"No puede llamarse democracia eso, porque le están robando la democracia a Argentina", disparó Correa. Su denuncia tiene peso: él mismo fue proscripto en Ecuador por una sentencia exprés que le impidió postularse en 2020. “Me sacaron una sentencia horas antes de inscribirme como candidato”, recordó, apuntando a una estrategia regional que, según él, repite el mismo patrón en toda América Latina. El objetivo: anular a los liderazgos populares y garantizar gobiernos de ultraderecha mediante la manipulación judicial. En palabras de Correa, lo que ocurrió con Lula (preso para facilitar el ascenso de Bolsonaro) o con él mismo (para permitir la victoria de Guillermo Lasso) se está replicando con Cristina: “Ahora proscriben a Cristina y para ser presidente alguien de extrema derecha”. Admiración por Cristina y un pedido personal Lejos de la solemnidad, Correa también dejó espacio para una declaración humana, directa, cargada de respeto: “Siempre me sorprenderá la entereza, la valentía de Cristina. Está más fuerte que nunca, más decidida que nunca, más preclara que nunca”. Con humor, agregó: “Prometo en la próxima salida ir a comer unos fideos con Cristina porque hace unos muy buenos tallarines”. Y remató: “Lo que yo quiero es preguntarle a Cristina cómo hace para tener tanta fortaleza ante la adversidad. Yo no tengo nada que decirle: quiero que ella me diga a mí”. ¿Democracia sin Cristina? La frase que dejó flotando Correa no es menor: “No puede llamarse democracia si no pueden votar por las opciones que ustedes quieran”. La prohibición de candidaturas populares ya no es un detalle judicial: es una herramienta de disciplinamiento , de control político regional, que garantiza el avance de gobiernos autoritarios con barniz institucional. Mientras Javier Milei se presenta como “libertario”, Correa advierte: “Así se vacía la democracia. Así se gobierna con trampas. Y así se impide que los pueblos elijan a quienes de verdad los representan”.

En un comunicado, el interbloque de senadores cuestionó el discurso de Javier Milei en La Rural y aseguró que "los números no cierran". "Las familias argentinas no llegan a fin de mes, pero solo le preocupa que los más ricos ganen aún más", denunció. El interbloque de senadores y senadoras de Unión por la Patria (UxP) criticó el discurso del presidente Javier Milei en la Expo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el cual anunció una baja de retenciones, y aseguró que en el modelo económico del Gobierno "hay plata para los poderosos, pero no para los jubilados". "Los números de Milei no cierran. A la grave situación económica diaria debemos sumarle salarios y jubilaciones de hambre, comercios y fábricas quebradas y un endeudamiento externo récord. Cada día debemos más y se fugan más dólares del país. Ni la macro, ni la micro", sostuvo el interbloque en un comunicado. En este contexto, afirmó que "ahora el Presidente decidió transferir a los sectores de mayores ingresos los recursos que les niega a los más necesitados: hay plata para los poderosos, pero no hay plata para jubilados, ni docentes, ni médicos, ni investigadores, ni policías", enumeró. "Milei quiere poner a la Argentina de rodillas, y su modelo pretende vacas gordas y salarios flacos. Las familias argentinas no llegan a fin de mes, pero a Milei solo le preocupa que los más ricos ganen aún más. Menos impuestos para los poderosos, más motosierra para el pueblo", insistió. El interbloque de UxP denunció "las inconsistencias de un programa económico que ya fracasó, la decisión de gobernar permanentemente sin presupuesto, el crecimiento de la deuda con los organismos internacionales y con las provincias, la fuga de capitales, el deterioro de las economías regionales, la crisis en el Garrahan, el caso Libra y los grandes negociados que está haciendo" el gobierno de La Libertad Avanza. "El modelo económico de Milei ya entró en crisis y, como única solución, el Presidente acude desesperadamente al salvataje electoral de Washington", señaló. Agregó que, para lograrlo, el plan del Gobierno incluye "renunciar a Malvinas, entregar YPF y saquear nuestros recursos". "Al Presidente y su pequeño grupo no le basta con el FMI: ahora reclaman embajadores extranjeros, como Peter Lamelas, que sometan a las provincias argentinas y controlen el sistema de justicia, garantizando la arbitraria persecución sufrida por la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner", remarcó el comunicado. "Desde el Interbloque Unión por la Patria denunciamos las cipayas maniobras económicas y electorales del Gobierno, convocando a las fuerzas de la patria a resistir este nuevo embate. Es Patria o Milei", concluyó.

