nunca entenderá la belleza de nuestro país ni la grandeza de nuestro pueblo". En la vereda opuesta, menciona la reacción de Daniel Parisini, un influencer cercano a Milei, quien comentó con desdén: "Muy lindo. Pero lamentablemente, vamos a tener que volar todo para extraer petróleo y enriquecernos". El artículo, que en su edición impresa llevó el título "El nuevo pasatiempo nacional de Argentina: mirar el fondo del océano", destaca que, mientras los investigadores se han abstenido de hacer comentarios políticos, otros científicos y sus partidarios organizaron protestas esta semana contra las políticas del Gobierno, donde repartieron galletitas con forma de estrella de mar.

El Decreto 563/2025 oficializa una nueva poda fiscal en favor de los sectores más poderosos: la industria minera y agroexportadora. Bajo la promesa de inversión y empleo, Milei profundiza una política que libera al capital y asfixia al pueblo. Mientras se recortan derechos sociales, se desfinancian universidades y se profundiza la recesión, el Gobierno de Javier Milei elimina impuestos a los minerales, metales y granos, beneficiando a grandes empresarios nacionales y extranjeros. La política económica se orienta sin disimulo hacia un país para pocos.En la madrugada del 7 de agosto, como quien no quiere que se note el golpe, el Gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el Decreto 563/2025, oficializando la eliminación total de las retenciones a la exportación de minerales, metales y hierros. La medida, en apariencia técnica, esconde un nuevo gesto de amor hacia los grandes jugadores de la economía, en detrimento del pueblo que enfrenta la peor licuación del salario real en décadas. No es un detalle menor: en menos de una semana, se suprimieron impuestos a gran parte del complejo agroexportador —granos y carnes— y ahora se suma el sector minero. La orientación es clara y brutal: liberar al capital de toda carga fiscal y dejar que el ajuste lo paguen quienes no tienen cómo defenderse.El decreto establece una alícuota del 0% para todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) vinculadas a la minería. Esto incluye desde minería metalífera y no metalífera hasta rocas de aplicación, combustibles y piedras preciosas. Una vez más, las provincias con fuerte perfil exportador en esta área —como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca— se transforman en terreno fértil para la expansión sin freno de una industria históricamente cuestionada por su impacto ambiental, sus modos de explotación y su escasa contribución efectiva a las economías locales.En paralelo, se derogó el Decreto 308/2022, que había creado un registro optativo de exportaciones de cobre para proyectos nuevos. Con esta derogación, se eliminan regulaciones mínimas que exigían inversión productiva local como contraparte. ¿El resultado? El Estado renuncia a toda pretensión de orientar estratégicamente el desarrollo y se limita a allanar el camino a las empresas. Es el reino del laissez faire, con esteroides.El relato oficial, sin embargo, no se detiene en el beneficio a los grandes grupos. Alega que la medida busca asegurar el “máximo valor agregado en el país”, promover la inversión y generar empleo. Palabras bellas para una política que, en la práctica, no exige ninguna contraprestación concreta. Ni una cláusula de generación de puestos de trabajo, ni una línea sobre el cuidado ambiental, ni una obligación de procesar los minerales en territorio nacional. Todo queda librado a la buena voluntad del mercado. Es un modelo de fe neoliberal que lleva más de 40 años fracasando en América Latina, pero que hoy vuelve con aires de cruzada redentora.Y no es casual: el Gobierno argumenta que esta decisión no afectará la recaudación tributaria. Una afirmación que raya el cinismo en un contexto donde se recortan jubilaciones, se eliminan fondos para la educación pública, se desfinancia la ciencia y se demuelen programas sociales. Si no se compromete la recaudación general, ¿a costa de quién se sostiene el ajuste? La respuesta es tan obvia como dolorosa: se sostiene a costa de quienes no tienen poder de lobby, de quienes no pueden escribir decretos, de quienes no son dueños de yacimientos ni tienen acciones en la Bolsa.Más aún, desde el Ejecutivo se sostiene que esta política se enmarca en la necesidad de aprovechar el contexto internacional de transición energética, donde la demanda de minerales como el litio, el cobre o el oro se encuentra en alza. Argentina, afirman, tiene abundantes reservas y debe capitalizarlas. Pero capitalizar no implica regalar. Y eso es, en esencia, lo que se está haciendo: regalar el subsuelo, ceder soberanía y hipotecar el futuro.La narrativa se completa con otra cifra impactante: el 80% de la capacidad exportadora de las provincias mencionadas depende de la minería. A partir de esa premisa, se plantea que la eliminación de retenciones generará una mayor demanda global y, con ello, más empleo. Pero, otra vez, la fórmula repite el viejo truco del derrame que nunca llega. Porque el boom minero no ha generado ni mejores condiciones laborales ni desarrollo industrial en esos territorios. Y porque la concentración del ingreso en manos de corporaciones transnacionales nunca ha sido sinónimo de justicia social.La medida se suma, además, a las recientes reducciones de retenciones al agro presentadas como una epopeya libertaria en la Exposición Rural de Palermo. El modelo Agmemod, utilizado por la Bolsa de Comercio de Rosario, proyecta un aumento de