Gianni Infantino envió una nota formal a la AFA para celebrar la continuidad del dirigente como integrante del Consejo de la FIFA hasta 2026, en un gesto que se leyó como señal de acompañamiento institucional durante su conflicto con el Gobierno La interna del fútbol argentino atraviesa días de máxima tensión, pero en medio de ese escenario llegó un gesto contundente desde Zúrich. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un saludo formal a Claudio “Chiqui” Tapia por su continuidad como integrante del Consejo de la FIFA hasta 2026, un movimiento leído como un claro respaldo político a la conducción de la AFA en pleno conflicto con el Gobierno Nacional. Infantino hizo llegar una carta en la que destacó que la designación de Tapia es una “fuerte señal de confianza” de las federaciones sudamericanas. El mensaje valoró tanto la experiencia dirigencial del presidente de la AFA como su papel en la estructura del fútbol regional. El escrito, firmado por Infantino y el secretario general Mattias Grafström, reforzó la idea de continuidad institucional: “Será un placer seguir contando con su experiencia y compromiso. Estamos plenamente convencidos de que sus aportes serán valiosos para enriquecer debates y trabajar juntos en el desarrollo del deporte”. El apoyo no quedó limitado al plano formal. Infantino también hizo pública su felicitación en redes sociales, donde destacó el trabajo conjunto con la CONMEBOL y mencionó que el fútbol sudamericano encara una etapa de protagonismo global, con la Copa Mundial Femenina 2026 en Brasil como eje y con figuras como Tapia dentro de la estructura de decisión de la FIFA. La confirmación del dirigente argentino en el Consejo consolida su peso internacional en un momento clave para la política deportiva local. Su rol lo habilita a participar en debates estratégicos sobre formatos de competencias, planificación de torneos y políticas globales de desarrollo, un espacio que, en el contexto actual, también supone un respaldo simbólico para la AFA en su pulseada doméstica.
El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela sumó un nuevo capítulo, luego de que Donald Trump amenazara con iniciar “muy pronto” ataques terrestres en pleno suelo venezolano. Ante la declaración del mandatario estadounidense, el Comité Nacional BRICS emitió un comunicado repudiando “cualquier intento de agresión” y cuestionando la complicidad de la administración de Javier Milei. “Ante la amenaza de una intervención militar de los EE.UU. en Venezuela y de la posición asumida por el gobierno argentino, el Comité Nacional BRICS está comprometido en que América del Sur siga siendo una tierra de paz”, inicia el documento emitido en las últimas horas. Al respecto, precisan que “el CoNaB mantiene, entre sus principios liminares, los mismos que defienden los países BRICS: Soberanía irrestricta de los estados nacionales. No injerencia en los asuntos internos de los estados nacionales. Resolución pacífica de los conflictos entre los Estados. Coexistencia pacífica entre naciones con diferentes sistemas de gobierno. Solidaridad con los estados nacionales agredidos por intervenciones extranjeras. Integración voluntaria y decidida de los programas de desarrollo económico y social que propongan los estados nacionales”. Así las cosas, el CoNaB expresó su “repudio a cualquier intento de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela”. “Entendemos por intento de agresión , además de los ataques militares directos a la soberanía venezolana, todas las expresiones de violencia y las amenazas mafiosas expresadas en ominosas presencias bélicas cerca de las fronteras marítimas, aéreas y terrestres de Venezuela , y las que se registran cotidianamente en el Caribe”, remarcaron. Y añadieron: “El CoNaB anhela que hayan pasado para siempre las tenebrosas épocas en las que los procesos de desarrollo soberano y popular que se producían en nuestros países latinoamericanos eran descabezados violentamente por la intromisión imperialista”. “LA INVASIÓN AFECTARÁ A TODA AMÉRICA LATINA” En otro tramo del texto, el comité manifestó su total solidaridad con el pueblo venezolano “en su lucha por mantener su dignidad soberana” y convoca a todas las fuerzas nacionales y populares “a demostrar su respaldo a la Patria de Simón Bolívar”. En ese sentido, apuntó contra el Gobierno de Javier