El CELS y Amnistía Internacional junto a otras 20 organizaciones de la sociedad civil alertan sobre la inconstitucionalidad del DNU 941. Los cuestionamientos al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025 —con el que el gobierno de Javier Milei reformó el sistema de inteligencia— llegarán en las próximas horas a los estrados internacionales. Organismos de derechos humanos y ONGs trabajan en presentaciones para ser radicadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y distintas relatorías de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Denunciarán que existe un plan de vigilancia masiva que pone en riesgo la protección de derechos básicos. El 31 de diciembre pasado, horas después de que terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso y cuando las preocupaciones estaban centradas en las celebraciones de fin de año, Milei firmó el DNU 941, que viene recibiendo cuestionamientos en los ámbitos político y judicial. Más de 20 organizaciones no gubernamentales (ONG) se pronunciaron en contra del decreto, al que calificaron de “manifiestamente inconstitucional”, y denunciaron que la administración de La Libertad Avanza (LLA) avanza en la ruptura de consensos básicos. “Al habilitar herramientas para vigilar, perseguir y detener, es una señal directa hacia quienes defendemos derechos, territorios y democracia”, dice la declaración que suscriben, entre otros, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Vía Libre, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), ANDHES, la Fundación Huésped y Greenpeace. La estrategia de las organizaciones es múltiple. A nivel judicial, el CELS ya presentó un amparo colectivo al que podrían sumarse distintos grupos. En el plano parlamentario, reclamarán que se activen los mecanismos para rechazar el DNU y que se controle lo que ocurre en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) a través de la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI). “Es importante que el Congreso reciba estos pedidos para activar la CBI. La respuesta no debe ser solamente judicial. Los reclamos sociales deben tener una respuesta política”, sostiene Diego Morales, director de Litigio del CELS, en diálogo con Página/12. Muchas de estas organizaciones, explica Morales, están realizando presentaciones internacionales. Los cuestionamientos al DNU llegarán a distintos funcionarios: José Luis Caballero Ochoa (presidente de la CIDH), Edgar Stuardo Rolón Orellana (relator de la CIDH para Argentina), Pedro Vaca (relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH), Gina Romero (relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación de la ONU), Ben Saul (relator especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos de la ONU), Ana Brian Nougrères (Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias) y Jan Jarab (representante en América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos). Muchos de estos expertos ya han manifestado su preocupación por los retrocesos en materia de derechos humanos desde la llegada de Milei al gobierno. Sin ir más lejos, días atrás Gina Romero celebró en redes sociales que se haya declarado nulo el protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich. En 2019, el entonces relator especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, había visitado el país en medio de las filtraciones de escuchas —sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner y personas vinculadas a ella— y sostuvo que no alcanzaban los controles de la CBI. Había sugerido la creación de un órgano independiente con participación de jueces de alto rango y expertos en tecnología. A partir de ese informe preliminar, la Corte Suprema se subió a la ola y firmó una acordada en la que desalentaba, por ejemplo, la participación de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en investigaciones judiciales. La convocatoria de espías por parte de los tribunales quedó rehabilitada con el DNU 614/2024, mediante el cual Javier Milei eliminó la AFI y resucitó la SIDE. La situación se agravó con el último decreto. “Un primer aspecto a cuestionar es por qué se utiliza una vez más la vía del DNU para reformar algo que merece un debate profundo en el Congreso, sobre todo cuando no había una situación de urgencia. En segundo lugar, el Gobierno presenta este decreto como si se tratara únicamente de modificaciones administrativas a la Ley de Inteligencia —con el argumento de implementar un sistema más eficiente y moderno—, pero lejos está de eso. Las principales preocupaciones que identifica Amnistía Internacional están asociadas justamente al debilitamiento de la protección de derechos humanos básicos”, explica Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. Las principales críticas al DNU son los siguientes: – obliga a más de quince organismos públicos a compartir datos personales con la SIDE, lo que favorecería una vigilancia masiva; – no prevé control ciudadano sobre la SIDE; – todas las actividades tienen carácter “encubierto”, lo que podría frustrar eventuales investigaciones para probar responsabilidades del Estado; – por primera vez en democracia, los agentes de la SIDE tienen la facultad de detener personas, lo que implicaría que este organismo podría llegar a convertirse en una “policía secreta”; – la SIDE puede convocar a las Fuerzas Armadas e involucrarlas en tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales”, lo que implicaría su participación en acciones de seguridad interior; – con la ampliación de la noción de contrainteligencia, se rehabilita la noción del enemigo interno. “Nos preocupa no solo la falta de proceso y debate democrático al impulsar la reforma de una norma importante como la Ley de Inteligencia, sino también el debilitamiento de los controles democráticos que produce el decreto, al ampliar al máximo el secreto, volver aún más opaco el sistema y elevar el umbral de sospecha sobre el cual pasamos a quedar todas las personas y organizaciones en Argentina”, remarca García Rey. A nivel judicial, hay al menos cinco amparos contra el DNU 941. En las próximas horas debería saberse si la fiscalía considera que este tema —con los riesgos que señalan las organizaciones— amerita ser tratado durante el receso tribunalicio. El Gobierno defendió el DNU a través de dos comunicados y dijo que enviará una reforma de ley más profunda al Congreso.
