Tras la feria judicial, la Cámara Federal ordenó al juez Lijo avanzar en una causa sin procesados. A un año del escándalo cripto conocido como “caso Libra”, la Cámara Federal de Buenos Aires instó al juez Ariel Lijo y al fiscal Carlos Stornelli Taiano a imprimir celeridad a la instrucción de la causa. La decisión del tribunal de alzada responde a los reclamos de la querella, liderada por el damnificado Martín Romeo, quien denunció una parálisis injustificada en el expediente pese a haber aportado auditorías internacionales que documentan el recorrido de los fondos hacia el entorno presidencial. Según Romeo, la trazabilidad del dinero presuntamente obtenido de forma ilícita está "probada y documentada". En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el denunciante detalló que el flujo financiero partió de la billetera virtual de un operador identificado como Davis y finalizó en manos de Novelli, señalado como prestamista de Milei. "El presidente (Javier Milei) miente sistemáticamente cuando dice que no tiene nada que ver", afirmó Romeo, destacando que el trabajo de reconstrucción bancaria y digital fue respaldado por consultoras de nivel mundial. “Este fallo es muy importante porque nos da un voto de confianza a lo que nosotros venimos diciendo en los últimos tres o cuatro meses: que lo único que intentó hacer Taiano es empantanar y frenar la investigación. No nos olvidemos de que todas las pruebas grandes que hay en el caso $Libra las presentamos la querella, influencers de X y periodistas", remarcó Romeo, en declaraciones radiales. Y finalizó: “Yo lo que espero para la semana que viene es que empiecen las indagatorias. Soy realista, no creo que al Presidente, pero que empiecen, y que suban los embargos y empiecen a aceptar a los querellantes del exterior”. Tras la finalización de la feria judicial de enero, la Cámara Federal dejó un escenario favorable para los damnificados al advertir que la etapa de instrucción se está extendiendo en demasía. Hasta el momento, el expediente no registra llamados a indagatoria ni procesamientos, una situación que Romeo calificó como llamativa dado que las únicas pruebas sustanciales en la causa son las presentadas por los propios denunciantes. Impacto en la Rosada El aniversario del caso encuentra al Gobierno en una posición defensiva respecto a la transparencia de sus vínculos con el sector cripto. Mientras la querella presiona para que la Justicia dicte las primeras definiciones procesales, el foco se desplaza hacia Comodoro Py, donde el juez Lijo deberá decidir si avanza contra los nombres señalados en la trazabilidad o si mantiene el expediente en la actual etapa de instrucción, en medio de un clima de creciente repercusión política por la presunta conexión de la operatoria con el financiamiento del entorno presidencial.

Los magistrados dictaminaron que ANSES debe retomar el pago de la pensión por viudez de forma provisoria, aunque mantuvieron la suspensión de su jubilación presidencial. La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social resolvió admitir el recurso presentado por Cristina Kirchner y dispuso la suspensión parcial de la resolución mediante la cual la ANSES había dado de baja sus beneficios previsionales de privilegio en noviembre de 2024, por lo que recupera la pensión al menos de forma provisoria. La medida dispone que la exmandataria recupera provisoriamente la pensión por fallecimiento de Néstor Kirchner, mientras se sustancia el proceso. En un fallo dividido, los jueces dispusieron suspender parcialmente los efectos de la resolución mediante la cual, en noviembre de 2024, la ANSES dio de baja ese beneficio previsional. Los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini marcaron una distinción jurídica fundamental que obliga al Estado a reanudar los pagos mensuales de forma inmediata. Respecto a la pensión por viudez, el tribunal consideró que la ANSES no tenía facultades para eliminar este beneficio bajo argumentos de "falta de honor", por lo que ordenó su restitución mientras dure el juicio principal. En cuanto a la jubilación de expresidenta, la Cámara avaló la decisión oficial de mantener la suspensión, vinculando esta medida directamente a la condena confirmada en la causa Vialidad. Los fundamentos del tribunal Para los magistrados, la resolución de 2024 que dio de baja ambos haberes presentó vicios legales al no distinguir entre una prestación derivada y una asignación directa por el ejercicio del cargo. Cabe destacar que la jueza Nora Dorado no formó parte de la decisión por encontrarse de licencia. Con esta resolución de febrero de 2026, el Gobierno nacional deberá reincorporar a la expresidenta en la liquidación de la pensión por fallecimiento, aunque la batalla legal por el cobro total de sus haberes de privilegio continuará en las instancias superiores de la justicia previsional.

