El músico difundió en sus redes una colecta impulsada por la Brigada Solidaria del Centro Cultural Keuken Aonikenk, luego de que se destruyera su equipo de recarga de agua durante el incendio en Epuyén. Carlos “El Indio” Solari se sumó a una campaña solidaria para colaborar con el combate de los incendios forestales en Chubut. Lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde compartió una publicación realizada por la cantante Valentina Cooke, en apoyo a la Brigada Solidaria para la Contención de Incendios del Centro Cultural Keuken Aonikenk. En la historia difundida por Solari se convoca a donar o difundir una colecta destinada a reunir 10 millones de pesos para la compra de una bomba de gran tamaño y sus respectivas mangueras, equipamiento clave para montar puntos de recarga hídrica en zonas montañosas de difícil acceso. “Incendios en la Patagonia. Necesitamos rearmar nuestro equipo de recarga de agua. Si podés donar o difundir ya estás ayudando”, señala el texto compartido. Por su parte, Cooke acompañó la publicación con un mensaje personal: “Son amigos míos que dejan la vida para salvar casas y bosque del fuego”, escribió, al explicar el trabajo que realiza la brigada en los incendios que afectan a la región. La Brigada Solidaria del Centro Cultural Keuken Aonikenk cumple una función específica y fundamental durante los incendios: el transporte y abastecimiento de agua. Una de las estrategias centrales es la creación de puntos de recarga hídrica, espacios estratégicamente ubicados que permiten reducir los tiempos de recarga, aumentar la eficiencia de los operativos, llegar a zonas de difícil acceso y sostener la defensa de viviendas, además de ordenar la logística entre bomberos, brigadistas y otros organismos. Según detallaron desde la organización, el equipamiento con el que contaban había sido adquirido íntegramente por el centro cultural y ya fue utilizado en distintos focos, como Barrio Usina, Mallín, Epuyén y Puerto Patriada. Sin embargo, durante tareas de recarga en el incendio de Epuyén, el equipo se destruyó por completo. “Los equipos que usamos son grandes, específicos y costosos, y sin ese equipamiento no podemos operar como brigada ni sostener los puntos de recarga hídrica”, explicaron. Por ese motivo, la colecta busca reponer los elementos dañados y reactivar de manera urgente el trabajo solidario en una de las zonas más castigadas por el fuego.
Mientras el fuego no da tregua en Chubut y el incendio ya consumió más de 2.200 hectáreas de bosques, los bomberos voluntarios denuncian que en el 2025 la gestión del presidente libertario Javier Milei les giró solo la mitad de los fondos estipulados por ley que necesitan para funcionar. Gabriel Sandoval, secretario de la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, dijo en declaraciones radiales que los mil cuarteles que existen en el país solo cobraron en 2025 la mitad de los 66 millones de pesos que le corresponden a cada unidad. Estos fondos son recaudados por el Estado nacional a través de ley 25.054 que desde 1998 fija una tasa del 5 por mil de todas las primas de seguro de autos y viviendas para financiar esa actividad. Esto implicó el año pasado un monto total de $ 65.000 millones, equivalente a US$ 44 millones. El fondo lo administra la Dirección Nacional de Bomberos que depende de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero en el año que acaba de terminar el subsidio no llegó íntegro a los cuarteles: a pesar de los reclamos reiterados apenas recibieron una primera cuota de 31 millones de los 66 millones establecidos. A ese incumplimiento se agregan otros ajustes. “El sistema nacional de bomberos voluntarios no se está movilizando para los incendios del Sur porque el gobierno nacional ya aclaró que no va a pagar la estadía”, agregó Sandoval en diálogo con el programa Buenas Tardes China. El efecto motosierra no termina ahí ya que el Presupuesto 2026 prevé un fuerte recorte en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y menor financiamiento para horas de vuelo, monitoreo y alertas tempranas. La partida del Manejo del Fuego contará este año con $ 20.131 millones, una contracción del 53,6% frente a 2025. El ajuste coincide con la decisión del Gobierno de trasladar el servicio desde la órbita ambiental al Ministerio de Seguridad, específicamente a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, lo que —según especialistas— debilita el enfoque preventivo y ambiental del manejo del fuego.
