Así lo solicitó la querella que representa a la ex presidenta. Ambos estás acusados de homicidio agravado por el atentado del 1° de septiembre de 2022. La querella de la ex presidenta Cristina Kirchner pidió este miércoles condenar a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado a los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte a raíz del atentado a la entonces vicepresidenta ocurrido el 1° de septiembre de 2022. En su alegato final, la querella anticipó que no acusará al tercer detenido Gabriel Carrizo por entender que no hay pruebas para vincularlo con el hecho. El abogado de la ex presidenta, Marcos Aldazábal, inició el alegato en el tramo final del juicio ante el Tribunal Oral Federal 6 con duras críticas a la instrucción de la investigación por el citado atentado. Finalmente, pidió las condenas de 15 años de cárcel contra Sabag Montiel y Uliarte, ante los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari. La querella consideró que el intento de homicidio estuvo agravado por el uso de arma de fuego y el contexto de "violencia de género" que sufría la ex vicepresidenta en ese momento. Sobre Carrizo, explicó que no será acusado por esta querella y que, al consultar el tema con Cristina Kirchner, ella manifestó no usar el derecho penal "para hacer política", por lo cual dijo: "Si no hay que acusarlo, no lo acusen". Sabag Montiel está detenido desde la noche del 1° de septiembre de 2022 cuando gatilló sin éxito un arma a centímetros del rostro de Cristina Kirchner, quien volvía a su casa en el barrio porteño de Recoleta. La etapa de alegatos se inició en esta jornada y seguirá el 20 de agosto cuando sea el turno de la fiscal de juicio Gabriela Baigún.

ATE e H.I.J.O.S (ambos de la sección Capital) denunciaron ante la Justicia Federal al Primer Ministro de Israel por el genocidio contra Palestina y, además, pidieron una orden de captura para cuando realice la visita al país, prevista entre el 7 y 10 de septiembre. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), ambos de la sección Capital, denunciaron al Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Justicia Federal y solicitaron su detención -cuando asista a la Argentina recibido por el presidente Javier Milei- por haber cometido "crímenes de guerra y genocidio" contra Palestina. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello, y en la Fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan. En el texto plantearon que el Primer Ministro israelí cometió "crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra el pueblo palestino". Dentro de la denuncia presentada por ATE e H.I.J.O.S., adjuntaron como pruebas distintos informes y publicaciones en donde se demuestra que Netanyahu cometió genocidio como "supresión colonial", con el objetivo de lograr la "destrucción incesante y general" de Gaza. "La violencia desatada por Israel a partir del 7 de octubre de 2023, sostiene, forma parte de un largo proceso sistemático y organizado con el fin de provocar el desplazamiento forzado y la sustitución de palestinos, provocando un perjuicio irreparable a su pueblo", indicaron. En otro fragmento del documento, manifestaron que la Corte Penal Internacional (CPI) entiende que Benjamin Netanyahu "es responsable penalmente como coautor del crimen de guerra de provocar intencionadamente la muerte por hambre; de crímenes contra la humanidad como homicidio, persecución y otros actos inhumanos; además de la destrucción de su infraestructura civil, incluyendo los centros de salud, las escuelas y los campos de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas". "Hemos presentado una denuncia formal ante la Justicia Federal solicitando la inmediata detención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por su responsabilidad en crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad contra el pueblo palestino, conforme a las órdenes emitidas por la CPI el 21 de noviembre de 2024", indicaron.  La presentación reclama, además, una orden de captura contra el Primer Ministro israelí, quien planea visitar la Argentina entre el 7 y 10 de septiembre, según se precisó en el documento. "Se solicita la aplicación del principio  aut dedere aut iudicare  (extraditar o juzgar), para que, en caso de no ser entregado a la CPI, sea juzgado en tribunales argentinos por los graves delitos imputados".