más de 13 millones de toneladas en la producción agrícola hacia 2035 y un acumulado de USD 28.800 millones en valor de producción. En ese marco, se bajan al 9,5% las retenciones al maíz, sorgo, trigo y cebada, mientras que la soja baja al 26%, el poroto y sus subproductos al 24,5%, el girasol al 5,5% y al 4%.Esa proyección, además, estima que la producción granaria alcanzará las 172,3 millones de toneladas con un valor de USD 50.100 millones. Un festín para los grandes grupos concentrados del agro, que ahora recibirán una proporción histórica del precio FOB, con más “dólar cash” en mano desde 2012. Pero el interrogante es inevitable: ¿cuánto de ese festín se redistribuye en empleo genuino, en inversiones reales, en soberanía alimentaria? Y la respuesta, una vez más, es poco y nada.La política económica del gobierno de Javier Milei no deja lugar a dudas: se está construyendo un país a medida de los grandes capitales, un territorio diseñado para extraer, exportar y acumular. Las pymes, los asalariados, los jubilados, los docentes y los sectores populares son apenas el costo de esa arquitectura de saqueo elegante, legalizada y celebrada por los medios concentrados. Se les exige sacrificio mientras otros celebran dividendos.Y lo que se presenta como crecimiento y empleo, en realidad es un disciplinamiento brutal. Se desfinancia al Estado para que no moleste, se eliminan regulaciones para que nada frene el avance de los que ya ganan siempre, y se justifica todo con el mantra de la libertad. Una libertad que, como siempre, es privilegio de unos pocos. Porque cuando se eliminan impuestos sin exigir nada a cambio, cuando se legisla para beneficiar a los más ricos y se deja de lado a los más vulnerables, no hay política económica: hay saqueo institucionalizado.La eliminación de las retenciones a la minería y al agro no es un error de cálculo, ni un tecnicismo fiscal. Es una definición ideológica: este Gobierno no gobierna para todos. Gobierna para los dueños del capital. Los mismos de siempre.Fuente: https://www.infobae.com/economia/2025/08/07/eliminaron-las-retenciones-para-la-exportacion-de-minerales-hierros-y-metales/

Empresas sin estructura real emitieron facturas millonarias por servicios al Gobierno de la Ciudad, según determinó la Justicia Federal. Investigan contratos directos sin licitación entre 2013 y 2018. Involucran a los hermanos Solmi y a firmas sin empleados ni medios operativos. Una causa judicial en trámite en Comodoro Py involucra a los hermanos Víctor Enrique, Sergio Gustavo y Víctor Manuel Solmi, vinculados a contratos otorgados por el Gobierno de la Ciudad entre 2013 y 2018, período que incluye las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. La investigación detectó operaciones realizadas a través de las firmas Citepa SA y Varberg SA, que ofrecían servicios de limpieza y antigrafiti pero carecían de estructura operativa. Según la acusación, estas sociedades facturaron más de $49 millones a Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y al Ministerio de Educación porteño mediante adjudicaciones directas. Causa iniciada por denuncia de la AFIP El expediente comenzó en 2017, tras una denuncia presentada por la AFIP en la Justicia Federal de San Nicolás por evasión tributaria. Luego se sumaron la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que presentaron denuncias por administración fraudulenta y lavado de activos. El juez Carlos Villafuerte Ruzo, de San Nicolás, derivó la causa a la Ciudad de Buenos Aires por entender que allí ocurrieron la mayoría de los hechos. Finalmente, el expediente quedó bajo la órbita del juez Sebastián Casanello, quien admitió a la AFIP como querellante. Pruebas y operaciones financieras bajo la lupa Casanello ordenó la indagatoria de los hermanos Solmi y otros once imputados. La acusación sostiene que el dinero cobrado por los contratos “habría sido luego utilizado para realizar diversas transacciones financieras de inversión bursátil, poniendo así en circulación el producto de la posible actividad ilícita”. Las pruebas incluyen documentos contables, movimientos bancarios y mensajes extraídos de teléfonos secuestrados. En esas conversaciones, Víctor Enrique Solmi “mantenía contacto directo con funcionarios de Sbase y del Ministerio de Educación”, quienes habrían actuado para adjudicar contratos a Citepa y Varberg sin licitación, alegando razones de “urgencia” o “especialidad”. Testaferros, estructura inexistente y embargos millonarios El juez determinó que ambas sociedades estaban formalmente administradas por testaferros, aunque los beneficiarios finales eran los hermanos Solmi. En su resolución, procesó a: Víctor Enrique Solmi Víctor Manuel Solmi Sergio Gustavo Solmi Andrés Gustavo Servente Alejandro Guido Servente Pablo Servente Pablo Geoghegan Rodolfo Santiago Solimano José María Cambón Además, Jorge Alejandro Palacio y Mariana Peretti fueron procesados como partícipes necesarios. Casanello impuso embargos por hasta $18 mil millones sobre los bienes de todos los imputados. Dictó la falta de mérito para otras tres personas. Apelaciones y posible juicio Todos los acusados rechazaron los cargos durante sus declaraciones indagatorias y presentaron recursos de apelación. La Cámara Federal Porteña deberá definir ahora si confirma o revoca los procesamientos dispuestos por Casanello. El caso se centra en los mecanismos de contratación directa dentro del Gobierno de la Ciudad y la utilización de empresas sin capacidad real para cumplir con los servicios.

