Mientras la expedición submarina genera furor en redes, los trabajadores del organismo científico protestan por los recortes y salarios de miseria. En una semana en la que el Conicet volvió a captar la atención pública por su innovador streaming desde las profundidades del océano, los trabajadores del organismo científico lanzaron un paro con vigilia en distintos puntos del país para denunciar el deterioro del sistema de ciencia y técnica bajo la gestión de Javier Milei. La protesta fue convocada por ATE y otras organizaciones del ámbito académico, con el objetivo de exigir mejoras salariales, frenar los recortes presupuestarios y defender la continuidad de los programas de investigación. Mar del Plata: científicos del Conicet encontraron a Gary, el caracol Informate más Encontraron en el fondo del mar a "Gary", el caracol mascota de Bob Esponja La medida, que comenzó este lunes, expone una paradoja evidente: mientras millones de personas siguen con entusiasmo la transmisión en vivo de la expedición submarina, detrás de cámaras se vive una realidad marcada por la precarización laboral, el desfinanciamiento estructural y la amenaza de que muchos proyectos estratégicos sean cancelados. “No hay ciencia posible sin condiciones dignas para investigar”, afirmaron desde la Red Federal de Afectadxs. Desde el gremio estatal ATE subrayaron que el éxito mediático del streaming, si bien ayudó a visibilizar la labor científica, no debe tapar el drama cotidiano que atraviesa el sector. “Es una experiencia que mostró el talento y la dedicación de nuestros investigadores, pero no cambia la situación real: hay becarios que no llegan a cubrir sus necesidades básicas, equipos sin recursos y líneas de investigación paralizadas”, explicaron. El reclamo se suma a una creciente ola de conflictos en el ámbito público, donde el ajuste impulsado por el Ejecutivo nacional impacta con fuerza. En el caso del Conicet, se denuncia una reducción drástica en el presupuesto asignado para 2025, lo que complica no solo el pago de salarios y becas, sino también la compra de insumos, el mantenimiento de laboratorios y la continuidad de proyectos internacionales. “Estamos hablando de soberanía científica, de la posibilidad de producir conocimiento propio para resolver los problemas del país. Sin inversión, eso desaparece”, advirtieron los manifestantes, que permanecerán en vigilia frente a sedes del organismo en todo el país. La protesta también se plantea como un llamado de atención a la sociedad: detrás del fenómeno del streaming submarino hay años de formación, investigación y compromiso estatal. Sin políticas públicas que sostengan esa infraestructura, el futuro de la ciencia nacional queda en peligro.
El ministro de Economía presentó su declaración jurada de bienes y, más allá de que es poco creíble, deja en claro que ni él confía en el país. El ministro de Economía de la Argentina tiene la gran mayoría de su patrimonio declarado fuera del país, mientras le sigue pidiendo a la gente que vuelque sus ahorros en la economía argentina. Los datos surgen de su Declaración Jurada presentada que fue analizada por Chequeado.com, y que concluyó que el ministro de Economía “es uno de los 3 funcionarios más ricos del Gabinete, según los reportes oficiales. En 2024 incrementó su patrimonio en un 137% y buena parte de sus ahorros están en el exterior” a resguardo de sus propias políticas económicas. Caputo declaró poseer propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Neuquén; un yate, un gomón y un cuatriciclo. Llegando a un patrimonio total de unos 9 millones de dólares. En cuentas en el exterior informó el equivalente a $ 5.900 millones. Mientras que apenas el 0,04% de su patrimonio lo tiene en el país, y duplicó el valor de sus acciones en la consultora Anker, que supuestamente había cerrado para dedicarse a ser ministro de Economía, entre otras inversiones en el exterior. Pero además en su declaración jurada ni siquiera aclara adónde tiene sus cuentas en el exterior, aunque en declaraciones anteriores aclaraba que era en paraísos fiscales. Muy confiable el ministro. El ministro de Economía de la Argentina tiene la gran mayoría de su patrimonio declarado fuera del país, mientras le sigue pidiendo a la gente que vuelque sus ahorros en la economía argentina. Los datos surgen de su Declaración Jurada presentada que fue analizada por Chequeado.com, y que concluyó que el ministro de Economía “es uno de los 3 funcionarios más ricos del Gabinete, según los reportes oficiales. En 2024 incrementó su patrimonio en un 137% y buena parte de sus ahorros están en el exterior” a resguardo de sus propias políticas económicas. Caputo declaró poseer propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Neuquén; un yate, un gomón y un cuatriciclo. Llegando a un patrimonio total de unos 9 millones de dólares. En cuentas en el exterior informó el equivalente a $ 5.900 millones. Mientras que apenas el 0,04% de su patrimonio lo tiene en el país, y duplicó el valor de sus acciones en la consultora Anker, que supuestamente había cerrado para dedicarse a ser ministro de Economía, entre otras inversiones en el exterior. Pero además en su declaración jurada ni siquiera aclara adónde tiene sus cuentas en el exterior, aunque en declaraciones anteriores aclaraba que era en paraísos fiscales. Muy confiable el ministro.