Milei que, en las últimas horas, exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional en Venezuela y además pidió el arresto de Nicolás Maduro». “ Con esta inconsulta y hostil actitud, la Argentina de la Doctrina Drago rompe con toda su línea histórica de respeto a la autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de las cuestiones internacionales . De escalarse la aventura a la que el gobierno del presidente Javier Milei , con esta Doctrina Quiroz, está invitando, Venezuela puede ser víctima de una invasión cuyas consecuencias afectarán a toda América Latina». Y cierra: “Por esta razón, el CoNaB repudia la posición asumida por el gobierno nacional y convoca a una expresa declaración de solidaridad por parte de los partidos políticos y de las organizaciones sociales argentinas que tienen la unidad latinoamericana entre sus banderas fundantes, así como de la CELAC, y la definición de una posición conjunta latinoamericana y caribeña ante el Consejo de Seguridad de la ONU». NOMBRE Y APELLIDO El escrito cuenta con la firma de todos los miembros del Comité Nacional BRICS: Alberto Blasco, Aldo Amura, Alejandro Tarruella, Alfredo Eric Calcagno, Amílcar Salas Oroño, Carlos Blasco, Cecilia Conti, Diana Tussie, Eduardo Auzmendi, Eduardo Crespo, Eduardo Vior, Eduardo Zuaín, Fabián Brown, Florencia Barba, Francisco Cafiero, Gabo Barceló, Gabriel Fernández, Gabriel Merino, Gabriel Norberto Barceló, Genaro Grasso, Guillermo Caviasca, Gustavo Girado, Gustavo Ng, Hernando Kleimans, Hernán Rossi, Horacio Lenz, Hugo Asch, Hugo Barcia, Jorge Elbaum, Jorge Solmi, Jorge Zacagninni, Juan Francisco Soto, Juan José Martínez, Julio Fernández Baraibar, Julio Gastaldi, Liliana López Foresi, Lisandro Sabanés, Lía Rodríguez de la Vega, Lourdes Suazo, Marcelo Brignone, Mariano Mirotti, Mariano Quiroga, Mario Burkun, Miriam Lewin, Néstor Gorojovsky, Nestor Restivo, Nicolás Juárez Campos, Oscar Rotundo, Roberto de Luisse, Rubén Zárate, Sabino Vaca Narvaja, Salvador Scarpino, Sebastián Schulz, Sergio Rossi, Silvia de Kleimans, Telma Luzzani, Víctor Mastrángelo, Víctor Portnoy y Walter Goobar.
Borra el 6 % del PBI como inversión, formaliza el financiamiento a escuelas privadas y aplica los “vouchers educativos”. “Es el fin del sistema educativo nacional y federal” y sitúa a la educación en “una lógica de sálvese quien pueda”. Eso advierten especialistas en materia de educación sobre el proyecto de la llamada “Ley de Libertad Educativa” que el Gobierno nacional formalizó tras las reuniones del Consejo de Mayo. Con vouchers en función de la “eficiencia” escolar, reducción en la carga horaria, cambios significativos en el financiamiento de la educación pública y legalización del homeschooling, entre otros puntos, el proyecto que busca derogar la Ley de Educación Nacional (LEN) profundiza para los especialistas, el “corrimiento del rol del Estado” y la “tendencia a la privatización” de la escuela. Los gremios docentes preparan una campaña para enfrentar la reforma cuando llegue al Congreso. El texto formalizado este martes por el gobierno nacional tiene 43 páginas y 166 artículos y ya se encuentra subido a la web oficial del Consejo de Mayo. Su espíritu, sin embargo, puede detectarse sólo con leer el primer artículo. Allí, el rol estatal de “garantizar la accesibilidad y permanencia” en el colegio aparece como subsidiario del rol de la sociedad civil en la que “se organiza y se desarrolla la educación a través de instituciones, espacios y proyectos diversos”, e incluso detrás del rol de la familia en tanto “agente natural y primario de la educación de los hijos”. La educación, dice el proyecto redactado bajo la tutela de Federico Sturzzeneger, se ejerce antes que nada “en el marco de la libertad educativa y del derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos”. Lo dicho implica un cambio radical con respecto a lo establecido por ley hasta ahora, ya que la actual LEN, aprobada en el año 2006, fija como único garante del derecho educativo al Estado. Para Roxana Perazza, licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA y magister en Ciencias Sociales con orientación en Educación por FLACSO, “el lugar secundario que le otorga al Estado es de lo más preocupante y grave del proyecto, porque aparece como principio rector de todo el texto y rompe con un recorrido histórico