El mandatario llegó con una fuerte custodia. Consultados por diversos canales de televisión, habitantes del municipio más poblado del conurbano expresaron su disgusto. La foto de campaña que se sacó Javier Milei junto con otros dirigentes y candidatos libertarios en un barrio de La Matanza cosechó diferentes críticas. Desde algunos sectores políticos fustigaron el uso de la consigna "Nunca Más" como una banalización de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la última dictadura. También algunos sectores libertarios hicieron notar la gran proporción de "casta" que anida en el armado que diseñaron Karina Milei y Sebastián Pareja para competir en los comicios provinciales del próximo 7 de septiembre. Pero esas no fueron las únicas críticas. También los propios vecinos de La Matanza, que lo vieron llegar rodeado de una fuerte custodia, expresaron su rechazo a la presencia del libertario y su entorno. Pusieron especialmente el acento en la brevedad de la visita y a su carácter de acción de campaña. Uno de estos vecinos, consultado por el canal LN+ sobre qué le habría dicho a Milei si hubiese podido acercarse, respondió: "Que cambie algo porque yo hace un año y medio que me quedé sin trabajo. Yo trabajaba en una fábrica metalúrgica. Acá no va a venir Milei a ayudar, porque hoy lo que hizo es política: se bajó, se sacó la foto y se fue, en vez de escuchar los problemas de los vecinos". A su vez, otra mujer también destacó que solo se trató de un acto electoral y fugaz: "Lo vi que bajó de una camioneta, habrá estado cuatro minutos, se sacó una foto y se fue. Todo muy rápido. Acá la gente vive al día, la mayoría va a los comedores". En tanto, un móvil del canal A24 consultó también a un vecino sobre lo que pensaba de la presencia de Milei y los candidatos, y recibió una respuesta lapidaria: "Un asco, yo lo vi y me metí para adentro, ¿qué voy a hacer? ¿A usted le parece que yo puedo aceptar a ese tipo? Ni loco. Estoy seguro de que a él no lo voy a votar".

La comitiva que se reunió con el mandatario celebró esa misma noche en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires. El «empresario» estadounidense Hayden Mark Davis estuvo de gira por el país antes de encontrarse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada para motorizar la criptoestafa $Libra. Así quedó registrado en fotos y videos que se filtraron este miércoles. Su estadía en Argentina lo acercó a diferentes actores del mundo empresarial, a los que les comunicó que el mandatario les había firmado «todo» y estaba bajo su control. Tanto los archivos como los ecos de las conversaciones que tuvo Davis con los empresarios argentinos salieron publicados en un artículo del diario La Nación, con la firma del periodista Hugo Alconada Mon. En dicha nota figuran las pruebas de que el estadounidense recorrió cuantro puntos de la Argentina como parte de una comitiva que evaluó inversiones en energía y minería -salvo él, que afirmaba estar interesado en desarrollar un banco de criptomonedas en asociación con Javier Milei-. Davis hablaba de «un proyecto de blockchain» en el país y llegó a visitar oficinas en alquiler en barrios porteños como Belgrano y Palermo, desde donde se dedicaría a «tokenizar la Argentina» a través de una «canasta de monedas» que -siempre según él- combinaría pesos, dólares y criptomendas para «facilitar las inversiones extranjeras». El matarial audiovisual muestra que la comitiva estaba integrada por Davis, el empresario estadounidense Glenn Brooks Heards, a quien lo presentaba como «tío»; el egipcio nacionalizado estadounidense Ahmed Faisal Hassan; el traductor español y asistente de Davis, Arturo Osete Herraiz; y los hermanos argentinos Leandro y Marcelo Aranda. Todos se movieron a bordo del jet Hawker 800XP, alquilado por alrededor de 400.000 dólares. La gira inició en la ciudad de Buenos Aires y siguió por Neuquén -para visitar Vaca Muerta-, Tierra del Fuego, Salta y Paraguay. Se realizó a mediados de noviembre y duró un puñado de días porque había que retornar a suelo porteño para un objetivo prioritario: encontrarse con el presidente. Están los registros de Casa Rosada que señalan que a las 14.30 del 21 de noviembre Davis ingresó con Heards y otro protagonista del escándalo, el organizador del evento