El desfinanciamiento y la inacción del Gobierno Nacional ponen en peligro la continuidad del Programa Nacional de Conectividad. La iniciativa, orientada a garantizar el acceso equitativo a Internet en zonas vulnerables, enfrenta una parálisis alarmante. La retórica libertaria choca, una vez más, con la realidad concreta de una Argentina que queda offline. En un país donde más del 35% de la población vive en la pobreza y la brecha digital se ensancha con la misma velocidad con que crece la desigualdad, el acceso a internet no es un lujo: es una necesidad básica. Lo que antes era evidente y urgente para cualquier gobierno con algo de sensibilidad social, hoy es ignorado por una administración que se jacta de derribar “estructuras obsoletas”, aunque eso signifique dejar a miles de niños, jóvenes, docentes, médicos y familias enteras al margen del siglo XXI. El Programa Nacional de Conectividad, creado para garantizar acceso a Internet en escuelas rurales, centros de salud, barrios populares y áreas sin cobertura comercial, está siendo víctima directa del brutal ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa, que supo avanzar con inversiones públicas concretas en la reducción de la brecha digital y el fortalecimiento de la infraestructura de redes troncales, hoy se encuentra prácticamente desactivada. La parálisis no es casual ni técnica: es una decisión política. En el proyecto de ley presentado bajo el número 4134-D-2025, se denuncia con claridad meridiana cómo el Poder Ejecutivo ha abandonado el financiamiento del Programa Nacional de Conectividad durante el corriente año. El texto alerta sobre el abandono del Plan Conectar y la paralización de obras fundamentales para garantizar igualdad de acceso a la información y los servicios digitales. Es decir, lo que estaba en marcha con planificación, inversión y resultados medibles, ha sido deliberadamente abandonado bajo la excusa del “déficit cero”, una muletilla tecnocrática que esconde consecuencias sociales devastadoras. La situación es doblemente alarmante si se considera que el despliegue de redes troncales de fibra óptica y la provisión de conectividad en instituciones públicas son competencias centrales del Estado nacional, tal como lo establece la ley 27.078 Argentina Digital. En lugar de consolidar estos avances, el gobierno libertario parece empecinado en desmantelar cualquier política pública que no se ajuste a su dogma del mercado autorregulado, ignorando que en buena parte del país no hay negocio posible sin un Estado presente. La conectividad no solo es clave para el acceso a la educación, la salud y la cultura, sino también para el desarrollo productivo. Sin internet, las cooperativas, los pequeños productores y los emprendedores de economías regionales quedan aislados, sin herramientas para competir, innovar o simplemente subsistir. ¿Qué clase de “libertad” se les ofrece a esos sectores cuando se les niega el acceso a una herramienta básica del siglo XXI? El documento parlamentario remarca que el gobierno nacional no ha presentado ningún plan alternativo para sustituir el Programa Nacional de Conectividad ni ha dado explicaciones sobre la suspensión de las obras iniciadas. Es una parálisis con aroma a desidia, a desprecio por lo público, por lo común, por lo que no se mide en dólares ni rinde en una planilla de Excel. Y es, también, una muestra más de la profunda contradicción entre el discurso de modernización y el accionar regresivo del oficialismo. El texto también recuerda que el Plan Conectar, lanzado en 2020, permitió la expansión de más de 30.000 kilómetros de fibra óptica, conectando más de 700 localidades y generando un impacto tangible en la vida de miles de personas. Sin embargo, a partir de diciembre de 2023, con la llegada de Milei al poder, esa expansión se detuvo abruptamente. El nuevo gobierno no solo frenó las obras, sino que eliminó toda partida presupuestaria para su continuidad, desarticulando también la sinergia con provincias, municipios y cooperativas que se había tejido en los últimos años. Lejos de impulsar una política federal de conectividad, el gobierno nacional ha optado por una lógica centralista, mercantilista y excluyente. En