ALERTA: Reforma Laboral: el Gobierno busca la eliminación de la Justicia del Trabajo y aprieta a jueces de ese fuero

A través del proyecto de Ley de Modernización Laboral el Poder Ejecutivo busca la disolución de la Justicia del Trabajo y presiona a los jueces laborales para que fallen de acuerdo a los intereses patronales. Fuerte reacción de las organizaciones judiciales. ¿Puede desaparecer este histórico fuero que existe hace 80 años? Opinan exministros de Trabajo y camaristas laborales.

El gobierno de Javier Milei busca la eliminación de la justicia del Trabajo y barrer con los derechos de los trabajadores. A través del proyecto de Ley de Modernización Laboral, el Poder Ejecutivo busca la disolución de ese histórico fuero, que tiene más de 80 años de existencia, y presiona explícitamente a los jueces laborales para que fallen de acuerdo a los intereses patronales.

El gobierno libertario agregó a último momento dos artículos en su “contrarreforma laboral anti-obrera” –como la definió el excamarista laboral Luis Raffaghelli a este medio- para poder concretar su deseo de disolver el fuero laboral. Se trata de los artículos 90 y 91. En el primero se establece que todo aquel juez laboral que se aparte de los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia será acusado de mal desempeño en sus funciones. Es decir, que podría perder su cargo cuando no es obligatorio fallar de acuerdo a lo establecido por la Corte. Si fuera así, por citar un ejemplo, el fallo supremo del 2x1 a favor de la liberación de genocidas que firmó el Alto Tribunal durante el macrismo se hubiera diseminado por todo el país cuando lo que generó fue una rebelión de los tribunales inferiores. Este artículo apunta a quitar independencia a los jueces laborales. En el segundo artículo, el 91, se establece la “vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo” hasta que se traspase a la Justicia de la Ciudad, algo que aún no fue ejecutado. Tras el traspaso se deberá implementar “su progresiva disolución”.

El Destape consultó a dos exministros de Trabajo y a jueces de ese fuero todos coincidieron que el gobierno buscar hacer desaparecer el fuero laboral.

La exministra de Trabajo de la gestión de Alberto Fernández y actual diputada nacional de Unión por la Patria Kelly Olmos afirmó que el proyecto de reforma laboral del oficialismo tiende a hacer desaparecer el fuero laboral. “Tiende a eso todo el proyecto. Tiende a desconocer las relaciones laborales, a transformarlas en relaciones civiles o comerciales”, indicó ante una consulta de este periodista el jueves en el programa Palo y Zanahoria que se emite por El Destape Radio.

En la misma sintonía se manifestó Carlos Tomada, exministro de Trabajo durante los gobiernos kirchneristas. En diálogo con este medio dijo sobre el proyecto de reforma “es un horror”. “¿De dónde sacaron que puede hacer obligatorio para todos los jueces un fallo de la Corte? Su sueño dorado es suprimir la Justicia Laboral. Sería coherente con la sanción de una ley que nos retrotae a comienzos del siglo XX. Y si pueden van a liquidar la Secretaria de Trabajo, también”, indicó.

Lo que busca el gobierno con esos dos artículos quedó explicitado en un tuit del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los impulsores de la escandalosa reforma. ¿Qué dijo el exfuncionario de La Alianza y el macrismo? Que con esos artículos se busca generar “menos litigios” en el ámbito laboral. Retomó así la idea que pretendió instalar Mauricio Macri de que en el fuero laboral existía una “industria del juicio”, algo que es absolutamente falso. Lo que puede existir son fallos que no caen muy simpáticos a los empresarios, que es otra cosa.

Sturzenegger tuiteó el jueves, apenas oficializado el proyecto de reforma: “Menos litigios. Por un lado, se pone en marcha el traspaso de la justicia laboral nacional a la Ciudad. Por otro se implementan una serie de cambios en la Ley de Contrato de Trabajo apuntados a dar más flexibilidad al trabajador, y evitar las sorpresas judiciales para el empleador”.

La avanzada libertaria provocó la reacción judicial y puso al fuero laboral en pie de guerra con el gobierno.

