¡Hasta las pelotas! Ordenan una revisión contable sobre el patrimonio de Manuel Adorni y su esposa
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La Justicia ordena una revisión contable del patrimonio de Manuel Adorni y su esposa
La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha sumado un nuevo e importante capítulo. En las últimas horas, la Justicia ordenó una exhaustiva revisión contable sobre el patrimonio del funcionario y el de su esposa, Bettina Julieta Angeletti. Esta medida busca determinar si existe una correlación lógica entre los ingresos declarados por la pareja y el elevado nivel de gastos y adquisiciones de bienes registrados en el último tiempo.
El foco de la investigación, liderada por el fiscal Gerardo Pollicita y supervisada por el juez Ariel Lijo, se centra en una serie de movimientos financieros que despertaron sospechas. Entre ellos, destaca un viaje familiar a Aruba realizado a fines de 2024, cuyo costo ascendió a casi 15.000 dólares y fue abonado mayoritariamente en efectivo. Además, la Justicia analiza la compra de propiedades y vehículos, así como el origen de fondos utilizados para costosas remodelaciones en una vivienda de un barrio privado.
Un punto clave de la pericia contable es el análisis de los préstamos privados que Adorni declaró haber recibido para financiar sus operaciones inmobiliarias. La Justicia ha puesto bajo la lupa a un grupo de mujeres —identificadas como jubiladas y particulares— que aparecen como acreedoras en sus declaraciones juradas. Los investigadores buscan confirmar si estos préstamos fueron reales o si se trata de una maniobra para justificar dinero cuyo origen no está debidamente documentado.
Esta revisión se suma al reciente levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de la pareja, lo que permite a los peritos acceder a la totalidad de sus movimientos financieros desde el año 2022. Con esta nueva medida, se espera que el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema determine si el crecimiento patrimonial del actual Jefe de Gabinete se ajusta a derecho o si, por el contrario, existen inconsistencias que no pueden ser explicadas con su salario en la función pública.












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