Es a partir de una denuncia por 300 despidos ilegales. Los detalles. La Justicia falló este martes a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ante una presentación contra los despidos del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y dispuso una sanción económica de $ 10 millones diarios, en caso de que el Gobierno no se rectifique sobre la Resolución 1240/2025 del Ministerio de Economía. De esta manera, la Justicia obligó al Gobierno a dar marcha atrás con la resolución sobre el INTA y, en caso de que no cumpla con lo solicitado, el Poder Ejecutivo deberá pagar una multa diaria de 10 millones de pesos. Frente a esto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la medida y acusó a la administración libertaria de «coimeros y cabezas duras«. El miércoles de la semana pasada, la Justicia Federal había dictado una cautelar para dejar sin efecto el DNU 462/2025, que eliminaba la autarquía del INTA y lo ubicaba bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Los despidos ilegales en el INTA INTA Pese a que el DNU quedó sin efecto por el rechazo del Senado, el Ministerio de Economía, mediante la Resolución 1240/25, había dispuesto dejar en disponibilidad a 300 trabajadores del organismo, lo que ATE consideró como un accionar «al margen de la ley«. El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, a cargo de la jueza federal Martina Isabel Forns, dispuso este martes la sanción económica al Ejecutivo, que «podrá ser dejada sin efecto o ser objeto de reajuste, si desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su poder». «¿En serio, presidente Javier Milei, van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado? ¡Me parece que ustedes además de coimeros, son bastante cabeza dura eh!», expresó Aguiar desde sus redes. Y añadió que «a pesar del sufrimiento que generan, me parece que después de tantos fallos judiciales, ya nos estamos acostumbrando a festejar».
Eduardo Feinmann fue protagonista de un violento episodio en la puerta de Radio Mitre . El periodista fue agredido por Marcelo Peretta , secretario general del personal Farmacéutico. Según trascendió, el sindicalista esperó a Feinmann en la calle Mansilla para insultarlo y mostrar una actitud violenta. Tal como se informó, el motivo fueron críticas del periodista hacia él en su programa. Peretta intentó aclarar lo sucedido y confirmó que habría ido hasta la emisora “para cuestionar algunas críticas del periodista y pedirle que se disculpe”. “Ahí está mi hijo, quiero que le digas por qué soy un garca”, fue una de las frases que se escucha decir a Peretta en el video, en el que también aparece el joven. “Nunca me entrevistaste. ¿Qué problema tenés conmigo?” agregó después. El episodio no escaló gracias a la intervención del economista Guillermo “Willy” Laborda, que forma parte del equipo de Feinmann, y de una oficial de la Policía de la Ciudad que se encontraba en el lugar.
La Cámara Federal rechazó el pedido del diputado de La Libertad Avanza para que la causa en su conrta sea archivada. La Sala I de la Cámara Federal rechazó el pedido del diputado de La Libertad Avanza y candidato oficialista en Buenos Aires José Luis Espert para que la causa que lo investiga por discurso de odio y violencia sea archivada. Myriam Bregman y Nicolás del Caño, diputados nacionales del PTS-FITU, lo habían denunciado penalmente luego de que el legislador exigiera “cárcel o bala” para los referentes de los sectores políticos de izquierda. Bregman se refirió al tema e hizo hincapié en la búsqueda permanente de violencia que ejerce el candidato libertario desde la estructura digital que reproduce contenido oficialista: "En nuestra denuncia pedimos que se investigue el odio y la violencia que intenta generar Espert y se reproducen por su patota digital en las redes sociales", resumió la referenta en su cuenta de X. La denuncia recayó en el juzgado federal a cargo del magistrado Sebastián Casanello, quien había rechazado en primera instancia el pedido de archivo que había hecho Espert y se predisponía a avanzar en la investigación. Pero Espert quiso insistir, y apeló confiando en su suerte ante la Cámara de Apelaciones que en los últimos días, finalmente, le dio la razón al juez. "La investigación continúa, aunque a Espert no le guste", concluyó Bregman.