El diputado nacional de Unión por la Patria Agustín Rossi lanzó una dura advertencia contra el DNU 941, mediante el cual el Gobierno amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Para el ex ministro de Defensa, la norma representa un retroceso institucional de enorme gravedad y abre la puerta a prácticas propias de los años más oscuros de la Argentina. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Rossi afirmó sin rodeos que “estamos en presencia del intento de convertir a la SIDE en una policía secreta”, al tiempo que confirmó que la oposición buscará rechazar el decreto en el Congreso durante febrero, sin esperar al inicio de las sesiones ordinarias. Detenciones sin juez y reminiscencias de la dictadura Uno de los puntos que Rossi calificó como “gravísimo” es la posibilidad de que agentes de la SIDE realicen aprehensiones temporales de ciudadanos y ciudadanas sin autorización judicial, algo que —según remarcó— ni siquiera aclara cuánto tiempo puede durar esa detención. Pero el cuestionamiento no termina ahí. El diputado santafesino alertó que el decreto también habilita al jefe de la SIDE a involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior, con una simple solicitud administrativa. Para Rossi, esto remite directamente al funcionamiento del aparato represivo durante la dictadura militar, cuando los militares realizaban inteligencia interna y la SIDE detenía personas. En ese sentido, fue categórico: “Sin ninguna duda es un hecho gravísimo. Vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para tratar de rechazar el DNU”. Frente al argumento oficial de que el tratamiento parlamentario debería esperar a marzo, Rossi aclaró que no existe ningún impedimento legal para avanzar durante el receso. Al tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, explicó, el Parlamento está obligado a abordarlo de manera inmediata. Según detalló, la ley establece que el jefe de Gabinete debe remitir el DNU al Congreso dentro de los diez días hábiles de su firma. Una vez cumplido ese plazo, la comisión bicameral puede tratarlo, y aun si eso no ocurre, cualquiera de las cámaras queda habilitada para llevarlo al recinto. “Yo creo que en febrero podemos tratarlo”, anticipó Rossi, dejando en claro que la oposición buscará frenar en el Congreso una avanzada que consideran incompatible con el sistema democrático. El cuestionamiento al DNU 941 se suma a una creciente preocupación por la concentración de poder y el debilitamiento de los controles institucionales bajo el gobierno de Milei, en un contexto donde las facultades extraordinarias parecen transformarse en regla y no en excepción.
Las cifras aterran: en algunas localidades del país se vendió más del 50% del territorio. Un nuevo mapa interactivo sobre la extranjerización de la tierra en Argentina elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet expone que más de 13 millones de hectáreas, cerca del 5% del territorio nacional, están en manos de propietarios extranjeros, con picos que incluso superan el 50% en algunos departamentos. Causa YPF: un fondo buitre pide declarar a la Argentina en desacato La herramienta aparece en un momento en que el gobierno de Javier Milei, que tiene a la universidad pública y a la ciencia entre sus principales blancos de ajuste, impulsa la derogación de la Ley de Tierras y una mayor desregulación sobre los recursos naturales estratégicos. Cifras que desmienten el relato oficial El gobierno sostiene que ninguna provincia supera el límite legal del 15% de tierras en manos extranjeras que fija la Ley de Tierras, pero el análisis fino por departamentos muestra un escenario muy distinto. Según el relevamiento, 36 distritos ya exceden ese tope y en casos como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta) la extranjerización supera el 50% de la superficie, mientras que en zonas ribereñas del Paraná como Iguazú, Ituzaingó o Campana los porcentajes superan el 30%. Emergencia extrema en Chubut: el peor incendio en 20 años avanza y golpea a pueblos enteros Para los autores del informe, la extranjerización no es solo un dato catastral sino un problema de soberanía sobre recursos estratégicos como el agua dulce, los minerales y las áreas logísticas vinculadas a puertos y corredores de exportación. Los investigadores advierten que, al cruzar la información del mapa con las inversiones mineras y agroexportadoras, aparece un patrón de conflictividad social en expansión: aumento de disputas por el acceso a la tierra, desalojos rurales y presión sobre territorios habitados por comunidades campesinas e indígenas. Ley de Tierras y ofensiva contra Conicet y UBA La publicación del mapa se da en paralelo al impulso oficial para derogar definitivamente la Ley de Tierras, una norma ya debilitada durante el gobierno de Mauricio Macri mediante decretos que flexibilizaron la definición de “propietario extranjero” y maquillaron las estadísticas de extranjerización. La actual administración de Javier Milei, que llegó a proponer la eliminación o privatización del Conicet y mantiene a la UBA bajo una asfixia presupuestaria que amenaza su funcionamiento, busca ahora desarmar uno de los pocos instrumentos legales que limitan la compra masiva de tierras por parte de capitales externos. Ciencia pública bajo fuego Que este diagnóstico provenga de equipos del Conicet y la UBA no es un dato menor en un contexto en el que el gobierno los presenta como estructuras “ineficientes” a recortar. El mapa interactivo exhibe justamente lo contrario: una ciencia pública capaz de producir información sensible para el debate democrático sobre la tierra, la soberanía y el modelo extractivista que Milei pretende profundizar, y que por eso se vuelve especialmente incómoda para una gestión que intenta desmantelar los organismos que la hicieron posible. Dónde ver el mapa interactivo sobre la extranjerización de la tierra en Argentina El sitio web se encuentra en observatoriodetierras.blogspot.com.
