La Cámara Federal de Casación Penal resolvió no tratar durante la feria judicial de enero las apelaciones presentadas por la expresidenta Cristina Kirchner contra las restricciones impuestas a su régimen de visitas y a las condiciones de su prisión domiciliaria, modificadas en noviembre pasado por el juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini. La decisión de mantener las medidas vigentes al menos hasta febrero fue adoptada por la sala de feria del tribunal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci --quienes firmaron la resolución de mayoría-- y Mariano Borinsky, al considerar que no había argumentos de urgencia para habilitar la feria. En disidencia, Borinsky sostuvo que las cuestiones vinculadas con las condiciones de privación de la libertad de una persona condenada pueden ser tratadas durante la feria judicial, conforme a la reglamentación vigente, y propuso habilitar el receso y fijar una audiencia para escuchar a las partes. De este modo, continúan en vigor las restricciones dispuestas por el TOF 2, que limitaron a tres personas por día la cantidad de visitantes que pueden ver a la exmandataria y la duración de los encuentros a dos horas, dos veces por semana. También se mantiene el tope de dos horas diarias para acceder a la terraza del edificio de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario y al que regresó pocos días atrás tras una internación por apendicitis. La defensa de Cristina había apelado además el mantenimiento de la tobillera electrónica y la exigencia de autorizaciones especiales para personas de su entorno, entre ellas su cuñada Alicia Kirchner y sus dos hijos. Las nuevas restricciones habían sido dispuestas por el juez Gorini, a cargo de la ejecución de la pena, luego de una visita simultánea de nueve economistas al departamento de la ex vicepresidenta. “Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI en una Argentina que, desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo", había respondido la expresidenta a la decisión de Gorini. Tras el rechazo de la Cámara de turno, las apelaciones serán analizadas, cuando se reactive la actividad judicial, por la sala IV de la Cámara de Casación, integrada por Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
El juicio comenzará el próximo 23 de abril en los tribunales federales de La Plata. Emilio Jorge Parodi, uno de los jerarcas de Molinos Río de la Plata, será juzgado por los secuestros de tres obreros el año próximo. El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata decidió que el proceso contra el abogado de 84 años comience el 23 de abril, lo que genera expectativas entre las querellas de que haya un reconocimiento de las responsabilidades empresariales por crímenes de lesa humanidad. Al borde del inicio de la feria, la jueza Noel Costa —oriunda de Córdoba, pero que subroga en La Plata— decidió fijar la fecha para el 23 de abril. Las audiencias se celebrarán únicamente los jueves y serán de forma telemática. Es decir, no habrá actividad presencial en los tribunales platenses. Parodi fue detenido en julio de 2023 por decisión del juez federal Ernesto Kreplak. Parodi, que entonces tenía 82 años, se mantenía activo asesorando a distintas empresas en materia de recursos humanos. Había tenido una extensa trayectoria en Molinos Río de la Plata desde los años ’70. Molinos Río de la Plata fue fundada en 1902 por Bunge & Born. Para 1982, cuando la empresa cumplió 80 años y se acercaba el final de la última dictadura, tenía más de una docena de plantas distribuidoras dedicadas a la comercialización de harina de trigo, margarinas y mayonesas. Desde 1999, Molinos Río de la Plata forma parte de los activos de la familia Pérez Companc. Entre 1974 y 1979, Parodi fue jefe de personal de la planta que Molinos Río de la Plata tenía en el partido de Avellaneda, cerca del Riachuelo. Entre 1979 y 1981 ejerció como jefe de Relaciones Laborales y, entre 1981 y 1991, se desempeñó como gerente de Relaciones Industriales. En 2023, cuando Kreplak ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que lo detuviera, Parodi dijo que no había estado vinculado a los secuestros de trabajadores de Molinos Río de la Plata ni tenía vínculos con las fuerzas represivas. Sin embargo, el titular del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata dio por acreditado que había intervenido en tres secuestros de operarios que continúan desaparecidos. Todos esos hechos tuvieron lugar el 7 de julio de 1976 en la planta de Avellaneda. El magistrado entendió que era imposible que esos secuestros hubieran pasado desapercibidos para el jefe de personal y, por el contrario, señaló que Parodi había jugado un rol en facilitar el reconocimiento de los blancos por parte de los represores. Santos Ojeda fue secuestrado el 7 de julio de 1976, cerca de las cinco de la mañana, cuando salía de trabajar de la empresa. Tenía 24 años y se desempeñaba en la sección Expedición. Quienes se lo llevaron se identificaron como integrantes de Coordinación Federal —como se conocía entonces a la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), que tenía su sede en la calle Moreno de la Capital Federal—. Una hora después fue secuestrado Francisco Fernández cuando estaba por fichar su ingreso a la fábrica. Fernández trabajaba en el área mecánica desde 1973. Como aparentemente no tenía la tarjeta para marcar el ingreso, fue llamado a una oficina o vestíbulo, desde donde se lo llevaron unos hombres vestidos de civil. A las ocho de la mañana de ese mismo 7 de julio de 1976, un grupo de tareas se llevó a Roberto José Rivolta Bonino. Rivolta Bonino era militante gremial e integraba la agrupación 17 de Octubre. La actividad gremial dentro de la fábrica había sido seguida con interés por los servicios de inteligencia, como lo prueban los reportes que enviaba particularmente la delegación Lanús de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Antes del golpe del 24 de marzo de 1976, los obreros habían tomado en dos oportunidades la fábrica para reclamar mejoras. La Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón así como el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera, que actúan como querellantes en la causa, denuncian que hubo 26 