Lo dijo, además, para justificar sus ataques a Ian Moche, un niño con autismo. En la era de la posverdad y las redes sociales la información es parte de una zona de combate desigual, sucia y en la que parece valer todo. Bajo el gobierno de Javier Milei esta batalla digital alcanza niveles de beligerancia inéditos, con un Presidente que utiliza su cuenta en la red X (antes Twitter) para descalificar, insultar y confrontar a quienes considera enemigos. Paran las universidades nacionales y se organiza una nueva Marcha Federal La última controversia, que puso en evidencia el estilo violento de la comunicación oficial se centra en un caso particularmente sensible: la agresión a Ian Moche, un niño con autismo. La historia escaló a la esfera judicial y, hasta el momento, Milei se niega a borrar un posteo en el que descalificó a Ian, quien lo había acusado de insultarlo. Lejos de retractarse, el mandatario presentó un escrito ante la Justicia que, según publicó la agencia NA, apela a una serie de argumentos que rozan lo insólito. En la presentación, la defensa de Milei insiste en una teoría ya utilizada y desestimada: que la cuenta @JMilei es “personal” y no lo representa como Jefe de Estado. Este mismo argumento de la “doble personalidad” ya había sido rechazado por el fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía en una causa previa por estafa con criptomonedas, quien dictaminó que la cuenta de X sí representa al presidente de la Nación. , Califican la demanda como “carente de sustento jurídico” y niegan una lista de puntos clave. Entre ellos, que la cuenta de X sea oficial, que los posteos hayan agredido la “honor, reputación o integridad” del niño, que un reposteo (o retweet) signifique una “ratificación de agravios”, o que la publicación haya generado un “daño irreparable, grave, inminente”. La joya de la argumentación, sin embargo, llega al final: afirman que el “interés superior del niño” no habilita a “restringir la libertad de expresión política”. El presidente insiste en que el tuit fue una “acción privada” y una “expresión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido”, en alusión a Paulino Rodríguez, y no un ataque al menor. Con esta justificación, busca desviar el foco y transformar la denuncia de la familia de Ian en un conflicto de índole ideológica, un recurso habitual en la estrategia comunicacional del gobierno. El caso de Ian Moche es un espejo de la lógica que domina el discurso del neofascismo que el gobierno de Javier Milei encarna. Como en la distopía que anticipó la película Joker de Todd Phillips, el mundo parece haberse roto, y la disolución de los consensos ha dado lugar a una cultura de la confrontación permanente. El “final aterrador es mejor que un miedo sin fin”, como planteó el filósofo Bifo Berardi, se materializa en una sociedad que, hastiada de un miedo constante, parece dispuesta a votar por la demencia como forma de poder político. La insistencia de Milei en su “libertad de expresión” por encima de la protección de un niño vulnerable, sumado a la recurrente descalificación a cualquier voz crítica —sean periodistas, artistas, opositores o, en este caso, un menor— dibuja un panorama sombrío.

El desfinanciamiento y la inacción del Gobierno Nacional ponen en peligro la continuidad del Programa Nacional de Conectividad. La iniciativa, orientada a garantizar el acceso equitativo a Internet en zonas vulnerables, enfrenta una parálisis alarmante. La retórica libertaria choca, una vez más, con la realidad concreta de una Argentina que queda offline. En un país donde más del 35% de la población vive en la pobreza y la brecha digital se ensancha con la misma velocidad con que crece la desigualdad, el acceso a internet no es un lujo: es una necesidad básica. Lo que antes era evidente y urgente para cualquier gobierno con algo de sensibilidad social, hoy es ignorado por una administración que se jacta de derribar “estructuras obsoletas”, aunque eso signifique dejar a miles de niños, jóvenes, docentes, médicos y familias enteras al margen del siglo XXI.El Programa Nacional de Conectividad, creado para garantizar acceso a Internet en escuelas rurales, centros de salud, barrios populares y áreas sin cobertura comercial, está siendo víctima directa del brutal ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa, que supo avanzar con inversiones públicas concretas en la reducción de la brecha digital y el fortalecimiento de la infraestructura de redes troncales, hoy se encuentra prácticamente desactivada. La parálisis no es casual ni técnica: es una decisión política.En el proyecto de ley presentado bajo el número 4134-D-2025, se denuncia con claridad meridiana cómo el Poder Ejecutivo ha abandonado el financiamiento del Programa Nacional de Conectividad durante el corriente año. El texto alerta sobre el abandono del Plan Conectar y la paralización de obras fundamentales para garantizar igualdad de acceso a la información y los servicios digitales. Es decir, lo que estaba en marcha con planificación, inversión y resultados medibles, ha sido deliberadamente abandonado bajo la excusa del “déficit cero”, una muletilla tecnocrática que esconde consecuencias sociales devastadoras.La situación es doblemente alarmante si se considera que el despliegue de redes troncales de fibra óptica y la provisión