La prensa internacional destaca el escándalo en la ANDIS, que salpica al círculo íntimo de Milei. Comparan los hechos con un "Mani pulite a la argentina". Lejos de ser un «fenómeno barrial», el escándalo de corrupción por presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) trascendió las fronteras y se instaló en las portadas de los principales medios del mundo. La prensa internacional refleja con atención la crisis que golpea al gobierno de Javier Milei, en un caso que algunos ya comparan con un «Mani pulite a la argentina». La mayoría de los informes del exterior se centran en la filtración de los audios que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos y en la implicación del círculo familiar más cercano al presidente , con su hermana Karina Milei como una de las principales señaladas. Las tapas y los títulos de la prensa internacional Desde Estados Unidos hasta Europa, pasando por América Latina, diversos medios de comunicación pusieron el foco en la crisis que atraviesa el gobierno libertario, analizando sus posibles consecuencias políticas y económicas. Bloomberg Línea tituló que «Milei suma un escándalo de corrupción a su creciente lista de problemas», y advirtió que el caso podría mermar el índice de aprobación del presidente. El País (España) publicó: «Quién es quién en el escándalo por corrupción que toca a Milei y su hermana Karina», detallando los nombres de los funcionarios y empresarios implicados. El Mundo (España) informó sobre la crisis política interna que generó el caso, señalando que «El grupo parlamentario de Milei se rompe entre denuncias de corrupción». Medios europeos: un corresponsal en Roma destacó que «Europa sigue de cerca las derrotas de Milei en el Senado y los casos de corrupción vinculados a su familia». Prensa de la región: medios como swissinfo.ch (Suiza) y emol (Chile) también publicaron extensos artículos sobre la denuncia penal y el rol de la hermana del Presidente en la trama. La amplia cobertura internacional desmiente cualquier intento de minimizar el escándalo, posicionándolo como una grave crisis de gobierno que afecta la imagen y la estabilidad de la gestión de Javier Milei, tanto en el ámbito local como en el exterior. Noticias Argentinas
Jorge Taiana, el elegido para diputado En medio del cierre de listas, Fuerza Patria confirmó quiénes serán los candidatos a Diputados en representación de la provincia de Buenos Aires. Quien estará a la cabeza es Jorge Taiana, quien fue canciller de 2005 a 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Candidatos a Diputados de Fuerza Patria Taiana, Jorge Lopez, Jimena Grabois, Juan Siley, Vanesa Palazzo, Sergio García, Teresa Pietragalla, Horacio Propato, Agustina Moyano, Hugo (hijo) Díaz, Fernanda Galmarini, Sebastián Miño, Fernanda Yasky, Hugo Salzman, Marina Trotta, Nicolás
El fiscal Eduardo Taiano habló de “pagos indirectos a funcionarios públicos” en el marco del caso $LIBRA, que involucra a los empresarios cripto Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La jueza María Servini detectó que ambos movieron fondos millonarios para evitar que fueran congelados, mientras la causa avanza con indicios de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad. La historia detrás del caso $LIBRA no es solo un escándalo financiero, sino una radiografía incómoda del poder político y sus conexiones con el mundo cripto. El 4 de febrero, apenas diez días antes del lanzamiento del token, una billetera controlada por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy —dos personajes muy cercanos a Javier Milei— recibió 695.990 dólares en USDT, la versión digital del dólar. Ese mismo día, Novelli abrió dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia. El detalle que hoy resulta imposible pasar por alto es que, tras el colapso de la moneda, fueron su madre y su hermana quienes se encargaron de vaciarlas. Para el fiscal Eduardo Taiano, esos fondos podrían ser “eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos” destinados a concretar los hechos investigados, formando parte de una maniobra delictiva que todavía se intenta desentrañar. La jueza María Servini quiso congelar ese dinero cripto, pero se topó con un obstáculo premeditado: antes de que se dictara la medida, los amigos del presidente movieron los tokens y convirtieron buena parte en Ethereum, una criptomoneda que, a diferencia de las stablecoins, no puede ser bloqueada fácilmente. La maniobra no fue casual. Durante cinco meses, la billetera CPE1 mantuvo un saldo intacto de 517.728,79 USDT. Sin embargo, apenas se encendieron las alarmas judiciales, el dinero se dispersó en distintas wallets. Parte siguió en USDT, otra parte en Ethereum. El 29 de julio, Servini ordenó una nueva inmovilización de los fondos residuales, medida que se mantuvo en secreto hasta esta semana. Las querellas ya evalúan pedir detenciones, entendiendo que los movimientos detectados buscaban entorpecer la investigación y complicar cualquier intento de decomiso para un eventual resarcimiento. El vaciamiento fue advertido por organismos especializados del Ministerio Público Fiscal: la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes. Ambas oficinas habían vinculado la billetera CPE1 con Novelli y Terrones Godoy, e identificado otras tres cuentas que la nutrían con operaciones clave. Cuando revisaban la ejecución de la primera orden de congelamiento, descubrieron que el saldo había