personas vinculadas a la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. Muchos de esos casos habían sido incluidos en la imputación que formuló la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, pero Kreplak dictó la falta de mérito al considerar que no contaba con elementos suficientes para acusar a Parodi. Desde el gremio reclamaron la citación a indagatoria de otros 16 jerarcas de la empresa. Sin embargo, destacan que la llegada del juicio es un “logro de la lucha de muchos años de las y los familiares de los trabajadores aceiteros detenidos-desaparecidos de Molinos Avellaneda, junto a los sobrevivientes, los organismos de derechos humanos y las organizaciones gremiales”. El abogado querellante Pablo Llonto coincide con ese diagnóstico. “La fijación de la fecha de inicio del juicio trajo algo de alivio a los familiares de los desaparecidos de Molinos que, si bien llegan a un juicio con muy pocos casos de víctimas trabajadoras de la empresa, al menos verán sentado como imputado a uno de los principales responsables civiles de la firma, que persiguió y participó en los secuestros y desapariciones de las víctimas --delegados y activistas del gremio y de la comisión interna—. Mientras tanto, esperamos que en el juzgado de instrucción de La Plata se aceleren los pasos para dar con el resto de los autores de los hechos: militares, policías y civiles responsables de los otros crímenes. Como en tantos otros casos, este juicio tiene el sello del empuje de los hijos e hijas de los trabajadores, que buscaron pruebas, testigos compañeros de sus padres e hicieron posible este hecho que es, al menos, una reparación. Ojalá Parodi en el juicio rompa el pacto de silencio y cuente quiénes más fueron los responsables y qué hicieron con los cuerpos”, añadió Llonto. La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense también es querellante en el caso. Su titular, Matías Moreno, desde hace tiempo brega por el juicio y castigo a los responsables civiles de la dictadura. “Este juicio llega al cumplirse 50 años del golpe de Estado y tras once años de investigación. Hay que profundizar en la responsabilidad empresarial y juzgar a los integrantes de estos sectores que fueron cómplices y se vieron beneficiados por las políticas prebendarias de la última dictadura cívico-militar. Hablamos de empresarios civiles que colaboraron con sus acciones en el disciplinamiento de la fuerza de trabajo con el fin de imponer un modelo económico. Debe haber justicia y se tiene que conocer la verdad”, reclamó Moreno. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también pone el acento en la necesidad de que avancen los expedientes por las responsabilidades empresariales. “Esperamos con expectativa el inicio del juicio en la jurisdicción de La Plata, junto con el caso de Mercedes-Benz en la jurisdicción de San Martín, ya que son dos causas en las que se discute la responsabilidad de actores empresariales. En este caso, además, la federación de aceiteros es parte querellante, lo que también es importante para la discusión del proceso de memoria, verdad y justicia con las generaciones actuales de trabajadores”, sostuvo Diego Morales, director de Litigio del CELS. El último juicio en el que estuvieron en el banquillo los responsables empresariales de la represión sufrida por los trabajadores de Acindar terminó con todos los acusados absueltos, en lo que fue leído como un fallo permeado por el clima de época. La Corte Suprema, que no se caracteriza por su velocidad en materia de lesa humanidad, todavía debe confirmar las condenas dictadas en 2018 contra jerarcas de la Ford.
Las gestiones entre los sectores se intensifican. Los libertarios todavía no llegan a sumar las voluntades necesarias y el PJ quiere que no se escape nadie. El impacto fiscal en las provincias como carta de negociación El oficialismo empieza lentamente a rearmarse de cara a la principal discusión parlamentaria que deberá enfrentar a partir de febrero: la reforma laboral. En medio de las sesiones extraordinarias, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, no logró conseguir los votos para ir al recinto y decidió avanzar con el dictamen y anunciar que quedaba “abierto” a posibles modificaciones. Ahora, la legisladora anunció que a mediados de enero comenzará una ronda de reuniones con el fin de lograr consensos que le permitan juntar los votos necesarios para darle media sanción. El problema que enfrenta el oficialismo es que hasta ahora no logró convencer a los socios parlamentarios. El bloque de la UCR siente que el proyecto de ley no cumple con las expectativas que tienen y, además, no están seguros de que sea el momento. El presidente de bloque de la UCR en el Senado, Eduardo Vischi, ya adelantó que “así como está” no la apoyarán. Pero de todas formas, los boinas blancas aclaran que están abiertas a una negociación. La Libertad Avanza cuenta con 20 senadores, se le sumarían 3 del PRO y, suponiendo que cuenta con los 10 senadores de la UCR -algo que hoy parece poco probable- tampoco alcanzaría. El conflicto en torno a Venezuela agudiza las divisiones en el Congreso Te puede interesar: El conflicto en torno a Venezuela agudiza las divisiones en el Congreso Pero el principal obstáculo es el peronismo, que ya adelantó que no está de acuerdo con lo que propone el proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo. A diferencia de otro momento, la estrategia del PJ no es sólo la de oponerse sino la de ir por caminos alternativos. En ese esquema es que buscará avanzar, si es que el oficialismo consigue el número, en la “repesca” de votos con el fin de imponerse. La marcha de la CTA contra la reforma El peronismo cuenta con 33 senadores agrupados en el interbloque Justicialista. Allí hay 2 del Frente Cívico Santiago y 5 del bloque Convicción Federal que se identifican con el peronismo, aunque no forman parte de Fuerza Patria. El primer problema a resolver para el peronismo es qué van a hacer los senadores del bloque Convicción Federal. En el debate por el Presupuesto 2026, 4 de los 5 acompañaron a LLA. Y son senadores que responden a gobernadores de muy buen diálogo con la Casa Rosada. En este grupo está Guillermo Andrada, de Catamarca, que responde al gobernador