valorado por la sociedad en su conjunto”. “No hay que correr al Estado sino fortalecerlo y yo no vi ninguna política pública de la actual Secretaría de Educación en pos de fortalecerlo”, añade en diálogo con Página/12. Perazza forma parte de un grupo de especialistas en el área que elaboró un documento en conjunto en contra de la reforma. El documento ya juntó más de 2500 firmas de apoyo y la idea del grupo es presentarlo ante los distintos bloques de ambas cámaras del Congreso. En el texto se advierte directamente que el proyecto es “el fin del sistema educativo nacional y federal”: "La escuela se consolidó históricamente como el lugar donde se accede al saber y a una formación integral, aprendemos a convivir, a ampliar el mundo familiar y a participar de la vida democrática. La propuesta desarticula y desmantela esa estructura: plantea una multiplicidad de agentes educativos compitiendo entre sí, situando la educación en una lógica de sálvese quien pueda“, apuntan. Roberto Abdala, magister en Políticas Educativas y director de la carrera de Educación de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), coincide en que “al plantear la primacía de la familia, y de cierto tipo de financiación para que la familia elija la escuela que desea, la ley va a generar un sistema aún más segregado del que tenemos”. “Lo que puede suceder es que termine habiendo un sistema empobrecido para los sectores más vulnerables y una educación de más jerarquía para los demás”, agrega. Es que los cambios no se quedan sólo en la redacción de los fundamentos del proyecto sino que derraman en el espíritu de todas las modificaciones que planea incorporar el gobierno, comenzando por la base misma del sistema: su financiamiento. Como ya se había adelantado en el Presupuesto 2026, el proyecto borra el número del 6 por ciento del PBI como meta para la inversión en educación, formaliza el financiamiento a escuelas de gestión privada y le pone nombre a una de las principales promesas de campaña en materia educativa del presidente Javier Milei. Se trata de los famosos “vouchers educativos”, que aparecen mencionados como “dispositivos de financiamiento por la demanda en todos los niveles y modalidades”. “Las asignaciones otorgadas a las familias o alumnos mediante vales o bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes, están orientadas a asegurar la libre elección de la institución educativa y la equidad en el acceso a propuestas diversas de aprendizaje”, agrega el texto del proyecto, que busca legalizar esas asignaciones estatales por demanda a partir de un cálculo que, entre otros puntos, incluiría a la “cantidad de alumnos a los que presta el servicio”. Es decir que la inversión educativa podría estar definida por la cantidad de matrícula que tiene cada escuela, lo que habilitaría de hecho un sistema de competencia entre los propios colegios. Todo justificado en función de un criterio de “eficiencia” destacado como uno de los principales puntos a seguir en materia de financiamiento, con el mandato de “utilizar los recursos disponibles de manera racional, priorizando la mejora de los aprendizajes y la reducción de desigualdades injustas, evitando duplicaciones, gastos improductivos o asignaciones discrecionales”. Para la educación superior también se propone un sistema por mérito de estudiantes y sus desempeños para la financiación. El punto del financiamiento es uno de los pocos que sufrió una modificación con respecto al borrador que circuló en un primer momento. En ese texto se indicaba que los aportes económicos del Estado debían estar equiparados entre los colegios de gestión privada y los de gestión estatal, algo que fue retirado del texto actual. También se quitó el artículo que permitía que las escuelas estatales tuvieran un espacio de educación confesional. El corrimiento del Estado se verifica, además, en los puntos que apuntan a darle mayor “autonomía” a las escuelas, entre los que se destaca la posibilidad de que cada institución defina sus propios planes de estudios. El Estado seguiría definiendo los diseños curriculares, pero serán “de carácter general que enmarcan los planes de estudio institucionales”. Abdala sostiene en este punto que “lo que se plantea en términos de selección escolar y autonomía de las escuelas tiende hacia un sistema más desigual porque la autonomía