El conductor le ganó el Martín Fierro a los libertarios financiados por la AFI
Mientras la CGT, las centrales sindicales y las organizaciones sociales preparan una movilización masiva a Plaza de Mayo para frenar la Reforma Laboral del gobierno —una iniciativa que ya amenaza con profundizar la pérdida de más de 126 mil empleos industriales durante la era Milei y recortar derechos para engordar las ganancias de los sectores más concentrados—, el peronismo ultima un contra-proyecto de Reforma Laboral con un objetivo opuesto: crear empleo, fortalecer derechos y alinearse con las transformaciones laborales que hoy discute el mundo desarrollado. Aunque todavía no fue presentado formalmente, el proyecto es trabajado por un equipo encabezado por el senador Mariano Recalde y la diputada Vanesa Siley, junto a especialistas en derecho laboral. La iniciativa se construye como una respuesta directa al plan del ministro Federico Sturzenegger, al que en el peronismo definen sin rodeos como un intento de licuar conquistas históricas de los trabajadores. Los ejes del contra-proyecto Entre los puntos centrales que se están terminando de pulir, se destacan reformas profundas y claramente antagónicas al modelo libertario: Salario mínimo, vital y móvil: deberá ubicarse por encima de la Canasta Básica, para garantizar que trabajar permita vivir y no solo sobrevivir. Paritarias libres y sin techo: sin cupos ni límites impuestos por el Poder Ejecutivo y sin interferencias del gobierno de turno. Salario en dinero, no en especies: el único medio de pago permitido será el dinero. Se busca bloquear el intento oficial de habilitar pagos en alimentos, tickets u otros bienes, que el proyecto libertario permite hasta en un 20% del salario. Reducción de la jornada laboral: siguiendo las reformas que avanzan en Europa, se propone pasar de 48 horas semanales (8 diarias) a 42 horas (7 diarias), con la perspectiva de avanzar luego hacia las 6 horas diarias. Derecho a la desconexión digital: se obligará a los empleadores a no exigir tareas fuera del horario laboral y se garantizará el derecho del trabajador a no responder mensajes o llamados una vez finalizada su jornada. Comités de Seguridad e Higiene Laboral: creación por ley nacional de órganos mixtos en todas las empresas para evaluar condiciones de trabajo, con foco en riesgos psicosociales. Desde el peronismo sostienen que esto reducirá la siniestralidad y, en consecuencia, los costos de ART para las empresas. Licencias parentales igualitarias: el proyecto propone 90 días de licencia tanto para madres como para padres, frente a los escasos dos días actuales para los varones. Además, se extendería el beneficio a monotributistas, con financiamiento de la ANSES, como ocurre hoy con la licencia por maternidad. Plataformas digitales: aunque aún no está cerrado, el texto incluirá un capítulo específico para regular el trabajo en plataformas, uno de los sectores más precarizados del mercado laboral actual. Kicillof se suma a la marcha El gobernador bonaerense Axel Kicillof confirmó que participará de la movilización del próximo jueves a Plaza de Mayo y lanzó duras críticas al proyecto oficial. “La quieren llamar modernización. No sé en qué país del mundo volver a las cavernas se llama modernización. Yo le pongo un nombre más preciso: precarización laboral”, afirmó. Kicillof también apuntó contra el modelo económico del gobierno nacional y advirtió que la reforma profundizará la crisis social: “Empobrecimiento y desprotección es lo que propone el gobierno de Milei”. En ese marco, remarcó que la provincia de Buenos Aires concentra el 50% del tejido industrial del país y atraviesa un proceso de desindustrialización explícita y obscena. “Todos los días hay cierres, despidos y suspensiones. Ya contabilizamos casi un cuarto de millón de puestos de trabajo perdidos. Salarios y jubilaciones por el piso”, sentenció. La pelea ya no es técnica ni semántica: es una disputa de modelos. De un lado, el gobierno de Milei, que llama “modernización” a quitar derechos, precarizar y empujar a los trabajadores a la miseria. Del otro, el peronismo, que vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda para el poder económico: sin derechos no hay desarrollo, y sin trabajo digno no hay futuro.