El economista estadounidense pidió no mirar como un logro la baja de la inflación porque se está consiguiendo a costa de un endeudamiento impagable con el FMI. "El país no es viable con más de 56 mil millones de dólares en deuda. No podrán pagar esto", sentenció. El premio nobel de Economía Joseph Stiglitz sostuvo que Argentina "está a las puertas de otra crisis" . Apuntó sus críticas   contra la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional en la gestión de Mauricio Macri y el nuevo préstamo conseguido por la administración de Javier Milei, que "engrandece el problema", ambos bajo el mando del ministro de Economía, Luis Caputo. "El país no es viable", sentenció.   Sitglitz, en una conferencia que ofreció durante el Festival Gabo en Colombia, propuso un modelo de "capitalismo progresista" , en el que el Estado tenga mecanismos de control sobre el poder financiero. En ese sentido, el Nobel de Economía marcó un patrón entre Macri y Mieli para pronosticar una nueva crisis económica. Recordó que durante la administración Macri se acudió al FMI para conseguir un préstamo de 44 mil millones de dólares para abrir la economía, pero "los más ricos de Argentina sacaron el dinero, sin comprobar qué hicieron". El economista indicó que la decisión del gobierno de Macri "cambió el país" porque, aunque llegó con problemas en la economía, generó un quiebre respecto de la deuda externa. " No había deuda y luego cuando se fue hubo una crisis de deuda , entonces, fue un muy mal manejo de mercados abiertos que los llevó a la actual crisis", apuntó el economista estadounidense.  El mal manejo de los mercados abiertos es punto relevante en la crítica de Stiglitz ya que durante la gestión Macri esas decisiones también estuvieron en manos de Caputo, primero como secretario y luego como ministro de Finanzas. "Lo que acaba de ocurrir bajo la administración de Milei engrandece el problema. No pudieron pagar los 44 mil millones y el FMI les ha prestado otros 20 mil millones, que tampoco van a ser capaces poder pagar", advirtió el economista.  En su pronóstico, el premio Nobel invitó a no mirar como un logro la baja de la inflación y comprender que se está logrando a partir de una toma de deuda difícil de afrontar : "La inflación se ha reducido porque han sido capaces de mantener la tasa de cambio estable, sin que se caiga, y ha jugado un gran rol para sostener la inflación, pero el país no es viable con más de 56 mil millones de dólares en deuda. No podrán pagar esto ", pronosticó.  Las palabras de Stiglitz ocurrieron pocas horas después de que Caputo anunciara que se alcanzó la aprobación de la revisión del nuevo acuerdo con el FM I, a pesar de no cumplir la meta de acumulación de reservas. El ministro de Economía dijo en el programa de stream oficialista Carajo que se firmó "un excelente acuerdo para el país" y confió en que "va a ayudar, significativamente, a que el país pueda recuperar el acceso a los mercados para poder refinanciar la deuda".  Sobre la falta de acumulación de reservas que era parte del nuevo acuerdo con el FMI, Caputo se excusó:  "El problema es que, si uno no tiene acceso al mercado para refinanciar el capital, entonces esas reservas se van en pagos de deuda, que es lo que ha pasado en estos 18 meses".  Ante la expectativa de la administración de Milei de alcanzar una baja en el riesgo país para regresar a los mercados internacionales a tomar deuda con tasas cercanas al 9 por ciento, Stiglitz consideró que Argentina no podrá pagar la deuda acumulada por las administraciones de las que fue y es parte Caputo y "en unos años, veremos otra crisis. Aunque ahora las cifras se ven bien, en temas de inflación, si analizamos dónde está Argentina, está en puertas de otra crisis".