lugar de ampliar derechos, los recorta. En lugar de conectar, desconecta. En lugar de construir, desmantela. El daño no es solo técnico: es humano. Niños que ya no pueden seguir sus clases virtuales. Centros de salud sin sistemas de telemedicina. Pueblos enteros condenados al aislamiento digital por el capricho ideológico de un gobierno que desprecia lo común. La presentación legislativa también expone un punto crucial: la necesidad de restituir con urgencia los fondos y obras del Programa Nacional de Conectividad, apelando al Congreso para que exija al Poder Ejecutivo la reactivación inmediata de los proyectos paralizados. Pero con un oficialismo refractario al diálogo institucional, la incertidumbre reina. Mientras los discursos libertarios se multiplican en foros internacionales, la fibra óptica nacional se oxida sin mantenimiento y los puntos de acceso gratuitos caen en el olvido. Paradójicamente, mientras Javier Milei se pasea por escenarios donde proclama su ambición de convertir a la Argentina en una potencia tecnológica global, su administración apaga pantallas en los barrios más pobres del país. El contraste no podría ser más brutal. Una narrativa de Silicon Valley con prácticas propias de un apagón digital planificado. Este modelo de exclusión, disfrazado de modernización, es el mismo que pregona un Estado ausente, una meritocracia ficticia y un mercado que “todo lo soluciona”. Pero cuando los privados no llegan, cuando las inversiones no aparecen y cuando los cables no se tienden solos, lo que queda es un país fracturado por la desigualdad. Un país desconectado, literal y simbólicamente. Hoy más que nunca, garantizar el acceso a internet en condiciones de equidad no es una opción, es un imperativo ético. Y ese imperativo está siendo violado con total impunidad por un gobierno que prefiere la motosierra a la fibra óptica, la especulación a la planificación, el ajuste al desarrollo. Argentina no puede resignarse a ser un archipiélago de conectividad para pocos en medio de un océano de exclusión digital. Es hora de exigir que el Congreso no mire para otro lado. Que los funcionarios rindan cuentas. Que la conectividad vuelva a ser una política de Estado. Porque sin acceso a la información, sin conexión al conocimiento, no hay democracia plena ni futuro posible. Y ese es, en definitiva, el núcleo más peligroso del experimento libertario en curso: la desconexión como estrategia de gobierno. Fuente: https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2025/PDF2025/TP2025/4134-D-2025.pdf
El gobierno bonaerense se presentará ante el máximo tribunal por los $1,6 billones que se adeudan desde la administración nacional en materia previsional: buscarán una audiencia como la que obtuvieron Córdoba y Santa Fe. El Gobierno bonaerense anunció que se presentará nuevamente ante la Corte Suprema para reclamar fondos previsionales por $1,6 billones que le debe Nación, en el marco del conflicto por las deudas de la administración libertaria con las provincias. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, encabezó una conferencia de prensa en la que advirtió el monto adeudado de la gestión encabezada por Javier Milei a la provincia de Buenos Aires: "El Gobierno Nacional adeuda a la Provincia $1.603.648 millones en concepto de transferencias de Anses a la caja previsional". En tal sentido, se refirió a la nueva presentación frente al máximo tribunal. "Quiero anunciar que en el día de mañana la Fiscalía del Estado de la Provincia de Buenos Aires, en la representación de nuestra provincia, va a presentar un nuevo pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamando estos fondos", marcó. "Se le va a pedir a la Corte Suprema que se expida sobre su competencia para entender en la causa y que fije una audiencia de partes, tal como hizo con las provincias de Córdoba y Santa Fe", agregó en esta línea. Bianco también cuestionó a la Corte Suprema por una inacción tras los pedidos de la Provincia. "Se produjeron movimientos en otras causas similares que llevaron adelante otras provincias pero no en la que presentó la provincia de Buenos Aires en abril de 2024″, enfatizó. La nueva presentación la llevará adelante la Fiscalía de