quedado en cero. En apenas tres transacciones, el total había volado a otra dirección. El período crítico, según la fiscalía, va del 3 de diciembre de 2024 al 5 de febrero de 2025. El inicio coincide con pocas semanas después del “Tech Forum Argentina 2024” —organizado por Novelli y Terrones Godoy— y el final, con nueve días antes del debut del token. En ese evento, los anfitriones habrían conectado a empresarios extranjeros como Hayden Davis, de Kelsier Ventures; Julian Peh, de KIP Protocol; y Bartosz Lipinski, de Cube Exchange, con Javier Milei. Según Taiano, para concretar esas reuniones en la Casa Rosada y el Hotel Libertador, los empresarios abonaron una suma de dinero al presidente o a su círculo más próximo. Milei incluso dio el discurso de cierre. Las cifras que la Justicia analiza son llamativas: tres acreditaciones relevantes a la billetera investigada, una de 180.000 USDT el 3 de diciembre, otra de 35.000 USDT el 17 de enero y la tercera, la más abultada, el 4 de febrero con 695.990 USDT. El total asciende a 910.990 dólares. No es un detalle menor que la última operación coincida con la apertura de las cajas de seguridad por parte de Novelli, acompañado por su madre y su hermana, llevando mochilas y un bolso. El contenido fue retirado el 17 de febrero, primer día hábil posterior al lanzamiento de $LIBRA. Las sospechas se agravan con el patrón de visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. Según la jueza, entre el 8 de enero de 2024 y el 30 de enero de 2025, Novelli fue recibido más de diez veces. En tres de esas ocasiones coincidió con Hayden Davis. Lipinski asistió a uno de esos encuentros y Peh a otro, siempre en fechas que se entrelazan con los movimientos financieros bajo sospecha. La investigación también sigue la pista de dos viajes a Paraguay, país donde la “minería cripto” goza de un terreno fértil y beneficios estatales. El 19 de julio de 2024, Davis y Terrones Godoy volaron allí y regresaron por rutas separadas. Entre el 17 y el 20 de noviembre de ese mismo año, volvieron a viajar, esta vez acompañados por Novelli y Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores. Apenas regresaron, el 21 de noviembre, se reunieron en la Casa Rosada. La lista de delitos en juego no es corta: estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad. Pero la secuencia de hechos muestra, además, un patrón de blindaje y fuga de activos difícil de justificar. El 21 de julio, las especialistas Bergalli y Chena pidieron interrumpir la cooperación internacional para congelar fondos, ya que detectaron que de la billetera original se habían derivado 253.387,65 USDT a otra (CPE26) y 48.417 USDT a CPE9. Lo más inquietante es que gran parte del dinero se convirtió en Ethereum a través de la cuenta CPE24, en dos operaciones realizadas el 12 y 13 de julio. Así, el grueso de los activos a congelar se volvió inalcanzable para la Justicia. Hubo incluso más movimientos de ETH por USDT el 16 de julio. Binance informó que el 5 de marzo Novelli había realizado once operaciones para liquidar todos sus tokens, quedándose con apenas 30.000 dólares y luego comprando una fracción de Ethereum. Frente a este cuadro, Servini ordenó a fines de julio un nuevo congelamiento sobre las billeteras detectadas y prohibió que los imputados accedan a información anticipada sobre las medidas, para evitar nuevas maniobras de vaciamiento. El exhorto se libró a El Salvador, sede de Theater International, empresa con capacidad para ejecutar el congelamiento. El 5 de agosto, la compañía confirmó que había bloqueado CPE26 y CPE9. Fue entonces cuando el fiscal Taiano dio un paso más: vinculó explícitamente la transacción del 4 de febrero con “pagos indirectos a funcionarios públicos”, enumeró las visitas de Novelli a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, y destacó la presencia de Davis en esas citas. También asoció las cajas de seguridad con operaciones en una dirección específica de blockchain, detectando ingresos y egresos de dinero presuntamente en efectivo, con origen aún en investigación. El caso $LIBRA expone no solo un posible fraude financiero, sino un mecanismo aceitado para desplazar grandes sumas lejos del alcance judicial. Y lo más inquietante es que los protagonistas no son figuras marginales, sino personas con acceso privilegiado al corazón mismo del poder político. Lo que se investiga no es solo un negocio fallido, sino un entramado de relaciones, favores y dinero que, de confirmarse, colocaría a la administración de Javier Milei en el centro de un escándalo que ni el mejor blindaje cripto podría encubrir. La jueza María Servini detectó que, antes de dictar las medidas de congelamiento, los investigados vaciaron sus billeteras digitales, transformando buena parte de los dólares cripto en Ethereum, una moneda virtual que resulta prácticamente imposible de bloquear. El rastreo de la blockchain reveló un patrón de movimientos que coincide con visitas reiteradas a la Casa Rosada, viajes a Paraguay y operaciones en efectivo a través de cajas de seguridad. Entre las sospechas figuran estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad. Los investigadores consideran que se trató de una maniobra deliberada para burlar el accionar judicial y proteger fondos de origen que aún se investiga. El caso $LIBRA no solo expone un negocio cripto fallido, sino un posible esquema de corrupción en el círculo más cercano al presidente.
Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta rompieron con el oficialismo ultra y fundaron un bloque que debutó con el rechazo al veto presidencial a la Ley de Discapacidad. El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados sufrió una nueva y significativa fisura. En medio de una sesión particularmente tensa para el oficialismo, cuatro legisladores se separaron para conformar un nuevo espacio, al que bautizaron Coherencia. El flamante bloque está integrado por Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro, Gerardo González y la mendocina Lourdes Arrieta, quien ya había roto con LLA en agosto de 2024 para formar su propio monobloque. La escisión se produce luego de que estos legisladores votaran en contra del veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, marcando un claro desacuerdo con la estrategia del Poder Ejecutivo. Carlos D'Alessandro, ahora presidente del bloque "Coherencia", afirmó que la decisión busca "recuperar las banderas que teníamos en la campaña contra la corrupción" y luchar "contra la casta política". En declaraciones a la prensa, el diputado expresó que los "hechos de corrupción que son denunciados por la oposición nos ponen muy incómodos", en referencia a escándalos como los audios filtrados del titular de la Agencia de Discapacidad y el caso de la criptoestafa $LIBRA. La ruptura, que reduce la bancada de La Libertad Avanza a 36 representantes, también estaría motivada por el reciente cierre de listas y la intervención del partido LLA en San Luis, del que D'Alessandro era titular. "Si ya arrancamos interviniendo la libertad estamos mal", señaló el legislador, apuntando a decisiones que habrían sido tomadas por Karina Milei. Por su parte, la diputada Marcela Pagano , cuya relación con el presidente de la Cámara, Martín Menem, ha sido tensa desde que ambos llegaron al Congreso, consolidó su salida del bloque oficialista. El conflicto entre ambos se hizo público en marzo, cuando la legisladora le gritó a Menem que "interrumpir un orador es de fascista". La conformación de este nuevo bloque no solo debilita al oficialismo, sino que también genera interrogantes sobre las "coherencias" de sus miembros. Uno de ellos, el formoseño Gerardo González, es señalado por su supuesta cercanía con el peronismo de Gildo Insfrán. Esta conexión subterránea alimenta las especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás de las recientes rupturas en la bancada libertaria. Pese a las diferencias, D'Alessandro anticipó que el nuevo bloque continuará apoyando las medidas económicas del presidente para "ordenar la macro".
Diego Spagnuolo fue removido de su cargo "de manera preventiva", tras el escándalo de presunta corrupción revelado en C5N. El Ministerio de Salud intervendrá el organismo. En medio del escándalo por los audios que denuncian una presunta red de coimas en la compra de medicamentos, el presidente Javier Milei despidió en la madrugada de este jueves a Diego Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y uno de los principales funcionarios implicados en las grabaciones. Otra derrota para el Gobierno: Diputados aprobó la coparticipación automática de los ATN que impulsaban los gobernadores Según supo Noticias Argentinas, el comunicado de la Vocería Presidencial calificó la remoción como una medida "preventiva" y la justificó "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral". Tras la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que el organismo quedará bajo la órbita de la cartera sanitaria mientras se designa un nuevo responsable para garantizar la continuidad de su funcionamiento. Nuevo interventor: El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad. Objetivo declarado: El fin de la intervención, según el comunicado oficial, es "garantizar su normal y correcto funcionamiento". La decisión de despedir a Spagnuolo se tomó horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentara pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra por el contenido de los audios difundidos en el canal C5N.