de las escuelas es bienvenida si todas cuentan con recursos similares para poder hacer una oferta educativa atractiva”. Cada institución quedaría también habilitada a definir las cargas horarias internamente a partir de un mínimo de horas de clase definido por ley que estaría por debajo de lo establecido actualmente, ya que el texto prevé que el nivel primario y secundario deberán cumplir un piso de 720 horas anuales. El número implica una reducción con respecto a lo establecido incluso para el ciclo lectivo 2026, para el que el Consejo Federal de Educación definió un total de 760 horas para primaria y 900 para secundaria. Cada institución quedaría también habilitada a definir las cargas horarias internamente a partir de un mínimo de horas de clase definido por ley que quedaría por debajo de lo establecido actualmente, ya que el texto prevé que el nivel primario y secundario deberán cumplir un piso de 720 horas anuales. El número implica una reducción con respecto a lo establecido incluso para el ciclo lectivo 2026, para el que el Consejo Federal de Educación definió un total de 760 horas para primaria y 900 para secundaria. A su vez, las escuelas podrían participar del proceso de selección de los y las docentes, sistema que hoy en día está centralizado en las jurisdicciones, mientras que se declara la “esencialidad educativa” que limitará de hecho el derecho a huelga de los y las docentes. Desde Ctera ya adelantaron el rechazo no sólo a este punto sino a la reforma en general y señalaron a Página/12 que ya comenzaron reuniones con diversos sectores para definir los pasos a seguir en la campaña de rechazo al proyecto. En diálogo con este diario, Miguel Duhalde, Secretario de Educación del sindicato, señaló que “no aceptamos fundamentalmente que se intente borrar de la noche a la mañana un proceso histórico de debate y lucha que derivó en la LEN; derogarla es un retroceso histórico que profundiza la tendencia de la privatización y mercantilización de la educación, que es un derecho humano”. “Preocupa el corrimiento del rol del Estado, que deja de ser un garante y aparece como un subsidiario de las familias, ubicadas casi en un lugar patronal pudiendo definir hasta los equipos directivos”, agrega Duhalde. La función de la familia como “agente natural y primario” de la educación se traduce en varias modificaciones concretas dentro del proyecto, que incrementarían su rol de control dentro de las escuelas. Es que el texto busca crear el llamado “Consejo Escolar de Padres” con funciones de “asesoramiento, orientación institucional, supervisión y rendición de cuentas en los asuntos estratégicos y de control institucional”. Sus alcances llegan hasta “participar en los procesos de contratación y remoción del equipo directivo de la institución”, así como en la elaboración del reglamento escolar. A lo dicho hay que sumarle la búsqueda de legalizar el homeschooling, que aparece en la redacción como una de las “formas alternativas de enseñanza”, entendidas como “procesos de enseñanza y aprendizaje dirigidos a estudiantes que no asisten regularmente a una institución”. La importancia que se le da a este aspecto es tal que el texto le dedica un capítulo entero del proyecto, con artículos que buscan legalizar la “educación en el hogar, dirigida por los responsables parentales o tutores” y la “educación en entornos virtuales”. Los contenidos, por si fuera poco, se evaluarán sólo con una prueba estandarizada a rendir en una institución educativa con “únicamente los contenidos mínimos nacionales y jurisdiccionales, sin incorporar exigencias adicionales”. Para Abdala, la búsqueda de legalizar esta modalidad “está pensada para un sector minoritario que pueda sostener docentes o una preparación en la casa que después sea homologada”. Los especialistas advierten que detrás de la cuestión se esconde un gran negocio de servicios de educación privados que podrían desembarcar en los hogares de élite que opten por una “educación alternativa”. Perazza concluye que la iniciativa en general “es un proyecto que atrasa”: “Tendríamos que estar pensando en la mejora de la escuela, en interpelar el formato y pensar escuelas para chicos y chicas con otras problemáticas, pero el Gobierno está mirando una realidad bastante peculiar para derogar una ley de educación que sólo tiene veinte años”, sostiene.
