Privatizan el gasoducto Néstor Kirchner: La entrega del patrimonio energético a manos privadas

La maniobra del gobierno de Milei que favorece a TGS y liquida los recursos estratégicos.

El gasoducto Perito Moreno, financiado con fondos públicos, será ampliado y operado por privados en una licitación hecha a medida. Una entrega disfrazada de modernización que deja al Estado fuera de un negocio estratégico.

La administración de Javier Milei avanza con la privatización del gasoducto de Vaca Muerta, rebautizado como Perito Moreno, a través de una licitación que beneficia de manera descarada a Transportadora de Gas del Sur (TGS). Se trata de una obra clave que, tras años de demoras, logró materializarse gracias a la inversión estatal y que hoy es una fuente de ingresos fundamental para el país. Sin embargo, el gobierno libertario ha decidido entregar su operación a manos privadas en lo que parece ser una maniobra diseñada a medida de un jugador dominante del sector.

De la inversión estatal a la entrega al capital privado

El gasoducto, cuya construcción se aceleró bajo la gestión de Sergio Massa con fondos provenientes del Aporte Solidario y Extraordinario, representa un recurso estratégico para la Argentina. Con una capacidad actual de transporte de 22 millones de metros cúbicos diarios, su ampliación a 36 millones de metros cúbicos es vista como una oportunidad de expansión que permitiría incrementar las exportaciones y reducir la dependencia energética. Pero en lugar de que el Estado continúe administrando un activo tan valioso, el gobierno de Milei ha optado por cederlo al sector privado.

La Secretaría de Energía lanzó una convocatoria para ampliar la capacidad del gasoducto con una inversión de 700 millones de dólares. Lo llamativo es que el proyecto a licitar es exactamente el mismo que presentó TGS, lo que pone en evidencia una licitación con nombre y apellido. Más aún, la operación y el mantenimiento del gasoducto, que estaban concesionados hasta 2028 a una sociedad conformada por TGS y Enarsa, serán entregados anticipadamente, eliminando cualquier vestigio de control estatal.

«Es un pliego hecho a medida, mencionan a la empresa y todo. Ojo no se les convierta en otro caso Hidrovía», advierten desde una constructora con participación en Vaca Muerta. La comparación no es menor: en el caso de la Hidrovía, el gobierno nacional terminó favoreciendo a actores privados en un negocio multimillonario, a costa de los intereses nacionales.

Seguridad jurídica para el mercado, arbitrariedad para el Estado

El discurso oficialista sobre la «seguridad jurídica» y el respeto a los contratos se desmorona con esta decisión. El gobierno de Milei no ha dudado en romper contratos vigentes para favorecer la privatización del gasoducto, una maniobra que expone su doble discurso. «Una vez más rompen contratos después de haberse llenado la boca con lo de la seguridad jurídica», señaló un exfuncionario de Energía en referencia a la concesión que estaba vigente hasta 2028.

La entrega de este activo al sector privado no solo erosiona la soberanía energética del país, sino que también genera un antecedente peligroso para futuras decisiones en materia de infraestructura estratégica. En lugar de consolidar un esquema de inversión mixta que asegure el control estatal sobre los recursos esenciales, el gobierno elige un modelo de privatización total que sigue beneficiando a los mismos grupos económicos de siempre.

Un nuevo capítulo en la desestatización de recursos clave

El gasoducto de Vaca Muerta es solo un eslabón más en la cadena de privatizaciones impulsadas por el gobierno libertario, que bajo la excusa de la eficiencia y la inversión extranjera, está desmantelando el rol del Estado en sectores estratégicos. Desde la apertura de YPF a capitales privados hasta la cesión de la Hidrovía, la lógica es la misma: entregar el control de los recursos nacionales a actores privados con la esperanza –ingenua o deliberadamente cómplice– de que ello derive en un beneficio para la sociedad.

Lejos de representar un modelo de desarrollo sustentable, esta política profundiza la dependencia de Argentina de las corporaciones y los intereses financieros internacionales. El Estado, en lugar de ser un regulador activo y garante del desarrollo energético, se transforma en un espectador pasivo de un negocio que él mismo construyó y que ahora le es arrebatado.