de conectividad en instituciones públicas son competencias centrales del Estado nacional, tal como lo establece la ley 27.078 Argentina Digital. En lugar de consolidar estos avances, el gobierno libertario parece empecinado en desmantelar cualquier política pública que no se ajuste a su dogma del mercado autorregulado, ignorando que en buena parte del país no hay negocio posible sin un Estado presente.La conectividad no solo es clave para el acceso a la educación, la salud y la cultura, sino también para el desarrollo productivo. Sin internet, las cooperativas, los pequeños productores y los emprendedores de economías regionales quedan aislados, sin herramientas para competir, innovar o simplemente subsistir. ¿Qué clase de “libertad” se les ofrece a esos sectores cuando se les niega el acceso a una herramienta básica del siglo XXI?El documento parlamentario remarca que el gobierno nacional no ha presentado ningún plan alternativo para sustituir el Programa Nacional de Conectividad ni ha dado explicaciones sobre la suspensión de las obras iniciadas. Es una parálisis con aroma a desidia, a desprecio por lo público, por lo común, por lo que no se mide en dólares ni rinde en una planilla de Excel. Y es, también, una muestra más de la profunda contradicción entre el discurso de modernización y el accionar regresivo del oficialismo.El texto también recuerda que el Plan Conectar, lanzado en 2020, permitió la expansión de más de 30.000 kilómetros de fibra óptica, conectando más de 700 localidades y generando un impacto tangible en la vida de miles de personas. Sin embargo, a partir de diciembre de 2023, con la llegada de Milei al poder, esa expansión se detuvo abruptamente. El nuevo gobierno no solo frenó las obras, sino que eliminó toda partida presupuestaria para su continuidad, desarticulando también la sinergia con provincias, municipios y cooperativas que se había tejido en los últimos años.Lejos de impulsar una política federal de conectividad, el gobierno nacional ha optado por una lógica centralista, mercantilista y excluyente. En lugar de ampliar derechos, los recorta. En lugar de conectar, desconecta. En lugar de construir, desmantela. El daño no es solo técnico: es humano. Niños que ya no pueden seguir sus clases virtuales. Centros de salud sin sistemas de telemedicina. Pueblos enteros condenados al aislamiento digital por el capricho ideológico de un gobierno que desprecia lo común.La presentación legislativa también expone un punto crucial: la necesidad de restituir con urgencia los fondos y obras del Programa Nacional de Conectividad, apelando al Congreso para que exija al Poder Ejecutivo la reactivación inmediata de los proyectos paralizados. Pero con un oficialismo refractario al diálogo institucional, la incertidumbre reina. Mientras los discursos libertarios se multiplican en foros internacionales, la fibra óptica nacional se oxida sin mantenimiento y los puntos de acceso gratuitos caen en el olvido.Paradójicamente, mientras Javier Milei se pasea por escenarios donde proclama su ambición de convertir a la Argentina en una potencia tecnológica global, su administración apaga pantallas en los barrios más pobres del país. El contraste no podría ser más brutal. Una narrativa de Silicon Valley con prácticas propias de un apagón digital planificado.Este modelo de exclusión, disfrazado de modernización, es el mismo que pregona un Estado ausente, una meritocracia ficticia y un mercado que “todo lo soluciona”. Pero cuando los privados no llegan, cuando las inversiones no aparecen y cuando los cables no se tienden solos, lo que queda es un país fracturado por la desigualdad. Un país desconectado, literal y simbólicamente.Hoy más que nunca, garantizar el acceso a internet en condiciones de equidad no es una opción, es un imperativo ético. Y ese imperativo está siendo violado con total impunidad por un gobierno que prefiere la motosierra a la fibra óptica, la especulación a la planificación, el ajuste al desarrollo. Argentina no puede resignarse a ser un archipiélago de conectividad para pocos en medio de un océano de exclusión digital.Es hora de exigir que el Congreso no mire para otro lado. Que los funcionarios rindan cuentas. Que la conectividad vuelva a ser una política de Estado. Porque sin acceso a la información, sin conexión al conocimiento, no hay democracia plena ni futuro posible. Y ese es, en definitiva, el núcleo más peligroso del experimento libertario en curso: la desconexión como estrategia de gobierno.Fuente: https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2025/PDF2025/TP2025/4134-D-2025.pdf