A través del proyecto de Ley de Modernización Laboral el Poder Ejecutivo busca la disolución de la Justicia del Trabajo y presiona a los jueces laborales para que fallen de acuerdo a los intereses patronales. Fuerte reacción de las organizaciones judiciales. ¿Puede desaparecer este histórico fuero que existe hace 80 años? Opinan exministros de Trabajo y camaristas laborales. El gobierno de Javier Milei busca la eliminación de la justicia del Trabajo y barrer con los derechos de los trabajadores. A través del proyecto de Ley de Modernización Laboral, el Poder Ejecutivo busca la disolución de ese histórico fuero, que tiene más de 80 años de existencia, y presiona explícitamente a los jueces laborales para que fallen de acuerdo a los intereses patronales. El gobierno libertario agregó a último momento dos artículos en su “contrarreforma laboral anti-obrera” –como la definió el excamarista laboral Luis Raffaghelli a este medio- para poder concretar su deseo de disolver el fuero laboral. Se trata de los artículos 90 y 91. En el primero se establece que todo aquel juez laboral que se aparte de los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia será acusado de mal desempeño en sus funciones. Es decir, que podría perder su cargo cuando no es obligatorio fallar de acuerdo a lo establecido por la Corte. Si fuera así, por citar un ejemplo, el fallo supremo del 2x1 a favor de la liberación de genocidas que firmó el Alto Tribunal durante el macrismo se hubiera diseminado por todo el país cuando lo que generó fue una rebelión de los tribunales inferiores. Este artículo apunta a quitar independencia a los jueces laborales. En el segundo artículo, el 91, se establece la “vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo” hasta que se traspase a la Justicia de la Ciudad, algo que aún no fue ejecutado. Tras el traspaso se deberá implementar “su progresiva disolución”. El Destape consultó a dos exministros de Trabajo y a jueces de ese fuero todos coincidieron que el gobierno buscar hacer desaparecer el fuero laboral. La exministra de Trabajo de la gestión de Alberto Fernández y actual diputada nacional de Unión por la Patria Kelly Olmos afirmó que el proyecto de reforma laboral del oficialismo tiende a hacer desaparecer el fuero laboral. “Tiende a eso todo el proyecto. Tiende a desconocer las relaciones laborales, a transformarlas en relaciones civiles o comerciales”, indicó ante una consulta de este periodista el jueves en el programa Palo y Zanahoria que se emite por El Destape Radio. En la misma sintonía se manifestó Carlos Tomada, exministro de Trabajo durante los gobiernos kirchneristas. En diálogo con este medio dijo sobre el proyecto de reforma “es un horror”. “¿De dónde sacaron que puede hacer obligatorio para todos los jueces un fallo de la Corte? Su sueño dorado es suprimir la Justicia Laboral. Sería coherente con la sanción de una ley que nos retrotae a comienzos del siglo XX. Y si pueden van a liquidar la Secretaria de Trabajo, también”, indicó. Lo que busca el gobierno con esos dos artículos quedó explicitado en un tuit del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los impulsores de la escandalosa reforma. ¿Qué dijo el exfuncionario de La Alianza y el macrismo? Que con esos artículos se busca generar “menos litigios” en el ámbito laboral. Retomó así la idea que pretendió instalar Mauricio Macri de que en el fuero laboral existía una “industria del juicio”, algo que es absolutamente falso. Lo que puede existir son fallos que no caen muy simpáticos a los empresarios, que es otra cosa. Sturzenegger tuiteó el jueves, apenas oficializado el proyecto de reforma: “Menos litigios. Por un lado, se pone en marcha el traspaso de la justicia laboral nacional a la Ciudad. Por otro se implementan una serie de cambios en la Ley de Contrato de Trabajo apuntados a dar más flexibilidad al trabajador, y evitar las sorpresas judiciales para el empleador”. La avanzada libertaria provocó la reacción judicial y puso al fuero laboral en pie de guerra con el gobierno. El viernes, la Asociación de Magistrados Y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) –que no puede vincularse al peronismo- expresó en un comunicado que “rechaza de manera categórica las pretendidas modificaciones que contiene el proyecto de Ley de Modernización Laboral, ingresado en el día de ayer ante el Senado de la Nación, tendientes a la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo”. Acto seguido, la AMFJN resaltó que “resulta inadmisible la redacción de los arts. 90 y 91 y de todos aquellos allí propuestos que impliquen atentar contra la vida del fuero nacional citado” y cuestionaron el “avasallamiento de los fueros nacionales”. “Mantenemos el estado de alerta permanente mientras avanzamos en el estudio minucioso de las acciones a adoptar y la comunicación fluida con los miembros de nuestra Institución”, cerraron el documento. Un día antes, la Lista Celeste de la AMFJN había manifestado su “profunda preocupación y absoluto rechazo al proyecto de ley” de Reforma Laboral del gobierno. Un apriete que viola la independencia judicial A través del artículo 90, el gobierno de Javier Milei estableció un apriete explícito a los jueces laborales y vulneró la independencia judicial. Si se aprobara en el Congreso sin dudas este artículo será judicializado. ¿Qué dice el artículo 90? Que “los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”. Lo que busca es un “efecto disciplinador” sobre la justicia laboral, aquella donde el gobierno –y los empresarios- nunca pudieron pisar con la firmeza que les gustaría. El mensaje es claro: “El que se aparte de lo que establecen los grupos concentrados de poder –que claramente representa la Corte de 3 integrantes- será denunciado”. “Esto es un apriete que viola la independencia de los/as jueces/as, pero igualmente y en general los/as jueces cuando dictamos sentencia, si nos apartamos de un precedente de la CSJN lo fundamos”, señaló a El Destape un juez de la Cámara del Trabajo que pidió el anonimato para evitar represalias. La presión es evidente porque ningún juez está obligado a seguir lo establecido por la Corte. Cuando se aparta, lo fundamenta y no incurre en ningún mal desempeño. El Destape conversó con 5 camaristas y excamaristas. Los que pasaron por el tribunal revisor opinaron en on. Los que siguen en funciones pidieron que no se revelara sus nombres porque saben que pueden sufrir consecuencias. Por ejemplo, Luis Raffaghelli, exjuez de la Cámara del Trabajo y abogado laboralista señaló a El Destape: “Es muy grave el darle a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación un carácter obligatorio. Esto disciplina el acatamiento porque amenaza que a quien se aparte de esa doctrina será denunciado ante el Consejo de la Magistratura. Con este artículo se vulneran normas federales, que están en la Constitución”. Por su parte, el también excamarista Enrique Arias Gibert, profesor de Derecho de la UBA en el área de Filosofía del Derecho, añadió a este medio que “no quieren es que exista justicia del trabajo cualquiera fuera el juez”. “Hay mucha gravedad institucional en todas las normas procesales” del proyecto de reforma, indicó. En off otros tres jueces laborales coincidieron en que el gobierno busca barrer con el fuero laboral y eligió la vía del “apriete” para lograr sus objetivos. Una de estas fuentes, destacó: “La Constitución no prevé la obligación de seguimiento de fallos de Corte. Los únicos fallos obligatorios son para los jueces de primera instancia cuando una Cámara dicta un plenario. Es la única obligatoriedad que surge del artículo 303 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero los fallos de la Corte no son obligatorios por lo tanto no puede una ley decir esto". También recordó que durante el menemismo ya se intentó algo semejante con la Cámara de Seguridad Social y se declaró inconstitucional. Otro de los consultados, señaló sobre este punto: “Es absolutamente inconstitucional obligar al juez a que dicte sentencia conforme los lineamientos de la Corte Suprema. No solo desconoce las diversas instancias judiciales previstas para asegurar la visión del juez natural de la causa sino que viola el respeto a este último en su función. El juez es juez de la causa y en cada instancia el magistrado que tiene la causa tiene ‘imperium’ para fallar conforme a su criterio respetando la verdad objetiva que surja en cada caso del proceso de conocimiento y con apego a las disposiciones legales aplicables”. En esa línea, agregó: “Es un disparate que se presione al juez con considerar ‘mal desempeño de sus funciones’ si se aparta del criterio de la Corte Suprema. El juez debe fundar su decisión en los hechos de la causa, la prueba producida y la ley. Toda otra sujeción es una presión inconstitucional”.