Tech Forum Mauricio Novelli, a reunirse con el mandatario gracias a la autorización de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. No fueron con las manos vacías. El medio antes citado accedió a un borrador del eventual acuerdo, fechado el 20 de noviembre, un día antes de visitar a Milei. Era un «acuerdo de asociación» que Davis -hospedado junto a la comitiva en el Four Seasons– redactó poniendo como «socio» a Novelli, Manuel Terrones Godoy (otro de los organizadores del evento Tech Forum) y Sergio Morales, que venía de particiar en un evento como «Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación» y luego tomó un cargo de asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en las áreas de blockchain y criptomonedas. La audiencia con Javier Milei salió tan bien para los visitantes que Davis celebró esa misma noche con el resto de la comitiva en el Four Seasons. Desde La Nación lograron reconstruir que el estadounidense afirmaba que el titular de Casa Rosada les había «firmado todo». En las semanas siguientes, Davis le escribió a expertos en finanzas y ejecutivos de inversiones en criptomonedas para detallar los alcances de lo conseguido en Buenos Aires. «Podemos hacer que Milei tuitee, que haga reuniones en persona y que haga una promoción», les dijo, y se envalentonó: «Yo controlo a ese nigga», un término que los supremacistas blancos usan para aludir a personas afroamericanas o de otros orígenes que están sujetas casi a la servicumbre. La reconstrucción de los hechos complica particularmente a la secretaria general de la Presidencia. «Le envío $$ a su hermana (por Karina Milei) y él firma lo que yo digo, hace lo que quiero. Una locura», remató Davis. Un par de meses más tarde, el 14 de febrero, Javier Milei realiza una publicación en su perfil de X en la que promociona $Libra y llama a invertir en la criptomoneda. “Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, escribió. Otros operadores con información privilegiada compraron a bajo valor y, luego de la difusión presidencial, cuando crecía la demanda, lo vendieron a un precio muy superior. La salida masiva de los principales tenedores derrumbó el valor de $Libra, generando miles de damnificados en todo el mundo, mientras unos pocos quedaron con réditos millonarios.

El actor tenía todo listo para estrenar su flamante obra, Tirria, con Rafael Spregelburd y Andrea Politti. Para este jueves 7 de agosto, estaba previsto el esperado regreso de Diego Capusotto a la calle Corrientes con la obra teatral “Tirria”. Pero la buena nueva se hará esperar una semana más debido a que el popular actor sufrió un accidente durante un ensayo.  La productora del espectáculo dio a conocer los motivos por los cuales se suspendieron las funciones previstas para el primer fin de semana de estreno en el Teatro Metropolitan. Durante uno de los últimos ensayos generales, "Capusotto sufrió un desgarro muscular por el que fue rápidamente asistido y evaluado. A raíz de la lesión, y debido a las exigencias físicas de su personaje, se le indicó reposo absoluto, imposibilitando su participación en escena durante los próximos días", según el comunicado de prensa dado a conocer este jueves. Por este motivo el estreno fue postergado una semana, hasta el jueves 14 de agosto. Asimismo, las entradas correspondientes a este fin de semana pasan al 28, 29 y 30 de agosto. El elenco de Tirria lo completan Andrea Politti, Rafael Spregelburd, Daniel Berbedes, Juano Arana, Galo Politti y Eva Capusotto,  Tirria La historia que da base a la obra gira en torno a los Sobrado Alvear, familia patricia argentina venida a menos. Todos los veranos, los Sobrado Alvear fingen partir a Europa. Excepto Hilario, el fiel criado, nadie sabe su secreto: arruinados económicamente, pasarán los siguientes tres meses encerrados en los baúles que se arrumban en su mansión. Sobreviviendo exclusivamente a base de arroz con leche, los Sobrado Alvear se permiten paseos imaginarios por una Europa hecha de recuerdos. Por suerte (o por desgracia) para ellos, el atento Hilario, “casi de la familia”, se ocupa de todo. Y nadie duda que el criado será capaz de llegar a cualquier extremo para salvar el honor de la casa. Entradas a la venta en la boletería del teatro y a través de PlateaNet.