El fiscal federal Patricio Sabadini solicitó la indagatoria de Alfredo “Capi” Rodríguez, titular del partido libertario en la provincia y actual delegado de ANSES, acusado de falsificar afiliaciones partidarias utilizando datos de personas vulnerables. El presidente de La Libertad Avanza en Chaco, Alfredo “Capi” Rodríguez, atraviesa el momento judicial más delicado de su carrera política. El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió que sea citado a declaración indagatoria por cuarenta hechos de falsificación de instrumento público agravado y abuso de autoridad. Rodríguez, actual delegado regional de ANSES, es señalado como el responsable de haber montado un sistema de afiliaciones truchas para consolidar el poder libertario en la provincia. La maniobra, de confirmarse judicialmente, no solo implica un fraude político sino también un uso doloso de las bases de datos estatales a las que Rodríguez accede como funcionario público. Según la fiscalía, se utilizó información de ANSES y PAMI para identificar personas en condiciones de vulnerabilidad —baja instrucción, enfermedades o situaciones de dependencia— y afiliarlas sin su consentimiento. Mientras Rodríguez se muestra desafiante en los medios locales, minimizando la causa y acusando al fiscal de actuar con “desprolijidad”, los datos reunidos por la justicia pintan un cuadro alarmante. La operatoria incluyó la falsificación de firmas en fichas partidarias, muchas de ellas con fotocopias de DNI certificadas por el propio Rodríguez, y el bloqueo sistemático del ingreso de nuevos afiliados reales, en un intento por blindar el control interno del partido y eliminar posibles disidencias. La fiscalía tomó testimonio a 45 personas seleccionadas al azar de los listados oficiales de afiliados. Cuarenta de ellas negaron haberse afiliado. Las historias que relataron evidencian un patrón claro: se trató de víctimas en situación de desprotección, muchas veces sin la capacidad física, cognitiva o incluso legal para brindar consentimiento. Un jubilado con demencia senil, una mujer con Parkinson, un hombre analfabeto, otro que no puede caminar desde que sufrió un ACV y un mecánico retirado que se enteró por Internet de su “militancia libertaria” son algunos de los casos recopilados. Estas personas no solo fueron utilizadas como números para alcanzar avales, sino también como escudos para ocultar una operatoria política ilegítima. La causa judicial revela además la existencia de un equipo organizado para llevar adelante las maniobras. Jóvenes militantes del partido habrían sido convocados para rellenar planillas utilizando como modelo las fotocopias de documentos. En el centro de la escena también aparece Alfredo Moreno, tesorero de La Libertad Avanza en Chaco y actual coordinador administrativo del PAMI, acusado de participar activamente tanto en el armado de las fichas como en la presunta extorsión de empleados de organismos públicos. El mecanismo incluía presiones para que trabajadores de ANSES y PAMI entregaran parte de sus sueldos al partido, bajo amenaza de ser despedidos o ver paralizados sus ascensos. Esta doble explotación —política y económica— expone un modus operandi preocupante dentro del aparato libertario chaqueño, con fuerte impronta autoritaria y clientelar. La denuncia no sorprendió a todos. Ileana Leticia Aguirre, vicepresidenta de LLA en Chaco y exnúmero dos de Rodríguez, declaró ante la fiscalía que advirtió reiteradamente a Martín Menem y a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, sobre los manejos irregulares en el partido. Envió mensajes por WhatsApp e Instagram, pero nunca recibió respuesta. Ese silencio desde la conducción nacional no es menor: Karina Milei fue quien autorizó el cambio de nombre del partido, que originalmente se llamó Sociedad Organizada Independiente (SOI) y que Rodríguez utilizó para obtener la personería jurídica. Una vez con el sello legal en su poder, lo rebautizó como La Libertad Avanza con aval nacional. La sospecha es que la cúpula libertaria prefirió mirar para otro lado mientras se construía, con métodos ilegales, una base política leal y cerrada, dispuesta a obedecer sin cuestionamientos. Pese al avance judicial, Rodríguez insiste en mantener su candidatura a senador nacional. Mientras la Justicia investiga, él asegura tener “la cola limpia” y denuncia una supuesta persecución por parte de sectores políticos que no pueden “comprarlo”. El cinismo es evidente: quien accedió a un cargo público utilizando las instituciones del Estado para fines partidarios, se victimiza. Este caso pone en jaque no solo la figura de Rodríguez sino también la credibilidad de La Libertad Avanza como fuerza política. El uso de mecanismos ilegales para conseguir afiliaciones, combinado con el aprovechamiento de información sensible de ciudadanos, constituye una amenaza directa al funcionamiento democrático. La investigación recién comienza, pero deja una certeza: la libertad, para algunos, solo avanza a fuerza de trampa, extorsión y silencio cómplice.

Los gremios iniciaron una serie de medidas de fuerza, que en algunas instituciones se extenderán toda la semana. Reclaman más fondos y mejoras salariales. Las universidades nacionales de Argentina se encuentran en paro debido a la falta de recursos y los bajos salarios de docentes y personal no docente. El paro, que ayer afectó a todas las universidades, se extenderá toda la semana en algunas unidades académicas. Los gremios reclaman un aumento salarial significativo y un incremento en los fondos destinados al funcionamiento de las universidades, denunciando que actualmente solo cuentan con lo suficiente para cubrir gastos básicos como la luz y el gas. Esta situación refleja una lucha contra el ajuste presupuestal que afecta al sistema universitario argentino. La falta de inversión en educación superior impacta directamente en la calidad de la enseñanza y las condiciones laborales de los trabajadores universitarios. El paro es una medida de presión para exigir al gobierno una mayor inversión en el sector.