El próximo viernes 19 el consejo provincial del partido se reunirá en Malvinas Argentinas y convocarán a elecciones para los primeros meses del 2026. El próximo jueves 18 de diciembre el mandato de Máximo Kirchner a cargo del PJ bonaerense se dará por concluido y comenzará un período de prórroga hasta las próximas elecciones. Con ese escenario, el dirigente convocó a una reunión al Consejo Provincial partidario para el viernes 19 de diciembre a las 14 horas en la Casa Cultura y Arte de Malvinas Argentinas. El encuentro tendrá dentro de su temario un tema principal que es la “convocatoria a elecciones partidarias”. La misma debe hacerse con un mínimo de 60 días de anticipación por lo que la fecha de los comicios sería para los primeros meses del 2026. “Fines de febrero o los primeros días de marzo”, es la fecha tentativa. Según detallaron desde el entorno de Kirchner a El Destape, hasta que haya elecciones seguirán al frente del PJ “Máximo y todo el consejo provincial”, algo que terminará de cristalizarse en el encuentro de Malvinas Argentinas. También harán un “análisis de la coyuntura nacional”, y un homenaje a Juan José Mussi. Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. El vínculo entre el Ejecutivo bonaerense y La Cámpora transita uno de los peores momentos producto del desgaste que conllevaron las negociaciones por el pedido de endeudamiento en la Legislatura bonaerense días atrás. En las últimas horas, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dio a entender que la vicegobernadora y también vicepresidenta primera del PJ, Verónica Magario, es quien “mejor representa los intereses del ejecutivo provincial”. Respecto de la presidencia en debate, Bianco dijo en Radio La Red que “hay muchos compañeros que podrían ejercer esa responsabilidad política”, aunque reconoció tener “mucha simpatía” por la vicegobernadora. La propia Magario dijo el pasado 17 de octubre durante el acto del Día de la Lealtad, que “el mayor cargo” que tenía era “ser vicepresidenta del PJ” y le levantó el precio a ese nombramiento. Desde Casa de Gobierno entienden que el sillón del PJ bonaerense debe ser para “los intendentes”. Por estas horas una posible lista de unidad parece inalcanzable: “Vamos a discutir todo”, retrucaron desde el MDF. Sobre ello, dieron a entender que los “Federicos” que resuenan no son viables como prenda de cambio a una sola lista. En ese sentido, hacían mención a los intendentes de Lomas de Zamora (Federico Otermin) y de Pilar (Federico Achaval). Ambos jefes comunales, si bien se muestran como dialoguistas, en Gobernación los tienen catalogados como “aliados” de Cristina Fernández. En tanto, la intendenta de Moreno y actual vicepresidenta segunda del partido justicialista, Mariel Fernández se anotó para la sucesión semanas atrás. “Yo quiero ser presidenta del PJ”, dijo en el programa de streaming Uno Tres Cinco. La jefa comunal dejó en claro que su acompañamiento hacia Máximo Kirchner dejó de estar y que, al ser consultada sobre si conversaba con él, dijo que lo invitaba “a recorrer siempre”, a caminar el territorio, pero no tuvo una respuesta positiva. La respuesta resonó dentro de La Cámpora. Finalmente, y sobre la interna en el peronismo bonaerense indicó que “si hay internas, obviamente quiero participar como cualquier otro dirigente porque me parece que justamente lo que necesitamos es que el partido no sea una cáscara vacía ni sea un elemento de disputa, sino que sea un elemento de construcción”. Presiones para convocar a elecciones Julio Pereyra, ex intendente de Florencio Varela y presidente del PJ de dicho distrito, emitió un comunicado en el que pide “elecciones” para el partido. El actual jefe comunal y vicepresidente del Partido Justicialista local, Andrés Watson, acompañó el pedido. “El Consejo del Partido Justicialista de Florencio Varela expresa con claridad y firmeza su posición: Elecciones, Sí”. “El Justicialismo varelense, apegado a sus históricos principios democráticos, de participación y escucha permanente, y de respeto de la decisión soberana de la militancia, considera indispensable garantizar la plena vigencia de los mecanismos electorales partidarios, promoviendo de esa manera el fortalecimiento institucional de la estructura partidaria, tal como lo exigen los tiempos actuales”, señalaron.