El sindicalista libertario sorprendió al periodista de ultraderecha a la salida de su programa y lo enfrentó por críticas sostenidas que vincula con intereses farmacéuticos. El secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos y actual candidato a diputado nacional, Marcelo Peretta, protagonizó un enfrentamiento con el periodista Eduardo Feinmann en la puerta de Radio Mitre. Según testigos, Peretta lo estaba esperando a la salida de su programa para increparlo por lo que considera ataques reiterados desde el micrófono. “Hace 3 años que me ataca en la radio”, expresó el dirigente, que sostiene haber sido blanco de agravios sin haber sido entrevistado nunca por el conductor. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un altercado físico, que no pasó a mayores por la intervención del economista Guillermo “Willy” Laborda, panelista habitual del programa de Feinmann, y una oficial de la Policía de la Ciudad que estaba en la zona y logró separarlos. Las acusaciones detrás del conflicto Peretta explicó que decidió enfrentar al periodista luego de años de agresiones mediáticas. Dijo que Feinmann lo llama “berreta”, “oPeretta” y “chanta” al aire, lo que generó su malestar acumulado. A través de sus redes sociales, el sindicalista escribió que se acercó a Radio Mitre para preguntarle “por qué hace tres años que me maltrata sin conocerme, que utiliza la radio más escuchada para pegarme. Nunca le hice nada. No me pidió disculpas, ahora se hace la víctima pero en realidad es el victimario”. Vínculos con laboratorios: la hipótesis de Peretta El dirigente también sugirió que los ataques estarían vinculados con su postura crítica hacia los laboratorios farmacéuticos. Consultado por InfoGremiales, sostuvo que le informaron que el periodista “está sponsoreado por los laboratorios” y que eso explicaría la ofensiva sostenida. “Como yo hablo de los laboratorios que son responsables del escándalo político que se está viviendo en el país, desde HLB Pharma con el fentanilo y la droguería Suizo Argentina con este 8% que se le pedía a los laboratorios supuestamente con el ejecutivo, tal vez sea por eso”, agregó. El conflicto llegará a tribunales Tras el episodio, tanto Peretta como Feinmann presentaron denuncias cruzadas por el incidente. “En definitiva esto se va a dirimir en la justicia porque él me denunció y yo lo denuncié a él. Un juez va a determinar qué es lo que va a pasar”, indicó el gremialista, dejando abierta la disputa en el terreno judicial.
La Cámara Federal de Casación Penal declaró inconstitucional el Decreto 608/2024 que intentó extinguir la acción en la causa “Cereal Negro”. La Cámara Federal de Casación Penal declaró inconstitucional el Decreto 608/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilitaba extinguir la acción penal contra empresarios condenados por asociación ilícita fiscal en la causa conocida como “Cereal Negro”, vinculada a operaciones ilegales con empresas como Vicentin, Cargill y Bunge Argentina. La decisión fue adoptada por la Sala II, con los votos de los jueces Alejandro W. Slokar y Ángela Ledesma, y la disidencia del juez Guillermo Yacobucci, tras aceptar los recursos presentados por la AFIP y el Ministerio Público Fiscal. El tribunal consideró “arbitraria” la resolución del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba que había beneficiado a los imputados al aplicar la Ley 27.743, conocida como Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. En su voto, Slokar cuestionó la constitucionalidad del decreto y advirtió que el Poder Ejecutivo “excedió sus facultades” al reglamentar la norma en un sentido que no había sido debatido por el Congreso. El magistrado alertó sobre los riesgos de “democracias delegativas y autocracias electivas” si se desnaturalizan los límites establecidos por la Constitución. La investigación judicial probó que los condenados montaron un circuito para comprar cereal en negro y blanquearlo mediante sociedades ficticias a nombre de prestanombres insolventes, defraudando al fisco por sumas millonarias. Con esos fondos, adquirieron inmuebles y vehículos de alta gama. El fallo representa un revés para la política fiscal del Gobierno, que en los últimos meses impulsó medidas de blanqueo y alivio impositivo orientadas a sectores de altos ingresos, mientras aplicaba recortes en partidas sociales y previsionales.