Este martes podría reabrirse la comisión que investiga a Javier Milei, su hermana Karina y el titular de Diputados, Martín Menem. La oposición en la Cámara de Diputados se prepara para dar un nuevo golpe al oficialismo. Este martes las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento sesionarán para tratar un proyecto que busca destrabar el funcionamiento de la Comisión Investigadora $LIBRA, que tiene como objetivo indagar sobre el accionar del presidente Javier Milei, la secretaria de la presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara, Martín Menem, en relación con el lanzamiento de una criptomoneda meme que derivó en una estafa de millones de dólares. La esquizofrenia avanza: Milei dice que en redes sociales no es presidente del país El proyecto, impulsado por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), busca romper el bloqueo que el oficialismo había mantenido durante semanas. La traba se había generado a raíz de un empate en la conformación de la comisión, con 14 miembros oficialistas y 14 de la oposición, lo que impedía la designación de autoridades. El punto central del proyecto de Ferraro es la designación del presidente de la comisión. Propone que este cargo sea ocupado por el "miembro respaldado por los bloques que representen la mayor cantidad de diputadas y diputados en el pleno". Además, establece que en caso de empates, el voto del presidente de la comisión será definitorio. Comida en cuotas: 46% de las compras en el súper se paga con tarjeta Con esta movida, la oposición confía en que tiene los números para avanzar en el plenario de comisiones y, una vez dictaminado, se definirá quién presidirá la comisión investigadora y, por ende, tendrá la capacidad de desempatar las votaciones. La intención es tener todo resuelto para una posible sesión en el recinto el 20 de agosto. EL PRO, COMPROMETIDO La diputada Silvia Lospennato (PRO), quien preside la comisión de Peticiones y Reglamentos, se encuentra en el centro de la atención. En las últimas jornadas mostró una postura más distante del oficialismo, lo que genera incertidumbre sobre su rol en la sesión incluso pese a que el PRO entregó sus últimos suspiros a la alianza con la ultraderecha gobernante. Un funcionario libertario indicó que hay un "acuerdo" con Mauricio Macri, pero algunos sectores de la oposición prefieren esperar a ver cómo se desempeña Lospennato, quien a partir de diciembre será legisladora porteña.

Unión por la Patria apoyará los proyectos de coparticipación de las provincias a cambio del respaldo para tumbar los vetos de Javier Milei. Mientras saborea la paliza que le propinó al Gobierno el miércoles pasado en el recinto de la Cámara de Diputados con una docena de triunfos encadenados en serie, la oposición terminará de delinear esta semana el contorno de la próxima sesión, con la que buscará extender su buena racha en medio de la coyuntura electoral. Con las listas nacionales para las elecciones intermedias del 26 de octubre ya cerradas, el conglomerado opositor buscará pasar la ambulancia entre los aliados al Gobierno para recoger a los heridos y de esa manera engrosar las mayorías necesarias para combatir los vetos presidenciales. No será fácil: el Gobierno ya demostró habilidades ocultas para esquilmar las cuentas opositoras y frustrar sus objetivos, como cuando el año pasado blindó los vetos a las leyes de financiamiento universitario y recomposición jubilatoria, con la ayuda providencial de los “héroes”. Con esa precaución, la oposición mide cada movimiento y no buscará un salto al vacío inncesesario. Recién dará el paso cuando pise firme y esté segura de tener los dos tercios. No fue casual que en el temario de la sesión anterior quedara desafectado el tratamiento del veto a la emergencia para Bahía Blanca y otros de distritos bonaerenses damnificados por las inundaciones en marzo pasado. No estaban los números y no hubiera sido inteligente regalarle al Gobierno un logro pírrico que empañase la abrumadora victoria opositora del miércoles. La estrategia opositora no está cerrada y se irá puliendo a lo largo de la semana. A priori, le pondrán a los gobernadores, especialmente a los que irrumpieron bajo la consigna pomposa del “Grito Federal”, una zanahoria delante de sus narices: los proyectos con media sanción del Senado sobre coparticipación de ATN y del impuesto a los Combustibles. Este miércoles, dos plenarios de comisiones buscarán avanzar con los dictámenes a esos dos proyectos que llevan el sello de los mandatarios provinciales, pero a cambio del apoyo en el recinto Unión por la Patria le exige a los gobernadores garantías de que darán quórum a la próxima sesión y que colaborarán para derribar los vetos. La idea es que esos dictámenes funcionen como un seguro de caución que sirva para que los gobernadores se comprometan a ir contra los vetos del Gobierno nacional a los proyectos de Discapacidad y jubilaciones. Si desisten de colaborar para voltear los vetos, el peronismo le retirará apoyo a los dos proyectos de coparticipación federal, supo la Agencia Noticias Argentinas. Para esa misma sesión, que podría realizarse el 20 o el 27 de agosto, también se prevé la inclusión de proyectos que recibirán dictamen este miércoles, como la iniciativa para declarar la emergencia del sistema científico y tecnológico, y el plan de detección temprana y lucha contra el Alzheimer. La oposición ve la oportunidad de aprovechar esta ventana de tiempo, en plena campaña electoral, para juntar mayorías y seguir golpeando al Gobierno en su línea de flotación, donde más le duele, que es la regla fiscal del déficit cero. Preocupado por la posibilidad de que la oposición junte de los dos tercios para voltear los vetos, el presidente Javier Milei consumió 23 minutos de cadena nacional para explicarle a una sociedad que sufre los embates del ajuste