El Movimiento Derecho al Futuro respaldó la movilización contra el paquete que atenta contra la legislación del trabajo que envió el presidente Javier Milei al Congreso. El Movimiento Derecho al Futuro, espacio que promueve al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof como referente, se sumará a la convocatoria a la movilización a plaza de Mayo de la CGT, de la que también participarán otras entidades sindicales y sociales, en rechazo al proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. "Marchamos contra la reforma laboral", publicó en Instagram el espacio referenciado en Kicillof, junto al horario y lugar de la convocatoria: jueves 18 de diciembre a las 14 entre avenida de Mayo y Tacuarí. También repartió el mensaje el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, mano derecha del Gobernador. Qué organizaciones se suman a la marcha del 18D Dirigentes de izquierda, sindicatos combativos, movimientos sociales y funcionarios del gobierno de la Provincia de Buenos Aires ya se comprometieron a decir presente para la movilización convocada por la CGT a plaza de Mayo. Además de los numerosos gremios que integran la central obrera, se sumarán a la marcha sindicatos que están por fuera de su estructura, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). "Se está analizando sumarse con un paro, no sólo movilización", anticiparon desde el gremio de estatales en diálogo con El Destape. Asimismo, las dos CTA anunciaron su participación en la protesta, completando así la lista de las principales centrales obreras. También dirán presente en la Plaza de Mayo movimientos sociales que repudian la iniciativa del oficialismo que podría tratarse en el Senado la el 22 o 23 de diciembre: desde el Movimiento Evita y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ya confirmaron a este portal que irán a la Plaza de Mayo con columnas propias el próximo jueves a las 15. En paralelo, este viernes se reunieron un grupo de dirigentes de peso de la CGT Azul y Blanca, una rama interna de la central que reúne a 40 gremios, y anunciaron su apoyo a la convocatoria. Luis Barrionuevo (UTHGRA), Roberto Fernández (anfitrión), Omar Maturano (La Fraternidad), Daniel Vila (Carga y Descarga), Sebastián Maturano (Juventud Sindical de la CGT) y Horacio Valdez (Vidrio), fueron algunos de los sindicalistas que se expresaron a favor de la protesta. El miércoles, el Partido Obrero (PO), el Polo Obrero y sindicatos combativos, como el Sindicato del Neumático (Sutna) o la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys), ya habían convocado a marchar a Plaza de Mayo el 18 de diciembre contra la reforma laboral. Según pudo saber El Destape, las organizaciones de jubilados que protestan frente al Congreso todos los miércoles desde hace más de dos años también irán a la Plaza de Mayo.
La Justicia volvió a frenar el intento de Milei de perseguir y silenciar a la prensa crítica. Tras el sobreseimiento del periodista Nicolás Lantos, ahora el mandatario deberá pagar más de 5,6 millones de pesos en honorarios. La derrota judicial expone, una vez más, la estrategia oficial de judicializar la disidencia. Una derrota judicial que desnuda el método Milei La Justicia determinó esta semana que Milei deberá abonar $5.646.480 en concepto de honorarios a los abogados de Nicolás Lantos , periodista de El Destape , a quien había denunciado por “calumnias e injurias” en julio de este año. Lantos fue sobreseído el 9 de octubre , cuando un fallo contundente derribó la acusación presidencial y confirmó que uno de los símbolos señalados en sus artículos estaba efectivamente vinculado al nazismo. Se trata de una nueva caída de Milei en Tribunales después de meses de arremetidas contra periodistas críticos. La presentación contra Lantos se daba en el marco de una seguidilla de denuncias cuyo objetivo evidente era censurar y disciplinar al periodismo opositor, una estrategia que Noticias La Insuperable viene registrando y denunciando en distintas coberturas. La ofensiva contra Lantos y el discurso extremista La denuncia contra Nicolás Lantos surgió a partir de un comentario editorial del 16 de mayo , donde el periodista analizaba la relación entre la retórica de La Libertad Avanza y los discursos de odio de la extrema derecha global. Allí advertía que Milei alimentaba una narrativa que “pone en riesgo la convivencia y los derechos en Argentina”. Lantos remarcó la doble vara del mandatario: mientras acusaba a periodistas de difamación, él mismo desplegaba un lenguaje cargado de descalificaciones y referencias simbólicas vinculadas a la ultraderecha. Más tarde, en un artículo posterior, sostuvo que Milei lleva adelante “una estrategia que combina autoritarismo, persecución y manipulación social para consolidar un proyecto profundamente antidemocrático”. La Justicia le dio la razón. En la resolución del sobreseimiento se detalló que el símbolo “1488” —cuestionado por Lantos en sus textos— es una referencia numérica de la supremacía blanca , reconocida por organizaciones como La Liga Antidifamación. Esto derribó por completo la denuncia presidencial. El ataque sistemático a la prensa crítica La ofensiva de Milei no empezó con Lantos. Antes había acusado a Ari Lijalad de violar la IHRA por una nota donde el periodista advertía sobre los peligros de banalizar el Holocausto y promover discursos de odio desde el poder. A las pocas semanas, el Presidente apuntó también contra Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico , todos señalados por supuestas “calumnias e injurias”. Incluso figuras que no pueden considerarse opositoras, como Viviana Canosa y Carlos Pagni , terminaron alcanzadas por la agresiva cruzada judicial del mandatario. El caso Lijalad fue especialmente ilustrativo: el periodista había publicado una columna titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi” , donde advertía que el gobierno impulsa “un proceso de incitación al odio y la violencia contra quienes piensan distinto”. Tanto el juez Daniel Rafecas como la fiscal Paloma Ochoa concluyeron que no existía delito. La fiscal recordó que se trataba de un tema de interés público , lo que otorga una protección reforzada a la labor periodística frente a intentos de censura estatal. Un patrón preocupante Los reveses judiciales de Milei no detienen su método: acusar, intimidar, perseguir , y luego obligarse a retroceder cuando la Justicia confirma que no hay delito. Pero el daño ya está hecho: se instala el miedo, se fuerza al periodista a defenderse, se busca limitar el debate público. La decisión que obliga a Milei a pagar más de 5 millones de pesos es más que una derrota personal: es una advertencia institucional. La Justicia le recordó al Gobierno que la libertad de expresión no se negocia y que el poder político no puede usar los tribunales como arma para disciplinar a quienes investigan, opinan o cuestionan. En un país donde la democracia se sostiene sobre la pluralidad de voces, la avanzada judicial del mandatario no es un hecho aislado: es un síntoma de un proyecto que, bajo el relato libertario, avanza sobre derechos básicos. Esta vez no le salió gratis.