El ministro de Economía, Luis Caputo , protagonizó un fuerte cruce con la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio tras la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal. La norma busca incentivar la regularización de ahorros informales y el ingreso de dólares al sistema bancario, generando un intenso debate político y económico. Todo comenzó cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció en redes sociales la entrada en vigencia del nuevo régimen. “Cambio de época: ahora lo tuyo es tuyo”, escribió, destacando que la iniciativa apunta a revertir años en los que la política expulsó a los ahorristas del sistema formal. El tweet de Caputo y la reacción de Di Tullio Caputo reforzó el mensaje oficial con un llamado directo: “Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco”. Según el ministro, si los argentinos vuelcan sus dólares al circuito financiero se acelerará el crecimiento, se podrán bajar impuestos, mejorar la competitividad, impulsar el empleo y los salarios, además de generar intereses por los depósitos. “¡Todo beneficio!”, remarcó. La respuesta de Di Tullio fue inmediata y polémica. “Hay que dar el ejemplo Toto!”, escribió en X, y agregó: “Traé la que tenés afuera y ponela en el Banco Nación”. El mensaje se viralizó rápidamente y sumó un nuevo capítulo a la confrontación entre oficialismo y oposición por las medidas económicas. Qué establece la Ley de Inocencia Fiscal La reglamentación convirtió en operativos los instrumentos previstos en la Ley de Inocencia Fiscal, que impulsa un esquema de regularización continua de ahorros no declarados, conocido como “blanqueo popular permanente”. El objetivo es permitir que fondos informales —incluidos los llamados dólares del colchón— puedan utilizarse sin revisiones retroactivas, siempre que se tribute hacia adelante. El decreto también activó el Régimen Simplificado de Ganancias, precisó el alcance del denominado “tapón fiscal” y habilitó un mecanismo de regularización voluntaria que permite evitar o extinguir la acción penal con el pago de capital, intereses y multa. Según datos oficiales, unos 23.000 contribuyentes ya se anotaron y el Gobierno espera que la reglamentación acelere nuevas adhesiones. Un debate que divide a la política El cruce entre Caputo y Di Tullio refleja la tensión creciente en torno a las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei. Mientras el oficialismo defiende la ley como una herramienta para fortalecer el sistema financiero y atraer dólares, la oposición cuestiona la falta de transparencia y exige que los funcionarios den el ejemplo con sus propios ahorros. La discusión promete continuar en el Congreso y en la arena pública, con un trasfondo que combina la necesidad de estabilizar la economía con la disputa política por la credibilidad de las medidas. El resultado de esta pulseada será clave para evaluar el impacto real de la Ley de Inocencia Fiscal en el futuro inmediato.

José Mayans denunció que el Gobierno nacional presiona a los gobernadores para conseguir apoyo a la reforma laboral. El senador opositor advirtió que la iniciativa es “contra los trabajadores” y cuestionó tanto las estadísticas oficiales como las consecuencias sociales que podría generar en las provincias. El senador opositor José Mayans lanzó fuertes críticas contra el Gobierno nacional al advertir que se están ejerciendo presiones sobre los gobernadores para lograr apoyo a la reforma laboral. Según el legislador, la iniciativa no busca beneficiar a los trabajadores, sino que avanza en la reducción de derechos adquiridos y en la precarización del empleo. Mayans sostuvo que el proyecto viola el artículo 14 de la Constitución y tratados internacionales, cuestionando aspectos como los horarios laborales y la disminución de la posibilidad de percibir horas extras. Además, criticó el llamado “banco de obras”, al que calificó como una herramienta que limita la capacitación de los trabajadores y dispone arbitrariamente de su tiempo. Críticas a la reforma laboral El senador también se refirió al tema de las indemnizaciones, señalando que la reforma pretende reducir la litigiosidad laboral, aunque aclaró que esta es mínima en comparación con la cantidad de trabajadores en el país. “Sobre 14 millones de trabajadores, son 300.000 casos”, precisó, minimizando el argumento oficial. En este sentido, Mayans advirtió que la iniciativa es presentada como una reforma laboral, pero en realidad es “contra los trabajadores”. Sus declaraciones se suman a las voces opositoras que alertan sobre un retroceso en materia de derechos y un posible aumento de la conflictividad social. Presión sobre los gobernadores Uno de los puntos más duros de su denuncia fue la acusación directa al Poder Ejecutivo por “apretar con todo a los gobernadores”. Según el legislador, estas presiones terminan afectando los intereses provinciales y generan tensiones internas, como ocurre en Santa Fe. Mayans remarcó que el apoyo de algunos mandatarios es superficial y no contempla las consecuencias de la reforma en áreas sensibles como seguridad, salud y educación. “Ahora es la policía, después vienen los docentes, después los médicos”, ejemplificó, cuestionando la metodología del Gobierno. Dudas sobre estadísticas oficiales El senador también puso en duda la información difundida por el INDEC sobre pobreza e indigencia, insinuando que las cifras oficiales no reflejan la verdadera situación social. “Con la mentira del INDEC, ¿cuánta gente está bajo pobreza y cuánta bajo indigencia?”, planteó. Estas críticas se suman a las de otros sectores opositores que consideran que la reforma laboral podría derivar en mayor precarización, reducción de derechos y conflictos sociales en las provincias. La discusión promete ser intensa en el Senado, donde se debatirá el alcance de una medida que divide aguas entre oficialismo y oposición.

