¡HASTA LAS MANOS! Créditos del Banco Nación: la Justicia inició una investigación a funcionarios y ordenó una auditoría a la AGN
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El juez Ariel Lijo dio lugar al pedido del fiscal Pollicita para identificar posibles irregularidades en el otorgamiento de préstamos hipotecarios a legisladores y funcionarios de la gestión libertaria. La Auditoría General de la Nación (AGN) analizará los cambios en la política crediticia durante la actual administración.
El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita avanzan sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de préstamos millonarios a miembros del Gobierno. Buscan determinar si hubo tráfico de influencias y abuso de autoridad.
La Justicia Federal ha puesto la lupa sobre el Banco Nación (BNA) tras las denuncias por la entrega discrecional de créditos hipotecarios a funcionarios públicos de alto rango, legisladores y asesores del oficialismo. En las últimas horas, el juez Ariel Lijo, a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, ordenó una serie de medidas que incluyen una auditoría integral por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El foco de la investigación
La causa se inició tras revelarse que diversos integrantes del Poder Ejecutivo y del Congreso accedieron a créditos de montos excepcionales en condiciones que, según la denuncia, no estarían disponibles para el ciudadano común. El objetivo de la investigación es determinar si existieron negociaciones incompatibles con la función pública y si se "flexibilizaron" requisitos de manera interna para favorecer a la denominada "casta".
Entre los puntos clave que solicitó la justicia se encuentran:
Auditoría de la AGN: Se analizarán todos los legajos de créditos otorgados a funcionarios públicos desde el 10 de diciembre de 2023.
Informes del BCRA: Se busca saber si hubo circulares o normativas internas que permitieran otorgar montos por encima de la capacidad de pago declarada.
Identificación de beneficiarios: La Justicia requirió el listado completo de los préstamos bajo sospecha, que incluyen cifras superiores a los 500 millones de pesos por solicitante.
Contradicción con el discurso oficial
El caso ha generado un fuerte impacto político debido a la contradicción que supone con el discurso de austeridad del Gobierno nacional. Mientras el Poder Ejecutivo promueve el ajuste en las partidas presupuestarias y ha planteado en reiteradas ocasiones la necesidad de privatizar el Banco Nación, sus propios funcionarios habrían utilizado la banca pública para financiar compras inmobiliarias personales con tasas y plazos privilegiados.
Por el momento, la entidad bancaria deberá entregar toda la documentación respaldatoria de los trámites. Desde el entorno judicial no descartan llamados a indagatoria una vez que se procese la información recolectada por los peritos de la AGN y los sabuesos de la justicia federal.
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