Mientras el Congreso sigue en modo vacaciones, Unión por la Patria, Unidos y el FIT rechazan el decreto que se reestructura la Secretaría de Inteligencia y trabajan para voltearlo en el recinto. Falta un puñado de votos pero todavía hay margen para sumar voluntades en contra de la normativa. La oposición en Diputados está cada vez más cerca de voltear el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reestructura la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). “Cuando tengamos 125 votos a favor del rechazo, vamos al recinto”, avisó uno de los dirigentes que trabaja para voltear el decreto. Hoy, son 122 los legisladores que están en contra de ese decreto y, todavía, hay margen para sumar voluntades. “El Gobierno está un poquito preocupado”, se ilusionan desde uno de los principales bloques de la oposición. Es que el decreto que se oficializó en las primeras horas de enero está en la cuerda floja. El texto generó fuerte rechazo, entre otros ítems porque habilita a personal de inteligencia a aprehender personas sin orden judicial. De todas maneras, al igual que todo DNU, tiene fuerza de ley hasta tanto sea rechazado por ambas Cámaras en el Congreso. Tras la marcha contra la reforma laboral, la CGT abre ahora una ronda de consultas con los gobernadores. Reforma laboral: CGT rechaza sumarse a mesa técnica de La Libertad Avanza en el Senado En menos de un mes, la reforma se votaría en el Senado y Santilli sale a buscar los votos. Con números justos, el Gobierno mide cuántos votos puede sumar para la reforma laboral Entre los bloques que están dispuestos a rechazar el DNU en el recinto de la Cámara baja se encuentran Unión por la Patria (93), Unidos (que cuando jure Juan Schiaretti reunirá 22 bancas) y el FIT (4). Además, quienes llevan el "poroteo" fino incluyen a la cordobesa Natalia de la Sota y al puntano Jorge “Gato” Fernández. La exlibertaria Marcela Pagano también levantará la mano en contra del texto. Ya lo tildó de “inconstitucional”. Los números, para los diputados opositores, son auspiciosos. “Para el DNU 70/23 nunca pasamos la frontera de los 115 rechazos", dijeron desde Unión por la Patria. Se refieren al extenso decreto firmado durante los primeros días del gobierno de Javier Milei, que modificó cerca de 300 leyes. Si bien parte del mega decreto fue paralizado por la justicia y hasta rechazado en el Senado, la oposición jamás logró voltearlo en la Cámara baja. En cambio, ahora, manejan 122 rechazos y, todavía, hay margen para pescar algunos votos. "Lo más difícil es reunir el quorum", reconocen por estas horas en las filas de la oposición. Es decir, necesitan que 129 diputados se sienten en sus bancas para poner en marcha la sesión. De llegar a sortear este primer obstáculo, las chances de que el texto naufrague en Diputados son altas. El asunto es que el oficialismo trabaja en la dirección contraria, para que el texto siga en pie. Con que una de las dos cámaras lo apruebe, este quedaría blindado. Las dudas son si el DNU correrá la misma suerte que aquel que aumentaba los fondos reservados de la SIDE, que se convirtió en el primer decreto rechazado por el Congreso, desde que existe esa herramienta. DNU de la SIDE: de dónde sacar votos ¿Dónde podrían pescar algunos votos extra? Entre los diputados que trabajan para llevar el tema al recinto todavía no tantearon, por caso, a los bloques provinciales, como Innovación Federal, Independencia y Primero Catamarca. Así como también La Neuquinidad o Por Santa Cruz. Tampoco indagaron en las Fuerzas del Cambio, el interbloque que conduce Cristian Ritondo. En él conviven el PRO, la UCR, el MID y la radical que armó monobloque Karina Banfi. No habría que descartar que, de este espacio, salgan algunos rechazos más. Lo propio podría ocurrir con los exlibertarios que armaron País Federal. El DNU que busca voltear la oposición. Boletín Oficial Mientras los diputados despliegan la única herramienta que tienen para sumar voluntades, que es “convencer al resto”, como dijeron desde Unión por la Patria, siguen de cerca otros frentes. Por un lado, el judicial, donde ya se hicieron tres presentaciones judiciales en contra del DNU. Una del CELS, otra de referentes radicales y una tercera de la Coalición Cívica. Más de un diputado se ilusiona con que algún juez lo frene hasta tanto el Congreso le dé “respaldo institucional”. Al mismo tiempo, los bloques opositores siguen metiendo presión para que los presidentes de ambas Cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, conformen la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que la que se tiene que pronunciar sobre la validez del DNU; así como también la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Por ahora, las dos autoridades miran para el costado. Mientras tanto, el Congreso (en especial el Senado) sigue en modo vacaciones. Las expectativas están puestas en que se reactive el 11 de febrero, día en que –según aseguró la senadora Patricia Bullrich—se trataría la reforma laboral en el recinto de la Cámara alta. Con los diputados y senadores en zona, habrá un panorama más claro del futuro del DNU.
El presidente hizo la afirmación en un reportaje con un medio británico. La acusación será por traición a la patria, entre otros delitos. Javier Milei volvió a defender el principio de autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas y cuando le pidieron que se retracte vía carta documento no lo hizo. Fue el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM). La organización le dio 24 horas al presidente para que rectifique sus dichos. Frente a la omisión de respuesta, ahora irán a la Justicia con una denuncia penal en su contra. La carta documento del CECIM fue enviada el 2 de enero, dirigida al mandatario. Allí, el presidente del organismo, Rodolfo Carrizo, lo exhortó a que se retracte públicamente de las afirmaciones vertidas durante una entrevista que dio al medio británico The Telegraph y que apareció publicada el 29 de diciembre del 2025. En uno de los párrafos, el autor del artículo señaló que Milei “dice que el territorio (por las Islas Malvinas) debería regresar a la Argentina sólo a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”. Aunque suene increíble no fue la primera vez que el mandatario argentino pronunció una frase similar. El 2 de abril del año pasado, cuando participó del acto por el Día del Veterano y los Caídos de Malvinas, ratificó su defensa de la soberanía argentina sobre las Islas pero advirtió que “dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”. En aquel entonces fue más allá. “Buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos (por los kelpers) prefieran ser argentinos y que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”, lanzó. Excombatientes denunciarán a Milei por haber dicho que son los kelpers los que deben decidir la soberanía de Malvinas Ni esas afirmaciones ni las recientes pasaron desapercibidas. Los primeros en salir a criticar al presidente fueron los veteranos de Malvinas, que señalaron que esas declaraciones son contrarias a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que dice que “la Nación ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional”. Esa manda también señala que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. Esa misma disposición fue citada en la carta documento que le mandó el presidente del CECIM a Milei días atrás, con la aclaración de que “la manda constitucional exhorta a respetar el modo de vida de los isleños, pero nunca, bajo ningún punto de vista ni fundamento, sus deseos”. Sobre esa base, el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, que representa al CECIM, confirmó a Tiempo que en los próximos días denunciarán a Milei ante la Justicia Federal de Comodoro Py. La intención es pedir que se habilite la feria judicial, pero en caso de que eso no ocurra insistirán en febrero, una vez que se reanude la actividad de la Justicia. “Le hemos dado el plazo prudencial para que se retracte y no lo hizo”, aseguró el letrado. Cuando en abril del año pasado Milei se pronunció por primera vez a favor del principio de soberanía de los habitantes de las Islas ocupadas ilegalmente por Reino Unido, la Confederación de Combatientes de Malvinas fue a Comodoro Py y presentó una denuncia contra el presidente. Le achacaron