El dirigente de la CGT explicó cuáles van a ser los pasos a seguir una vez que se conozca el texto definitivo de la reforma laboral. El co-secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) y secretario general del Sindicato de los Empleados de la Industria del Vidrio, Cristian Jerónimo, explicó este jueves por la 750 cuáles van a ser los pasos a seguir una vez que se conozca el texto definitivo de la reforma laboral. Consultado sobre si el escenario actual no es una “situación límite” que requiere una medida drástica en todo el país, Jerónimo sostuvo con contundencia: “Yo no le tengo miedo a la palabra paro nacional. Pero tenemos un ámbito institucional y tengo que ser respetuoso de mis compañeros”. Sobre la reforma en sí, el sindicalista señaló: “Cualquier tipo de proyecto de los que andan dando vuelta son totalmente regresivos y negativos para el mundo del trabajo. Tanto para los derechos individuales como para los colectivos”. Además, dijo, todos estos proyectos confunden el diagnóstico. “Venimos planteando que el problema no es una reforma laboral, sino el modelo económico, que no está funcionando. Y empieza a generar la fisura natural, que genera una recesión profunda, con cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo”, afirmó. En este contexto, la idea es “convocar al Consejo Directivo para contarle cuál es la estrategia que viene teniendo la CGT de cara a esta discusión de la reforma laboral”. “Y seguramente ahí se tomará alguna decisión de construir un plan de acción”, contó sobre los pasos que se vienen. Y añadió: “Nosotros ya estamos hablando con los senadores. No sólo del peronismo, sino de otros espacios también. La gran mayoría nos plantean claramente que no van a acompañar nada. Pero hay que ver a la hora de la verdad cómo se actúa”. “Ojalá se cumpla con la palabra. Pero sabemos que muchas veces después se cruzan otros intereses en los cuales se termina desvirtuando la posición que uno tiene. Nosotros nos preocupamos por lo que tenemos que hacer nosotros, que es defender los derechos de los trabajadores”, sostuvo. Tras lo que finalizó: “Porque que no salgamos a decir todos los días lo que hacemos, no quiere decir que estemos quietos. Muchas veces hay otras discusiones que se tienen que dar en otros ámbitos. No nos quedemos sólo con las empresas de renombre. Porque todos los días cierren pymes, se rompen las economías regionales”.
El escrito presentado por el querellante Martín Romeo enumera una lista de medidas de prueba que el fiscal se negó a implementar, todo lo contrario a lo que hizo con la defensa. Uno de los denunciantes de Libra pide correr a Taiano de la causa porque cree que el fiscal maneja el expediente a favor de Milei. La decisión quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Como contó LPO, Taiano ralentizó todo lo que pudo la causa. Desde un principio frenó la recolección de pruebas y rechazó avanzar contra Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, dos traders cercanos a Javier Milei. Taiano tampoco aceptó citar a los testigos propuestos por la querella y se negó a colaborar con la comisión investigadora del Congreso. "Esta parte considera que el doctor Eduardo Taiano ha perdido la objetividad que debe tener por ser acusador público y no se encuentra dirigiendo esta investigación en búsqueda de la verdad ni protegiendo los intereses generales de la sociedad", escribió el denunciante Martín Romeo según detalló La Nación. La comisión Libra prepara su informe final y va por Martínez De Giorgi y el fiscal Taiano Romeo es un especialista en criptos y cuestionó que Taiano no hubiera justificado su rechazo a la detención de Terrones Godoy y Novelli, de quien se difundieron imágenes realizando movimientos sospechosos en el sector de cajas fuertes de un banco días después del Criptogate. Como contó LPO, meses atrás el abogado Gregorio Dalbón comparó con un delfín porque "nada, nada, nada". Ahora será Giorgi quien decida por la continuidad del fiscal.
El gobierno de Javier Milei decidió realizar un rebranding de los símbolos que representan a cada Ministerio del Poder Ejecutivo, a los que se les intentó imprimir, con pequeñas modificaciones, la visión ideológica de la gestión libertaria. La cartera de Seguridad incorporó un águila calva, emblema desde hace siglos de Estados Unidos; la Cancillería sumó un planisferio en el que no aparecen las Islas Malvinas y el de Desregulación tomó una antorcha muy parecida a la Estatua de la Libertad. "Presentamos el nuevo sello del Ministerio de Seguridad Nacional, que integra el águila, emblema de vigilancia, autoridad y protección. Su visión aguda simboliza anticipación estratégica y su vuelo firme expresa control territorial y capacidad del Estado para resguardar a toda la ciudadanía", publicó el Ministerio de Seguridad en sus redes sociales. El texto no aclara que el animal elegido es el mismo que forma parte de mucha simbología oficial estadounidense, incluida la propia Casa Blanca o el Departamento de Defensa. Otro de los Ministerios que tuvo una reminiscencia clara al país que gobierna Donald Trump fue el de Desregulación y Transformación de Estado de Federico Sturzenegger, que sumó dos antorchas muy similares a las que lleva la Estatua de la Libertad, el histórico monumento erigido en las costas de Nueva York. "Presentamos el nuevo sello del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que incorpora la antorcha, emblema de guía, claridad y transformación. Su luz simboliza la eliminación de obstáculos y la apertura de nuevos caminos, evocando el espíritu de libertad y la energía reformista que impulsa el desarrollo", explicó el Ministerio A este cambio en el área de Sturzenegger se le suman otros, como el de Relaciones Exteriores y Culto, que presentó un mapa mundial pintado de dorado detrás del escudo nacional argentino. Sin embargo, en el contorno de Argentina no figuran las Islas Malvinas. Milei -en pleno 2 de abril pasado- le deseó a los kelpers su autodeterminación, yendo en contra de la postura histórica de reivindicacion de soberanía argentina. También la cartera de Salud tuvo un nuevo agregado: una serpiente, también dorada, simboliza la famosa Vara de Esculapio, representativa de la sabiduría médica. "Presentamos el nuevo sello del Ministerio de Salud, que integra la vara de Esculapio, símbolo universal de la medicina y la sanación. Representa sabiduría, cuidado y compromiso con la vida, reafirmando la misión del sistema sanitario de proteger a toda la población con ciencia y dedicación", indicó el ministerio, En detalle, el reptil elegido no se parece tanto a ese símbolo de la medicina como a otro que los militantes de La Libertad Avanza (LLA) hicieron propio: la bandera de Gadsden. Se trata de una serpiente cascabel en espiral y en posición defensiva, ícono del liberalismo estadounidense, y que los seguidores de Milei suelen llevar a sus actos.