El diputado Esteban Paulón denunció al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto abuso de autoridad tras la publicación del IPC de enero. El legislador pide que la Justicia investigue si hubo manipulación de los datos oficiales del INDEC en medio de la salida de Marco Lavagna. El diputado nacional Esteban Paulón encendió la polémica luego de que el INDEC difundiera la inflación de enero, que se ubicó en 2,9%. El legislador acusó al ministro de Economía, Luis Caputo , al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y a otros funcionarios de haber manipulado los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según su denuncia, se habría cometido abuso de autoridad y destrucción de documentos públicos. Paulón compartió en sus redes sociales la presentación judicial, en la que solicita que se investigue si desde La Libertad Avanza se alteraron las estadísticas oficiales. “Queremos que la Justicia determine si han cometido el delito de abuso de autoridad en concurso con destrucción o inutilización de documento público”, expresó, apuntando directamente contra la conducción del INDEC y sus responsables. Qué dice el escrito de Paulón En su denuncia, el diputado citó antecedentes como el caso de Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri, quienes fueron procesados por manipulación de datos estadísticos en el pasado. Paulón recordó que en 2007 se inició una causa penal por la intervención en el INDEC, que tuvo como objetivo “maquillar” la inflación a la baja. El legislador advirtió que una situación similar podría estar ocurriendo ahora, lo que generaría nuevamente desconfianza en los índices oficiales. “Tal circunstancia implicó múltiples juicios al Estado nacional por empresas contratistas y jubilados que percibían ajustes sobre valores inferiores a los que realmente correspondían”, señaló, comparando el accionar de la actual gestión con aquel antecedente. Impacto en la confianza pública Paulón subrayó que la manipulación de datos estadísticos no solo afecta la transparencia institucional, sino que también golpea directamente a la sociedad. Según explicó, si los números del IPC son alterados, se modifican automáticamente otros indicadores y aumentos programados, como jubilaciones, salarios y contratos. El diputado insistió en que la confianza pública es un valor fundamental y que cualquier intento de manipulación destruye la credibilidad de las instituciones. “Una posible manipulación volvería a golpear sobre la confianza pública y habría que modificar otros indicadores acordes a los datos del IPC”, advirtió en su mensaje. Reclamo de respuestas inmediatas El legislador reclamó que la Justicia actúe con rapidez para esclarecer la situación y determinar responsabilidades. Para Paulón, la salida de Marco Lavagna del INDEC y la llegada de nuevos funcionarios refuerza las sospechas de que se busca alterar las estadísticas. Con esta denuncia, el diputado se suma a las críticas opositoras que cuestionan la transparencia del Gobierno en la gestión de los datos económicos. La discusión promete escalar en el Congreso y en los tribunales, con un fuerte impacto político en medio de la crisis inflacionaria.