La diputada nacional de Unión por la Patria presentó un proyecto para declarar la nulidad absoluta e insanable del DNU 493/2025 de Javier Milei, que desregula el servicio público de agua y cloacas, abriendo las puertas a su privatización total. Mientras el gobierno de Javier Milei avanza sin freno sobre derechos básicos, la diputada Julia Strada se planta con una propuesta concreta: declarar inconstitucional e insanable el decreto que convierte al agua en mercancía. Un documento que expone, con fundamentos sólidos, el atropello jurídico, social y ambiental que implica el DNU 493/2025. En un país atravesado por una crisis estructural agudizada por políticas de ajuste brutales, el agua —ese bien vital, esencial y universal— vuelve a estar en el centro del debate político. El gobierno de Javier Milei, fiel a su ideología mercantilista, ha decidido avanzar con la desregulación del servicio público de agua potable y desagües cloacales mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 493/2025. Frente a este escenario, la diputada nacional Julia Strada presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para declarar la nulidad absoluta e insanable del mencionado decreto, una iniciativa que no solo desnuda la arbitrariedad de la medida presidencial sino que plantea un llamado urgente a la resistencia democrática. El DNU 493/2025 pretende modificar, sin intervención del Congreso, el marco regulatorio que garantiza el acceso al agua como servicio público esencial. Este decreto, redactado con la frialdad del Excel y el desprecio de quien no conoce el barro, elimina de un plumazo el control estatal, anula la obligación de brindar cobertura universal y desmantela el principio de equidad territorial. En nombre de una supuesta “eficiencia” del mercado, el gobierno impulsa una privatización encubierta que habilita el lucro empresarial sobre un derecho humano consagrado por tratados internacionales y por la propia Constitución Nacional. Strada no se limita a manifestar su desacuerdo. En su proyecto, argumenta con precisión técnica y claridad política por qué este DNU es nulo de toda nulidad. Para comenzar, advierte que no existe ni una situación excepcional ni una urgencia que justifique eludir el procedimiento legislativo ordinario. Nada en la coyuntura actual —por más crítica que sea— habilita a Milei a legislar por decreto sobre un área sensible y estructural como el acceso al agua. La diputada remarca que el DNU vulnera el principio republicano de división de poderes, lo cual constituye un avasallamiento institucional de extrema gravedad. Pero la cuestión va mucho más allá del procedimiento. El proyecto de Strada evidencia cómo el decreto atenta contra la Ley General del Ambiente (25.675), desconoce convenios internacionales firmados por Argentina como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y pasa por alto recomendaciones de organismos como la ONU que reconocen el acceso al agua como derecho humano fundamental. En otras palabras: no se trata solo de una maniobra autoritaria, sino de una decisión política profundamente regresiva, que pone en riesgo la salud, la vida y la dignidad de millones de personas. La ofensiva de Milei no es ingenua. El texto del DNU 493/2025 habilita la desinversión del Estado, transfiere competencias a provincias sin financiamiento, deja a merced del mercado el establecimiento de tarifas y elimina cualquier obligación de expansión del servicio. No es una reestructuración: es una amputación deliberada del derecho al agua, camuflada bajo el ropaje técnico de la “eficieniencia regulatoria”. En lugar de garantizar que todos los argentinos y argentinas accedan al agua potable, el gobierno decide crear un negocio para pocos, quitando del medio al Estado como regulador, planificador y garante. Strada, en su proyecto, denuncia con claridad que esta desregulación “promueve la mercantilización de un derecho humano básico” y denuncia que el gobierno nacional “se desentiende de sus deberes esenciales” bajo una falsa narrativa de libertad económica. Señala, además, que los usuarios pasarán a ser meros “clientes”, condenados a pagar tarifas impagables o directamente a quedar excluidos del servicio, sobre todo en los territorios más vulnerables y menos rentables. En una Argentina profundamente desigual, eso no es una reforma: es una condena. La diputada también alerta sobre el peligro ambiental que implica el nuevo marco. Al eliminar controles, desincentivar inversiones y fragmentar el sistema, se pone en riesgo la calidad del agua, se fomenta la contaminación de acuíferos y se desdibuja cualquier estrategia nacional de preservación del recurso hídrico. Lo que el DNU ofrece no es desarrollo ni sostenibilidad: es extractivismo salvaje con consecuencias sanitarias y ecológicas devastadoras. Este decreto no nació del consenso ni del diálogo. Fue parido entre gallos y medianoche, sin consulta a los sectores afectados, sin informes técnicos que lo avalen, sin debates en comisiones. Un manotazo de autoritarismo hídrico. Y en esa ausencia brutal de institucionalidad, Strada plantea la