la comisión de los delitos de violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la Patria, pero la denuncia no prosperó. En aquel entonces, el juez Sebastián Ramos le pidió al fiscal Carlos Rívolo que dictamine sobre la presentación, y el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) postuló su desestimación tras alegar la inexistencia de delito. Para el representante de la acusación pública, de los dichos del presidente no se había desprendido “una intención de renunciar a los reclamos de soberanía” que ordena la Constitución. Asimismo alegó que se pretendía atribuirle un supuesto abuso de autoridad “solamente por sus dichos en el marco de un discurso” cuando “esas manifestaciones no se tradujeron en alguna resolución u orden específica que pueda llegar a considerarse contraria a la ley”. En síntesis, para el fiscal recién podría haber un incumplimiento en caso de que el presidente firme una resolución en línea con la defensa de la autodeterminación de los habitantes de las Malvinas. Excombatientes denunciarán a Milei por haber dicho que son los kelpers los que deben decidir la soberanía de Malvinas El fiscal Rívolo desestimó la primera denuncia contra Milei por decir que los kelpers deben decidir. Foto: Marco Albornoz Para Guerrero Iraola, el argumento que usó el fiscal en ese entonces está lejos de ser razonable. “El presidente y el canciller tienen carácter de plenipotenciario y obligan a la República Argentina ante la comunidad internacional. Hay un principio del Derecho Internacional que se llama Teoría de los Actos Propios, que justamente lo que determina es que cuando un plenipotenciario se expresa en un sentido y hay otro Estado que puede eventualmente consolidar un derecho o sacar provecho de esa situación, eso configura un precedente en el marco del derecho internacional”, explicó. En esa línea, el abogado sostuvo que no se trata de “un borracho diciendo una cosa en una plaza” sino que es el presidente de la Nación, que tiene misión, atribuciones y funciones en el marco de la representación del Estado Argentino. “Sostener que necesitás un acto escrito o una resolución para que los dichos o actos de una personalidad pública de esa envergadura genere efectos jurídicos es una burrada”, añadió.
El presidente brasileño terminó de decidirlo después de que su par argentino posteara una foto suya con Maduro; es el peor momento del vínculo bilateral El día en que el Mercosur lograba en Bruselas la aprobación de su acuerdo con la Unión Europea, fue también el de un ácido conflicto en el seno del bloque sudamericano. El gobierno de Brasil resolvió no seguir representando los intereses de la Argentina en Venezuela. La Cancillería argentina fue informada de esa decisión por la diplomacia brasileña y buscó un reemplazo en Italia, que ahora se hará cargo de esa delegación ante Caracas. La decisión de no seguir gestionando la agenda argentina ante el régimen chavista fue tomada por Luiz Inacio Lula da Silva. El motivo fue el fastidio que produjo en el presidente de Brasil la primera presentación que realizó su colega Javier Milei sobre la captura de Nicolás Maduro por el gobierno de los Estados Unidos, el sábado pasado. Ese mismo día, la cuenta del Presidente reproducía un video de su discurso en la última reunión de presidentes del Mercosur. Allí él había respaldado la presión militar norteamericana sobre Venezuela. Cada frase de Milei estuvo intercalada con una imagen de Lula, como si fuera un mensaje dirigido a un único destinatario. Sin embargo, lo que causó el enojo brasileño es que el post terminaba con una imagen de Lula y Maduro abrazados. Esa fue la gota que rebalsó el vaso de un vínculo muy agresivo entre los dos mandatarios. La decisión de la diplomacia brasileña de desentenderse de los intereses argentinos en Caracas es un indicador del pésimo estado de la relación bilateral entre la Argentina y Brasil. Es difícil encontrar un momento peor desde la restauración democrática de ambos países. La asunción por parte de Brasil de la representación argentina ante Caracas fue un intento de Lula da Silva de mejorar el trato con Milei. El gobierno argentino había desconocido el resultado de las elecciones por las que Maduro siguió en el poder, denegando el triunfo a su rival Edmundo González Urrutia. Esa postura de la Casa Rosada hizo que en julio de 2024 recrudeciera la agresividad chavista. Comenzó a haber un acoso sistemático sobre la embajada argentina en Caracas, adonde habían ido a buscar asilo los miembros del equipo de campaña de María Corina Machado, perseguidos por la dictadura. El desenlace de esa presión creciente fue que el gobierno de Maduro expulsó a los diplomáticos argentinos. El 1 de agosto Brasil resolvió encargarse de los intereses argentinos. La bandera de Brasil se izó en la embajada de la Argentina. Venezuela lo aceptó. Pero, en septiembre, intentó revocar esa aceptación alegando que dentro de la sede diplomática se realizaban actos en contra de altos funcionarios del chavismo. La actitud del régimen chavista expresaba también un conflicto creciente con el gobierno brasileño que, con una tonalidad menos agresiva, tampoco reconocía el triunfo de Maduro. Ese entredicho terminó de manera conflictiva el 22 de octubre de 2024, cuando Lula se negó a que el dictador venezolano participara como invitado de una cumbre de los BRICs que se celebraba en la ciudad rusa de Kazán. Ese distanciamiento de Brasilia con Caracas hizo que la asociación de Lula con Maduro promovida por Milei causara más malestar en la presidencia brasileña. El conflicto de Milei con Lula es antiguo. Milei siempre creyó que el líder del PT intervino a favor de Sergio Massa en la campaña por el ballotage de 2023 enviándole a su propio equipo de campaña. El gobierno de Brasil ha negado esa intromisión, aclarando que esa contratación había corrido por cuenta de Massa. Milei sospecha que esos expertos en marketing fueron los culpables de una campaña sucia contra él y su hermana. Aunque también atribuyó esa operación a Antoni Gutiérrez-Rubí, el asesor catalán de Massa. Lula, a su vez, está agraviado por la cantidad de veces en que Milei lo trató de corrupto, con nombre y apellido. También fue molesto para él que el presidente argentino participara de actos proselitistas de su principal rival interno, Jair Bolsonaro. Un esfuerzo sistemático realizado en Buenos Aires y Brasilia por funcionarios de los dos gobiernos logró encapsular la antipatía personal de los presidentes, para que no afectara la relación bilateral. Esa relación no sólo es crucial para las negociaciones del Mercosur con terceros bloques y países. También es importante para los grandes proyectos energéticos que se tramitan entre los dos países, sobre todo el que está orientado a proveer gas de Vaca Muerta al mercado brasileño. Desde la captura de Maduro, en especial desde ese posteo de Milei en su cuenta de X, la enemistad volvió a primer plano. No parece ser la consecuencia de un arrebato emocional. Carente de rivales internos de peso, es posible que el presidente argentino quiera constituir su propia imagen en oposición a un líder de centroizquierda de la dimensión de Lula. Esa pretensión se vería reforzada por una iniciativa en el plano diplomático: el sueño de Milei de liderar un bloque de diez países con gobiernos de derecha. Hay varios indicios de que ese experimento tendría un matiz anti-Lula. El primero de ellos fue la divulgación de la Cancillería argentina, a través de mensajes de terceros en redes sociales, de una noticia resbaladiza: que el canciller argentino, Pablo Quirno, fue crucial para que una decena de países rechazara en la CELAC una condena a la intromisión de Trump en Venezuela, promovida, sobre todo, por Brasil y México. Fuentes diplomáticas de esos dos gobiernos niegan que ese documento haya existido por la sencilla razón de que en la CELAC sólo prosperan pronunciamientos unánimes. Una declaración contra Trump jamás lograría el consenso absoluto. Con la decisión brasileña de ayer el clima bilateral estará más tenso. Por eso será interesante ver qué posición tomarán en la constitución de esa liga de gobiernos de derecha países que, siendo aliados ideológicos de la Argentina, mantienen siempre una relación amigable con Brasil, como es el caso de Bolivia y Paraguay.