La misiva fue entregada por Pablo Quirno y lleva la firma de Javier Milei. Desde Cancillería destacaron que el diálogo se produce gracias al "excelente momento que atraviesa la relación diplomática con la Santa Sede". El Gobierno envió una invitación oficial al papa León XIV para que visite el país. Desde Cancillería destacaron que el diálogo se produce gracias al "excelente momento que atraviesa la relación diplomática con la Santa Sede". En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que "el Canciller Pablo Quirno hizo entrega de una carta de invitación al Papa León XIV, firmada por el Presidente Javier Milei, para que visite la República Argentina". "Esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede, que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales", añade el texto. "En ese marco, el Canciller reafirmó la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos", concluye el comunicado. En mayo de 2025, en ocasión de la designación del estadounidense Robert Prevost como el nuevo papa de la Iglesia Católica, el presidente Javier Milei hizo una llamativa publicación en sus redes sociales. "Las fuerzas del cielo han dado su veredicto de modo claro. No más palabras Sr. Juez. Fin", escribió el mandatario en una publicación acompañada por una imagen generada por inteligencia artificial donde se ve un león vestido de sumo pontífice, en alusión al nombre que eligió Prevost para su papado, que fue el de León XIV. Luego Milei compartió el comunicado de Oficina de Presidencia donde el Gobierno celebró la designación del nuevo Papa. "Con profunda esperanza recibimos la noticia de la elección del nuevo Santo Padre, y este cónclave marca un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia y del mundo. En tiempos de confusión, fragmentación y desafíos globales, su liderazgo representa una luz que guía, un faro que orienta y un testimonio viviente de fe, razón y caridad para los fieles católicos, pero también, para todo el mundo", afirma el texto. Y continúa: "Elevamos nuestras oraciones para que con sabiduría y coraje lleve adelante su misión de renovación espiritual y defensa de la dignidad humana, esperando que este pontificado sea un tiempo de unidad, de verdad sin temor y de caridad sin reservas". "Hoy más que nunca, anhelamos que la voz del Papa resuene con fuerza en la defensa de los pilares que han sostenido la civilización: la vida, como don principal; la libertad, como don sagrado del Creador; y la propiedad privada, como fundamento de la responsabilidad personal y del desarrollo de los pueblos. Que su palabra y testimonio sean escudo frente a la cultura de la muerte, al totalitarismo creciente y al relativismo inmoral", completa el comunicado. En junio, Milei visitó al pontífice, quien le confirmó que visitaría la Argentina. La audiencia privada se llevó a cabo en la Santa Sede y tuvo lugar en el marco de una gira presidencial por Europa. De acuerdo con lo publicado por el Vaticano, "durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se reiteró el mutuo aprecio por las sólidas relaciones bilaterales y la voluntad de reforzarlas aún más”. En el comunicado, detallaron que "se abordaron cuestiones de interés común, entre ellas la evolución socioeconómica, la lucha contra la pobreza y el compromiso en favor de la cohesión social". Por último, desde el Vaticano contaron que también "se dialogó sobre algunos temas de carácter sociopolítico regional e internacional, prestando especial atención a los conflictos en curso y destacando la importancia de un compromiso urgente en favor de la paz".

La exlegisladora murió este miércoles a los 62 años, tras permanecer internada, en grave estado, en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. El Partido Justicialista del Chaco confirmó este miércoles el fallecimiento de la exlegisladora provincial y nacional, Sandra Mendoza, quien se encontraba internada en grave estado debido a complicaciones derivadas de enfermedades de base. La noticia generó una fuerte repercusión en el arco político regional, donde se la recuerda por su vehemencia y su rol activo en la construcción del peronismo provincial. Mendoza desarrolló una carrera de alto perfil, ocupando bancas legislativas tanto en Resistencia como en Buenos Aires. Su paso por la Cámara de Diputados de la Nación estuvo marcado por intervenciones que ganaron notoriedad nacional, siempre bajo la bandera del justicialismo chaqueño. Ocupó cargos de relevancia que la posicionaron como una de las referentes históricas del PJ en su provincia. Según fuentes cercanas, el cuadro de salud de la exlegisladora se había agravado en los últimos días tras una serie de infecciones que complicaron su estado general. El mensaje de despedida del Partido Justicialista Desde la cuenta oficial del PJ del Chaco emitieron un comunicado donde destacaron su "compromiso con las causas que defendió" y la definieron como una "hacedora imborrable" de la historia política de la provincia: "Su trayectoria estuvo marcada por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a sus familiares", reza el texto difundido en redes sociales. Con su partida a los 62 años, el peronismo chaqueño pierde a una de sus voces más reconocibles de la última etapa democrática, cuyo recuerdo permanecerá vinculado a las luchas territoriales de su provincia natal.