La vigilia comenzó el martes por la noche, de cara a un nuevo miércoles de manifestaciones. "Digamos basta todos a la calle. Vienen por todo", expresaron en carteles y banderas. De cara a la tradicional marcha realizan frente al Congreso, un grupo de jubilados se encadenó a la plaza y realizó una vigilia desde el martes a la noche. "Digamos basta todos a la calle. Vienen por todo", expresaron en carteles y banderas. Un grupo de siete jubilados se encadenó en la Plaza del Congreso contra el ajuste del gobierno de Javier Milei, con reposeras, carteles y banderas, hombres y mujeres reclamaron contra la motosierra. Desde la plaza, el periodista Bernardo Magnago informó para C5N sobre la situación de los jubilados encadenados frente al Congreso. "Nos prohibieron traer baños químicos, no podemos cocinar, estamos encadenados desde las 20 de ayer", expresó una mujer de 70 años, sentada en una reposera bajo el rayo del sol. "Acá soy una jubilada más que lucha por los derechos adquiridos. Cobro la jubilación mínima", añadió y denunció que el aumento fue solamente de 6 mil pesos. Otro jubilado contó que se encadenaron "por prevención, la primera vez nos reprimió la policía". "Me sacaron los medicamentos. Algunos remedios no los tomo. Tengo una orden médica para que me vea un cirujano, después de un año me vieron. No había turno, ni médicos", contó uno de ellos en diálogo con El Destape, en los últimos meses PAMI redujo sus prestaciones y la cobertura sin cargo de varios medicamentos. Cada miércoles los jubilados se movilizan para reclamar por el aumento de las jubilaciones, pensiones y el bono, que se mantiene congelado desde 2024. "Vienen las fiestas y no son para los jubilados y los pobres. No podemos poner lo que corresponde en la mesa. La estamos pasando mal", añadió el jubilado. En esa línea, remarcó que "no puedo estar viviendo con este sueldo, no me alcanza. Decí que tengo la casa que la hice cuando era más joven, si no estaría bajo un puente".
La Justicia falló a favor de Lantos y, ahora, el presidente Javier Milei deberá pagar más de 5 millones de pesos en carácter de honorarios a los abogados del periodista de El Destape. El mandatario había intentado censurarlo en julio. El presidente Javier Milei tendrá que desembolsar más de 5 millones de pesos en carácter de honorarios a los abogados del periodista de El Destape Nicolás Lantos, a quien le había formulado una denuncia penal con el objetivo de censurarlo a mediados de julio. Finalmente, la presentación fue desestimada, la Justicia falló a favor de Lantos y, tras su sobreseimiento, una nueva resolución estableció esta semana que Milei deberá abonar $ 5.646.480. Milei redobló el ataque contra El Destape y denunció a Nicolás Lantos La avanzada de Milei contra Lantos se dio en el marco de una seguidilla de denuncias que hizo contra periodistas críticos durante varios meses. Primero, apuntó contra el también periodista de El Destape, Ari Lijalad, al acusarlo de haber violado el IHRA, la alianza internacional de países que promueven la lucha contra la banalización de Holocausto, en un artículo en el que Lijalad justamente denunciaba los peligros de alimentar el odio y la violencia política desde posiciones de poder. A las pocas semanas, también apuntó contra Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico, tres figuras del streaming Carnaval, señalándolos por haber cometido supuestamente "calumnias e injurias" contra su persona. Ésta fue presentada al mismo tiempo que la demanda contra Lantos, en julio de este año. La denuncia fue formulada bajo la carátula de "calumnias e injurias" a partir algunos datos que mencionó el periodista en un comentario editorial el 16 de mayo, unos días después de que el presidente denunciara a Lijalad también por calumnias e injurias por señalar las semejanzas entre el discurso de La Libertad Avanza respecto de los opositores con el que utilizaba el nazismo contra los judíos hace 90 años en Alemania. Al analizar la denuncia, Lantos cuestionó los argumentos del mandatario. "El presidente Milei busca silenciar a periodistas y críticos judicializando la disidencia, mientras adopta símbolos y discursos de la extrema derecha global; una estrategia que combina autoritarismo, persecución y manipulación