La Justicia habilitó la feria para exigir que Capital Humano entregue alimentos a comedores. El hambre no espera y el reclamo avanza. La Justicia federal resolvió habilitar la feria judicial para tratar un reclamo que exige al Ministerio de Capital Humano garantizar la entrega de alimentos a comedores comunitarios. La medida fue adoptada tras una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que alertaron sobre el impacto directo de la demora judicial en familias en situación de extrema vulnerabilidad. Reforma laboral: negociaciones contrarreloj y pulseada en Diputados La decisión fue tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Walter Lara Correa, con el objetivo de evitar que el receso judicial frene el cumplimiento de una medida cautelar ya vigente. El reclamo judicial y la urgencia social Las organizaciones sociales acudieron a la Justicia ante la paralización de los plazos procesales durante la feria, lo que impedía avanzar con las intimaciones ya ordenadas para relevar e incorporar a 30 comedores comunitarios a la política alimentaria estatal. Según advirtieron, la postergación agravaba una situación crítica: cientos de familias dependen diariamente de esos espacios para acceder a alimentos básicos, en su mayoría niños y niñas de barrios populares. Antes de que se confirmara la habilitación, el CELS había reclamado públicamente que la actividad judicial no se interrumpiera. “El hambre no espera. Aplazar la resolución agrava la situación de las familias que van a los comedores”, señalaron, al recordar que ya son 72 los comedores que volvieron a recibir alimentos gracias a cautelares anteriores. El rol del Ministerio Público Fiscal El pedido fue analizado por el Ministerio Público Fiscal, que dictaminó a favor de la habilitación de la feria judicial. En su intervención, el fiscal remarcó que en la ejecución de la medida cautelar se encuentra comprometido el derecho humano a una alimentación adecuada, de cumplimiento inmediato. También subrayó que el colectivo afectado atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica y que cualquier demora judicial podía tornar ineficaces las medidas ya ordenadas. La resolución del juez Lara Correa Con esos fundamentos, el juez Walter Lara Correa resolvió habilitar la feria judicial “al único efecto” de tratar lo solicitado por la parte actora y permitir el avance del expediente durante el receso. Además, ordenó incorporar una presentación realizada por el Ministerio de Capital Humano y correr traslado a las organizaciones demandantes para que fijen su postura antes de definir los próximos pasos procesales. Un conflicto que arrastra fallos adversos para el Gobierno El reclamo se inscribe en una larga disputa judicial por la política alimentaria. En noviembre de 2024, el Estado nacional fue condenado en primera instancia por no garantizar el derecho a la alimentación, fallo que fue confirmado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en abril de 2025. Aunque la discusión de fondo llegó a la Corte Suprema, continúa vigente una medida cautelar que obliga al Ministerio de Capital Humano —a cargo de Sandra Pettovello— a garantizar la asistencia alimentaria interrumpida tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia. En ese marco, el juzgado autorizó al Ministerio a relevar y cotejar el funcionamiento de los comedores. “Eso permitió demostrar que la mayoría existen y que algunos dejaron de funcionar precisamente porque dejaron de recibir alimentos”, explicó Leonel Bazán, abogado del CELS. Qué puede pasar ahora Las organizaciones presentaron en noviembre pasado una lista de 30 nuevos comedores para ser incluidos en el programa Alimentar Comunidad. El juzgado había otorgado un plazo de diez días para el relevamiento, pero el inicio de la feria judicial amenazaba con frenar el proceso. Con la habilitación ya resuelta, el expediente seguirá activo y el Gobierno deberá avanzar con las medidas ordenadas para garantizar el derecho a la alimentación en comedores ubicados en distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Jujuy y Catamarca. SIDE Ajuste récord: sube inteligencia y caen salud, obras y educación Tanto el juez como la Cámara advirtieron al Estado nacional que no puede adoptar medidas regresivas que vulneren un derecho humano básico protegido por la Constitución y los tratados internacionales.