La conductora lleva a cabo una acción de protesta ante el Parlamento en su carácter de presidenta de Periodistas Argentinas, en contra de la Reforma Laboral. La Plaza del Congreso es escenario este miércoles de una impactante imagen: Nancy Pazos encadenada y amordazada frente a la sede del Poder Legislativo, como parte de una acción como presidenta del colectivo Periodistas Argentinas en contra de la eliminación del estatuto del periodista, incluido en el proyecto de Reforma Laboral. La protesta, que contó con el apoyo de diversas organizaciones gremiales, apuntó contra el capítulo de la ley de modernización laboral que busca derogar normativas específicas del sector de prensa, vigentes desde hace décadas. "El periodismo es el faro de la democracia", sostuvo la periodista en diálogo con C5N. Tras sacarse las cadenas y la mordaza, la conductora de Inteligencia Artesanal fue tajante en sus críticas hacia el presidente Javier Milei y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich. “Este Gobierno quiere que haya periodistas alcahuetes. Nosotros no vamos a encadenarnos. Estamos luchando no por el gremio, sino por la democracia. Lo que hacemos es que los ciudadanos se informen de lo que el poder de turno no quiere que se sepa”, sentenció Pazos. Acompañando la medida, Carla Gaudesi, secretaria general de Fatpren, subrayó la magnitud del reclamo que involucra a más de 3.000 profesionales. Según explicó, la reforma regula cuestiones intrínsecas a la labor periodística que exceden lo estrictamente salarial. Respecto al derecho a la información, la dirigente advirtió que la falta de estatutos debilita la capacidad del periodista para investigar sin presiones del empleador o del Estado. La acción busca visibilizar un punto de la reforma que, según los colectivos de prensa, pasó desapercibido en el debate general pero que podría cambiar para siempre las condiciones en las que se produce la información en Argentina. Con el lema "sin estatuto no hay periodismo libre", las organizaciones mantienen la vigilia mientras se desarrolla la sesión en la Cámara Alta en este febrero de 2026.

El gobernador arrolla al presidente en intención de voto. Una encuesta reciente volvió a sacudir el tablero político bonaerense y dejó un dato imposible de disimular: en un hipotético mano a mano en el Conurbano, Axel Kicillof supera con claridad a Milei en la enorme mayoría de los municipios. El estudio, realizado por la consultora CB Global Data, midió escenario electoral, imagen y niveles de rechazo en los 24 distritos que conforman el corazón demográfico de la provincia de Buenos Aires. Los números muestran que el gobernador bonaerense se impone en 20 de los 24 municipios del Conurbano, dejando a Milei relegado a apenas cuatro distritos del norte, donde históricamente el voto antiperonista tiene mayor peso. Paliza en el corazón del Conurbano El relevamiento expone una diferencia contundente en la zona sur y oeste del Gran Buenos Aires, donde el peronismo mantiene fuerte arraigo territorial. Allí, Kicillof saca ventajas amplias en municipios clave como La Matanza, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Merlo, Moreno y Quilmes, consolidando un dominio político que marca distancia con el proyecto libertario. Milei solo logra imponerse en distritos del norte como San Isidro, Vicente López, Tigre y Pilar. Incluso en ese segmento, la diferencia fuerte solo aparece en uno de ellos, mientras que en el resto la brecha es más ajustada. El dato no es menor: el Conurbano concentra millones de votantes y define cualquier elección provincial y nacional. Sin ese territorio, cualquier armado político queda estructuralmente debilitado. Rechazo alto y contraste de imagen La encuesta también midió imagen pública. Allí aparece otro problema serio para el oficialismo nacional: la imagen negativa de Milei supera ampliamente a la positiva en más de la mitad de los municipios evaluados, con picos que en algunos distritos pasan el 60% de desaprobación. En contraste, Kicillof mantiene saldo favorable en varios municipios populosos, donde su gestión conserva niveles de respaldo que le permiten proyectarse como principal figura opositora en territorio bonaerense. La segmentación geográfica vuelve a repetirse: mientras el norte muestra mayor permeabilidad al discurso libertario, el sur y el oeste consolidan un perfil claramente adverso al ajuste nacional. Un mensaje político claro Aunque se trate de un escenario hipotético, el estudio deja una señal concreta: Milei tiene serias dificultades para penetrar electoralmente en el principal distrito del país. Sin el Conurbano, cualquier aspiración de hegemonía nacional encuentra un techo inmediato. Para Kicillof, en cambio, los números refuerzan su centralidad como figura opositora con base territorial sólida. En un contexto de ajuste, caída del consumo y conflicto social, el mapa bonaerense aparece como un dique político frente al modelo libertario. El mensaje que surge del relevamiento es contundente: en la Provincia, el liderazgo opositor tiene nombre y apellido.