Estado bonaerense. En este marco, en un documento, el Gobierno bonaerense advirtió que "las deudas directas del Gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires" son de $3 billones, los "saldos de obras públicas comprometidas por el Gobierno nacional en la PBA" ascienden a casi $7 billones y "la deuda estimada por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales" de $2 billones. Por su parte, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, alertó por la postura de la administración libertaria: "El plan del Gobierno nacional es que la obra pública no vuelva más. Ya son 600 días sin obras. El gobierno de Javier Milei se queda con la plata de los bonaerenses". "El Gobierno nacional recaudó $3,6 billones a través de impuestos que no fueron ejecutados para obras de infraestructura como lo establece la ley. En los 135 municipios bonaerenses son más de 1.000 las obras totalmente paralizadas por la Nación", añadió.
Naciones Unidas encendió todas las alarmas internacionales al advertir sobre violaciones sistemáticas a derechos humanos, represión feroz de la protesta social y ataques al Poder Judicial bajo el gobierno de Javier Milei. El silencio oficial y la prórroga solicitada agravan un cuadro que huele a retroceso autoritario. Mientras el gobierno de Javier Milei insiste en blindar su relato de orden y disciplina, Naciones Unidas denunció un “deterioro grave” de las libertades fundamentales en Argentina desde diciembre de 2023. Una carta demoledora señala represión violenta, ataques a jueces independientes y medidas que asfixian el espacio cívico. La comunidad internacional observa con creciente estupor el viraje autoritario de la administración libertaria. Hay cartas que duelen, y hay otras que exponen hasta los huesos la verdad incómoda que un gobierno busca esconder. La misiva que un grupo de relatores de Naciones Unidas remitió el pasado 12 de mayo al gobierno de Javier Milei pertenece, sin dudas, a esta segunda categoría. Con una prosa diplomática pero cargada de pólvora, el documento retrata sin anestesia el rostro más brutal del actual gobierno argentino: represión violenta, persecución judicial y un desprecio alarmante por las libertades fundamentales que cimientan cualquier democracia que se precie de tal. No estamos hablando de interpretaciones caprichosas ni de relatos partidarios. Hablamos de la ONU, ese organismo que, guste o no, constituye la máxima autoridad mundial en la defensa de los derechos humanos. Sus relatores especiales pusieron negro sobre blanco lo que cualquier ojo medianamente atento ya podía intuir: desde diciembre de 2023, la Argentina de Javier Milei se transformó en un terreno fértil para el ejercicio de la represión estatal, el silenciamiento de la protesta social y el disciplinamiento de jueces y fiscales que osan investigar al poder político. Un cóctel tóxico que recuerda épocas que la sociedad argentina juró no repetir jamás. Los relatores —nueve, para ser exactos— no se limitaron a vaguedades. Describieron, con precisión quirúrgica, cómo el protocolo antipiquetes impulsado por la ministra Patricia Bullrich habilitó un repertorio represivo que va mucho más allá de simples operativos de orden público. Según denuncian, se bloquearon accesos a la Ciudad de Buenos Aires, se encerró a manifestantes, se desplegaron fuerzas de seguridad en proporciones absolutamente desmedidas, se utilizaron gases y armas menos letales de manera indiscriminada y se produjeron detenciones arbitrarias. Periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos: nadie escapó de la cacería. Y ahí está el caso paradigmático que atraviesa la carta como un cuchillo. El 12 de marzo pasado, en el marco de una manifestación de jubilados frente al Congreso, el fotoreportero Pablo Grillo recibió un impacto de granada de gas lacrimógeno en la cabeza disparado por un gendarme. Hospitalizado en estado grave, Grillo recién pudo regresar a su hogar semanas atrás. Una escena que, más allá de los nombres propios, refleja un patrón escalofriante: quien documenta la represión se convierte, él mismo, en objetivo del Estado. Los relatores lo dijeron sin rodeos: los Estados tienen la obligación de proteger