Una investigación publicada en una revista científica del grupo Nature reveló un posible efecto celular del tratamiento más utilizado contra la enfermedad de Parkinson. El estudio fue realizado por un equipo internacional integrado por científicos del CONICET en Córdoba y un laboratorio francés, y vuelve a poner en primer plano el valor estratégico de la ciencia pública argentina. Un trabajo científico de alto impacto internacional volvió a ubicar a la ciencia argentina en la primera línea de la investigación en neurociencias . El estudio, publicado en npj Parkinson’s Disease , fue desarrollado por un equipo conjunto de investigadores del CONICET , con base en el Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBIC, CONICET-UNC) , y por científicos de un laboratorio de la Universidad Grenoble Alpes, en Francia . La investigación se enfocó en analizar los efectos celulares de la L-Dopa , el fármaco más utilizado desde hace décadas para tratar los síntomas motores del Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo. El trabajo fue suscripto por un equipo interdisciplinario integrado, entre otros, por Yanina Ditamo, C. Gastón Bisig y Leticia Peris , investigadores argentinos que se desempeñan en el CIQUIBIC (CONICET-UNC) , junto a colegas internacionales que desarrollan sus tareas en la Universidad Grenoble Alpes , una de las instituciones europeas de referencia en biología celular y neurociencias. La articulación entre el CONICET y centros de investigación europeos permitió abordar el problema desde una perspectiva molecular y celular avanzada, demostrando la capacidad del sistema científico argentino para integrarse a redes internacionales de excelencia . Qué descubrieron sobre el Parkinson El estudio analizó cómo la L-Dopa puede incorporarse en los microtúbulos neuronales , estructuras esenciales del citoesqueleto que sostienen la forma de las neuronas y permiten el transporte interno de moléculas. Los resultados mostraron que esta modificación altera la dinámica normal de los microtúbulos y provoca una reducción en la estabilidad de las sinapsis , los puntos de contacto a través de los cuales las neuronas se comunican entre sí. En neuronas cultivadas en laboratorio, esto se tradujo en una disminución de la densidad de sinapsis excitadoras , un hallazgo de gran relevancia para comprender procesos cognitivos y motores. Si bien los propios investigadores aclaran que se trata de resultados experimentales y que aún se requieren más estudios para evaluar su impacto clínico directo, el trabajo abre nuevas preguntas sobre los efectos a largo plazo del tratamiento estándar del Parkinson . Ciencia básica, la base de la medicina del futuro Este tipo de avances no surge de la nada. Son el resultado de años de investigación básica , una etapa fundamental del conocimiento científico que muchas veces es atacada por sectores que exigen resultados inmediatos o rentabilidad económica. Sin investigación básica no hay innovación terapéutica posible. Comprender qué ocurre dentro de una neurona es lo que permite, a largo plazo, mejorar tratamientos, reducir efectos adversos y pensar nuevas estrategias médicas . El CONICET como motor del conocimiento La participación de científicos del CONICET en un estudio de estas características no es una excepción, sino una muestra del potencial del sistema científico nacional. A pesar de los ajustes presupuestarios y del discurso de desprestigio que enfrenta la ciencia pública, los investigadores argentinos continúan produciendo conocimiento reconocido a nivel mundial . El CIQUIBIC , dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, es uno de los centros donde se desarrollan investigaciones de frontera en biología molecular, química biológica y neurociencias, formando recursos humanos altamente calificados y generando aportes concretos a la salud global. Ciencia, salud y soberanía Que científicos argentinos participen activamente en estudios publicados en revistas del máximo nivel internacional no es un dato menor. Es una demostración clara de que invertir en ciencia no es un gasto, sino una política de soberanía . En un contexto donde se intenta minimizar el rol del CONICET, este hallazgo sobre el Parkinson vuelve a dejar un mensaje contundente: sin ciencia pública no hay futuro, y sin el CONICET la Argentina queda afuera del conocimiento que define el mundo que viene .
Mientras continúa la alerta por el avance del fuego en Chubut, la normativa fue aprobada de forma unánime y abarca siete áreas estratégicas. La situación en el noroeste de Chubut por los incendios alcanzó un punto crítico, por lo que este martes el Concejo Deliberante de Epuyén oficializó la declaración de Estado de Catástrofe mediante la Ordenanza 1388/2026. La medida, que rige inicialmente hasta el 30 de junio, busca hacer frente a la reactivación de los focos ígneos que amenazan con forzar nuevas evacuaciones en las próximas horas. chubut: aplicaran multas a quienes hagan fogatas en zonas prohibidas Informate más Chubut: aplicarán multas a quienes hagan fogatas en zonas prohibidas La normativa fue aprobada de forma unánime y abarca siete áreas estratégicas para la asistencia de la localidad: ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria. Con este marco legal, el intendente José Contreras queda facultado para realizar contrataciones directas sin los plazos administrativos tradicionales; gestionar de forma urgente asistencia financiera ante los gobiernos Provincial y Nacional; y agilizar la reconstrucción de servicios de agua y luz, hoy colapsados por el fuego. El desastre, que se originó el 5 de enero en El Hoyo, ya ha consumido cerca de 12 mil hectáreas. Las condiciones actuales son alarmantes debido a una combinación de factores climáticos adversos. Por un lado, el clima extremo, con ráfagas de viento de hasta 40 km/h, sequía prolongada y altas temperaturas, continúa complicando las tareas para controlar los incendios. Además, los focos en la zona de Puerto Patriada se reactivaron y han cobrado fuerza, destruyendo viviendas a su paso. En este marco, las autoridades solicitaron a los vecinos mantenerse en estado de alerta máxima, ya que el desplazamiento de las familias es inminente si las llamas continúan avanzando hacia las zonas pobladas. Ya son más de 13.000 las hectáreas alcanzadas por el fuego en Chubut Este lunes se cumplió una semana desde el inicio del incendio forestal que afecta a la provincia de Chubut. El gobernador provincial Ignacio Torres encabezó una evaluación de la situación junto a las autoridades que integran el Comando de Operaciones, donde se analizó el avance de los distintos frentes y el despliegue de recursos humanos, técnicos y aéreos. Según el último informe oficial del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, se implicaron un total de 646 personas, entre combatientes y equipos de apoyo que trabajan actualmente en el plan de control del incendio, que permanece activo y ya consumió más de 13.600 hectáreas.