En los documentos desclasificados hay más de 700 extractos que se refieren al país, que van desde vínculos con agencias de modelos hasta una pérdida de más de un millón de dólares por las políticas de Macri y Caputo. Una nueva tanda de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sacado a la luz la conexión local de la red de Jeffrey Epstein. Hay al menos 711 extractos en los archivos que mencionan a la Argentina o a ciudadanos argentinos, revelando una trama que incluye posibles víctimas, negocios financieros y vínculos con figuras públicas como Roberto Giordano, “Fred” Machado y Joe Lewis. Entre los hallazgos más sensibles, un intercambio de correos entre agentes del FBI discute la necesidad de traductores y terapeutas, mencionando explícitamente “comunicar avances a tus víctimas en la Argentina”. Asimismo, los documentos revelan “books” de fotos enviados al correo de Epstein que incluyen los nombres de tres modelos argentinas. Una agencia de modelos de Buenos Aires envió correos tipo newsletter al financista entre 2012 y 2013. Los documentos exponen la faceta financiera de Epstein y su impacto en el mercado local. En 2018, Paul Barrett, agente financiero de Epstein, reportó haber perdido US$ 1.200.000 por el tipo de cambio y bonos argentinos durante la crisis del gobierno de Mauricio Macri. Barrett calificó a la inversión en Argentina como uno de sus “tres peores negocios”, junto con General Electric. Los archivos detallan interacciones con diversas figuras vinculadas al país. Es el caso del fallecido peluquero Roberto Giordano. Extractos bancarios muestran que el estilista recibió múltiples envíos de dinero por parte del pederasta, la mayoría por montos de US$ 500. Giordano organizaba desfiles de modelos en Punta del Este y Pinamar. En el caso del multimillonario Joe Lewis, hay mils de 2009 entre Epstein y el exCEO de Barclays, Jes Staley, en los discuten sobre el magnate británico; Staley confirma haber pasado un día con Lewis en Bariloche. Otro nombre es el de Federico “Fred” Machado: Se hallaron contratos y tratativas de 2015 con el empresario acusado de narcotráfico para venderle a Epstein un avión Gulfstream por US$ 10 millones. Machado por extraditado a los Estados Unidos y sus vínculos con José Luis Espert marcaron el fin de la carrera política del economista, que debió abandonar la carrera para reelegir en Diputados. Finalmente, de acuerdo a lo revelado por La Nación, los correos confirman que Argentina podría haber sido el último destino de Epstein antes de su arresto. El 31 de diciembre de 2018, Julian Leese invitó a Epstein a venir al país a cazar en 2019, propuesta que el financista aceptó con un “Sí”, aunque su detención en julio de ese año impidió el viaje.

En el sector ferroviario aseguran que representantes del Grupo México de Germán Larrea ya ocupa oficinas en la sede del Belgrano Cargas. La empresa lo niega. El Grupo México del magnate Germán Larrea aparece como el caballo del comisario de la administración libertaria para quedarse con el Belgrano Cargas, el tren de cargas más importante de la Argentina. A tal punto que en el sector ferroviario comentan que ejecutivos de ese holding frecuentan diariamente las oficinas del Belgrano Cargas en Palermo. El dato circuló con fuerza entre empresarios y técnicos del sector. Un vocero de la empresa lo negó a LPO. Es que, si se confirmara, empañaría todo el proceso licitatorio que el gobierno pretende adjudicar en las próximas semanas. Sin embargo, el nivel de discusión que tiene este grupo con el gobierno se asemeja bastante a las condiciones que pone una empresa que está a punto de asumir la conducción del ferrocarril, más que a un competidor en una licitación abierta. La gente del Grupo México le marcó al Gobierno de Milei tres límites para hacerse cargo del Belgrano Cargas: no acepta que le adosen una línea de pasajeros, rechaza el sistema de Open Access y descarta un modelo de licitación atomizado donde por un lado se liciten las vías, por otro los talleres y en un tercer rubro el material rodante. Grupo México analiza invertir en Argentina, porque el gobierno le traba un inversión clave en Baja California Sucede que mientras que el tren de cargas es el que genera rédito económico, el de pasajeros tiene que ser subsidiado por el Estado. Es por eso que en los '90, cuando Carlos Menem privatizó los ferrocarriles lo hizo con el criterio que suele utilizarse a nivel mundial: obligar a que los concesionarios de carga también se hagan cargo de un ramal de pasajeros. Sin embargo, el Grupo México aclaró al gobierno de Milei que no acepta ese modelo. "Los mexicanos están dejando bien clarito al gobierno de Milei bajo qué condiciones juegan", confirmó a LPO un empresario ferroviario. A fines de noviembre visitó Buenos Aires del CEO de la filial ferroviaria del grupo, que maneja un doble discurso: en México dicen que la posibilidad de invertir en la Argentina no está entre sus prioridades y en la Argentina afirman que están muy interesados en quedarse con el Belgrano Cargas. Los mexicanos están dejando bien clarito al gobierno de Milei