En medio de los incendios que azotan la Patagonia sin descanso, mientras el Gobierno nacional anuncia sin reparos que se habilita la venta ilimitada del territorio argentino y elimina la prohibición de dar uso comercial a campos quemados, el Presidente envió un mensaje a quienes trabajan contra el fuego, desoyendo sus reclamos por mejores salarios y por el cuidado de los parques nacionales. "Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan", escribió el presidente Javier Milei en su cuenta de X y añadió: "Además quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo. Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros". Sn embargo, desde que asumió la administración libertaria, el sector de Manejo del Fuego no quedó excento de la motosierra: salarios por debajo de la línea de pobreza para brigadistas, habilitación explícita de incendios con políticas y normativas que habilitan la explotación y el descuido total del medioambiente. Incluso, el propio jefe de Gabinete Manuel Adorni, anunció recientemente en medio de los incendios que arrasan la Patagonia que se enviará al Congreso una modificación de la Ley de Tierras en la que, de aprobarse, habrá total libertad de compra de terrenos rurales para extranjeros, normativa que irá acompañada también de una flexibilización en la Ley de Bosques y la Ley de Manejo del Fuego, que elimina la prohibición de dar un uso comercial/productivo a territorios incendiados, poniendo en mayor riesgo al medioambiente. Hoy en día, la Administración de Parques Nacionales cuenta con tan solo 391 brigadistas para cubrir más de 5 millones de hectáreas, a pesar de que los informes oficiales indican que la dotación mínima debe ser de 700. Asimismo, el ingreso promedio de los brigadistas es sumamente precario. El sueldo inicial en la zona centro del país es de $610.000 y en la Patagonia $860.000. Según ATE, la pérdida salarial ya supera el 50% desde diciembre que asumió Javier Milei a la actualidad. Los propios brigadistas subieron a redes un video en el que reclamaron a Milei un salario digno, pero el mandatario consideró que con un "agradecimiento" por redes sociales alcanza para llegar a fin de mes.
En un encuentro que duró más de dos horas, referentes de la CGT y senadores del bloque del PJ analizaron la estrategia para enfrentar el proyecto de reforma laboral del gobierno. La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvo este miércoles una reunión con senadores del bloque peronista para coordinar un plan de acción conjunto con el objetivo de rechazar la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. La intención del Gobierno es que el proyecto se traste en el Senado el 10 de febrero. Te puede interesar: Reforma laboral: Santilli sale a buscar votos en las provincias y Bullrich prepara el debate de febrero Del encuentro participaron los senadores José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y Alicia Kirchner, entre otros. Por parte de la CGT estuvieron presentes los integrantes del trinvirato Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además del secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, entre otros dirigentes. Aunque el gobierno todavía no presentó formalmente el proyecto, se conocen varios de los puntos que buscarán tratar en el Congreso durante las próximas sesiones extraordinarias, que comenzaron este miércoles. Los bloques legislativos recibieron el pedido de la presidencia del Senado para acelerar la conformación de las comisiones y así poder avanzar con el tratamiento de los distintos proyectos. En ese contexto, la senadora electa Patricia Bullrich busca presidir la Comisión de Trabajo para agilizar el tratamiento de la reforma y lograr su aprobación antes de fin de año. Bullrich confía en contar con los votos necesarios, que incluirían a los 20 legisladores libertarios, 10 radicales, 4 del PRO y al menos 4 gobernadores aliados. La estrategia oficial es avanzar primero con la aprobación del Presupuesto 2026 entre el 15 y 18 de diciembre, para luego avanzar con la reforma laboral. Sin embargo, en la Cámara de Diputados advierten que esos plazos podrían ser difíciles de cumplir. Se estima que el debate sobre la reforma podría iniciarse la semana próxima. Ante esta situación, la CGT intensificó las conversaciones con los senadores de los distintos bloques para coordinar un plan de acción que será definido con mayor precisión este jueves. En declaraciones a C5N, representantes de la central sindical expresaron su rechazo a la reforma en su conjunto y manifestaron su intención de reunirse con todos los bloques parlamentarios para compartir su postura. Los principales puntos de preocupación de la CGT incluyen la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prioridad de los convenios por empresa sobre los de actividad y las restricciones al derecho de huelga. El proyecto establece que los servicios esenciales deberán garantizar un 75% de cobertura en caso de paro, y los servicios de importancia trascendental un 50%. La central obrera rechazó cualquier normativa que condicione el derecho a huelga.