por qué, a su criterio, es necesario que siga aguantando y endureciendo el cuero para defender el superávit fiscal del Gobierno, a costa de tumbar las iniciativas que tienden a reparar parcialmente el daño de ese ajuste. El equilibrio fiscal es para el jefe de Estado el fuego sagrado del modelo económico y por eso anunció que prohibirá al Banco Central que financie con emisión al Tesoro para gastos primarios. Y fue aún más lejos al anunciar que enviará al Congreso un extravagante proyecto para penalizar a legisladores que sancionen presupuestos que atenten contra la caja fiscal sin proponer fuentes alternativas de financiamiento. Desde la oposición se leyó esta iniciativa como un “delirio místico”, pero lo cierto es que el presidente utilizó la cadena nacional para dar un mensaje aleccionador y reafirmar que no negociará con nadie el próximo presupuesto, en caso de que lo vaya a presentar. Más allá de que esta vez Milei cumplió con su promesa de no insultar a opositores, a quienes acostumbraba a denostar diariamente en redes y discursos públicos tildándolos de “ratas” y “parásitos”, el presidente sigue reconociendo al Congreso como un cuerpo extraño y hostil, con capacidad de daño. Mientras el oficialismo se entretiene con la “batalla cultural” del presidente, el poder de fuego de la oposición aún es difícil de dimensionar en términos concretos. Aparentemente, la mayoría de dos tercios para revertir el veto de la emergencia en discapacidad estaría, pero para la moratoria previsional no dan los números y para el incremento del 7.2% de los haberes de la seguridad social está complicada la cuenta. Todavía queda tiempo por delante hasta la próxima sesión y desde los dos bandos van a operar activamente para perseguir sus objetivos. En este contexto de alianzas frágiles y resbaladizas, el oficialismo juega en desventaja y no atina a hacer pie porque el canal de dialogo con los gobernadores está dañado y la coyuntura electoral no ayuda a levantar el muro defensivo que le exige la coyuntura. Este no es el único frente en el que la oposición va a golpear esta semana. El martes desde las 17 hs, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, volverá a la carga con el affaire de la mega estafa Libra, que es un tema muy espinoso que le saca canas verdes al Gobierno porque apunta directamente a la responsabilidad por mal desempeño de Milei y de su hermana Karina Milei en una maniobra fraudulenta para favorecer intereses privados utilizando la investidura presidencial. De ahí se desprende un arco muy grande de delitos a investigar como negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, mal desempeño, fraude a la administración pública y violación a la ley de Ética Pública. El miércoles pasado, la oposición sostuvo el quórum y pudo emplazar a las comisiones que deberán tratar el proyecto del diputado “lilito” Maximiliano Ferraro que subsana la fórmula para la conformación de autoridades. Es una especie de fe de erratas del proyecto original que vino con un defecto de fábrica, ya que desembocó en un empate paralizante en la composición de la comisión.

Con ventas en baja y competencia desleal, los kioscos cierran a un ritmo alarmante. UKRA denuncia falta de regulación y caída del poder adquisitivo. La postal cotidiana del kiosco en la esquina se empieza a desdibujar. En los últimos doce meses, Argentina perdió 16.000 kioscos, lo que llevó el total de negocios activos a menos de 100.000 en todo el país. Así lo confirmó Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), quien habló con Radio Rivadavia sobre el delicado escenario del sector. “El kiosco es como la postal de una ciudad, de un pueblo, pero están cerrando por varias razones. La principal es la recesión que se está viviendo desde hace tiempo”, describió Acuña. Competencia desleal y caída del consumo Acuña identificó como una de las principales amenazas la expansión de nuevas formas de venta de productos típicos de kiosco en lugares como farmacias, supermercados chinos o verdulerías. “No están reguladas. Además, productos que antes se encontraban solo en un kiosco, hoy los ves en farmacias con golosinas, supermercados chinos con cigarrillos o verdulerías con heladeras que venden bebidas”, explicó. Esta competencia directa, sumada al fuerte retroceso del consumo, afectó seriamente la rentabilidad de los comercios tradicionales. Menos de 100.000 kioscos en pie Durante una reunión con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), UKRA obtuvo datos que confirman la magnitud del problema. “Preguntamos cuántas razones sociales de kioscos activas había y nos dijeron que éramos 96.000. Por primera vez somos menos de 100.000 kioscos”, reveló Acuña. Esa cifra representa un retroceso de más de 14% en solo un año, con un promedio de más de 40 cierres diarios. Ventas en baja y cambio de hábitos El declive en las ventas también fue significativo. Acuña señaló que el volumen cayó un 40% en dos años. “Se vende menos, mucho menos. No hay plata. La gente se pasa a segundas marcas, compra cigarrillos más baratos”, indicó. En el caso de las bebidas, la caída fue aún más marcada durante el verano, con una baja estimada entre el 30% y 35%. Costos crecientes y presión por el dólar El panorama se complica con los costos operativos, especialmente en zonas donde los alquileres y sueldos son más altos. “Un alfajor triple promedio está en 1.500 pesos, pero en algunos lugares, por alquileres más caros o empleados, los costos suben”, dijo Acuña. En relación con la cotización del dólar, el representante de UKRA señaló que su impacto se refleja de manera directa en los precios. “Pasa lo mismo que cada vez que hay una elección. En el segundo semestre, se viene una disparada de precios. Esté quien esté, con cualquier color político, siempre hay especulación, el dólar se dispara y los precios aumentan”, concluyó.