El Senado aprobó con amplia mayoría una ley que actualiza el financiamiento de universidades, hospitales, ciencia y tecnología, ajustado por inflación. La oposición logró adelantar el debate y consolidar los dos tercios, lo que deja al Ejecutivo ante un posible nuevo veto. Una senadora cambió su voto respecto a la última vez. Por segunda vez en menos de un año y con una mayoría abrumadora, el Senado sancionó la ley para actualizar el financiamiento del sistema universitario nacional. Con 58 votos afirmativos, 10 en contra y 3 abstenciones, la cámara alta aprobó la recomposición de las partidas para el funcionamiento de las universidades públicas, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, así como los salarios de docentes y no docentes, de acuerdo con la inflación acumulada de 2023 y 2024. El debate fue impulsado por la oposición, con especial protagonismo de Unión por la Patria, pero acompañado por otros bloques que consensuaron este miércoles adelantar la sesión, a pesar de que el dictamen de comisión se había firmado apenas el día anterior. Ese acuerdo permitió sortear el reglamento del Senado, que exige un plazo de siete días entre el dictamen y su tratamiento en el recinto. La media sanción en la Cámara de Diputados, lograda el 7 de agosto, fue un antecedente clave: la oposición reunió allí una mayoría amplia que, si bien quedó a un solo voto de los dos tercios, anticipó el respaldo político que terminó consolidándose en el Senado con mayor contundencia. En esta oportunidad, quienes se opusieron a la ley fueron los seis legisladores libertarios, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero y Martín Goerling del PRO; Francisco Paoltroni; y la radical Carolina Losada. La senadora santafecina fue la única que cambió su voto rotundamente: en septiembre del 2024 votó a favor de la ley. Juan Carlos Romero, Victoria Huala y Andrea Cristina se abstuvieron, mientras que Alfredo De Angeli se ausentó en el momento de la votación. El resto de los legisladores acompañaron la iniciativa. "Gobernar sin presupuesto es como navegar sin brújula, se avanza sin rumbo claro", sostuvo el senador Maximiliano Abad, en una crítica directa al Ejecutivo. El proyecto establece una actualización de las partidas presupuestarias al 1° de enero de 2025 según la inflación acumulada de los dos últimos años. Además, desde su sanción y hasta fin de año, prevé incrementos bimestrales en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En paralelo, contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023, también ajustada por inflación, y actualizaciones mensuales a futuro. "Comparto este nuevo sistema de actualización en base al IPC, es muy oportuno para que lo remunerativo pueda acompañar el impacto de la inflación. También apoyo la partida especial para investigación y becas", destacó el senador radical Víctor Zimmerman. El oficialismo ya anticipó su rechazo. Tras la media sanción en Diputados, La Libertad Avanza —el partido del presidente Javier Milei— publicó en su cuenta de X: “El superávit fiscal no se negocia”, lo que fue interpretado como el anuncio de un nuevo veto presidencial. La ley también contempla partidas específicas para becas estudiantiles, subsidios a la investigación y el funcionamiento de hospitales universitarios. Sin embargo, hasta el momento no hay una estimación oficial de su impacto fiscal. “La inversión en educación superior es hoy del 0,43% del PBI, cuando históricamente ha sido del 0,80%”, advirtió el senador Fernando Salino, citando un informe de la CONADU publicado en junio. En 2024, cuando se trató un proyecto similar, el Senado había solicitado un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), pero esta vez no hubo pedido de evaluación técnica. Aun sin datos actualizados, fuentes legislativas estiman que el impacto sería similar al de aquella iniciativa vetada: alrededor del 0,14% del PBI. La negativa del Gobierno, sin embargo, no se basa en ese cálculo, sino en una definición política: mantener el equilibrio fiscal como prioridad, incluso frente a demandas como el financiamiento universitario. Aunque la nueva norma vuelve a marcar un respaldo contundente del Congreso al sistema universitario, todo indica que el Gobierno repetirá la estrategia del año pasado: el veto. Por ese motivo, la oposición busca mostrar músculo por anticipado con votaciones que muestran amplio apoyo, consolidados en los dos tercios de los votos.