a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, especialmente periodistas. Pero en la Argentina libertaria, la prensa que incomoda paga con golpes y gases. Claro que lo más perturbador del informe es que no se agota en la violencia física sobre manifestantes. También denuncia lo que podría llamarse el otro rostro de la represión: la persecución judicial. Porque no es solo en la calle donde se juegan los límites de la democracia. El poder, cuando se siente incómodo, busca disciplinar también a la Justicia. Y ahí es donde aparece el nombre de la jueza Karina Andrade, cuyo calvario revela hasta qué punto el gobierno de Milei está dispuesto a triturar cualquier contrapeso institucional. Andrade investigaba las más de cien detenciones que se produjeron en esa misma jornada del 12 de marzo, durante una cacería despiadada de manifestantes. Su decisión de liberar a los detenidos la convirtió en blanco de una feroz ofensiva política. Fue hostigada públicamente, señalada en redes, perseguida incluso con amenazas ligadas a su género. Hasta el mismísimo Presidente descargó sobre ella su artillería verbal. Ante semejante presión, Andrade llevó su denuncia a instancias internacionales, invocando un patrón de hostigamiento estructural contra el Poder Judicial ejercido por Milei, su gabinete y lo que la relatoría definió como su “fuerza de choque virtual”. Los relatores de Naciones Unidas no se anduvieron con medias tintas: describieron el hostigamiento contra jueces y fiscales como un “esfuerzo organizado y deliberado para hostigar y castigar a jueces en represalia por su labor judicial”. No es poca cosa. Significa que, para la ONU, en Argentina se estaría utilizando el poder del Estado para disciplinar a jueces que se atreven a investigar la represión. Es un síntoma de regresión democrática tan elocuente como escalofriante. Por supuesto, nada de esto ocurre en el vacío. La carta sitúa la deriva autoritaria en un contexto político y normativo que ha ido erosionando las bases mismas de la república. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el país se ha visto sacudido por una avalancha de normas: el protocolo antipiquetes, el mega DNU que derogó decenas de leyes, la Ley Bases que habilitó reformas profundas en derechos laborales, económicos y sociales, y la llamada ley anti mafias, que permite detener personas sin orden judicial. Todo condimentado por discursos furibundos de funcionarios nacionales y provinciales contra organizaciones sociales, movimientos civiles y cualquier voz disidente. La ONU advirtió con preocupación el uso de la etiqueta “terrorismo” o “delito contra la seguridad nacional” para describir protestas sociales. Y acá se revela la maniobra más siniestra: transformar la protesta en delito, convertir a quienes reclaman en enemigos internos, legitimar la represión como respuesta necesaria para defender la patria. Es el mismo discurso que en otros tiempos sirvió para justificar desaparecidos, tortura y censura. Pensar que esto sucede en democracia y en pleno siglo XXI hiela la sangre. Por más que el gobierno de Milei pretenda disimularlo, el hecho de haber solicitado una prórroga para responder a la ONU es, en sí mismo, un acto de reconocimiento de que hay explicaciones que dar. Porque cuando no se tiene nada que ocultar, las respuestas llegan rápido. La dilación es siempre sospechosa. En definitiva, lo que la carta de Naciones Unidas dejó expuesto es el progresivo vaciamiento democrático que está consumiendo a la Argentina. No se trata solamente de represión en las calles ni de jueces amenazados. Es una visión del Estado como maquinaria para sofocar la disidencia, para callar voces, para gobernar sin contrapesos. Un proyecto de poder que, de profundizarse, podría dejar a la sociedad argentina peligrosamente cerca de la cornisa autoritaria. Mientras Milei y Bullrich venden en redes sociales la fantasía de un orden necesario para combatir supuestas mafias, lo cierto es que el costo de ese “orden” se mide en derechos pisoteados, libertades cercenadas y miedo extendiéndose por el tejido social. El país entero —y ahora también el mundo— está mirando. La pregunta es si alcanzará con mirar o si habrá que pasar, una vez más, a la dolorosa tarea de resistir para que no se nos escape de entre las manos la democracia que tanto costó reconstruir. Fuente: https://www.pagina12.com.ar/841932-las-advertencias-de-la-onu-a-bullrich-y-milei-sobre-la-repre