Bomberos Voluntarios intervinieron rápidamente este mediodía tras recibir el aviso de un foco ígneo en la zona del Aeroclub. El incendio afectó una pequeña superficie y fue extinguido sin que se registraran mayores daños. En horas del mediodía de este sábado, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón debió acudir a un principio de incendio detectado en el sector del Aeroclub, sobre Avenida San Martín Norte. La rápida intervención permitió controlar la situación en pocos minutos. El jefe del Cuerpo de Bomberos, Enzo Navarro , informó que “se recepcionó un llamado informándonos de un principio de incendio en la zona del aeroclub. Avenida San Martín del Norte. Se despachó la unidad al lugar” . Al arribar, los voluntarios se encontraron con un foco activo dentro del predio del aeródromo local. “Al llegar mismo nos encontramos con un incendio dentro de lo que es el predio del aeródromo, más o menos una superficie de 3x3, 3x4 metros” , detalló Navarro. En el sitio ya se encontraba personal policial brindando apoyo. “En el lugar se encontraba presente un personal policial, así que se trabajó para liquidar el siniestro” , indicó. Navarro remarcó que “el principio de incendio forestal se desató dentro del predio aeródromo local de El Bolsón” , aunque fue rápidamente controlado gracias a la intervención temprana y la coordinación entre las fuerzas presentes. No se reportaron daños materiales significativos ni personas afectadas. Las causas del inicio del fuego se encuentran bajo investigación.
La presencia de un Beechcraft C-12 Huron identificado con la matrícula 60168 volvió a poner el foco en vuelos de aeronaves militares vinculadas a tareas de enlace y transporte. Distintas publicaciones y seguimientos de la aviación asociaron ese número a un equipo operado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF), un modelo derivado del Beechcraft Super King Air. Ese dato permite encuadrar de qué aeronave se trata, aun cuando el motivo de una escala puntual no aparece en comunicaciones públicas. El episodio se comentó en la Comarca Andina luego de que vecinos observaran su operación en el aeródromo de El Bolsón el domingo 5 de enero de 2026, según la versión difundida por un sitio regional. La misma fuente lo mencionó como “Águila 5” y lo vinculó a funciones asociadas a la embajada estadounidense en Argentina, aunque sin un parte oficial que detalle la misión. Con esa base, el hecho queda en el terreno de lo reportado por medios locales y de lo verificable por identificación del aparato. En términos técnicos, el C-12 integra una familia de bimotores turbohélice basada en el King Air, con usos que suelen incluir transporte liviano y apoyo logístico. Esa versatilidad explica su presencia en rutas de corto alcance y en aeródromos con operación acotada, incluso fuera de los corredores comerciales habituales. También explica por qué genera atención cuando aparece en ciudades donde la actividad aérea cotidiana se concentra en vuelos sanitarios, emergencias o tareas específicas. El incendio en Puerto Patriada destruyó viviendas, pero la evacuación evitó víctimas La matrícula 60168 también figura en antecedentes informados por medios de otras provincias. En uno de esos registros periodísticos, el avión apareció en Santa Rosa y se lo presentó como un C-12 de la USAF vinculado a la embajada, en una referencia que circuló en su momento sin una explicación pública detallada del objetivo del vuelo. Ese antecedente suma contexto sobre la reiteración del mismo equipo en territorio argentino. Otro reporte periodístico ubicó al “Águila 5” en Río Grande, en Tierra del Fuego, con mención a datos de seguimiento de vuelos como respaldo de la identificación. En esa cobertura, el punto común también fue la falta de precisiones oficiales sobre el motivo de la escala. El patrón que aparece en estas menciones se repite: identificación del avión, registro de su paso y ausencia de información pública sobre el propósito. En El Bolsón, la falta de detalles se vuelve más sensible por el contexto operativo del aeródromo en temporadas donde se extreman cuidados por incendios forestales. En distintas ocasiones, organismos y medios locales remarcaron restricciones de acceso al predio y la necesidad de mantener despejada la pista por razones de seguridad vinculadas a operaciones aéreas. Ese marco muestra que la actividad del aeródromo se cruza con prioridades de protección civil y control del espacio operativo. Con ese telón de fondo, un aterrizaje de una aeronave militar extranjera