La organización evangelista Cita con la Vida, que participó activamente del evento "La Derecha Fest", donde se reprodujeron discursos contra el financiamiento público de la cultura, recibió casi 300 mil dólares por parte del instituto cinematográfico estatal durante distintos gobiernos. A pesar del discurso anti Estado al que adhiere, Cita con la Vida recibió casi 300 mil dólares por parte del instituto cinematográfico estatal durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Además, el INCAA apoyó la distribución y puso salas para la exhibición de estas películas. Cita con la Vida, la iglesia evangélica que puso a una pastora en el escenario de La Derecha Fest en Córdoba, tiene una productora audiovisual que recibió subsidios por al menos 286 mil dólares por parte del INCAA para tres de sus películas. Se trata de una de las iglesias evangélicas más grandes de Córdoba que con la inclusión de su pastora Evelin Barroso blanqueó su apoyo a La Libertad Avanza y al presidente Javier Milei con sus diatribas contra el Estado y el gasto público. El suegro de Barroso es Carlos Belart, jefe de Cita con la Vida, y su esposo es Juan Belart, productor audiovisual que figura en los créditos de estas películas. Todos son pastores de Cita con la Vida. Aunque la iglesia estuvo en el escenario de La Derecha Fest, donde se pronunciaron encendidos discursos contra el Estado, su productora audiovisual recibió unos 73.284 dólares para su último film, “La noche que luché contra Dios”. El 22 de julio el INCAA transfirió $8.000.000 a la productora asociada a Cita con la Vida, en el marco de un plan de fomento para cubrir la masa salarial de la producción. En 2023 fueron tres cuotas de $4.100.000 cada una, que se efectivizaron en febrero, marzo y abril. Para traspasar los montos a dólares se tomó la cotización oficial del día en que se realizó cada pago. La película se estrenó el 4 de abril de 2024 y fue vista por 3.409 espectadores, lo que la colocó en el puesto 37° del ránking de películas nacionales de ese año. Y en el puesto 232° si se incluyen en la cuenta las producciones extranjeras. La recaudación total fue $6.715.437 según los propios registros del INCAA: unos 7.626 dólares a la cotización del día del estreno. En 2022, Cita con la Vida Emprendimientos Audiovisuales fue parte de “Yo traidor”, que recibió el equivalente a 28.647 dólares del INCAA en dos pagos idénticos en pesos de $1.776.141,98 el 20 de agosto de ese año. La vieron 4.999 personas, recaudó 8.883 dólares y ocupó el puesto 143° entre las películas más vistas ese año. Por último, la producción más grande de la que participó la productora asociada a la iglesia de los Belart-Barroso fue “Soldado solo conocido por Dios”, basada en hechos reales y que retrata la historia de tres combatientes de Malvinas. La película recibió el equivalente a 184.600 dólares del INCAA entre 2016 y 2019. Los dos pagos más grandes fueron en ese último año: $3.623.570,77 en enero y $2.703.255,02 en septiembre. Sin embargo, tuvo un rendimiento sensiblemente mayor que las otras dos. ¿Por qué? Porque el INCAA además de financiar con subsidios la producción también apoyó la distribución y exhibición de la película a lo largo y ancho del país en sus salas. Una fuente especializada en industria cinematográfica consultada para esta nota explicó que la producción, la distribución y la exhibición son las tres patas fundamentales del rubro. “No sirve apoyar solo una de esas patas”, graficó. En ese caso el INCAA pone su estructura y logística para impulsar la película. Aunque estos planes de fomento son necesarios para mantener viva la producción audiovisual nacional, que sostienen la variedad de narrativas, géneros y producciones que se ponen en las pantallas de los cines comerciales y salas INCAA, choca de lleno con las posturas expresadas por el espectro libertario. “Soy pastora de una iglesia evangélica y sé que eso tiene que ver con que las convicciones de mi fe se alinean mucho con las convicciones que el neoliberalismo y el presidente Javier Milei encabeza”, dijo Evelin Barroso al pie del escenario. De hecho, uno de los que compartió escenario con la pastora en La Derecha Fest fue Diego Recalde, quien se autodefine como un hombre que hace cine y ese día fustigó a las personas a las que considera de izquierda: “Son adolescentes eternos porque viven con sus viejos a quienes putean. Y los padres los mantienen. Después se van a la casa de papá Estado, para seguir siendo siempre hijos…de pé”. Recalde, culpable de largometrajes de la talla de “Tenemos un problema, Ernesto”, obra que versa sobre un hombre que un día se levanta y se da cuenta que le desapareció el pene, se manifestó históricamente en contra de los subsidios del INCAA como los que recibió Cita con la Vida. El detalle es que, en 2015, el propio Recalde recibió más de 200 mil dólares para la mencionada película, lo que le dio el impulso para luego aventurarse a cometer una saga de tres films sobre víctimas telefónicas del Dr. Tangalanga. Las iglesias evangélicas y el cine Si bien las producciones en las que participa Cita con la Vida no entran abiertamente dentro del género religioso, hay otros casos en los que la incidencia es más directa. “Nada que perder”, por caso, es una película brasileña que narra la historia de Edir Macedo, creador de la Iglesia Universal. En 2018, año de su estreno, entró en el top 20 con 641.291 espectadores en el país. Eso la puso por encima de películas como El Potro (sobre el cantante Rodrigo Bueno), El Grinch o Misión Imposible Repercusión, y al mismo nivel que Cincuenta Sombras Liberadas, una de las entregas de Cincuenta Sombras de Grey. Sin embargo, los críticos y especialistas advierten que en las salas la convocatoria no se condecía con el gran número de corte de tickets. “Nada que perder 2” se estrenó al año siguiente superando en el primer fin de semana a “IT: capítulo 2”, una megaproducción estadounidense de terror, y terminó el año con una cantidad de entradas vendidas similar a “Erase una vez en Hollywood”, dirigida por Quentin Tarantino.