La líder del PJ cuestionó sin contemplaciones al jefe de Estado por su plan económico e hizo una ácida referencia a Victoria Villarruel. Además le advirtió al mandatario que el poder económico tarde o temprano lo va a desechar: “Cuando no les sirvas más te van a tirar al basurero de la historia” “¡Ves que sos un Presidente muy cobarde!”. Con esa frase, y desde su prisión domiciliaria, Cristina Kirchner lanzó un duro ataque a Javier Milei, luego de que el mandatario responsabilizara a “los kukas” (frase de Luis Caputo) y a la vicepresidenta Victoria Villarruel por propiciar una “corrida cambiaria”. En un texto publicado en las redes sociales, la líder del Partido Justicialista (PJ) cuestionó la gestión económica del mandatario libertario y lo acusó de buscar culpables externos ante la volatilidad cambiaria. “Los dólares vuelan al pago de deuda, al colchón, al exterior o a los amigos del poder. El carácter bimonetario de la economía argentina es una realidad más presente que nunca. “¿Y a vos y al Toto Caputo lo único que se les ocurre es ir a un streaming a echarle la culpa a la amiga de Videla (tu vicepresidenta) y a los ‘kukas’?”, disparó. El mensaje de CFK se centró en la situación económica actual, criticando la política monetaria y el endeudamiento. “Tuviste que pagar tasas de interés arriba del 65% y ni así conseguiste que te renueven la totalidad de los vencimientos en pesos”, señaló, en referencia a las dificultades del gobierno para refinanciar la deuda interna. En su repaso de los últimos meses, recordó: “En abril el FMI te dio 12.000 millones de dólares y vos decías que iba a bajar el dólar a 900 pesos y que ibas a ‘dolarizar’ a 911 pesos. Te acordás ¿no? Ahora, te van a dar 2.000 millones más pese a que no juntaste las reservas que te pedían y, así y todo, ayer el dólar te cerró a 1.385 pesos”. Para la expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en un departamento ubicado en la ciudad de Buenos Aires, las medidas adoptadas por el gobierno solo han agravado la crisis: “Otra vez, para que no se te siga disparando el dólar, tuviste que salir corriendo a modificar los encajes bancarios aumentándolos al 40%. O sea… elegís encarecer el crédito sin que te importe reventar la actividad económica aún más de lo que está”. La ex mandataria también cuestionó la narrativa oficial sobre el gasto público y el superávit fiscal. “¿Cómo era lo que decías ‘economista, experto en crecimiento con o sin dinero’? ¿Que el problema era el gasto y que con superávit todo se resolvía?”, preguntó, para luego remarcar: “Hoy no hay ni reservas, ni inversión, el consumo se desplomó y el verdadero problema del país sigue siendo la falta de dólares agravada por el feroz endeudamiento a partir del gobierno de Mauricio Macri y la fuga de capitales”. En otro tramo, Cristina Kirchner calificó el “plan motosierra” como “una motosierra brutal para el bolsillo de los argentinos”, La ex mandataria fue más allá y atribuyó la situación actual a intereses externos y a la influencia de actores internacionales. “La verdad de la milanesa es que los que sí tienen un plan son el poder económico (con su correlato mediático) y las Fuerzas del Norte… que para sostenerte, usarte como títere vende Patria y continuar saqueando nuestro país a través de las finanzas y los recursos naturales, necesitaron meterme presa y proscribirme”, afirmó. Para Cristina Kirchner, no se trata de una “visión conspirativa de la historia”, sino de hechos concretos: “Es mucho más sencillo: hay que escuchar lo que dicen y ver lo que hacen”. En el cierre de su mensaje, la ex presidenta advirtió a Milei sobre su futuro político: “Eso sí… fíjate Milei… porque cuando no les sirvas más te van a tirar al basurero de la historia”. “Leí que en el streaming dijiste que vas a ser reelecto en el 2027… Te quiero comentar que determinados adminículos se usan una sola vez y luego se tiran…”, concluyó su mensaje. ¿Te gustó la nota? ayudanos con un cafecito a seguir haciendo periodismo.