peronista Raúl Jalil; la tucumana Sandra Mendoza, del gobernador Osvaldo Jaldo. Ambas provincias fueron beneficiadas con fondos nacionales. Un caso especial es el de Carolina Moisés, peronista de Jujuy, provincia que gobierna el radicalismo. La senadora votó a favor del Presupuesto, pero no responde al jefe del Estado provincial, y se encuentra enfrentada a Cristina Kirchner y a La Cámpora por la intervención del partido en su provincia. Este bloque también están Jesús Rejal de La Rioja y Fernando Salino de San Luis que, aunque enfrentados con el kirchnerismo, se mantuvieron en la oposición. Algo similar hicieron los senadores del Frente Cívico por Santiago, Gerardo Zamora y Elia Esther Del Carmen Moreno “No los damos por perdidos, pero son difíciles. El gobierno le tira plata a los gobernadores y ellos mandan a levantar la mano”, explica una voz del bloque Justicialista. “Vamos a tener que buscar a estos y a los sueltos”. En este grupo está la ex secretaria de Energía y Minería, Flavia Royón, que es el voto del gobernador peronista Gustavo Sáenz, Edith Terenzi, que responde al gobernador Nacho Torres, José María Carambia y Natalia Elena Gadano, ambos de Moveré por Santa Cruz que responden al gobernador de origen sindical Claudio Vidal; Julieta Carroza, que es el voto del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. También están Beatriz Avila, del bloque Independencia y cercana al gobernador de Tucumán; Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del misionero Frente Renovador de la Concordia Social que responden a Carlos Rovira, el hombre fuerte de la provincia, y Carlos “Camau” Espínola de Provincias Unidas; Julieta Corroza de La Neuquinidad y, por último, Luis Juez, del monobloque Frente Cívico de Córdoba. Todo esto es incierto porque en su gran mayoría apoyaron el Presupuesto que armó la Casa Rosada, en donde se desfinancia a las universidades nacionales, por ejemplo. Aunque los jefes de los estados provinciales no ven con malos ojos la reforma, observan que el paquete impositivo que incluye los desfinancia, en especial, la baja del Impuesto a las Ganancias, que es un tributo coparticipable. Un informe que, aseguran, preparó el senador Jorge Capitanich y que circuló primero por los despachos de los gobernadores peronistas, pero que fue llegando a manos de otros jefes de estados subnacionales de otros colores políticos, muestra que las provincias perderán entre 1700 millones y 2000 millones durante el 2026 por una reducción del impuesto y su baja en la recaudación. “No vale de nada que después les den ATN -Aportes del Tesoro Nacional- si todo el tiempo pierden plata. Hay 14 gobernadores y el jefe de la Ciudad que podrían ir a pelear una reelección y, sin obra pública nacional, necesitan fondos para poder trabajar pensando en el 2027. Es ahí donde tenemos que ir a frenar esto", explicó un senador peronista que disfruta de unos días de vacaciones. En este sentido, legisladores entrerrianos del PJ -diputados y senadores- le pidieron una reunión al gobernador Rogelio Frigerio -uno de los que podría ir por la reelección- para plantear el desfinanciamiento que propone la ley. Esta misma estrategia podrían repetir senadores y diputados de diferentes provincias cuyos gobernadores se quejan en voz baja pero hasta ahora no han tomado una decisión sobre si apoyar o no. La llave está en los gobernadores.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre un escenario "potencialmente explosivo" en la mitad del país. En Chubut y Río Negro, el fuego en zonas de interfase obligó a desplegar medios aéreos y evacuar turistas. El inicio del 2026 trajo un escenario de extrema tensión ambiental para la Argentina, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) catalogaron la situación de 16 provincias como "crítica" o "extremadamente explosiva". La combinación de sequía prolongada, altas temperaturas y vientos intensos elevó el índice de peligro a niveles máximos, obligando a las autoridades a prohibir terminantemente el uso de fuego al aire libre, incluso en campings y terrenos privados, para evitar desastres mayores en un contexto de emergencia ígnea declarada. La región patagónica se convirtió en el epicentro de esta crisis durante las últimas 48 horas, enfrentando múltiples focos simultáneos, donde la vegetación nativa convive peligrosamente con áreas residenciales y turísticas. En la provincia de Chubut, la localidad de El Hoyo vive horas dramáticas debido al incendio en Puerto Patriada, ya que el avance agresivo de las llamas, impulsadas por ráfagas constantes sobre bosques de pinos, forzó la evacuación de al menos 700 vehículos del camping "El Bosque" y provocó la destrucción de una decena de viviendas, generando desesperación entre los vecinos que intentan colaborar con los brigadistas transportando agua en camionetas particulares. En Río Negro, la situación en San Carlos de Bariloche demandó un despliegue urgente de recursos aéreos y terrestres para combatir dos focos que amenazaban la ciudad. El incidente más complejo se ubicó en la cantera "Eva Perón", donde intervinieron Bomberos Voluntarios, Protección Civil y el SPLIF con cinco móviles y un avión hidrante para contener las llamas. Casi en simultáneo, se detectó y extinguió otro foco en el sector de San Cayetanito, una reiteración preocupante ya que fue el segundo episodio en la misma zona en menos de dos días, lo que obligó a mantener guardias de cenizas para evitar reactivaciones. Más al sur de la provincia, en El Bolsón, el sistema de emergencia logró contener un incendio en Loma del Medio, a la altura del camping Quemquem, tras horas de intenso trabajo. El operativo conjunto, que incluyó a brigadistas de Mallín Ahogado y personal municipal, logró frenar la cabeza del fuego antes de que alcanzara estructuras críticas, aunque los equipos se mantienen en el terreno realizando tareas de enfriamiento. Las condiciones meteorológicas actuales no dan tregua a los combatientes: los reportes indican temperaturas superiores acompañadas de una humedad relativa baja del 43% y vientos del sector oeste que alcanzan los 35 km/h. Este "tridente" climático es el combustible ideal para la propagación rápida del fuego, lo que llevó al Splif Bariloche a establecer