social para consolidar un proyecto profundamente antidemocrático que pone en riesgo la convivencia y los derechos en Argentina", advirtió en un artículo posterior. Allí, remarcó la "doble vara" entre las descalificaciones y el lenguaje utilizado por el presidente, al señalar la hipocresía de acusar a otros de difamación cuando él mismo utiliza términos ofensivos. La contundente respuesta de Nicolás Lantos a Milei por su denuncia penal La Justicia le dio la razón. El 9 de octubre, se lo sobreseyó con una resolución que mencionó, entre otras cosas, que el símbolo mencionado por Lantos estaba relacionado al nazismo. “1488 es una combinación de dos símbolos numéricos populares de supremacía blanca", estableció, en base a la información de La Liga Antidifamación. El ataque contra Ari Lijalad Milei denunció al periodista de El Destape por una presunta violación de las normas de la IHRA, la coalición internacional dedicada a combatir la banalización del Holocausto. Lo hizo a raíz de un artículo en el que Lijalad advertía, justamente, sobre los riesgos de promover el odio y la violencia política desde lugares de poder. En ese mismo contexto, el Presidente también había iniciado acciones legales contra Viviana Canosa y Carlos Pagni. La columna de Lijalad se titulaba “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”. Allí alertaba sobre "el proceso de incitación al odio y la violencia contra quienes piensan distinto" que, según él, impulsa el gobierno. Además, planteaba que el discurso que Milei dirige contra "los periodistas" se acerca a la lógica nazi, que presenta al disidente como un virus o una bacteria a eliminar para que deje de ser un "parásito" que frena el crecimiento económico. Tanto el juez Daniel Rafecas como la fiscal Paloma Ochoa concluyeron que el artículo no constituía un delito. En su dictamen, la fiscal remarcó que se trataba de un tema de interés público, lo que le otorga una “protección reforzada” y solo habilitaría sanciones si se comprobara "real malicia".
El Senado provincial le dio la aprobación final al proyecto que defendían Milei y Cornejo. Pero en Mendoza sostienen que la batalla no está perdida. Una vez que el gobernador promulgue la ley y salga en el Boletín Oficial, organizaciones ambientales y sociales la judicializarán. El Senado de Mendoza le dio una alegría este martes al presidente Javier Milei al aprobar un proyecto minero muy resistido en las calles. Sin embargo, un grupo de organizaciones sociales y ambientales ya avisó que seguirá dando batalla. En diálogo con El Destape, informaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia provincial para frenar la megaminería en Uspallata, una iniciativa impulsada por Alfredo Cornejo en sintonía con la Casa Rosada. La organización de la Asamblea Popular por el Agua informó que judicializarán el texto ni bien se convierta en ley, es decir, cuando sea notificado en el Boletín Oficial. "El plan de lucha continúa. Es clave ir directo a la Corte Suprema para frenar todo tipo de procedimiento", sostuvo el integrante de la Asamblea Popular por el Agua y docente de Geografía de la UNCuyo, Marcelo Giraud, en diálogo con este portal. "Si el Poder Judicial hace su trabajo, no sería extraño que declare inconstitucional el impacto ambiental del proyecto aprobado. Si esto no sucede, el grupo de abogados irá a la Corte Suprema Nacional de Justicia y, eventualmente, a la CIDH", agregó, en referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Giraud estuvo este martes afuera de la Legislatura provincial cuando los senadores votaron el proyecto oficialista de explotación de cobre. La mayoría fue amplia: 27 votos a favor y 6 en contra. "Nosotros vemos como muchísima gente se suma y apoya las movilizaciones en las calles: las elecciones de octubre no fueron un voto a favor de la megaminería", opinó el activista ambiental. Hace menos de dos semanas, todo el PJ provincial votó en contra del proyecto. Sin embargo, denunció Giraud, en el Senado una parte se dio vuelta y le aportó los votos necesarios a la cuestionada iniciativa. Para el docente universitario, además de seguir peleándola en las calles y los tribunales, es importante seguir de cerca lo que suceda en estos dos años con las elecciones a gobernador y