despierta preguntas adicionales, aunque no las responde por sí solo. La fuente regional que difundió el episodio sostuvo que el C-12 se usa para misiones diplomáticas y de transporte, un uso que coincide con descripciones generales del modelo. Sin embargo, entre la capacidad del avión y la razón de un vuelo específico hay un tramo que solo se cubre con información oficial o con registros públicos completos, que por ahora no aparecen. El punto central pasa por lo que falta. Hasta el momento, según lo publicado por el sitio regional, no hubo declaraciones públicas de la Embajada de Estados Unidos, de la ANAC ni de autoridades locales sobre el motivo del aterrizaje en El Bolsón. Esa ausencia deja el episodio abierto a interpretaciones, pero la nota se mantiene en lo verificable: qué avión es y qué antecedentes informados existen. En casos previos mencionados por distintas coberturas, algunas versiones hablaron de “reconocimientos” o entrenamientos, aunque esas caracterizaciones no funcionan como confirmación para un hecho distinto y en otro lugar. Cada escala suma atención pública porque aparece una memoria reciente de operativos similares, pero la información oficial no siempre acompaña con una explicación concreta. Mientras no exista una comunicación formal sobre el vuelo en El Bolsón, la verificación queda acotada a dos planos: la identificación de la aeronave (modelo y matrícula) y los antecedentes periodísticos sobre su paso por otras provincias. En paralelo, el aeródromo sostiene sus prioridades operativas y de seguridad, con una región que convive con riesgos de incendios y demandas de asistencia aérea. Por ahora, el dato firme es simple: se reportó su presencia, se conoce qué aeronave operó y el motivo de esa escala todavía no se informó oficialmente.
El presidente cubano publicó en sus cuentas tres mensajes como réplica a las advertencias que había hecho Trump ("Acuerden, antes que sea demasiado tarde..."). "No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada", desafió Díaz-Canel. "Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre". Así respondió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel a las amenazas que más temprano este domingo había hecho a la cúpula comunista de la Isla Donald Trump, avisando que no habría "ni una gota de petróleo ni dinero más" desde Venezuela rumbo a La Habana, cortando una vía de suministro esencial para el alicaído sistema de infraestructura cubano. "No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político", indicó Díaz-Canel en otro de sus posteos, remarcando que "quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza. Porque saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora". Sin medias tintas y apelando incluso a frases en mayúsculas, Trump había amenazando a Cuba con que debe "acordar antes que sea demasiado", una amenaza directa que más que el tema del petróleo que recibían desde los tiempos de Hugo Chávez de Venezuela, pareció insinuar que la mira de los militares estadounidenses podría pasar de apuntar a Caracas a hacerlo en dirección a La Habana. Algo de eso se mostró en los últimos días, cuando varios barcos de guerra estadounidenses, que estaban en el Caribe frente a Venezuela, y que se usaron para la captura de Nicolás Maduro, ahora han sido "reubicados" por el Comando que se digita desde la Casa Blanca hacia el norte de Cuba. Estados Unidos envió a la zona del Caribe una impactante flota que encabezaba el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor y más moderno del mundo. Navíos USA Luego de la operación del 3 de enero en la que Nicolás Maduro fue capturado, Estados Unidos ordenó una reorganización de sus flotas reduciendo 3000 efectivos, pero resultó llamativo que los poderosos USS Iwo Jima y el USS San Antonio fueron apostados al norte de Cuba. Si a eso se le suman los posteos de este domingo de Donald Trump, el cuadro para la isla solo puede ser tildado de "preocupante" y las autoridades cubanas se encuentran ante un dilema, porque la Casa Blanca no solo promete cerrar el grifo de petróleo venezolano que mantenía en funcionamiento autos y usinas en Cuba, sino que además impidió que buques rusos puedan transportar crudo por el Caribe. Trump había usado su red Social Trith un rato antes para amenzara a Cuba con las restricciones de petróleo y dólares que formaban parte de sus acuerdos con elchavismo, sino que incluso replicó el mensaje de un usuario que decía que Marco Rubio debería ser el próximo presidente cubano. "Es me gusta", agregó Trump.