El exlíder de Los Redonditos de Ricota se mostró emocionado con la distinción y reapareció en redes sociales para agradecer el reconocimiento de una de las universidades públicas más importantes del país. El mítico artista Carlos Alberto "Indio" Solari agradeció a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el Doctorado Honoris Causa que le fue otorgado en diciembre pasado . La distinción reconoció su vasta trayectoria artística, de más de cinco décadas, y su aporte a la “cultura popular” de la Argentina. Te puede interesar: La UBA le entregará el título de honoris causa al Indio Solari “Habla Indio, quería por este medio agradecerles tanto al rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsaron esta distinción que a mí me pone muy feliz”, expresó el cantante, compositor y letrista, fundador y voz emblemática del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y referente creativo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Además, añadió: “Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a aquellos que les parece bien que yo merezca esta distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias” , concluyó El Indio, de 76 años, quien reapareció a través de un audio que fue difundido por los canales digitales de la UBA. El Doctorado Honoris Causa entregado al Indio Solari La Universidad de Buenos Aires (UBA) entregó el título de honoris causa a Carlos "Indio" Solar i, exlíder de Los Redonditos de Ricota, en diciembre pasado. En los considerandos de la resolución emitida por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires se destaca que, "con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari -conocido artísticamente como 'Indio Solari'- lo ha convertido en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país" . También se remarca que sus letras, de notable densidad poética y simbólica, han sido objeto de análisis desde múltiples perspectivas académicas -filosóficas, sociológicas, literarias y culturales- y que su obra ha contribuido a la construcción de un lenguaje propio, crítico de la realidad social, el poder y las desigualdades , con una relación singular y profunda con su público. En virtud de la originalidad de su obra, de su aporte a la cultura y al pensamiento crítico , y de su incidencia en la producción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico del país, la Universidad de Buenos Aires resolvió concederle esta distinción. "Carlos Alberto Solari es una de las figuras más influyentes de la música popular argentina . Su trayectoria artística y cultural lo ha consolidado como un referente ineludible del rock nacional y de la cultura contemporánea", aseguraron desde la Universidad. Mirá el mensaje del Indio Solari tras el reconocimiento de la UBA
Miembros de la aldea Pulgar Huentuquidel en El Hoyo fueron requisados por considerarlos iniciadores del fuego que los afectó a ellos mismos. En Puerto Patriada, provincia de Chubut, avanzan el fuego y el racismo. Miembros de la comunidad Pulgar Huentuquidel denunciaron este martes que, además de sufrir el incendio de cinco casas, fueron blanco de los allanamientos ordenados por el titular de la Fiscalía de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer. El fiscal sostuvo en una entrevista radial que la acusación del Gobierno Nacional de que grupos mapuches están detrás de los incendios, “es lo más alejado de la realidad en la que vivimos” y que eso “está totalmente descartado”. Sin embargo, Díaz Mayer ordenó allanamientos en una zona arrasada por el fuego por considerar que los incendios se iniciaron por un conflicto territorial interno de la comunidad. “Siempre pasa lo mismo, culpan a los integrantes de la comunidad de quemar sus propias viviendas, algo totalmente absurdo. Están buscando un responsable y culpar a los mapuches y tehuelches, en este caso. Es lo más fácil para decir que están haciendo algo. Los mapuches son personas que se dedican a reforestar cada vez que se quema el bosque, a plantar los árboles que había antes, como los cipreses y los radales”, dijo en conversación con Página/12 la escritora, cantante y activista cultural Carina Carriqueo, sobrina de Margarita Muñoz, una de las personas cuya casa fue allanada. “Hay mucha tensión. Margarita está prácticamente sitiada en la comunidad. No se puede acceder y hay mucho enojo en el pueblo”, agregó Carriqueo, que se crio en esa zona, y una de las casas que se quemaron es la de su madre. El territorio donde se encuentra la comunidad Pulgar Huentuquidel está marcado por las luchas de las comunidades mapuches y tehuelches. “Tenemos una historia ancestral muy fuerte, muy importante para nosotros como comunidad. Lo que ha pasado ahí con los pobladores de Patriada no viene de ahora, viene de hace muchas décadas. Hay intereses inmobiliarios, las tierras son muy codiciadas, están al lado de un lago precioso, que es un espejo”, agregó. No encontraron nada La hija de Muñoz, Rocío Brizuela, contó en una entrevista televisiva que “me despertó un policía con una orden de allanamiento. Supuestamente era por la investigación del incendio. No nos dijeron de qué me acusan. Buscaron y no encontraron nada”. “Me sorprende porque no voy a andar haciendo daño a mis propios animales, a mi propia casa y a mi propia familia”, afirmó luego. En esos allanamientos no hubo detenidos ni imputados, pero se llevaron los celulares para continuar con la investigación. Las versiones del Gobierno y la fiscalía El Ministerio de Seguridad de la Nación no vaciló en responsabilizar a grupos mapuches por los incendios. “Los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”, publicó la cartera que dirige Alejandra Monteoliva. La peligrosa acusación de “terrorista” Su antecesora y actual senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, publicó en la red social X: “Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas. La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas”. El fiscal Díaz Mayer –a cargo de la investigación por los incendios– negó de plano la versión oficialista el domingo en una conferencia de prensa en Las Golondrinas –dentro del Departamento Cushamen, Chubut– junto al jefe de la policía provincial, comisario general Andrés García. “Es lo más alejado de la realidad”, sostuvo Díaz Mayer en una entrevista radial. El fiscal sostuvo que no descarta que el incendio haya sido intencional, dado que “el primer perito que intervino fue con un aparato que determinó la existencia de gases que evidencian el uso de combustible”. En la conferencia de prensa, el fiscal y el comisario detallaron los avances de la investigación y justificaron los allanamientos. “Hicimos una serie de allanamientos en los que secuestramos celulares que nos podrían dar información sobre el inicio de los incendios”, dijo Díaz Mayer. Los elementos de la investigación que tomó en cuenta para pedir la orden de allanamientos fueron los videos de las cámaras de seguridad del ingreso a Puerto Patriada, en donde se ve una camioneta que llevaba muchas cajas y objetos –“como si fuera una mudanza”, precisó el comisario García–, y los testimonios de dos testigos que se presentaron a la comisaría y dijeron que la camioneta era de una familia de la comunidad. Una historia de prejuicios La sospecha sobre Muñoz, según el fiscal, se deriva de lo dicho por los dos testigos. “Esta mujer vino desde Buenos Aires, hizo dos intentos de ingresar a la parte administrativa de la comunidad, pero no pudo. No la dejaron participar, pero sí la dejaron vivir allí. Esto generó broncas y peleas con la gente del lugar y creemos que ese puede ser uno de los motivos de los incendios. Creemos que puede ser una de las hipótesis de la investigación”, explicó Díaz Mayer. Carriqueo dijo a este diario que esa versión carga con un sesgo racista a partir del cual prima la sospecha sobre los pueblos originarios. La pertenencia de Margarita Muñoz a la comunidad es histórica: es hija de Zoila Pulgar Huentuquidel, que a su vez es hija de Lorenzo Pulgar y Teresa Huentuquidel, pobladores que llevan muchos años en ese territorio. “Es una familia grande y siempre hay desacuerdos, pero los conflictos se arreglaron y viven todos en la comunidad”, contó Carriqueo. En relación a la camioneta, sostuvo que “no hay pruebas de nada, simplemente se basan en dos personas que vieron la camioneta, pero nadie se puso a ver los 500 autos de turistas que pasan por día en la zona”. Al cierre de esta nota, la situación en la comunidad era muy tensa: el accionar del Poder Judicial y de la policía desató la sospecha contra la población mapuche-tehuelche de Pulgar Huentuquidel. “La comunidad siempre sufrió estas apretadas que generan desánimo y discriminación de parte de algunas personas del pueblo –habitantes de El Hoyo–. Los vecinos saben perfectamente quién es Margarita y quién fue Zoila porque las conocieron, también a mi abuelo –Lorenzo Pulgar–”, contó Carriqueo. Y concluyó: “siempre hay personas que creen que tienen más derecho que los que vivieron siempre ahí. Esta es una estrategia que ya conocemos”.