legisladores. "Se abre un escenario incierto, en el que vemos un repudio social que se sigue expresando", aseguró y aclaró: "Tener aprobado el proyecto no es el final del camino. Es un error pensar que después de todo va a ser un lecho de rosas para los inversores extranjeros. Es clave que llegue la actualización bienal del informe del impacto ambiental y ahí la empresa minera va a estar en la fase final de la construcción". Mientras tanto, las organizaciones ambientalistas siguen confiando en el poder de la movilización en las calles. "Luego de la aprobación hubo movilización dentro de la ciudad de Mendoza", destacó el especialista y recordó que durante este conflicto realizaron una "histórica marcha de 120 kilómetros desde Uspallata". Uno de los principales argumentos con los que irán a la Justicia será la falta de información ambiental completa y verificable del proyecto minero. Según denuncian, esta falta de transparencia se podría trasladar a riesgos ambientales en etapas futuras. La Asamblea sostiene que el proyecto viola la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y la normativa provincial (Ley 5961 y Ley 7722). Además, asegura que los estudios ambientales fueron diferidos y, por lo tanto, no pudieron demostrar cuál será el impacto real y la compatibilidad del proyecto con el uso sustentable del agua. Victoria de Cornejo en el Senado El día antes de la sanción definitiva al proyecto, el presidente Milei había hecho público su respaldo: “Traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre”. Palabras similares venía repitiendo su aliado, el gobernador Cornejo. Para el radical, la provincia necesita diversificar su matriz productiva y dejar de depender exclusivamente de actividades tradicionales como la vitivinicultura o la agricultura. Además, había destacado el apoyo del Gobierno nacional y el escenario internacional que, según sostuvo, es favorable a la demanda de cobre. En sintonía con el discurso libertario, Cornejo defendió la capacidad de generar divisas con la minería y prometió que se podrán extraer hasta 14 mil toneladas de cobre. Lo calificó como clave para "la transición energética global", pese a tratarse de una actividad extractiva resistida por la mayoría de las organizaciones ambientales. Mendoza aprobó el proyecto minero que apoyaba Milei y rechazaban los ambientalistas Pese al apoyo político mayoritario, hubo voces opositoras en el Congreso, entre ella la izquierda. "Están yendo a poner en riesgo el principal río de la provincia que se aprovecha hasta en un 90%," denunció en diálogo con El Destape, el ex diputado provincial por el Frente de Izquierda, Lautaro Jiménez. Para el ex legislador, desde el principio se instaló un blindaje mediático alrededor del proyecto. Por ejemplo, este año el Conicet había emitido un comunicado para alertar sobre los riesgos del proyecto de ley. “Observamos que avanza el trámite administrativo para otorgar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, sin que la empresa haya respondido sustantivamente a las objeciones y sugerencias vertidas en el dictamen técnico y en la mayoría de los informes sectoriales presentados”, alertaba el máximo órgano científico del país. Tras versiones sobre amenazas políticas, el texto fue eliminado de la web. Pese a la censura y el silencio, en Uspallata lograron generar un levantamiento popular que dio inicio a una caravana de 120 kilómetros hasta la ciudad de Mendoza y que ahora promete seguir luchando.
Dinamarca deja completamente en ridículo a Milei y lo hace el hazmerreir del mundo entero
El Gobierno confirmó una reducción de retenciones para los principales cultivos, con bajas de entre uno y dos puntos en soja, del 26% al 24%, sus subproductos y cereales como trigo y maíz. La periodista Nancy Pazos cuestionó con dureza la decisión oficial: "Usted hoy acaba de regalarle plata a los que ya tienen plata, que son los señores dueños de la tierra, los que exportan granos en este país. Le regaló plata, con lo cual plata tiene". Pazos remarcó que no se opone a la baja de retenciones, sino al enfoque distributivo: "No estoy en contra de que se bajen las retenciones, estoy en contra de su crueldad para con los que menos tienen. Claramente usted gobierna para los que más tienen".