bajo qué condiciones juegan. El dueño del Grupo México es el magnate Germán Larrea Mota-Velasco, que no está en un buen momento con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que le tiene pisada la habilitación de una mega mina de cobre en baja California. El cobre es el core bussines de este grupo, que tiene minas en México, España y Perú. En otra señal de su momento complejo en México, el año pasado intentó crecer en el sistema financiero, pero perdió la pulseada para quedarse con la operación del Citibanamex. Aunque el Belgrano Cargas aparece como el principal interés del grupo de Larrera, en el sector afirman que la apuesta va más allá y el objetivo es avanzar sobre el control del sistema ferroviario de cargas en su conjunto, incluyendo también la línea San Martín, clave para la salida de la producción agrícola, minera e industrial de la región del Cuyo a los puertos. El grupo se quedó en los 90 con el tren de cargas que conecta a México con Texas y desarrollo know how en el tipo de cargas que trabajaría en la Argentina.  Sin embargo, la licitación plantea algunos desafíos. Al grupo mexicano no le convence el sistema Open Access que es uno de los puntos requeridos por el sector agroexportador. Ese sistema habilita a distintos operadores a circular por la misma infraestructura pagando un canon, algo que el Gobierno evalúa como forma de fomentar competencia. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es uno de los más fervientes defensores de la modalidad Open Access.  Para los mexicanos ese esquema diluye los incentivos a invertir, porque quien pone el capital no controla ni la vía ni la carga. La idea del Open Acces cobró fuerza durante el gobierno de Macri cuando Guillermo Dietrich se embanderó detrás de los intereses de los agroexportadores que reclamaban esta modalidad. Sin embargo, en el Grupo México recuerdan el antecedente del Reino Unido, donde la fragmentación del sistema terminó en mayores costos, menor eficiencia y una red ferroviaria degradada. Aunque el Belgrano Cargas aparece como el principal interés del grupo de Larrera, en el sector afirman que la apuesta va más allá y el objetivo es avanzar sobre el control del sistema ferroviario de cargas en su conjunto, incluyendo también la línea San Martín, clave para la salida de la producción agrícola y minera a los puertos. Con los mismos argumentos explican el rechazo al esquema de desintegración de la licitación, frente a la idea de la Casa Rosada de separar la concesión de las vías, los talleres y la operación, además de vender el material rodante existente para financiar obras. El planteo mexicano es exactamente el opuesto: sin control integral del sistema, el negocio no cierra. Más carga, trenes más largos y previsibilidad operativa son las únicas variables que permiten ganar competitividad frente al camión y justificar inversiones de largo plazo. En el mercado estiman que poner en valor el sistema ferroviario argentino requiere inversiones cercanas a los 3.000 millones de dólares. El grupo mexicano asegura tener la espalda para afrontar ese desembolso, pero pone una condición central: que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) sea aplicable a las privatizaciones ferroviarias.  Pero la avanzada mexicana deberá enfrentar intereseslocales. Un consorcio de grandes agroexportadoras -ACA, Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill y Dreyfuss- impulsa una propuesta alternativa para quedarse con el Belgrano Cargas. En paralelo, la minera Rio Tinto sigue de cerca la definición del esquema logístico, clave para sus proyectos de litio y cobre.

A las demandas salariales se sumó el malestar por el suicidio de un efectivo. El gobierno dice que las demandas son difusas. Un grupo de allegados a policías concretaron una protesta frente a la Jefatura de Policía de Rosario durante la tarde del miércoles hasta la noche con una serie de reclamos ligados a las condiciones salariales y laborales. La manifestación no fue masiva, pero se hicieron sentir bocinazos en la zona, con personas portando pancartas y carteles, que por momentos bloqueó la salida de patrulleros afectados al servicio de seguridad. Que, no obstante, según dijeron a LPO autoridades del gobierno santafesino, no se resintió. El conflicto se mantiene contenido, pero es un síntoma del malestar que se expresa a nivel de trabajadores estatales en distintas provincias por la situación económica. El gobierno de Santa Fe indica que la protesta fue inorgánica, ambigua en los reclamos y que declinó cuando se avisó que las fuerzas de seguridad despejarían con el uso de la fuerza el frente taponado de la Jefatura de Rosario. Tras eso hubo reuniones entre un grupo de referentes del grupo autoconvocado que se aglutinó frente al edificio policial con autoridades de segunda y tercera línea del Ministerio de Seguridad que transcurren este jueves a la mañana. Los manifestantes tenían como eje demandas contra los "bajos salarios" y pedidos de "contención policial". En la semana en las zonas de las Jefaturas de Santa Fe y Rosario y en portales policiales circuló