un índice de peligro extremo, restringiendo cualquier actividad que involucre encender fogatas o asados en zonas no habilitadas, Ante la magnitud de la amenaza, el despliegue nacional busca coordinar esfuerzos entre las jurisdicciones afectadas para optimizar el uso de aviones hidrantes y helicópteros. La prioridad operativa se centra en la protección de vidas humanas y viviendas, especialmente en los sectores andinos. Provincias en alerta El extenso listado de provincias bajo esta alerta roja abarca gran parte del territorio nacional, evidenciando la escala del problema climático. Las jurisdicciones afectadas son Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En todas estas regiones, las autoridades locales mantienen monitoreos constantes para detectar columnas de humo de manera temprana. Para determinar esta gravedad, los organismos utilizan el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI, por sus siglas en inglés), un sistema de origen canadiense adoptado globalmente. Este indicador procesa variables diarias como la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del viento y la precipitación acumulada en las últimas 24 horas para estimar la velocidad de propagación que tendría el fuego. Los incendios de "interfase", mencionados repetidamente en los reportes de la Patagonia, representan el desafío más complejo para el combate del fuego moderno. Se trata de siniestros que ocurren en la zona de transición entre los terrenos forestales y las áreas urbanizadas, donde el fuego tiene el potencial de consumir no solo bosques, sino también infraestructuras, servicios y hogares, requiriendo una estrategia de defensa mixta que combine técnicas forestales con tácticas de bomberos urbanos.
“Acabamos de interpelar a Milei. No puede ser gratuito política e institucionalmente ser un traidor a la patria” expresó Jerónimo Guerrero Iraola, el presidente del CECIM La Plata en redes sociales. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) intimó en el plazo de 24 horas al presidente Javier Milei para retractarse públicamente de sus recientes dichos ante medios británicos, replicados en numerosos medios de comunicación nacionales donde indicó que las islas volverán a ser argentinas cuando lo decidan los kelpers.. A su vez, instó a cumplir acabadamente con la manda de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que reza “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino” (la manda constitucional exhorta a respetar el modo de vida de los isleños, pero nunca, bajo ningún punto de vista ni fundamento, sus deseos ”, indicó expresó Jerónimo Guerrero Iraola , el presidente del CECIM La Plata en redes sociales. “Lo instamos, mismo plazo, a cumplir con los términos de la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas; y la Resolución 41/11 de la Asamblea General de Naciones Unidas que revitaliza la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur”, continuó. Además manifestó “Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata que presido, vemos con estupor y suma preocupación cómo Ud., siendo Presidente de la Nación, por tanto, plenipotenciario, se expidió en los términos en que lo hizo ante la prensa británica, actitud replicada por innumerable cantidad de medios, que condiciona el histórico posicionamiento de la República Argentina. Hacia el final de la carta documento expresan que en caso de no retractarse el presidente Javier Milei procederán a denunciarlo penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los diagnósticos confirmados en el último año fueron 1055. Entre 2020 y 2024 el promedio anual era de 191: un aumento del 452 %. De los bebés que fallecieron, ninguno en edad de vacunación registraba dosis en el sistema oficial. De los otros, solo uno tenía antecedente de inoculación materna. Son datos oficiales, publicados en el Boletín Epidemiológico Nacional que difunde el Ministerio de Salud: ya murieron nueve bebés por coqueluche o tos convulsa , una enfermedad inmunoprevenible. El Boletín 789 , sobre el último tramo del año que se fue, reflejó además una cantidad récord de casos durante 2025: se confirmaron 1055 y hubo 6481 bajo sospecha. Entre 2020 y 2024 el promedio anual de casos confirmados había sido de 191: un aumento del 452 % . Si bien hubo casos en todas las jurisdicciones , la mayoría de los afectados se concentraron en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego (con brotes en Ushuaia y Río Grande), Salta, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán. La curva epidemiológica había mostrado un pico en 2019, luego un descenso en 2020 y un incremento sostenido hasta 2023, pero 2025 marcó un nuevo ascenso de casos y superó las marcas previas. El grupo más afectado La tos convulsa, tos ferina o coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda prevenible por vacunación , que puede afectar a personas de todas las edades, aunque presenta mayores tasas de morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños . Por eso niños y niñas de cero a cinco años representaron el grupo más afectado por el aumento de casos. Pero fue en los menores de un año donde se concentró el pico, con el 34.3 % de los casos confirmados . Los nueve fallecimientos corresponden a bebés, niños y niñas de menos de dos años: seis muertes entre los menores de 6 meses, un deceso entre los 6 y los 11 meses y otros dos entre los 12 y los 23 meses. De esos nueve bebés, ninguno de los cinco casos en edad de vacunación registra dosis en el sistema NOMIVAC. Los otros cuatro casos corresponden a menores de 2 meses, que no podían ser inoculados aún, y se registró antecedente de vacunación materna únicamente en uno de ellos. Para prevenir la coqueluche se usa la vacuna triple bacteriana acelular o pentavalente, presente en el Calendario Nacional , con dosis a los 2, 4, 6 meses, refuerzos a los 18 meses, 5 y 11 años. Las embarazadas se deben vacunar a partir de la semana 20. Las coberturas alcanzadas en 2025, según difundió el Ministerio de Salud, son del 80% para la dosis de los 2 meses, pero caen en las siguientes: 79,19 % a los 4 meses, 75 % a los 6 meses, 65,56 % para el refuerzo 15-18 meses, 56,54 % a los 5 años y 56,21 % a los 11. En el caso de las gestantes, 74,29 %.
El embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos, Carlos Cherniak, reafirmó el respaldo al arresto del expresidente del país caribeño, en el marco de un operativo de Estados Unidos. La Argentina ratificó su apoyo al operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y la detención del expresidente del país caribeño Nicolás Maduro, en el marco de una sesión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), luego de que remarcara su postura también ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Se aproxima una nueva ciclogénesis? Rige una alerta por tormentas para Buenos Aires Durante el encuentro, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, respaldó la operación de Estados Unidos: "La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y su Gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cártel de los Soles, que fue declarado en 2025 como organización terrorista por el Gobierno argentino". "Confiamos en que estos acontecimientos representen un avance contra el narcoterrorismo que afecta a la región y abra una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la Ley y el respeto de los derechos humanos, poniendo fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió a su pueblo en la pobreza y obligó a 8 millones de venezolanos a escapar de su país", remarcó. En tanto, destacó la postura de la administración de La Libertad Avanza por la situación en Venezuela: "Desde que asumió el presidente Milei, la Argentina fue clara y consistente en su posicionamiento denunciando la falta de libertades y las graves violaciones de los derechos humanos y contribuimos activamente con determinación y responsabilidad a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela". También cargó contra Maduro tras los últimos comicios en el país caribeño, en los que el líder del régimen chavista se impuso según el Consejo Nacional Electoral. "Maduro desconoció los resultados genuinos, escondió las altas electorales y se autoproclamó presidente, constituyendo un Gobierno ilegítimo e ilegal. Fuimos uno de los países que solicitó la convocatoria extraordinaria de un Consejo Permanente para denunciar el fraude", aseveró. En tal sentido, Cherniak reiteró el pedido de Argentina por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece secuestrado en Venezuela desde diciembre de 2024: "Hemos insistido en que las constantes violaciones a los derechos y las libertades de las personas en ese país deberían ser abordadas, en particular la detención arbitraria y desaparición forzada de ciudadanos venezolanos y otros países, tales como el argentino Nahuel Gallo". "A estas situaciones se les debe poner fin y solicitamos con firmeza la inmediata liberación del gendarme argentino, así como se garantice su pronto y sano retorno al país para reencontrarse con su familia", añadió el embajador argentino ante la OEA. Argentina criticó a la OEA por la situación en Venezuela Por otro lado, Cherniek cuestionó la reacción de la OEA por la crisis en Venezuela: "La diplomacia del silencio es inaceptable. Mientras a nivel regional y universal se registraba y denunciaba prácticas que se consideraban terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad, el silencio de la OEA retumbaba en nuestras sociedades, haciendo poner en duda el propósito de esta organización". También advirtió que "la OEA deberá explorar cómo puede convertirse en un facilitador que contribuya a apoyar un proceso de transición a la democracia en Venezuela".
Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Pedro Sánchez y Donald Tusk se reunieron en París para expresar su respaldo unánime a la soberanía danesa sobre la isla. Los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España y Polonia se reunieron este martes en París para expresar su respaldo unánime a la soberanía danesa sobre Groenlandia. El encuentro, realizado en el marco de la Coalición de voluntarios de Ucrania, sirvió de plataforma para defender "la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras". A través de un comunicado conjunto con la primera ministra Mette Frederiksen, los líderes Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Pedro Sánchez y Donald Tusk respondieron a las reiteradas amenazas de Donald Trump. La declaración busca blindar el estatus de la isla tras la reciente operación militar estadounidense en Venezuela. "Groenlandia pertenece a su pueblo", sentencia el documento oficial, subrayando que solo Copenhague y el gobierno autónomo de la isla poseen autoridad sobre el territorio. Los aliados enfatizaron que la soberanía y la integridad territorial son "principios universales" que el bloque europeo está dispuesto a defender. El texto recuerda que Estados Unidos es un aliado esencial mediante el tratado de defensa de 1951, pero recalca que "el reino de Dinamarca es parte de la OTAN". Esta reafirmación surge como respuesta directa a las declaraciones del expresidente estadounidense, quien sugirió tomar medidas sobre la isla en un plazo de sesenta días. Desafío a la seguridad transatlántica y el orden global Los firmantes destacaron que "la seguridad del Ártico es una prioridad para Europa y en general la seguridad internacional". En este contexto, los aliados confirmaron que aumentaron su presencia y actividades en la región para "disuadir a los adversarios" y proteger los intereses estratégicos del flanco norte. Por su parte, Frederiksen advirtió que cualquier intento de agresión contra la isla supondría "el fin de la OTAN y el fin del sistema de seguridad" vigente desde la Segunda Guerra Mundial. La líder danesa instó con firmeza a Washington a cesar las amenazas dirigidas contra "aliados históricos" para evitar una crisis diplomática sin precedentes. Finalmente, el presidente español Pedro Sánchez recordó que "el respeto a la soberanía de los países es esencial para la paz". El mandatario calificó este principio como la "mayor lección del siglo XX" al reiterar su apoyo firme a Dinamarca y al pueblo de Groenlandia frente a las recientes presiones externas.