El fallo del Juzgado de Campana declara "inválido" el DNU 681/2025 y obliga a la aplicación "inmediata e integral" de la Ley 27.793, con un impacto expansivo para miles de familias y prestadores. El Juzgado Federal de Campana ordenó la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que estaba promulgada pero frenada por el decreto del presidente Javier Milei que exigía al Congreso que explique de dónde sacar los fondos. La aplicación fue al hacer lugar a un amparo colectivo y declarar inconstitucional parte del decreto. La disposición judicial es una sentencia definitiva que en su parte resolutiva indica: “Declarar la invalidez del Art. 2° del Decreto 681/2025, publicado el 22 de septiembre de 2025 en el Boletín Oficial de la República Argentina y, en consecuencia, ordenando la inmediata aplicación de la Ley 27.793” La sentencia del juez Adrián González Charvay tiene efectos expansivos para todo el colectivo representado en el amparo y todas las personas con discapacidad titulares de Certificado Único de Discapacidad (CUD) que reciben prestaciones bajo la Ley 24.901, sus familias y cuidadores, y los prestadores de servicios de discapacidad. Las costas del juicio fueron impuestas al Estado Nacional como parte vencida. “La emergencia fue necesaria, debido a que sucedieron muchísimas irregularidades. Una de ellas fue la ausencia de aumentos desde el mes de noviembre del 2024 en prestaciones y la baja indiscriminada de pensiones”, refleccionó la abogada y referente en discapacidad, Marta Lastra, quien impulsó el amparo colectivo. “La familia de la discapacidad, en este caso yo como mamá de un niño con discapacidad, presenté una acción de amparo colectiva exigiendo la inconstitucionalidad de este artículo, del decreto de promulgación, y pidiendo y exigiendo la puesta en marcha de la ley de emergencia”, remarcó. Por suparte, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad dio a conocer la noticia en sus redes y en su página web remarcó que “para las familias, esta sentencia significa la protección inmediata de sus derechos fundamentales a la salud, educación y rehabilitación”. Los fundamentos Para declarar nulo el artículo y ordenar la aplicación de la Ley, el tribunal basó su decisión en la Constitución Nacional: argumentó que el Poder Ejecutivo violó el artículo 83 de la Carta Magna al suspender mediante decreto una Ley que debía ser promulgada obligatoriamente, ya que el veto inicial del Gobierno había sido rechazado por ambas Cámaras del Congreso con mayoría calificada. Respecto a los argumentos económicos esgrimidos por el Ejecutivo, la sentencia determinó que las justificaciones sobre la falta de financiamiento resultaban falaces. En ese sentido, el Juzgado recordó que la propia Ley 27.793 ya faculta al Jefe de Gabinete a realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias, y señaló que el mismo Gobierno ha concretado numerosas modificaciones presupuestarias para otras finalidades durante 2024 y 2025. La Justicia ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad Además, el fallo concluyó que la suspensión del financiamiento constituía discriminación estructural contra personas con discapacidad y violaba el principio de no regresividad de derechos humanos, que se encuentra consagrado en tratados internacionales con jerarquía constitucional. Además, el Juzgado consideró que se desconocían las obligaciones especiales del Estado hacia grupos en situación de vulnerabilidad, en especial niños, niñas y adultos mayores con discapacidad. La sentencia del Juzgado Federal de Campana implica la protección inmediata de los derechos fundamentales a la salud, educación y rehabilitación para las familias. Concretamente, se garantiza la continuidad de los tratamientos y servicios esenciales que estaban en riesgo por el desfinanciamiento del sistema.