“Somos custodios de los discapacitados, no podemos desentendernos de los que sufren”, sostuvo el arzobispo de Buenos Aires. También dirigió sus palabras a los ancianos “que piden una jubilación digna” y a quienes “revuelven la basura, no porque les guste, sino por necesidad”. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezó la misa central en Liniers en el día de San Cayetano, ante cientos de fieles que se acercaron a pedir por pan, paz, trabajo y justicia. En su homilía, envió un mensaje centrado en la empatía, el trabajo y la necesidad de unidad nacional. Durante la celebración religiosa, el arzobispo destacó: “Somos custodios de los discapacitados, no podemos desentendernos de los que sufren”. También dirigió sus palabras a los ancianos “que piden una jubilación digna” y a quienes “revuelven la basura, no porque les guste, sino por necesidad”. Justicia, perdón y encuentro como camino de salida En uno de los pasajes de su mensaje, el arzobispo evocó una parábola sobre el pan como símbolo del trabajo y pidió: “Le pedimos a San Cayetano que haga una casa de reconciliación, que podamos abrazarnos y pedirnos perdón”. Con tono firme, García Cuerva citó a Juan Pablo II: “No hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón”, y remarcó: “Le rogamos a nuestro santo patrono que podamos recapacitar, salir del chiquero del odio y las chicanas y ponernos de pie”. En esa línea, agregó: “Tenemos que animarnos a dar el paso de la reconciliación entre los argentinos. Así podremos gestar una renovación más humanas”. “Cultura del enfrentamiento no, cultura del encuentro sí”, expresó con énfasis ante los asistentes. Un país para todos: el valor del trabajo y del esfuerzo compartido El mensaje también se dirigió a la situación laboral y económica del país. “Pedimos por todos los trabajadores de nuestra patria, por todos, porque como iglesias valoramos todas las formas del trabajo, el empleo formal, emprendimientos, reciclado y changas...todo esfuerzo que lleva al pan sobre la mesa tiene que ser protegido”. Finalmente, instó a “sentarnos a una misma mesa para pensar juntos, para generar consensos, para dialogar, para llorar fracasos sin estar siempre buscando culpables para estar mal. Hacer fiestas por pequeños grandes logros y figurar por esfuerzos que son de todos”.

Llamó a frenar el lawfare en América Latina La campaña internacional "Cristina Libre" se lanzó en México con la presencia de la secretaria general del partido oficialista Morena, Carolina Rangel, quien expresó su solidaridad con la expresidenta llamó a frenar el lawfare en América Latina. "La lucha es compleja, pero lo que nos toca como contrapeso es seguir hablando, seguir alzando la voz y seguir orgnizándonos". La secretaria general de Morena extendió el respaldo que días atrás expresó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que sostuvo que el caso de Cristina "es una cuestión política". "Si hablamos de un poder judicial corrupto, lejano del pueblo y de las causas justas, en México también hemos tenido bastantes experiencias", reconoció Rangel. El apoyo por la libertad de la expresidenta ocurrió en el marco del panel "Lawfare y represión política en América Latina" como parte del lanzamiento del comité "Cristina Libre", que se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con participación de los legisladores y dirigentes peronistas Leila Chaer, Tomás Ledesma, Oscar Parrilli y Soledad Magno. "Como partido de la Cuarta Transformación, pero más allá de eso, como movimiento, respaldamos a las mujeres que han hecho lucha en el mundo y en América Latina. Muchas de nosotras nos hemos inspirado en caminar y hacer políticas gracias al ejemplo de Cristina", reivindicó Rangel. La secretaria general de Morena denunció que los casos de "lawfare" buscan frenar los proyectos populares con el Poder Judicial como aliado para fabricar causas y sentencias arbitrarias y apuntó contra el gobierno de Javier Milei como una "mala broma para el pueblo argentino". "El temor de la derecha es tan grande, que hasta quieren judicializar el hecho de que Cristina se asome a un balcón", denunció Rangel.