Aseguran que “nunca más vamos a ver esta zona de la cordillera como la conocíamos”, porque “el desastre ambiental es tremendo”. El diputado nacional Juan Pablo Luque (Unión por la Patria-Chubut) afirmó este martes que con los incendios que están arrasando el sur del país “nunca más vamos a ver esta zona de la cordillera como la conocíamos”, y aseguró que para esa región “el desastre ambiental es tremendo”. Luque, junto a otros diputados nacionales, presentó un proyecto de ley que, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, declara la “Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la Patagonia”, frente a la gravedad de los incendios forestales que afectan amplias zonas de las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. La iniciativa prevé desembolso inmediato de fondos nacionales, aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las provincias afectadas, asistencia directa a personas y familias damnificadas, reconstrucción de viviendas dañadas o destruidas y aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en las zonas afectadas. Luque explicó que el proyecto contempla asimismo “habilitar partidas del presupuesto, de manera extraordinaria porque es una emergencia”, para paliar la situación de los afectados que perdieron viviendas, ganado y actividad en una temporada clave para la región por el turismo. “La gente que vive en la comarca andina vive durante el año con lo que se saca en la temporada de verano. Esa gente no va a poder pagar sus impuestos, entonces planteamos exenciones para que haya menos presión fiscal y aumentar la AUH a aquellas personas que han perdido sus viviendas y sus bienes”. Criticó, además, que desde el Gobierno nacional se haya mencionado a sectores de la comunidad mapuche como vinculados al origen de los incendios. “Buscan estigmatizar a un sector como los mapuches, que hasta un fiscal y los gobiernos provinciales han asegurado que no han tenido ninguna incidencia en estos incendios”, afirmó. Luque reclamó que el Gobierno nacional “tenga una sensibilidad que hasta ahora no ha tenido, y que se vio cuando el Presidente (Javier Milei) se expresó con un mensaje muy frío”. “Vino la semana pasada el ministro del Interior (Diego) Santilli pero no para ayudarnos con los incendios, sino a buscar voluntades de los senadores que responden al Gobierno provincial para apoyar la reforma laboral”, expresó.
Durante meses, el presidente Javier Milei sostuvo una promesa tan rotunda como riesgosa: la inflación en Argentina iba a desaparecer. No como una meta de largo plazo ni como una tendencia gradual, sino como un resultado concreto, medible y cercano. En entrevistas, streams y apariciones públicas hacia fines de 2025, aseguró que para mediados de 2026, incluso para agosto, la inflación mensual “empezaría con cero coma algo”. La explicación era técnica y presentada como irrefutable: saneamiento del Banco Central, control estricto de la cantidad de dinero y rezagos monetarios de 26 meses. Una cuenta cerrada. Un dogma libertario.A comienzos de 2026, sin embargo, la escena es otra. Un informe reciente de Goldman Sachs proyecta para la Argentina una inflación anual del 20% en 2026. Lejos de ser leído como una señal de incumplimiento de la promesa presidencial, el dato fue presentado por sectores oficialistas y medios afines como una noticia extraordinaria, casi épica: “el nivel más bajo desde 2013”, “una caída brutal”, “un milagro económico”.En términos históricos, el recorrido es innegable: 211% en 2023, alrededor de 118% en 2024, un 31% estimado para 2025 y una proyección del 20% para 2026. La desaceleración es real. Goldman Sachs la atribuye al ajuste fiscal sostenido, a las reformas estructurales y a una mejora en la confianza del mercado, incluso señalando que el resultado electoral facilitó ese proceso. El mismo informe proyecta, además, un crecimiento del PBI del 2,7% para 2026.Un 20% anual implica, en promedio, una inflación mensual cercana al 1,5%. Puede ser un alivio en un país acostumbrado al desborde inflacionario. Puede representar una mejora respecto del colapso previo. Pero está muy lejos de lo que el propio presidente prometió. No es “cero coma algo”. No es estabilidad de precios. No es el final del problema inflacionario. Es, apenas, una versión más ordenada del mismo fenómeno.La distancia entre promesa y realidad se vuelve todavía más evidente cuando se observa que el propio mercado converge en el mismo número. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina ubica la inflación de 2026 en torno al 20–21%, prácticamente en línea con Goldman Sachs. Ni bancos, ni consultoras, ni analistas financieros, ni agentes económicos creen en una inflación mensual cercana a cero en el corto plazo. Ni siquiera el Presupuesto oficial logró sostener un escenario claramente más optimista: las proyecciones oscilaron entre bandas amplias que, en los hechos, validan ese mismo orden de magnitud.En ese contexto aparece un segundo giro discursivo, aún más revelador: la comparación internacional. En placas celebratorias y posteos oficiales se insiste con que la Argentina “salió del top 10 de los países con más inflación del mundo”. El dato es formalmente correcto, pero conceptualmente tramposo. Según esas mismas comparaciones, el país solo quedó por detrás de economías atravesadas por guerras, colapsos estatales o crisis humanitarias severas como Irán (42,4%), Sudán (87,2%), Zimbabue (89%), Sudán del Sur (97,5%) y Venezuela (269,9%).Es decir, la nueva vara de éxito no es la estabilidad de precios ni la normalidad macroeconómica, sino dejar de compartir ranking con Estados fallidos o economías en emergencia permanente. El desplazamiento del relato es evidente: se pasó de prometer el fin de la inflación a celebrar no estar entre los peores del planeta.Ese cambio no es menor. Pasar del “vamos a terminar con la inflación” al “ya no estamos entre los cinco países con más inflación del mundo” no es una hazaña económica: es una redefinición del fracaso. La inflación sigue siendo alta para cualquier país que aspire a funcionar con previsibilidad, crédito y salarios reales estables, pero se la presenta como un triunfo porque el punto de comparación dejó de ser el mundo desarrollado y pasó a ser el infierno inflacionario global.A eso se suma otro dato que suele quedar fuera del festejo: el propio informe de Goldman Sachs advierte riesgos al alza. Tensiones cambiarias, presiones sobre el dólar y eventuales desajustes en el frente externo podrían enlentecer o incluso revertir el proceso de desinflación. El 20% no está garantizado. Es una proyección, no una certeza. Y aun si se cumple, sigue sin ser lo prometido.En definitiva, lo que hoy se presenta como un “milagro económico” es, en realidad, un ajuste de expectativas a la baja. Para algunos, es un avance histórico: sacar a la Argentina del podio mundial de la inflación extrema. Para otros, es la prueba de que la épica libertaria chocó con los límites de la economía real. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.Pero conviene no confundirlas.Reducir la inflación es un paso necesario. Vender el 20% como si fuera inflación cero es otra cosa. Es marketing político. Y cuando el marketing reemplaza a la verdad, el milagro dura lo que dura el titular.