Cristina Kirchner refutó el discurso de Javier Milei, negó que se controle la emisión y advirtió sobre el impacto del ajuste y las tasas de interés."Tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes", señaló. Cristina Fernández de Kirchner lanzó una crítica directa al presidente Javier Milei luego de su mensaje en cadena nacional. A través de una publicación en sus redes sociales, la expresidenta respondió al discurso del mandatario con cuestionamientos al manejo de la economía y al relato oficial sobre inflación, salarios y emisión monetaria. "Tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes", escribió. Críticas al relato económico del oficialismo La exmandataria utilizó un tono irónico al rechazar los dichos de Milei sobre el consumo y la mejora en la calidad de vida. "Daaaaale… ¿En serio…?", publicó en referencia a la afirmación de que "los argentinos comen más que antes". También desmintió la narrativa oficial sobre la supuesta eliminación de la emisión monetaria. "Dejá de mentir con la cantinela esa de que en tu gobierno no hay emisión monetaria", escribió Cristina. Y continuó: "Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar". Observaciones sobre tasas y financiamiento En su publicación, la expresidenta cuestionó el mecanismo utilizado para sostener las tasas de interés y el costo que representa para el Estado. "Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero", escribió. Además, apuntó a los actores beneficiados por esa política económica. "¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía", señaló, en alusión directa a Luis Caputo. Contraste con su gestión En la parte final de su mensaje, Cristina Fernández estableció una diferencia con su forma de gobernar, enfocándose en el uso de la cadena nacional. "Mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas", expresó. La publicación se difundió en medio de un clima de tensión entre el oficialismo y la oposición, con fuertes disputas por el rumbo económico, los ajustes presupuestarios y el papel del Congreso en iniciativas que afectan el gasto público.

El mensaje grabado del Presidente no alcanzó ni el 1% de la audiencia que logra el vivo científico desde el fondo del océano en Mar del Plata. La reciente cadena nacional del presidente Javier Milei que generó controversias por su rating en la TV, también fue transmitida en vivo por YouTube, con un desempeño de audiencia notablemente bajo en comparación con el fenómeno del streaming del Conicet desde el fondo del mar. Justamente, previo a la salida del mensaje grabado del mandatario, en redes sociales y WhatsApp se había difundido una convocatoria a apagar la cadena a las 21 horas y sintonizar la transmisión desde el fondo del océano en Mar del Plata. De esta manera, según reconstruyó Noticias Argentinas, el mensaje presidencial no logró alcanzar ni el 1% de las visualizaciones de una de las últimas emisiones de la expedición científica, que continúa batiendo récords de audiencia. La comparación de métricas en la plataforma de videos es contundente: una hora después de su finalización, la cadena nacional del Presidente, emitida la noche del viernes, acumulaba apenas 6.604 visualizaciones, mientras que una de las transmisiones más recientes de la misión científica "Talud Continental IV" superó las 920.000 vistas, evidenciando una diferencia abrumadora en el interés del público. El discurso en el que el Presidente Milei defendió su plan económico y justificó los vetos a leyes sociales apenas superó las 6.000 visualizaciones. Por otro lado, las imágenes de la biodiversidad a casi 4.000 metros de profundidad han cautivado a cientos de miles de espectadores, con varios videos de la expedición que ya superan las 300.000, 500.000 e incluso 900.000 vistas. El éxito de la transmisión del Conicet, realizada en colaboración con el Schmidt Ocean Institute, generó un fuerte debate en redes sociales sobre el creciente interés del público en contenidos científicos de calidad. Este caso particular demostró cómo la exploración y el conocimiento lograron imponerse de manera categórica a un mensaje presidencial en el horario de mayor audiencia del streaming.