Reclaman que los senadores rechacen el decreto 351, como hizo la Cámara de Diputados. "El Gobierno ataca la búsqueda de los nietos", denuncian. El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) está en riesgo. El Gobierno de Javier Milei lo desfinanció y avanzó en una intervención de hecho a través del decreto 351, publicado hacia finales de mayo. Para las Abuelas de Plaza de Mayo, el BNDG es un organismo fundamental para encontrar a los nietos y nietas que les robaron durante la última dictadura. Por eso, confían en que el Senado rechace en los próximos días el decreto, como sucedió el miércoles en la Cámara de Diputados. Cuando se discutió la Ley Bases, hubo un consenso: el BNDG no podría quedar a merced de la motosierra del Presidente. Se lo excluyó explícitamente de aquellos organismos que podían ser eliminados o intervenidos. Sin embargo, el Gobierno encontró una hendija y avanzó. Fue Raúl Alfonsín quien impulsó la creación del BNDG después de una reunión con las Abuelas, en la que ellas le explicaron que con el “índice de abuelidad” podrían encontrar a chicos apropiados. Durante sus primeros años de existencia, el BNDG funcionó en el Servicio de Inmunología del Hospital Durand. En 2009, el Congreso decidió que pasara a operar bajo la órbita del Ministerio de Ciencia, pero le otorgó autonomía y autarquía para que no quedara preso de los vaivenes políticos. En el BNDG se almacenan muestras de las familias que buscan a bebés que nacieron en los campos de concentración o que fueron secuestrados con sus padres y madres por los grupos de tareas. Están también las muestras de quienes sospechan que pueden ser hijos de desaparecidos. El 23 de mayo se publicó el decreto 351 en el Boletín Oficial (BO). A través de él, el Gobierno lo transformó en un organismo desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete. Es decir, en última instancia, depende de Guillermo Francos. El Gobierno dijo que avanzaba con la transformación del BNDG para “optimizar” su funcionamiento. Sin embargo, nada de eso sucede. Con los cambios, el BNDG ya no tiene ni administra recursos propios. Esto, como mínimo, puede traer aparejadas demoras. Por ejemplo, si se queda sin los reactivos necesarios para hacer las pruebas de ADN, ya no podrá hacer las compras directamente, sino que tendrá que atravesar un recorrido burocrático a través de la Secretaría de Innovación. Lo mismo ocurrirá si algún experto debe viajar a tomar una muestra de ADN: antes tendrá que conseguir esos fondos. “Esto no es para mejorar la eficiencia ni la efectividad del Banco. Esto es directamente en busca de silencio. Lo que se pretende es que no se encuentren más nietos”, sostiene Guillermo Pérez Roisinblit, uno de los nietos que integra la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo. Guillermo nació en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), fue apropiado por un integrante de la Fuerza Aérea y restituyó su identidad en 2000. El decreto 351 también avanzó en otras áreas. Modificó la organización del BNDG: suprimió el cargo de subdirector administrativo y le impide a la directora general técnica ejercer la representación legal del organismo. En la Cámara de Diputados, 133 legisladores se pronunciaron a favor del rechazo del decreto 351/2025. Hubo 69 que lo apoyaron y dos que se abstuvieron. Ahora la pelota pasa al Senado. En la Cámara alta dicen que la intención es que el tema se trate esta semana, aunque serán días movidos por los cierres de listas. “Para nosotros es sumamente importante que el Senado rechace también el decreto 351, ya que se realizó contraviniendo los límites que el propio Congreso le había puesto al Poder Ejecutivo. Desconoce, además, que lo que modifica son características reconocidas en 2009 para mejorar el funcionamiento del Banco y en cumplimiento de las obligaciones internacionales respecto a la búsqueda de víctimas de desaparición forzada”, explica Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo. El BNDG es perito oficial. Su pronunciamiento es el que vale para determinar si una persona es hija de padres desaparecidos, como ocurrió el mes pasado con el Nieto 140. “El BNDG es prueba fundamental para los casos de apropiación durante la última dictadura cívico-militar. Es por eso que preservarlo es la forma de garantizar que se pueda seguir encontrando nietos y nietas. Sin el BNDG sería imposible”, remarca Villella. El decreto 351 no fue la única medida del Gobierno que afectó al BNDG. Está desfinanciado porque debe funcionar con el mismo presupuesto que tenía en 2023. Estuvo más de un mes acéfalo porque se había vencido el mandato de su directora general técnica, Mariana Herrera Piñero, quien llegó al cargo por concurso. Recién después de que Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, hiciera una presentación ante la justicia federal de San Martín, el Gobierno prorrogó el mandato de Herrera Piñero. Este jueves, la Legislatura porteña reconocerá a Herrera Piñero como personalidad destacada en el ámbito de los derechos humanos. La declaración es promovida por Victoria Montenegro, otra de las nietas encontradas por las Abuelas de Plaza de Mayo. “Para nosotros es fundamental defender el BNDG, preservar los datos y denunciar que, detrás de las acciones del Gobierno, hay una búsqueda de impunidad”, afirma Montenegro. El ataque a la Memoria, la Verdad y la Justicia Milei firmó el decreto 351 en la misma semana en la que tomó otras acciones contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Un día antes, había degradado la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría. También había desjerarquizado el museo que funciona en lo que fue el núcleo del campo de concentración de la ESMA –declarado patrimonio de la humanidad por la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)– y el Archivo Nacional de la Memoria (ANM). Tanto el museo como el ANM pasaron a funcionar dentro del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), que está a cargo de una abogada que milita contra el aborto y el matrimonio igualitario. Las Abuelas de Plaza de Mayo, en particular, vienen sufriendo ofensas desde comienzos de la gestión por parte del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Hubo otros ministros, como Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), que rechazaron contestar los pedidos de informes que formuló la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que investiga desde el Poder Ejecutivo los casos de apropiaciones. Hace un año, el Presidente firmó el decreto 727, a través del cual eliminó la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba dentro de la Conadi y tenía, por decisión de Néstor Kirchner, acceso a los archivos en poder del Ejecutivo. La excusa del Gobierno para eliminar la UEI fue que duplicaba funciones con las del Ministerio Público Fiscal. “Hay una clara intención de atacar la búsqueda”, destaca Pérez Roisinblit. “Pero nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a luchar con todas las herramientas que nos da la democracia. Las Abuelas nos salieron a buscar con el terror que implicaba la dictadura. El miedo no las detuvo. Nosotros aprendimos de nuestras Abuelas. No nos vamos a detener. Vamos a seguir peleando para encontrar al resto de nuestros hermanos”.