El mensaje apareció en la previa del show de la popular artista en San Juan. El concierto estuvo demorado, pero luego se pudo realizar. "No queremos que esa negra puta kirchnerista actúe, así que pusimos una bomba", dice la voz de un hombre. Diario Registrado "No queremos que esa negra puta kirchnerista actúe": filtran el audio de la amenaza de bomba al show de Lali El mensaje apareció en la previa del show de la popular artista en San Juan. El concierto estuvo demorado, pero luego se pudo realizar. "No queremos que esa negra puta kirchnerista actúe, así que pusimos una bomba", dice la voz de un hombre. En el marco de una serie de conciertos viene realizando, y que incluyo críticas contra Javier en el show de Vélez, Lali Espósito se presentó este viernes en el estadio Aldo Cantoni de la provincia de San Juan. El recital estuvo demorado por una amenaza de bomba que motivó presencial policial, y de la cual se conoció el audio. "Hemos puesto un artefacto explosivo en el estadio porque no queremos que esa negra puta kirchnerista actúe. Así que de ustedes depende que no salga gente lastimada”, lanzó el individuo al teléfono de la operadora. Luego trascendió que la llamada al Cisem 911 se dio cerca de las 20.15, es decir unos 45 minutos antes del recita que estaba pautado para las 21 horas. ¿Te gustó la nota? ayudanos con un cafecito a seguir haciendo periodismo.
El Presidente los rubricó el viernes por la noche. Tal como había anticipado, el presidente Javier Milei firmó los vetos que suspenden las leyes de aumento a las jubilaciones, restitución de la moratoria previsional y declaración de la emergencia en discapacidad sancionadas por el Congreso a comienzos de julio. Se espera que los decretos sean publicados el lunes en el Boletín Oficial. “Si bien la salida parcial del cepo produjo un salto cambiario inicial del 10% la tendencia de la tasa de inflación no ha variado señaló Cavallo. Te puede interesar: Dura crítica de Cavallo al Gobierno: "No ha conseguido consolidar un clima de estabilidad monetaria y cambiaria" Se trata del segundo veto que el jefe de Estado aplica a aumentos jubilatorios durante sus dos años de gestión. Según publicó Ámbito, los documentos fueron rubricados el viernes por la noche. Si bien el Congreso tiene la potestad de insistir con la aprobación de estas leyes, para ello necesita una mayoría especial: dos tercios de los votos en ambas Cámaras, un enorme desafío para la oposición. La viabilidad de revertir estos vetos dependerá en gran medida de Diputados. Mientras que en el Senado los proyectos consiguieron superar cómodamente el umbral de los dos tercios, en la Cámara baja los márgenes fueron mucho más ajustados, lo que sugiere una mayor dificultad para alcanzar la mayoría necesaria y contrarrestar la decisión presidencial. Los proyectos vetados no serán incluidos en la próxima sesión de Diputados, programada para el 6 de agosto. En esa jornada, la oposición tiene previsto impulsar otras iniciativas clave, como el financiamiento para universidades públicas y la salud pediátrica. La semana próxima será clave para el Gobierno respecto de la temperatura de la calle. El miércoles, mientras estén sesionando los diputados, se esperan nuevas movilizaciones de jubilados en las inmediaciones del Congreso. En tanto que el jueves habrá una multitudinaria marcha convocada por los movimientos sociales y la CGT al santuario de San Cayetano en Liniers, en reclamo de "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo". Qué decían las leyes de aumento las jubilaciones, moratoria y emergencia en discapacidad aprobadas por el Congreso El proyecto que el Senado aprobó con 52 votos a favor y 4 abstenciones establecía en julio un aumento único de 7,2% a las jubilaciones en todos los niveles y un incremento del bono previsional mensual a $110.000 (es de $70.000), además de la recomposición de la moratoria previsional, que venció en marzo de 2025 y dejó sin chances de jubilarse a los trabajadores mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes. La declaración de la emergencia para discapacidad garantizaba fondos hasta diciembre del 2027 para el pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas); restablecía el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba las sumas (en junio del 2025 era de $213.286,50); y aumentaba la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales desde febrero del 2023.