La expresidente volvió a cuestionar el rumbo económico del actual gobierno, luego de que se conocieran las cifras oficiales de la inflación de noviembre. Unas horas después de que se conociera el índice de precios de noviembre –un aumento de 2,5 por ciento-, Cristina Fernández de Kirchner sumó nuevas críticas al modelo de Javier Milei y tildó de «impresentables de siempre» a Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, quienes en 2015 cuestionaron la inflación porque era de 2,4 por ciento. «¿En serio todo marcha de acuerdo al plan?», se preguntó la dos veces presidenta en su cuenta de X. CFK señaló que la baja en el índice se da “después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias”. A la vez, mencionó un “nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más”, “la ayuda de Trump” y al ministro Luis “Toto” Caputo “tomando más deuda en dólares”. Además, comparó el dato de inflación actual con el que se registraba en noviembre de 2015, durante el final de su tercer mandato presidencial: “La inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado”. La exvicepresidenta reivindicó logros de su gestión, como “los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina”, el plan Conectar Igualdad, el acceso a medicamentos y pensiones, y el desarrollo satelital, entre otros. “Para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…”, concluyó.
La actriz advierte que instituciones clave funcionan a un tercio de su capacidad y denuncia fondos sin ejecutar y medicamentos con sobreprecios. Sistema de discapacidad al borde del colapso Valentina Bassi, actriz y referente en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, describió un panorama crítico: “La situación es calamitosa, la situación es catastrófica. Mirés donde mirés, está todo colapsado y nos están dando por todos lados.” La advertencia llega en un momento donde escuelas especiales, centros de día, hogares y CEP enfrentan una presión financiera que amenaza su continuidad. Su hijo Lisandro, de 17 años, asiste a una escuela especial que hoy atraviesa un riesgo real de cierre. “Saber que está en peligro de cierre es muy angustiante para todas las mamás que estamos ahí. Hay escuelas especiales que ya están en convocatoria de acreedores, centros de día igual, y hogares totalmente endeudados”, relató Bassi. Algunas instituciones recurrieron a diez créditos distintos solo para mantenerse en funcionamiento. Recortes, aumentos insuficientes y funcionamiento al 30% La actriz señaló que el origen del colapso se encuentra en el incumplimiento de la ley aprobada este año. “Estamos en emergencia desde marzo, estamos en diciembre y no se cumple la ley.” Los incrementos anunciados —25 o 30% según la prestación— son considerados insuficientes frente al aumento legal del 70%, dejando al sistema funcionando a apenas un 30% de los costos operativos. “Es una burla. Tiran migajas”, advirtió Bassi, explicando que este desfinanciamiento obliga a las instituciones a endeudarse sin límite, afectando directamente la atención a las personas con discapacidad. Fondos bloqueados y presuntos sobreprecios Bassi denunció que el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos reasignó una partida de 120 millones de pesos destinada a cubrir los aumentos legales y que el Gobierno no utilizó. Además, destacó presuntos negocios irregulares con fondos de ANDIS, incluyendo sobreprecios del 8.000% en medicamentos y coimas. “Para mí hay un agravante por saña, por maldad. Crueldad”, señaló. El amparo colectivo que podría garantizar aumentos y mejores condiciones quedó demorado por recusaciones del Gobierno, una maniobra que Bassi calificó como dilatoria. “Es tiempo. Y tiempo es lo que nosotros ya no tenemos”, expresó. La situación afecta directamente a las familias: muchos niños aún no saben dónde asistirán a la escuela y los profesionales faltan en varias instituciones. “Hoy, 11 de diciembre, conozco muchísimas familias que no saben a qué escuela va a ir su hijo. No hay matrícula, no hay profesionales, no hay instituciones que aguanten esta deuda. Ya ni mañana es tarde. Estamos en estado de catástrofe”, concluyó Bassi, dejando en evidencia la gravedad de la crisis y la falta de respuestas oficiales.
Entre los detenidos se encontraban periodistas, liberados este viernes. Repudios del Sindicato de Prensa mendocino, de asambleístas y de CORREPI. La policía de la provincia de Mendoza reprimió manifestaciones “en Defensa del Agua” y contra la megaminería en las ciudades de Mendoza capital y Godoy Cruz, con al menos 17 manifestantes aprehendidos según fuentes policiales y de organizaciones sociales. En el caso de Mendoza capital, los manifestantes llevaron a cabo el jueves un ruidazo frente a las instalaciones del canal 9 mendocino, en la calle Garibaldi. Entre los detenidos, al menos 13 según fuentes de las Asambleas Mendocinas Populares por el Agua (AMPAP), se encontraba el periodista local Bautista Franco, de Minuto Ya, así como Santiago Algoberro, vocero de los trabajadores de la literatura en Mendoza, que al momento de la detención también se encontraba “realizando tareas periodísticas”. Megaminería y represión, el cóctel mendocino En este contexto el Sindicato de Prensa de Mendoza (SiPreMza) repudió la represión policial desatada en el centro mendocino y exigió la inmediata liberación de los detenidos, entre ellos Bautista Franco y Santiago Algoberro, quienes «se encontraban realizando tareas periodísticas» al momento