Bajo la consigna "No hay democracia sin libertad de expresión", un grupo de fotorreporteros y trabajadores de prensa se manifestaron en una marcha silenciosa con fotos de los distintos episodios en los que las fuerzas de seguridad que comanda Patricia Bullrich reprimió con brutalidad. La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) llevaron adelante este jueves a las 17, una marcha de silencio frente al Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, para reclamar contra las sucesivas y violentas represiones en las que trabajadoras y trabajadores de prensa (entre periodistas y fotorreporteros) de todos los ámbitos "son sistemáticamente gaseados, apaleados, apuntados al cuerpo con armas que se vuelven letales, y hasta arrestados sin motivo alguno más que el de querer realizar su trabajo, que es, básicamente, el derecho a informar". El impulso de la actividad fue denunciar de forma pública la violencia estatal frente al edificio de la funcionaria que comanda los operativos represivos y que han derivado en incontables situaciones de peligro para quienes ejercen el oficio de comunicar. Por eso, las y los trabajadores de prensa se movilizaron con fotografías que aluden a la represión y consignas como “Expresión sin Represión”, ”Y a vos, ¿porqué te reprimen?” “¿Cuánta más violencia vamos a naturalizar?”, que levantaron a su paso por la cartera de Seguridad. En el momento de la protesta se estaba por desarrollar una rueda de prensa de la ministra Patricia Bullrich, quien recibió al Ministro del Interior de la Republica de Chile, Álvaro Elizalde, para analizar los ocurrido ayer durante el partido Independiente Universidad de Chile, pero ante el desconcierto de la protesta por parte de la ministra, la conferencia fue demorada. A través de un comunicado, desde aRGra recordaron que "la violencia estatal comenzó al inicio del gobierno de Javier Milei, con el protocolo antipiquetes, que es anticonstitucional, nuevamente implementado por la Ministra de Seguridad. Desde los debates por la Ley Ómnibus, a los miércoles en los que concentran las agrupaciones de jubilados -quienes también son reprimidos brutalmente cada semana-, las agresiones de las fuerzas de seguridad son sistemáticas". En esa línea, resaltaron que "el punto más álgido de la represión se dio el 12 de marzo pasado, con el disparo de una granada de gas lacrimógeno efectuado por el sargento Héctor Jesús Guerrero, de la Gendarmería Nacional, durante una multitudinaria marcha de jubilados que contó con el apoyo de las hinchadas de clubes de fútbol. El agente utilizó su arma de manera irregular, apuntando a la multitud, y el cartucho impactó en la cabeza del fotoperiodista Pablo Grillo, quien luego de varias operaciones sigue en un lento proceso de recuperación. Pero Grillo no fue el único herido durante aquella jornada. También perdió la visión el hincha de Chacarita Jonathan Navarro, quien recibió un disparo antirreglamentario. El martes pasado, gracias al trabajo del Mapa de la Policía -que también aportó a la identificación del autor del disparo a Grillo- se identificó al agente de la Prefectura Naval Argentina, Sebastián Emanuel Martinez, quien disparó su rifle Byrna a tan solo tres metros de Navarro, apuntado a la cara del manifestante". Identifican y citan al prefecto que le disparó en el ojo a Jonathan Navarro Asimismo, desde la Asociación repasaron otro de los casos emblemáticos de violencia de las fuerzas de seguridad, al señalar que "ya un año atrás, a comienzos del 2024, Matías Aufieri había sido el primer herido de gravedad. Aufieri, asesor del bloque del Frente de Izquierda y abogado en causas por DD.HH, participaba de las protestas en el Congreso en rechazo a la Ley Ómnibus y, así como Navarro, recibió un disparo en su rostro que le ocasionó la pérdida de un ojo. En esta ocasión, el modus operandi fue orquestado por las divisiones motorizadas de la Policía Federal y de la Ciudad, quienes subieron con sus motocicletas a la Plaza del Congreso, disparando a mansalva a manifestantes y trabajadores de prensa. Luego procedieron a detenciones arbitrarias. Una cacería que se repite con asiduidad en las diversas manifestaciones, sobre todo durante los miércoles, cuando marchan los jubilados". Por último, destacaron que "a pesar de los sucesivos actos de violencia y represión estatal por parte de las Fuerzas de Seguridad al mando de Bullrich como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y Policía de la Ciudad, la represión, la violencia y el ataque sistemático y constante a fotoperiodistas, camarógrafos y prensa en general son parte de una decisión política de un Gobierno que ve en la libertad de prensa una amenaza. Un ataque que no cesa".