Lo reveló el Arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic El Arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic, se reunió este miércoles con el papa León XIV y afirmó que el jefe de la Iglesia Católica “está considerando en su agenda” visitar la Argentina. La reunión tuvo lugar en el Vaticano y duró aproximadamente media hora. Fue durante el encuentro, según informó la Agencia Noticias Argentinas, que Bokalic Iglico invitó al León XIV a visitar el país. “El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda”, dice una nota firmada por el arzobispado de Santiago del Estero que dio a conocer el portal religiondigital.org. El Arzobispo le pidió también al Sumo Pontífice que en caso de visitar el país lo haga empezando por Santiago del Estero, donde nació la primera santa argentina laica, Mama Antula. En su visita, además, Bokalic Iglic le regaló al Papa un poncho con los colores de la bandera argentina, envuelto con cintas con los colores de la bandera de Santiago del Estero. En esa provincia encabeza hace más de 10 años la arquidiócesis que en 2024, por corrección de Francisco, volvió a ser reconocida como iglesia primada de la Argentina, algo que por 88 años había estado en posesión de la arquidiócesis porteña. El arzobispo y primado de la Argentina fue consagrado obispo auxiliar en 2010 por Bergoglio en una ceremonia en el Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que gestionan los vicentinos, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Pero en el último consistorio de Francisco, el 7 de diciembre de 2024, fue designado cardenal por el mismo jesuita. “Me envió a evangelizar a los pobres“, remarcó Bokalic Iglic sobre las palabras que le dijo Francisco, quien falleció el 21 de abril de 2025.
Desde Unión por la Patria aseguraron que Milei "ya no actúa como presidente" y criticaron el apoyo a Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro El bloque de diputados de Unión por la Patria confirmó que presentará un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei, luego de que el jefe de Estado apoyara la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura internacional de Nicolás Maduro y posterior juicio en Nueva York. El juicio político es el mecanismo utilizado para remover de sus funciones a cualquier persona con cargos de jerarquía dentro del Ejecutivo. Incluye a ministros, jueces de la Corte, jefe de Gabinete, pero también a presidentes y vicepresidentes. Su objetivo no es meter a alguien en la cárcel, sino proteger las instituciones al desplazar a un funcionario que no cumple con sus deberes. La medida parlamentaria fue comunicada por el diputado Juan Marino, que pertenece al Partido Piquetero, alineado dentro de la coalición de Unión por la Patria. "Es un payaso que pretende ser Virrey en Latinoamérica", dijo, al tiempo en el que señaló que el mandatario además "festejó el ataque terrorista de Trump y el secuestro de Maduro". Una vez conocida la captura de Maduro en Venezuela por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, Milei proclamó su eslogan: "La libertad avanza. Viva la libertad, carajo". El mandatario celebró públicamente la detención de Maduro y la calificó como "la caída de un dictador, un terrorista y un narcotraficante". Diputados impulsan el juicio político a Javier Milei Qué implica un juicio político y cuáles son las consecuencias Según los artículos 53, 39 y 60 de la Constitución Nacional, existen tres motivos principales a partir de los cuales se puede iniciar el proceso de juicio político contra un funcionario: Mal desempeño de sus funciones: es la causa más común y subjetiva. No requiere un delito, sino que el Congreso considere que el funcionario ya no es apto para el cargo. Delitos en el ejercicio de sus funciones: por ejemplo, actos de corrupción o abuso de autoridad. Crímenes comunes: delitos que no tienen que ver con el cargo, como es el caso de un homicidio. El Congreso se divide en dos roles muy claros: los Diputados "acusan" y los Senadores "juzgan". Paso 1: La Cámara de Diputados (La Acusación). Cualquier ciudadano puede presentar un pedido, pero debe ser tomado por la Comisión