necesidad urgente de frenar este atropello con todas las herramientas legales disponibles. Su proyecto no es solo una declaración: es un acto de defensa del Estado de Derecho, del rol del Parlamento y de los principios básicos que sostienen una democracia moderna. Lo que está en juego no es simplemente una normativa administrativa. Es la concepción misma de los derechos, el papel del Estado y el sentido de comunidad. Milei insiste en construir un país para pocos, donde los servicios básicos solo estén garantizados para quienes puedan pagar. Pero como señala Strada en su presentación, el agua no puede ser un privilegio. Es un bien común. Es vida. Y ningún decreto puede despojar al pueblo de ese derecho sin que se levanten voces en defensa de lo esencial. Resulta inaceptable que, en medio de una crisis social y económica, el gobierno decida avanzar en la privatización silenciosa de un recurso vital. El ajuste llega al grifo, y mientras las familias sufren cortes, facturas impagables o agua contaminada, los grandes grupos empresarios celebran las nuevas oportunidades de negocio. Frente a esta realidad, el proyecto de Julia Strada representa una línea de resistencia, una línea de dignidad y una línea de sentido común. En definitiva, el DNU 493/2025 no solo es inconstitucional e ilegítimo: es inmoral. Porque transformar un derecho humano en mercancía es una forma brutal de violencia institucional. Es una renuncia a la justicia social, a la salud pública, al desarrollo sostenible y a la igualdad territorial. Y si el Congreso no lo frena, si la sociedad no lo rechaza, lo que sigue no será solo la venta del agua. Será la venta del alma del país. Fuente: https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2025/PDF2025/TP2025/4015-D-2025.pdf

El sábado 2 de agosto realizarán un “Cabildo Abierto de Salud” con organizaciones sociales. Exigen un salario mínimo de $1.800.000 y condiciones laborales formales. La Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) lanzó un plan de acción ante lo que definen como un “vaciamiento” de la institución. En este marco, anunciaron el “Cabildo Abierto de Salud”, que se realizará el sábado 2 de agosto junto a sindicatos, agrupaciones estudiantiles, territoriales y de derechos humanos. La campaña fue nombrada “Agosto por el Hospital Garrahan y las Infancias”, e incluye actividades como una caminata artística con velas el viernes a las 18, desde Corrientes y Callao. Además, el 6 de agosto se llevará a cabo una asamblea para votar un paro nacional con caravana y ruidazo frente a la Quinta de Olivos, previsto para el 13. Salarios, renuncias y condiciones críticas El gremio reclama un salario mínimo de $1.800.000 para detener la salida masiva de profesionales. “Ola de renuncias”, afirman desde APyT, advirtiendo más de 220 desvinculaciones en lo que va del año. Aunque cifras oficiales reportan 114 bajas hasta junio —57 por renuncias—, los trabajadores sostienen que hay un “aceleramiento” en la salida de personal especializado. También demandan el fin de la precarización de residentes y becarios, y condiciones laborales plenas con recibo de sueldo. “Trabajo informal” es el calificativo que dieron a la Resolución 2109/2025, que plantea dos modalidades para residentes: una con $828.430 y aportes previsionales, otra de $1.498.113 sin aportes. El Congreso busca declarar la emergencia pediátrica La Cámara de Diputados agendó para la primera semana de agosto una sesión donde se tratará la declaración de emergencia pediátrica en el Garrahan. El proyecto ya cuenta con dictamen favorable. La iniciativa es parte de un paquete legislativo impulsado por la oposición que también contempla el financiamiento universitario y la distribución de fondos a las provincias. Desde la bancada opositora remarcan que la medida representa un respaldo institucional a los reclamos gremiales. Mientras tanto, el oficialismo intenta bloquear el avance del proyecto mediante negociaciones. Cambios de autoridades y medidas de gestión En junio asumió la nueva presidenta del Consejo de Administración, la doctora Mariel Sánchez, acompañada por Mariano Pirozzo como director médico. La gestión anunció reducción de cargos jerárquicos, implementación de comités de compras y un ahorro del 30% en insumos, asegurando no afectar la atención médica. Los trabajadores insisten en que dichos ahorros “no se reflejan en mejoras salariales”. También se cuestiona el nuevo régimen de becas, por considerarlo fuera de las normas laborales formales. Excelencia médica sostenida bajo condiciones de presión Pese al contexto conflictivo, el Hospital Garrahan mantiene su posición de liderazgo en el sistema público de salud pediátrica. Actualmente realiza el 50% de los trasplantes pediátricos del país, y fue pionero en técnicas como la operación fetal intrauterina por mielomeningocele. En sus planes próximos figura la incorporación del primer trasplante intestinal infantil público y la apertura de un Banco de Córneas con alcance nacional. Sin embargo, el personal afirma que la situación laboral interna amenaza con poner en riesgo estos logros.