La maniobra del gobierno de Milei que favorece a TGS y liquida los recursos estratégicos . El gasoducto Perito Moreno, financiado con fondos públicos, será ampliado y operado por privados en una licitación hecha a medida. Una entrega disfrazada de modernización que deja al Estado fuera de un negocio estratégico. La administración de Javier Milei avanza con la privatización del gasoducto de Vaca Muerta, rebautizado como Perito Moreno, a través de una licitación que beneficia de manera descarada a Transportadora de Gas del Sur (TGS). Se trata de una obra clave que, tras años de demoras, logró materializarse gracias a la inversión estatal y que hoy es una fuente de ingresos fundamental para el país. Sin embargo, el gobierno libertario ha decidido entregar su operación a manos privadas en lo que parece ser una maniobra diseñada a medida de un jugador dominante del sector. De la inversión estatal a la entrega al capital privado El gasoducto, cuya construcción se aceleró bajo la gestión de Sergio Massa con fondos provenientes del Aporte Solidario y Extraordinario, representa un recurso estratégico para la Argentina. Con una capacidad actual de transporte de 22 millones de metros cúbicos diarios, su ampliación a 36 millones de metros cúbicos es vista como una oportunidad de expansión que permitiría incrementar las exportaciones y reducir la dependencia energética. Pero en lugar de que el Estado continúe administrando un activo tan valioso, el gobierno de Milei ha optado por cederlo al sector privado. La Secretaría de Energía lanzó una convocatoria para ampliar la capacidad del gasoducto con una inversión de 700 millones de dólares. Lo llamativo es que el proyecto a licitar es exactamente el mismo que presentó TGS, lo que pone en evidencia una licitación con nombre y apellido. Más aún, la operación y el mantenimiento del gasoducto, que estaban concesionados hasta 2028 a una sociedad conformada por TGS y Enarsa, serán entregados anticipadamente, eliminando cualquier vestigio de control estatal. «Es un pliego hecho a medida, mencionan a la empresa y todo. Ojo no se les convierta en otro caso Hidrovía», advierten desde una constructora con participación en Vaca Muerta. La comparación no es menor: en el caso de la Hidrovía, el gobierno nacional terminó favoreciendo a actores privados en un negocio multimillonario, a costa de los intereses nacionales. Seguridad jurídica para el mercado, arbitrariedad para el Estado El discurso oficialista sobre la «seguridad jurídica» y el respeto a los contratos se desmorona con esta decisión. El gobierno de Milei no ha dudado en romper contratos vigentes para favorecer la privatización del gasoducto, una maniobra que expone su doble discurso. «Una vez más rompen contratos después de haberse llenado la boca con lo de la seguridad jurídica», señaló un exfuncionario de Energía en referencia a la concesión que estaba vigente hasta 2028. La entrega de este activo al sector privado no solo erosiona la soberanía energética del país, sino que también genera un antecedente peligroso para futuras decisiones en materia de infraestructura estratégica. En lugar de consolidar un esquema de inversión mixta que asegure el control estatal sobre los recursos esenciales, el gobierno elige un modelo de privatización total que sigue beneficiando a los mismos grupos económicos de siempre. Un nuevo capítulo en la desestatización de recursos clave El gasoducto de Vaca Muerta es solo un eslabón más en la cadena de privatizaciones impulsadas por el gobierno libertario, que bajo la excusa de la eficiencia y la inversión extranjera, está desmantelando el rol del Estado en sectores estratégicos. Desde la apertura de YPF a capitales privados hasta la cesión de la Hidrovía, la lógica es la misma: entregar el control de los recursos nacionales a actores privados con la esperanza –ingenua o deliberadamente cómplice– de que ello derive en un beneficio para la sociedad. Lejos de representar un modelo de desarrollo sustentable, esta política profundiza la dependencia de Argentina de las corporaciones y los intereses financieros internacionales. El Estado, en lugar de ser un regulador activo y garante del desarrollo energético, se transforma en un espectador pasivo de un negocio que él mismo construyó y que ahora le es arrebatado.