de Juicio Político. Si la Comisión dictamina que hay pruebas suficientes, el proyecto pasa al recinto. Se requiere una mayoría especial de dos tercios (2/3) de los miembros presentes para que la acusación sea aprobada. Si se logra, la Cámara de Diputados nombra a uno o varios de sus miembros para que sostengan la acusación ante el Senado. Paso 2: El Senado (El Juzgamiento). Aquí el Senado se convierte en un tribunal y sus miembros deben prestar juramento especial. Presidencia especial: Cuando el acusado es el Presidente de la Nación, el Senado no es presidido por el Vicepresidente, sino por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (para garantizar imparcialidad). Defensa: El acusado tiene derecho a defenderse y presentar pruebas. Veredicto: Para destituir al Presidente se requiere nuevamente una mayoría de dos tercios (2/3) de los miembros presentes. 3. Consecuencias del fallo. Si el Senado declara culpable al Presidente, el fallo tiene dos efectos inmediatos y únicos en el ámbito político:
Desde la asociación que nuclea a prestadores de Santa Fe aseguran que la cantidad de vehículos especiales se redujo a la mitad desde diciembre de 2023 a la actualidad "Hay familias desesperadas que no encuentran transporte para sus hijos". La confirmación pertenece al titular de la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes), Pablo Bolego, quien aseguró que desde el inicio de la administración del presidente Javier Milei, la prestación cayó a la mitad por falta de rentabilidad. "Hemos perdido toda esperanza con este gobierno para el sector, incluso hasta los colegas que le confiaron un voto", lamentó en consonancia con otros prestadores y familias, quienes repudiaron el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Bolego consignó, en declaraciones a La Capital, que desde 1997 a 2023, los aranceles que se pagan por kilómetro equivalían al 80 % del costo del litro de gasoil. Ese número quedó en 733 pesos cuando el litro del combustible roza los 1.900 pesos. Hasta la pandemia y luego de ella, el sector mantenía entre 320 y 350 habilitaciones para transportes especiales adaptados. Sin embargo, esa situación comenzó a complicarse a raíz de la merma de los aranceles que la hasta entonces Andis devolvía a cada transportista por kilómetro y los costos que representaba mantener en condiciones el vehículo. Los transportistas de personas con discapacidad durante una de las tantas protestas llevadas a cabo en el Monumento. Los transportistas de personas con discapacidad durante una de las tantas protestas llevadas a cabo en el Monumento. Bolego admitió que, tras el congelamiento del aranceles y la disolución de la Andis, perdieron "toda la esperanza". Incluso, la que muchos colegas le habían confiado con su voto al presidente Milei, según reveló. "Hemos perdido toda esperanza de este gobierno, incluso muchos colegas que sabemos que le confiaron su voto al actual presidente. Tampoco el ministro (de Salud) Mario Lugones ha tenido declaraciones favorables para las personas con discapacidad ni para los prestadores. Ni a lo largo de su historia, ni ahora que ocupa este cargo tan importante", reveló. En ese marco, consideró que este cambio de agencia autárquica al rango de secretaría, "es un cambio de paradigma muy profundo. Es una suerte de reduccionismo para mirar la discapacidad del punto de vista sanitario". En ese sentido se refirió a la disolución de la Andis y a la incertidumbre planteada por otras entidades locales. Cambio de paradigma El gobierno nacional tendrá que acatar la sentencia de la Justicia Federal de Campana, que dictaminó la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad sancionada en el Congreso y que había sido vetada por Milei. "El gobierno dice que pondrá en marcha la ley, pero lo hace en base a números y cálculos que no son los verdaderos. Hay una discrepancia considerable entre los números que apuntó el colectivo en discapacidad y los que aduce Nación, con lo cual estamos ante un problema gravísimo porque no se sabe quién podrá brindar servicio durante 2026, ya que el combustible sigue en aumento mientras el gobierno dilata al debate", concluyó.