Era la primera incineración programada por el ministro de Seguirdad de Zdero, que había elogiado a Bullrich por combatir el narco. La policía del gobernador chaqueño Leandro Zdero quedó envuelta en medio de una crisis inédita luego de que un grupo de policías se quisiera robar 9 kilos de cocaína que iban a ser incinerados en la primera quema de drogas de la fuerza local. El ministro de Seguridad de la provincia, Hugo Matkovich, estuvo semanas atrás con Patricia Bullrich en el traspaso de mando con Alejandra Monteoliva y elogió a la actual senadora justamente por la pelea contra el narcotráfico. "Su gestión dejó un rumbo claro: combatir al narcotráfico, enfrentar al crimen organizado y garantizar que en la Argentina el que las hace, las paga", dijo Matkovich tras reunirse con Bullrich. Pocos días después la policía que depende de él protagonizó un escándalo digno de un capítulo de Los Simpson, cuando fueron captados por las cámaras de la TV local mientras querían hacer pasar ladrillos de yeso por la cocaína que debían incinerar. En el caso interviene la jueza federal Zunilda Niremperger, que ya procesó a siete policías implicados en el escándalo, con una prisión preventiva por 100 días. Ellos son el comisario Rubén Héctor César Alegre; el subcomisario Franco Andrés Ramírez; el oficial principal Lucas Exequiel Martínez; el sargento Gustavo Jesús Acosta; los cabos primeros Juan Nicolás Almirón Núñez y Gustavo Andrés Quizama; y el cabo Néstor Ariel Urne Cantero. Los siete policías fueron procesados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por el número de partícipes y la calidad de funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de justamente este tipo de delitos. Un ex diputado peronista dijo a LPO que aún para el historial de la policía chaqueña esto fue demasiado. "La cana siempre separó un poco de falopa en los procedimientos y luego se los " plantan" a algunos narcos si les fracasa algún procedimiento, pero esto ya fue demasiado, se bandearon totalmente", reconoció el ex legislador. Fuentes de Chaco aseguraron a LPO que, como parte de la ruta de marihuana de Paraguay, en Castelli ya metieron preso al fiscal antinarco porque tenía 200 kilos de la droga.
Creado hace 15 años, coordinaba la atención de chiquitos con estos cuadros derivándolos a centros de diversa complejidad. Lo integraban siete médicos superespecializados. El repudio de los profesionales es generalizado. Aunque estaba de vacaciones, el primer día del año el doctor Willy Conejeros Parodi, cirujano cardiovascular pediátrico que desde hace 15 años formaba parte del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), ingresó en el sistema de información sanitaria como lo hacía todos los días, vio que había un chiquito grave esperando su derivación y se puso en contacto con el personal administrativo para que se comunicaran con el cardiólogo de guardia y se ocuparan del caso a la brevedad. Lo que no sabía Conejeros (se enteró un par de horas más tarde) es que ni él ni los otros seis colegas que coordinaban este programa (uno por día, los 365 días del año) ya no lo integraban. Tres de ellos (además de Conejeros, Paula Campana, Carlos Fernando Rosental, Silvina Rosellot, Mariana Fernández, Tomas Schwaller y María Eugenia Olivetti) fueron informados verbalmente o recibieron un escueto mensaje: “Por medio de la presente, se le comunica que con motivo de la renovación de los contratos del personal destinado a la prestación de servicios en cumplimiento del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, usted NO se encuentra contemplado en el proyecto de acto administrativo de renovación para el período 2026”. El resto decidieron darse por despedidos. La desvinculación de profesionales superespecializados y la desarticulación del equipo técnico que era la columna vertebral del programa provocó una conmoción en la comunidad médica. A la pediatra Ana Speranza, que lo creó en la Dirección de Salud Perinatal y Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación, donde trabajó durante 10 años, esta decisión le resulta imposible de concebir: “Es el programa que mejor funciona en el país para resolver la patología cardiológica infantil, sea intraútero o después de que el bebé nace, no se entiende”, lamenta. En cuanto se conoció la noticia, la Asociación Argentina de Salud Pública difundió un comunicado en el que manifiesta su preocupación e insta a las autoridades nacionales a revertir la decisión. Y desde las redes sociales, el médico y diputado Pablo Yedlin advirtió: “El programa nacional de cardiopatías congénitas creado en 2008 y con ley desde 2023, permite que los más 4000 bebés que nacen con ellas (50% requieren cirugía) en cualquier lugar lleguen al centro de complejidad que necesitan. Desmantelarlo es ilegal y otro error del Ministerio de Salud de la Nación”. “El PNCC surgió por iniciativa de [el eminente cirujano cardiovascular pediátrico] Guillermo Kreutzer y [el jefe de la Unidad Cardiovascular del Hospital Garrahan] Horacio Capelli alrededor de 2008 –cuenta Conejeros–. Básicamente, lo que se hizo fue buscar una forma de financiación para solucionar la demanda de las cardiopatías congénitas y crear una red de centros de diferentes complejidades para poder asistir a los pacientes, y disminuir la espera y la morbimortalidad infantil. Estos cuadros son la tercera causa de muerte en el país; un número reducible, ya que hoy tenemos una sobrevida de alrededor del 95%, lo mismo que en lugares del Primer Mundo”. Con 15 centros categorizados de acuerdo con sus diferentes complejidades, lo que hacían los siete coordinadores era recibir los casos desde cualquier provincia a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA) verificar su gravedad y buscar el más adecuado para su atención: “Si el chico estaba en Salta y era de baja complejidad, se quedaba en la provincia, si era de mayor complejidad se le buscaba algo en Córdoba o en Tucumán, y si no, se lo traía a Buenos Aires donde funcionan los cinco centros de alta complejidad (dos en Capital Federal y tres en la Provincia de Buenos Aires) –destaca Conejeros–. En estos 15 años logramos que hubiera cardiólogos referentes en cardiopatías congénitas en todas las provincias, se los instruía, se les pedía que mandaran las imágenes, se los orientaba para estabilizar al paciente…” Cuando se trata de estos cuadros, con frecuencia si no se interviene en las primeras horas de vida, los chicos pueden morir. “Esto en el Primer Mundo no ocurre porque hay diagnóstico prenatal, pero en nuestro vasto país hay provincias en las que se carece de este recurso –explica Conejeros–, ahí es cuando interveníamos nosotros y ayudábamos para que ese paciente se estabilizara, y se derivara en la mejor condición y lo más rápido posible”. Realizaban alrededor de 800 procedimientos quirúrgicos por año y recibían más de 6.000 notificaciones en el mismo lapso. Además, a lo largo del tiempo, sumaron atención a embarazadas y diagnóstico de cardiopatías fetales. En 2023 se sancionó la Ley Integral de Atención del Paciente Cardiópata, todavía sin reglamentar, que les asegura atención más allá de los 18 años. Ahora, decidieron vaciarlo. Solo quedan los seis empleados administrativos y uno de los directores del Hospital Garrahan como asesor. “Ningunearon a los cardiólogos diciéndoles que fueran el lunes que viene al ministerio, porque había trabajo de telefonista”, se asombra Conejeros. “Funcionábamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año –subraya–. Y, con dos o tres especialidades, no íbamos precisamente por el sueldo, que no superaba el millón de pesos, sino porque nos interesaba ayudar a los chicos. Lo peor de todo es que los que más se perjudican no son los pacientes del Garrahan, del Gutiérrez ni de la Casa Cuna, ni del Hospital El Cruce o el Sor Ludovica, son los que no tienen acceso a una atención adecuada porque a veces en el lugar en el que viven no hay tanto volumen de casos. Nosotros no dejamos de funcionar ni siquiera durante la pandemia”. El CNCC llevó la lista de espera para cirugía a cero, avanzó muchísimo en diagnóstico prenatal, ayudó a equipar a todos los centros de referencia con bombas de circulación extracorpórea, instrumental para quirófano, equipos de hemodinamia para hacer cateterismo. Fue un programa modelo en la región. "Nació con un objetivo claro y noble: mejorar la atención de los niños –escribe la doctora Alejandra Villa, su primera coordinadora, en una carta abierta–. A lo largo del tiempo se consolidó una verdadera red nacional, federal, basada en protocolos de atención y derivación, criterios quirúrgicos y una organización económica que permitió equidad y acceso. No fue improvisación: fue planificación, trabajo y compromiso. Gracias a este modelo se redujo la mortalidad infantil, se ordenó el sistema, se fortaleció el trabajo en red y se formaron recursos humanos en cardiología, cirugía cardiovascular, enfermería y diagnóstico. Los resultados fueron contundentes y sostenidos en el tiempo. Tanto así, que se transformó en un modelo para otros países y fue presentado como ejemplo por organismos internacionales como el BID. Pero por sobre todos los logros técnicos y estadísticos, el mayor éxito fue humano: niños que sobrevivieron, crecieron y hoy están integrados plenamente a la sociedad (...) El esfuerzo realizado ha sido enorme. Cardiólogos, cirujanos y equipos de salud trabajaron incansablemente para garantizar una atención justa y de calidad, acompañados por grandes maestros que guiaron y sostuvieron este proceso (...) No se trata de estructuras ni de cargos: se trata de personas, de familias y de un modelo que demostró que cuando el Estado y los equipos de salud trabajan en red, los resultados salvan vidas".