de ser arrestados. Para el gremio, lo sucedido constituye “una clara violación a la libertad de expresión en el contexto de una protesta”. Maximiliano Villarreal, abogado del periodista Bautista Franco, contó a El Editor Mendoza que en total hay 13 detenidos, con 7 lesionados y que pudo ver a su defendido en el calabozo de Estrada poco después de la detención. «Está bien de ánimo» señaló el letrado, quien precisó que Franco llevaba la credencial de periodista colgada en el pecho cuando lo detuvieron. Según detallaron otros medios locales, las fuerzas de seguridad reaccionaron con una violencia desproporcionada contra los manifestantes que expresaban su repudio al medio de comunicación, acusándolo de operar a favor de la política gubernamental que promueve la explotación minera en la Cordillera de Los Andes. Desde la policía, por su parte, reportaron «siete efectivos lesionados» por los manifestantes y confirmaron 17 detenidos en total, 13 en Mendoza capital y 4 en Godoy Cruz. En este contexto, el colectivo Asambleas Mendocinas Populares por el Agua (AMPAP) emitieron un comunicado en el repudian enérgicamente la represión estatal y exigen la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos. “Estas detenciones arbitrarias son un grave atropello a las libertades democráticas y un intento de silenciar las voces que defienden el agua y el medio ambiente”, señalaron los representantes de la organización. Según AMPA, los detenidos en Mendoza capital son Renzo Gollano, Facundo Gollano, Adrián Gollano, Santiago Algoberro, Enzo Puebla, Luis Pinti, Germán Garbo, Máximo Astorga y Bautista Franco. Cerca del mediodía de este viernes, Franco, Algoberro y algunos de los manifestantes fueron liberados, quedando todavía al menos 8 detenidos, según pudo saber Tiempo. Al salir, el periodista Bautista Franco expresó a SiPreMza: «Recién nos dieron la libertad. No fuimos imputados por nada. Fuimos detenidos en el marco de que cubríamos una manifestación. Fue un operativo desmedido y erróneo por parte de las fuerzas policiales, en una protesta aparentemente pacífica. Nosotros llegamos a lo último. Fuimos golpeados, gaseados. Estábamos acreditados, repetimos muchas veces que éramos de prensa. Lamentable la situación, porque desde hace años cubrimos muchas manifestaciones y conflictos sociales y esta es la primera vez que en el marco de nuestro trabajo somos detenidos y violentados». Protestas contra la megaminería: la policía provincial reprimió y detuvo manifestantes en la Capital y Godoy Cruz En comunicación con Tiempo, Bautista Franco detalló que los policías los reprimieron cuando los colegas empezaron a filmar las detenciones y señaló que ahora le preocupa perder su trabajo. «Me golpeaban en el celular, para que no filme, hasta que se me cayó. Habitualmente cubro Legislatura, también las conferencias de prensa de gobernación, hago entrevistas con fuentes oficiales, incluso con el gobernador. Es un garrón que pase esto, me preocupa perder mi trabajo», expresó el colega del portal Minuto Ya. Según pudo saber Tiempo, Franco, Algoberro y algunos de los manifestantes ya fueron liberados, de manera que al menos 8 personas continúan detenidas en la capital mendocina al mediodía de este viernes. Luz verde a la represión Acaso envalentonado por la aprobación en la Legislatura mendocina de la iniciativa oficial que abrió las puertas a la implementación del proyecto minero San Jorge en el Departamento Las Heras, entre otras iniciativas, el gobernador Alfredo Cornejo parece creer que ya tiene el aval sociopolítico suficiente para avanzar contra la resistencia social que genera una medida polémica. “Con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino abrimos la puerta a la producción de cobre, un mineral fundamental para avanzar hacia la transición energética. Esto significa empezar a dejar atrás los combustibles fósiles que contaminan y proteger el ambiente” argumentó Cornejo luego de la aprobación, en un largo posteo en X donde no mencionó la palabra “agua”. Protestas contra la megaminería: la policía provincial reprimió y detuvo manifestantes en la Capital y Godoy Cruz Foto: Gentileza Así, tras finiquitar el trámite legislativo, el gobernador quedó habilitado por firmar la autorización mientrasque los militantes de la resistencia social llamaron a protestar con ruidazos. Según detallaron medios locales como el portal explicitoonline.com, hasta los hechos registrados este jueves, las protestas transcurrieron con total calma, con los manifestantes soportando provocaciones de parte de los uniformados, que para la ocasión estaban armados, pero no portaban placas indentificatorias, como manda el reglamento. Mientras tanto, en Godoy Cruz, la policía mendocina reportó que detuvo a 4 mujeres “por pintadas en Godoy Cruz”, más precisamente en San Martín y Aconcagua. Repudio de CORREPI La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) emitió un comunicado repudiando las detenciones y denunciando que se trata de un nuevo capítulo en la política de persecución hacia militantes socioambientales y comunicadores. Según el texto difundido, “la policía de Cornejo reprimió violentamente en el ruidazo convocado en km0 esta tarde a las 19:00 en defensa del agua de Mendoza”. La organización subrayó que la represión busca “disciplinar la protesta social y desalentar la defensa de los bienes comunes”, al tiempo que exigió la liberación de todos los detenidos y el cese de la criminalización.