Entre los "líderes más influyentes" del mundo el diario The Telegraph le otorgó el segundo puesto detrás de Giorgia Meloni, y por delante de Donald Trump, Volodimir Zelensky y Benjamin Netanyahu. En una entrega de sumisión diplomática sin precedentes, el presidente Javier Milei utilizó días atrás las páginas del diario británico The Telegraph —histórico vocero del pensamiento conservador y colonialista del Reino Unido—, para dinamitar décadas de consenso jurídico y constitucional sobre las Islas Malvinas. Bajo la promesa de una "relación madura", el mandatario argentino afirmó que el archipiélago solo volverá a soberanía nacional "cuando los isleños lo deseen". Esta frase, que otorga a la población implantada por la fuerza en 1833 un derecho a la autodeterminación que las Naciones Unidas les ha negado sistemáticamente, no fue solo un error conceptual: es una violación directa a la Disposición Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional. Mientras el Presidente se declara "anglófilo" y fanático de los Rolling Stones, Londres celebra su docilidad otorgándole el segundo puesto entre los "líderes más influyentes", una burla disfrazada de distinción, frente al saqueo de recursos y la pobreza estructural que azota al País. Javier Milei, entre los líderes más influyentes del mundo según The Telegraph El presidente argentino Javier Milei fue elegido como el segundo líder mundial más influyente por los lectores del prestigioso diario británico The Telegraph, en un ranking que evaluó el impacto político y económico de figuras clave a nivel global. La publicación elaboró dos listados paralelos: uno confeccionado por su equipo editorial y otro surgido de una votación abierta, que reunió más de 10.000 respuestas. En ambos casos, Milei logró ubicarse en posiciones de privilegio, destacándose entre mandatarios de potencias mundiales. El ranking de lectores fue encabezado por Giorgia Meloni, seguida por Milei, Donald Trump, Volodimir Zelensky y Benjamin Netanyahu. Tras la publicación, el presidente argentino compartió la nota con su ya habitual guiño: “Fenómeno Barrial”, celebrando el reconocimiento internacional. El precio de una distinción británica Para The Telegraph, Milei es un fenómeno a destacar. Sin embargo, detrás del "podio" otorgado por los lectores británicos y el entusiasmo de la Casa Rosada bajo el slogan de "Fenómeno Barrial", se esconde un canje peligroso. El objetivo confeso de la visita presidencial a Londres en 2026 es el levantamiento del embargo armamentístico británico. Para obtener componentes militares, el gobierno parece dispuesto a flexibilizar el reclamo soberano, ignorando que Gran Bretaña no solo no muestra señales de retirada, sino que consolida su control sobre 1.620.000 km² de espacio marítimo, avanza en el saqueo de 250.000 toneladas de pescado anuales y acelera el proyecto petrolero Sea Lion. Un "líder mundial" con un pueblo empobrecido Resulta cínico que el medio británico y los voceros oficiales celebren una supuesta "baja de la pobreza" basándose en estadísticas oficiales cuestionadas, mientras los datos de la Universidad Católica Argentina (UCA) y organismos internacionales dibujan una realidad devastadora. 1. Industria en ruinas: Mientras Milei posa con una motosierra dorada en la Casa Rosada, la industria nacional enfrenta un proceso de desintegración. La apertura indiscriminada de importaciones ha sentenciado a muerte a pequeñas fábricas y talleres, incapaces de competir con la producción extranjera tras la eliminación de subsidios y la apreciación de un peso artificial. 2. Salarios de miseria: El salario real en dólares en Argentina ha sufrido una caída estrepitosa, ubicando a la fuerza laboral local entre las más baratas de la región. El "éxito" que celebran los lectores de The Telegraph es, en realidad, el ajuste sobre la espalda de jubilados y trabajadores, muchos de los cuales han caído por debajo de la línea de indigencia. 3. Desempleo y precariedad: La "terapia de shock" ha disparado la desocupación en el sector formal, empujando a millones a la economía informal y la precariedad extrema, lejos del idilio liberal que el presidente describe en sus entrevistas internacionales. La soberanía no es moneda de cambio Hablar de soberanía "no negociable" mientras se entrega la llave de la decisión a los ocupantes británicos es una renuncia encubierta. La distinción del diario londinense no es un honor para la Patria; es el pago por una política exterior que prioriza el beneplácito de la potencia usurpadora por sobre la integridad territorial y el bienestar de los argentinos y argentinas. Las Malvinas no son una cuestión de "deseos" de una colonia implantada; son un derecho irrenunciable de un pueblo que hoy sufre el hambre mientras su presidente busca el aplauso en la capital del imperio que nos arrebata el futuro en el Atlántico Sur.