Rezo por la paz y la dignidad en todos los conflictos “Mi corazón está particularmente cerca de todos aquellos que sufren a causa de los conflictos y la violencia en el mundo”, expresó el papa León XIV. Al respecto, pidió que “el Príncipe de la Paz inspire a todos a buscar el diálogo y la reconciliación”. El líder de la Iglesia católica instó también a quienes participan en conflictos armados: “Insto a todas las partes en cada conflicto a que reconozcan esta dignidad y cesen todas las acciones que la violen”. Preocupación global y mención a nuevos focos de violencia Además del conflicto en Medio Oriente, León XIV manifestó su inquietud por otras situaciones: “Rezo por los afectados por los enfrentamientos en la frontera entre Tailandia y Camboya, especialmente los niños y las familias desplazadas", y por "las víctimas de la violencia en el sur de Siria”. Un mensaje especial a un cura argentino herido en Gaza En medio del agravamiento de la situación, el pontífice envió un mensaje al sacerdote argentino herido en Gaza. El Papa se declaró “profundamente entristecido” por el hecho y ofreció su cercanía espiritual. Las autoridades sanitarias de Gaza informaron otras nueve muertes por desnutrición, mientras hospitales de la zona continúan saturados con casos de malnutrición infantil. “Todo ser humano tiene una dignidad intrínseca otorgada por Dios” El papa León XIV insistió en que "todo ser humano tiene una dignidad intrínseca otorgada por Dios mismo", y llamó a rechazar “todo lo que pueda comprometer” la construcción de un futuro en paz. Confió “a María, Reina de la Paz, las víctimas inocentes de los conflictos y los líderes que tienen el poder de ponerles fin”.

Gracias a un intenso trabajo de reconstrucción de fotos y material audiovisual, la organización Mapa de la Policía junto al Cels y otros organismos de derechos humanos, lograron identificar al prefecto cuyo disparo fue directo al ojo del hincha de Chacarita que había ido a manifestarse en apoyo a las y los jubilados. Gracias a la investigación de la organización el Mapa de la Policía en conjunto con otros organismos de derechos humanos, el agente de Prefectura Naval que le disparó en el ojo al hincha de Chacarita Jonathan Navarro en la represión feroz del 12 de marzo fue identificado desde varias ópticas, dejando en claro su accionar ilegal en la forma de ejecución de su armamento. Si bien por el momento no se pudo confirmar su identidad (nombre y apellido), gracias al intenso trabajo de reconstrucción y peritajes de fotos y videos (aportado por la ciudadanía y fotoperiodistas), se observa con claridad cómo el prefecto le quitó la vista de un ojo a Navarro, al disparar en contra del reglamento, a unos pocos metros (aproximadamente tres). Bullrich salió en defensa del policía de la Federal que hirió de muerte a un nene de 7 años El Mapa de la Policía detalló en un comunicado: "En los vídeos de monitoreo urbano, que son parte de la reconstrucción científica, pudimos particularizar al prefecto por su arma Byrna de color naranja y porque, además, llevaba una marca blanca en la parte trasera de su casco, protecciones de antebrazos colgando a los lados de la cadera y tenia un guante negro en una de sus manos. Gracias al aporte de registros en alta definición de fotorreporteros y tomando estos elementos de referencia pudimos encontrar imágenes en las que se ve con mayor claridad su rostro, mientras formaba parte de las líneas de PNA".  En otro fragmento, destacó un dato llamativo respecto al descomunal operativo de aquel día, lo que indicaría una dinámica represiva ilegal articulada: "Tres minutos antes de que Jonathan recibiera el disparo en el ojo, el cabo Héctor Guerrero –miembro de Gendarmería Nacional– le disparó a Pablo Grillo en la cabeza , contrariamente a los protocolos de uso de armas lanzagases. Esto indica que dos agentes de fuerzas distintas, sin referencia visual y ubicados físicamente en lugares distintos, actuaron de la misma forma y en el mismo momento". "La investigación indicó, además, que el Prefecto Mayor Héctor Cabrera, jefe de la agrupación Albatros, fue quien esa tarde del 12 de marzo estaba a cargo de la fuerza a la que pertenece el tirador. El accionar de Prefectura y de Gendarmería respondió a las órdenes del comando unificado liderado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich", amplió el texto. El impacto en el ojo que recibició de forma deliberada Jonathan Navarro afectó intensamente varios aspectos de su vida.  Aquel 12 de marzo, día en el que hinchas de fútbol y miles de ciudadanxs decidieron manifestarse en apoyo a las y los jubilados, Navarró decidió asistir conmovido porque su papá tuvo que pagar $80.000 por un medicamento que antes conseguía de manera gratuita y ahora no consigue a causa de que el Gobierno libertario quitó ese beneficio. De acuerdo a su relato, tras el disparo, Jonathan acudió al hospital para ser tratado y recibió la noticia de que la herida le había causado la pérdida de la visión de su ojo izquierdo. En el video publicado en las redes del Mapa de la Policía, el hincha de Chacarita contó que tras ese disparo, dejó de ir a la cancha, recibe tratamiento psicológico, perdió los reflejos y ya no puede hacer deporte, a pesar de lo cual expresó: "No me arrepiento de nada (...) mucha fuerza a los jubilados".