El joven de 21 años había anunciado su intención de terminar con la vida del jefe de Estado. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó el trabajo del Departamento Federal de Investigaciones. La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo este miércoles a un joven de 21 años que amenazó de muerte al presidente Javier Milei. El arresto se llevó a cabo en La Matanza, provincia de Buenos Aires. "Seré una leyenda", había expresado el detenido en las redes sociales luego de anunciar su plan. Parafraseando a su antecesora, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó: "El que las hace las paga". El arresto se llevó a cabo en el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional para prevenir hechos de índole terrorista y tuvo la intervención directa de personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la fuerza federal, quienes lograron dar con el individuo luego de una investigación que comenzó meses atrás. Otros tiempos, cuando De Loredo y Juez jugaron juntos en las elecciones de 2021. Córdoba: De Loredo "raspa" a Juez para disputarle hegemonía opositora El origen de la investigación por amenazas de muerte contra Javier Milei A comienzos de septiembre pasado, la División Seguridad Presidencial de la PFA remitió un correo electrónico a la División Delitos Constitucionales de la misma fuerza, alertando sobre un usuario de una reconocida red social, quien operaba bajo el pseudónimo “Martiancorp”. Mediante un perfil público, el joven había publicado: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”. A partir de esta denuncia y con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo de Julián Ercolini, Secretaría Nº 24 de María del Pilar Cavallero, se ordenó a la División Delitos Constitucionales identificar al responsable del violento mensaje. La detención del acusado por amenazas contra Javier Milei De esta manera, los investigadores realizaron diversas tareas de campo y análisis de datos, estableciendo que un joven argentino de 21 años administraba la cuenta desde la cual se emitieron las amenazas. Además se determinó un domicilio ubicado en la calle Velazco, en González Catán, donde se registraron las señales de IP asociadas a los dispositivos utilizados. Con los elementos recolectados, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón, a cargo del Dr. Martín Alejandro Ramos, Secretaría Nº 2 del Dr. Germán Andrés Cancela, ordenó el allanamiento del inmueble, donde los federales apresaron al sospechoso. En el procedimiento también se secuestró una CPU, un router, un teléfono celular y otros elementos de interés. La actual titular de la cartera de Seguridad se refirió a la detención del joven. "Amenazó de muerte al Presidente en redes sociales. Con el @DFI_Arg lo rastreamos, identificamos y detuvimos", señaló y, recurriendo a una frase de Patricia Bullrich, agregó: "En esta Argentina no hay lugar para la violencia. El que las hace, las paga".
En declaraciones a un medio inglés, el mandatario ultra afirma que planea viajar en 2026 y que negocia para que el Reino Unido levante las restricciones a la venta de armas a Argentina Javier Milei será el primer presidente argentino en visitar el Reino Unido en el siglo XXI, según declaraciones del mandatario ultra difundidas por la prensa inglesa. El viaje se realizaría en 2026 y Milei buscaría reunirse con el primer ministro, Keir Starmer, y también con el ultraderechista Nigel Farage. Los dichos del presidente argentino fueron publicados este miércoles por el periódico The Daily Telegraph y fueron reproducidos por diversos medios ingleses. Hasta el momento, no hubo confirmación oficial del Gobierno argentino. El último presidente argentino que pisó Londres fue Carlos Menem (1989-1999) y sucedió hace 27 años, en octubre de 1998. La idea de Milei, según el artículo, es viajar en abril o mayo próximos. “Sería una visita de la que aprendería mucho”, dijo a The Telegraph y aseguró que también invitó a Starmer a un encuentro oficial en Buenos Aires. A Farage lo elogió por su visión sobre el Brexit. De acuerdo con la publicación, Milei también aseguró que su Gobierno trabaja para que el Reino Unido levante o modere las restricciones a la venta de armamento bélico británico al país sudamericano, una imposición derivada de la Guerra de Malvinas. Ante la consulta sobre la existencia de negociaciones en esa dirección, Milei respondió de manera afirmativa: “Absolutamente”, dijo. El mismo periódico inglés cita a fuentes del Gobierno británico que niegan esas negociaciones. Después del conflicto bélico de 1982, y mientras Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, el Reino Unido impide que la nación sudamericana adquiera armas o equipos con componentes británicos para no aumentar la capacidad militar del país. El alineamiento incondicional de Milei con Estados Unidos, en particular con Donald Trump, podría alentar —según distintas versiones— un relajamiento de las restricciones, para fortalecer a un aliado de EE UU en la región, especialmente en el Atlántico sur. “No hay potencias mundiales sin poder militar”, cita The Telegraph a Milei. “Ningún país cuenta en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”. El Gobierno ultra reivindica el rol de las fuerzas armadas en el país e insiste en la necesidad de equiparlas y fortalecerlas. Durante el último fin de semana, llegaron a Buenos Aires aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca. En la entrevista publicada este miércoles y difundida por numerosos medios ingleses, Milei reitera su postura respecto de la soberanía argentina sobre Malvinas. “De ninguna manera renunciaría a un territorio, pero está claro que las personas terminarán votando con sus pies”, dijo. Y agregó: “Dado que considero que la solución debe buscarse mediante soluciones pacíficas y diplomáticas, creo que la mejor manera de demostrar la disposición de Argentina es demostrar que también tenemos una relación comercial madura”. En varias ocasiones, la posición del presidente sobre Malvinas ha generado polémica en el país, porque supone admitir el derecho a la autodeterminación soberana de los habitantes de las islas. Esa potestad es defendida por el Reino Unido, pero Argentina históricamente la ha rechazado con el argumento de que se trata de una población implantanda durante la colonización del territorio. Milei ha mostrado gestos de acercamiento al Reino Unido, como el restablecimiento de vuelos a Malvinas, y siempre se ha declarado admirador de la exprimera ministra Margaret Thatcher. Milei cumplió este 10 de diciembre dos años como presidente de Argentina. El aniversario lo encontró en Noruega, a donde viajó para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana María Corina Machado. Tenía previsto reunirse con el rey Harald V y con el primer ministro Jonas Gahr Støre, pero sorpresivamente suspendió sus actividades en Oslo y adelantó el regreso a Buenos Aires, donde aterrizaría este jueves.