un petitorio a las autoridades que incluía demandas por "salario digno", "jornadas laborales dignas", "mejores condiciones laborales para nuestras fuerzas de seguridad" y "no más familias bajo la línea de pobreza". El texto que no tenía la identificación de personas o agrupaciones apelaba a la presencia frente a la Casa de Gobierno de Santa Fe para el pasado lunes a las 19 a personal retirado, en actividad, sin uniforme policial, sin armamento y sin alterar la prestación del servicio. Lo de este miércoles a la tarde en Rosario tuvo momentos de visibilidad expresiva y notoria. Los manifestantes hacían también alusión al caso de un suboficial de 42 años que se quitó la vida en la misma Jefatura donde estaban apostados. Se llamaba Oscar Valdez, tenía 32 años, era de Vera en el norte de la provincia y trabajaba en Rosario desde 2019. Estaba en licencia por enfermedad desde mitad del año pasado y esperaba el dictamen de una junta médica para reintegrarse a la fuerza. Se disparó el sábado y falleció este miércoles. En la zona de Rosario durante 2025 hubo 17 suicidios de personal de fuerzas de seguridad, contando policías, gendarmes y penitenciarios Un funcionario del Ministerio de Seguridad de Santa Fe que participa de las negociaciones le dijo a La Política Online que son muy oscilantes los pedidos a los que a veces se incorporan algunos repentinamente y que fue arduo encontrar un interlocutor idóneo, que finalmente fue un abogado que es ex policía, Gabriel Sarla. "Lo de ayer se habría desactivado muy rápido y sin problemas porque siempre tuvimos la voluntad de recibirlos. El problema es que los reclamos son difusos, los manifestantes fueron perdiendo definición en lo que pedían. Lo que expresaron tenían aspectos atendibles. Sobre todo buscamos mejoras en la remuneración, sobre lo que no pedían nada concreto. Cuando hablan mezclan todo: reincorporación de policías en disponibilidad, restitución de la totalidad de los salarios de estos últimos, también de los sueldos embargados", señaló a LPO. Fuentes policiales que hablaron con este medio y que no tienen participación en los grupos autoconvocados refieren que la principal demanda es económica, y que pasa por la recomposición salarial, por el deterioro del poder de compra de los ingresos. La situación del suicidio del efectivo también se suma lateralmente a la incomodidad expresada como afectación al bienestar policial. Altas fuentes del gobierno dijeron a este medio que la tasa de suicidios se incrementó en Argentina en los últimos diez años de 5 cada 100 mil habitantes a 10 cada 100 mil, pero que no es posible discriminar entre los afectados  los rubros profesionales. Fuentes del Ministerio Público de la Acusación de Rosario indican que el año pasado solo en la zona judicial de Rosario hubo 17 efectivos de fuerzas de seguridad que se quitaron la vida, no solamente de la policía provincial sino también de otras policías, de Gendarmería y de agentes penitenciarios. El gobierno santafesino tiene identificada una demanda en el escalón más bajo de la pirámide policial, la de suboficiales jóvenes, que son oriundos en buena parte de localidades del norte de la provincia y prestan servicio en ciudades del sur, donde la mayor es Rosario, que tiene un porcentaje vocacional muy bajo para ingresar a la fuerza. Eso motiva viajes de hasta 700 kilómetros en los policías que tienen desempeños iniciales. Esto se refiere también como uno de los detonantes del reclamo. En la semana circuló un petitorio a las autoridades que incluía demandas por salario digno, jornadas laborales dignas, mejores condiciones laborales para nuestras fuerzas de seguridad y no más familias bajo la línea de pobreza El gobierno indica que la presencia de manifestantes frente a Jefatura se empezó a desactivar cuando las autoridades hicieron saber que despejarían la entrada por la fuerza si era necesario aunque los móviles policiales salían por un portón lateral para acceder a la calle. Según la provincia el servicio policial no se resintió nunca. La respuesta a las llamadas al 911, indicaron, se mantuvieron en un promedio de 6.35 minutos de llegada al punto de demanda. El promedio general es de 6.55. El conflicto no está desactivado y las reuniones entre los referentes del grupo de manifestantes y el gobierno proseguían este jueves a mediodía. "El eje del conflicto fue que buscaban afectar la operatividad (ingreso y salida) de patrulleros. No llegamos a esa situación. La prestación del servicio tanto miércoles como hoy son completamente normales en toda la ciudad", reportó a este medio el funcionario de seguridad. Para el gobierno la protesta es visible aunque de representatividad incomprobable, y aparecen entre sus integrantes ex actores de la fuerza, algunos que señalan vinculados con prácticas infieles. Anoche en Jefatura también se veían familias de policías reclamando a cara descubierta con demandas mayormente económicas. En un capítulo más de una tensión más profunda que es la que el gobierno provincial ha mantenido de manera discontinua pero persistente con empleados estatales provinciales.