La sesión se realizará en medio de una extrema tensión por el veto a las leyes de aumento jubilatorio y de apoyo a discapacitados. La Cámara de Diputados convocó para el miércoles a la sesión impulsada por la oposición para aprobar un conjunto de iniciativas rechazadas por el Gobierno, entre las que se encuentran el financiamiento de las universidades y del Hospital Garrahan, en medio de la tensión que existe entre oficialistas y opositores por la decisión del Gobierno de vetar las leyes jubilatorias y de discapacidad. El secretario parlamentario, Adrián Pagan, oficializó hoy la citación a la sesión solicitada por bloques opositores para este miércoles a las 12 La sesión fue solicitada por los jefes de los bloques de Unión por la Patria (UxP),Germán Martínez ; de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, y los diputados de Encuentro Federal Nicolas Massot y Emilio Monzó; de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y de por Santa Cruz Sergio Acevedo, entre otros. Los vetos a las leyes de aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria y declaración de emergencia fueron publicados hoy pero aún no se comunicaron al Congreso lo que sucederá en las próximas, pero la oposición decidió no pedir la ampliación del temario para incluir el decreto 535. Solo habrá críticas pero no el pedido para que se trate sobre tablas en la sesión de este miércoles, ya que aún no pueden reunir los dos tercios para poder rechazar el veto a las tres leyes. Por lo pronto, el primer objetivo del heterogéneo conglomerado de votos opositores es tener garantizados 129 votos para habilitar la sesión especial, y luego conservar ese número para votar ese amplio temario. De todas maneras, es probable que algunos de los proyectos no se puedan debatir porque se requieren los dos tercios, como en el caso de las iniciativas aprobadas por el Senado sobre cambios en la coparticipación del impuesto al combustible y sobre la partida de ATN. Para el caso del proyecto de reforma de la distribución del impuesto al combustible, un dictamen promovido por los gobernadores, si la oposición pierde la votación para el debate sobre tablas buscará votar un emplazamiento para que las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía emitan dictamen en un plenario el martes 12. La sesión especial se abrirá con el debate sobre el dictamen para aumentar los recursos para las universidades nacionales, que propone recomponer salarios y partidas para gastos de funcionamiento. La iniciativa, que fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), busca elevar el presupuesto al 1 por ciento del PBI, otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes. En el caso de las paritarias se propone que haya una recomposición para compensar la diferencia entre los aumentos otorgados y la inflación desde diciembre del 2023 a la fecha, y luego que haya una recomposición trimestral de acuerdo al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Otro de los proyectos clave que se busca debatir es la declaración de emergencia del Hospital Garrahan para garantizar los recursos necesarios para la atención de los menores. Otro punto clave es “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”. En todos los casos, se dispone que “la recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”. También en la sesión se debatirá el rechazo al veto a la ley de emergencia de ayuda a los damnificados de las inundaciones en Bahía Blanca, donde se propone otorgar 200 mil millones de pesos, una iniciativa que ya fue rechazada por el Senado y, si se confirmara la votación favorable, la norma quedará firme. También es probable que el proyecto opositor para reformar la comisión investigadora del criptogate para destrabar la parálisis de ese organismo no alcance los dos tercios, por lo que debería votarse un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. Tampoco tiene dictamen el proyecto impulsado por el diputado y neurocirujano Facundo Manes sobre el Alzhéimer, con lo cual deberá aprobarse un emplazamiento a las comisiones, así como tampoco tiene luz verde la iniciativa para declarar la emergencia del sistema nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovación. También se incluyó a propuesta de los diputados kirchneristas se incluyeron los DNUs que Unión por la Patria (UxP) quiere derogar, y entre los que figuran los cambios en el Banco Nacional de Datos Genéticos y la disolución y transformación de organismos del Ministerio de Economía. También se incluye la derogación del DNU 345 sobre institutos culturales, donde se plantean reformas del Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional Sanmartiniano, de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos y la fusión de los institutos Nacional Yrigoyeneano, y del Instituto sobre Juan Manuel de Rosas. En la lista de DNUs que quieren derogarse figuran los vinculados a la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional y sobre la Marina Mercante. Noticias Argentinas