El viernes, la Asociación de Magistrados Y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) –que no puede vincularse al peronismo- expresó en un comunicado que “rechaza de manera categórica las pretendidas modificaciones que contiene el proyecto de Ley de Modernización Laboral, ingresado en el día de ayer ante el Senado de la Nación, tendientes a la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo”. Acto seguido, la AMFJN resaltó que “resulta inadmisible la redacción de los arts. 90 y 91 y de todos aquellos allí propuestos que impliquen atentar contra la vida del fuero nacional citado” y cuestionaron el “avasallamiento de los fueros nacionales”. “Mantenemos el estado de alerta permanente mientras avanzamos en el estudio minucioso de las acciones a adoptar y la comunicación fluida con los miembros de nuestra Institución”, cerraron el documento. Un día antes, la Lista Celeste de la AMFJN había manifestado su “profunda preocupación y absoluto rechazo al proyecto de ley” de Reforma Laboral del gobierno.

Un apriete que viola la independencia judicial

A través del artículo 90, el gobierno de Javier Milei estableció un apriete explícito a los jueces laborales y vulneró la independencia judicial. Si se aprobara en el Congreso sin dudas este artículo será judicializado. ¿Qué dice el artículo 90? Que “los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”.

Lo que busca es un “efecto disciplinador” sobre la justicia laboral, aquella donde el gobierno –y los empresarios- nunca pudieron pisar con la firmeza que les gustaría. El mensaje es claro: “El que se aparte de lo que establecen los grupos concentrados de poder –que claramente representa la Corte de 3 integrantes- será denunciado”. “Esto es un apriete que viola la independencia de los/as jueces/as, pero igualmente y en general los/as jueces cuando dictamos sentencia, si nos apartamos de un precedente de la CSJN lo fundamos”, señaló a El Destape un juez de la Cámara del Trabajo que pidió el anonimato para evitar represalias.

La presión es evidente porque ningún juez está obligado a seguir lo establecido por la Corte. Cuando se aparta, lo fundamenta y no incurre en ningún mal desempeño.

El Destape conversó con 5 camaristas y excamaristas. Los que pasaron por el tribunal revisor opinaron en on. Los que siguen en funciones pidieron que no se revelara sus nombres porque saben que pueden sufrir consecuencias.

Por ejemplo, Luis Raffaghelli, exjuez de la Cámara del Trabajo y abogado laboralista señaló a El Destape: “Es muy grave el darle a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación un carácter obligatorio. Esto disciplina el acatamiento porque amenaza que a quien se aparte de esa doctrina será denunciado ante el Consejo de la Magistratura. Con este artículo se vulneran normas federales, que están en la Constitución”.

Por su parte, el también excamarista Enrique Arias Gibert, profesor de Derecho de la UBA en el área de Filosofía del Derecho, añadió a este medio que “no quieren es que exista justicia del trabajo cualquiera fuera el juez”. “Hay mucha gravedad institucional en todas las normas procesales” del proyecto de reforma, indicó.

En off otros tres jueces laborales coincidieron en que el gobierno busca barrer con el fuero laboral y eligió la vía del “apriete” para lograr sus objetivos.

Una de estas fuentes, destacó: “La Constitución no prevé la obligación de seguimiento de fallos de Corte. Los únicos fallos obligatorios son para los jueces de primera instancia cuando una Cámara dicta un plenario. Es la única obligatoriedad que surge del artículo 303 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero los fallos de la Corte no son obligatorios por lo tanto no puede una ley decir esto". También recordó que durante el menemismo ya se intentó algo semejante con la Cámara de Seguridad Social y se declaró inconstitucional.

Otro de los consultados, señaló sobre este punto: “Es absolutamente inconstitucional obligar al juez a que dicte sentencia conforme los lineamientos de la Corte Suprema. No solo desconoce las diversas instancias judiciales previstas para asegurar la visión del juez natural de la causa sino que viola el respeto a este último en su función. El juez es juez de la causa y en cada instancia el magistrado que tiene la causa tiene ‘imperium’ para fallar conforme a su criterio respetando la verdad objetiva que surja en cada caso del proceso de conocimiento y con apego a las disposiciones legales aplicables”. En esa línea, agregó: “Es un disparate que se presione al juez con considerar ‘mal desempeño de sus funciones’ si se aparta del criterio de la Corte Suprema. El juez debe fundar su decisión en los hechos de la causa, la prueba producida y la ley. Toda otra sujeción es una presión inconstitucional”.