El peronismo, la izquierda y Unidos piden la conformación de las bicamerales de tratamiento de DNU y la de seguimiento de organismos de inteligencia. Por otra parte, quieren sesionar para rechazar el decreto. Sin embargo, todo podría suceder recién en febrero. El arco opositor ya puso el grito en el cielo por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei que modifica la ley de Inteligencia, que otorga más poder y menos control al accionar de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). A la indignación, le siguieron las acciones de la oposición en el Congreso para comenzar a impulsar la caída del texto redactado por el Presidente. El decreto 941/25 se publicó este viernes, primer día hábil de 2026. En la mañana del viernes comenzaron a llover las primeras presentaciones ante la Cámara de Diputados, primero, para pedir la conformación de las comisiones Bicamerales de Trámite Legislativo y la de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia. El bloque de Provincias Unidas elevó un pedido a la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que ordene la conformación de las dos bicamerales. También hizo lo propio el bloque de Unión por la Patria, a través de su jefe de bloque, Germán Martínez. "No hay necesidad ni urgencia. Llamen a Extraordinarias y manden proyecto de ley", acotó en santafesino a través de sus redes. El peronismo del Senado también elevaron la alerta sobre el DNU. "El decreto rompe, además, con un principio básico del sistema democrático: quien defiende no espía, y quien concentra información sensible debe estar sujeto a controles estrictos y transparentes", explicó en una extensa publicación por X del senador Jorge Capitanich. Dicen desde el entorno del ex gobernador de Chaco que presentará un proyecto de derogación del texto enviado por Milei. De vuelta en Diputados, a Unión por la Patria y Provincias Unidas se le sumaron voces de sectores opositores al Gobierno en la Cámara baja. La diputada de Defendamos Córdoba Natalia De la Sota anunció que "rechaza ese DNU" y exigió el "tratamiento en el Congreso". Y cuestionó: "El DNU 941/2025 modifica sin debate legislativo la Ley de Inteligencia Nacional, atenta contra libertades individuales y es de dudosa legalidad. Las leyes no se modifican a escondidas y sin discusión pública" Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman señaló a través de X que "aunque lo intenten, no hay explicación posible: el decreto 941/25 sobre la SIDE es totalmente ilegal". Al respecto, señaló: "El PEN no tiene facultades para reglar sobre esas materias bajo ninguna circunstancia. El repudio democrático tiene que ser unitario y gigantezco. No puede quedar en pie ese nuevo salto autoritario". Desde el oficialismo no le dieron mayor importancia a las acciones de la oposición. "No pueden pedir sesión hasta que no se de la apertura de sesiones ordinarias en marzo", explicaron a El Destape fuentes parlamentarias al tanto de lo que se comenta dentro de LLA. En cuanto a los aliados del oficialismo, su socio principal, el PRO, anunció que conformaron "un equipo especializado que se encuentra analizando el Decreto 941/2025". Sin embargo, la bancada que preside Cristian Ritondo pidió "conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos" de los cambios que quiere impulsar el Ejecutivo. "Se están subiendo el precio", se quejó una voz de la oposición, aludiendo al partido amarillo. Fuentes de la Unión Cívica Radical dicen que no hay conversaciones en el bloque y no perciben "mucho interés" en el tema. Desde Innovación Federal se limitaron a decir que todavía no les llegó nada". Detenciones y fin de la seguridad interior: los puntos más graves de la nueva SIDE Todo el poder a la SIDE Detenciones y fin de la seguridad interior: los puntos más graves de la nueva SIDE Apenas comenzó a hacerse versosimil la versión de que Milei iba a firmar el DNU, voces del entorno de un diputado del peronismo habían señalado a este medio que, al margen de estos pasos, "lo que va a buscar Unión por la Patria es generar un rechazo con todas las fuerzas opositoras". Desde otro de los sectores interesados en bajar el decreto reconocieron que "hay charlas" entre la oposición para bajar el decreto. "Si lo trabajamos bien, podemos. Es con mayoría simple, no con dos tercios", acotó. A partir de publicación del DNU este viernes, la Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez para tratarlo. A partir de ahí, cualquiera de las dos cámaras puede tratar el decreto.
El actor expresó con fuerza su repudio y aseguró que el republicano pasará a la historia como el peor mandatario de su país. Los detalles de sus declaraciones. La detención de Nicolás Maduro no solo ha provocado un sismo en el tablero de la geopolítica mundial, sino que también ha reabierto grietas profundas en el ámbito de la cultura y el entretenimiento estadounidense. En las últimas horas, la conversación pública sumó la voz de una de las figuras más emblemáticas y respetadas de la industria cinematográfica: Morgan Freeman , quien no dudó en utilizar sus plataformas digitales para fijar una postura crítica frente al accionar y la figura de Donald Trump . El actor, reconocido mundialmente por su sobriedad y por haber encarnado roles de gran autoridad moral en la pantalla, se volcó a su cuenta oficial en la red social X para lanzar un dardo directo contra el mandatario republicano. En medio del revuelo generado por la captura del líder chavista, Freeman publicó un mensaje que, a pesar de su brevedad, caló hondo en la opinión pública. El intérprete escribió: “Si crees que Trump pasará a la historia como el peor presidente de la historia” . La publicación incluyó un emoji de corazón, un gesto que los usuarios interpretaron rápidamente como un llamado a la interacción para medir el nivel de desaprobación hacia el legado político de Trump. Un debate que trasciende las fronteras La reacción de Freeman no tardó en volverse tendencia global, acumulando miles de comentarios y compartidos en cuestión de minutos. Este posicionamiento llega en un momento de extrema sensibilidad, donde la comunidad internacional debate si la captura de Maduro responde genuinamente a una cuestión de justicia o si, por el contrario, esconde intereses económicos estratégicos. Las recientes menciones de la administración estadounidense sobre la recuperación de derechos petroleros en la región han servido de combustible para estas críticas. Este pronunciamiento de la estrella de Hollywood se alinea con las voces de otros referentes de la cultura que han puesto en duda las verdaderas intenciones de la Casa Blanca. Un ejemplo claro es el del célebre escritor Stephen King , quien recientemente también utilizó sus redes para cuestionar la narrativa oficial del operativo. Para el autor de grandes éxitos literarios, el trasfondo de la detención de Maduro no se trataba de “drogas” sino del petróleo, una visión que ahora parece encontrar eco en la sutil pero potente intervención de Freeman. El peso de las figuras públicas en el conflicto La intervención de estas personalidades añade una capa de presión adicional a la figura de Donald Trump, quien ha buscado capitalizar el operativo en Venezuela como un triunfo absoluto de su gestión. Sin embargo, para gran parte de la élite cultural de los Estados Unidos, el rol protagónico del presidente en esta crisis sigue siendo motivo de sospecha y rechazo. En un contexto donde la información fluye con rapidez y las interpretaciones sobre el derecho internacional están a la orden del día, la palabra de referentes como Freeman funciona como un termómetro del descontento de un sector de la sociedad que ve con escepticismo el avance de Washington sobre el territorio venezolano.