Un grupo de legisladores se organiza para exponer la situación de la expresidenta. Además, se lanzarán los Comités por la Liberación de CFK. Crece la campaña “Cristina libre”, que denuncia la persecución que sufre Cristina Fernández de Kirchner por la prisión domiciliaria otorgada en una causa plagada de irregularidades. En este sentido, sus organizadores informaron que, además del avance en instancias jurídicas en organismos internacionales, en los próximos días se lanzarán comités por la liberación de la expresidenta en México, Brasil y Bolivia. Este camino, un grupo de legisladores argentinos participarán de distintos eventos internacionales para “fortalecer la denuncia del lawfare” contra CFK y “promover una agenda común entre fuerzas políticas de América Latina”. Por un lado, una delegación integrada por los diputados Leila Chaer, Tomás Ledesma, Carolina Gaillard e Itai Hagman, y la senadora Lucía Corpacci formará parte del Congreso Panamericano Anual de Legisladores - Internacional Progresista, a desarrollarse en la Ciudad de México entre el 31 de julio y el 3 de agosto. También se lanzará el Comité “Cristina Libre” en el Congreso del Partido de los Trabajadores (PT), espacio político de Brasil liderado por Lula Da Silva. Del acto, con fecha el 2 y 3 de agosto, participarán el excanciller Jorge Taiana y el parlamentario del Mercosur Franco Metaza. Además, se estrenará el Comité “Cristina Libre” en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Encuentro de Runasur encabezado por Evo Morales en Bolivia.
La ex mandataria recibirá este viernes a Ernesto Samper y a Gabriela Rivadeneira en su residencia. Dialogarán sobre "la realidad del continente". La ex presidenta Cristina Kirchner mantendrá este viernes una serie de reuniones de alto perfil con referentes de la política regional desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria, en un gesto que busca reforzar su rol en el debate sobre el futuro del continente. La ex mandataria recibirá al ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, y a la ex presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira. Según pudo informarse Informativo Argentino, la agenda de la presidenta del PJ Nacional comenzará a las 16:00 hs con el encuentro con Samper. Una hora más tarde, a las 17:00 hs , será el turno de Rivadeneira. El eje central de ambas conversaciones será "la realidad del continente", según se informó. Los encuentros se producen en un momento de reconfiguración del mapa político de Sudamérica y son vistos como un intento de la ex presidenta de consolidar un espacio de diálogo con dirigentes de la centro-izquierda y el progresismo de la región, a pesar de su situación judicial. ¿Te gustó la nota? ayudanos con un cafecito a seguir haciendo periodismo.
Un decreto del gobierno de Javier Milei habilita la privatización de AySA y permite cortar el suministro de agua por falta de pago. El servicio dejaría de ser un derecho humano y pasaría a manos extranjeras. El decreto 493/2025, firmado por el gobierno de Javier Milei, marca un nuevo hito en la entrega de los bienes públicos. El texto permite la privatización de AySA, habilita el corte del suministro de agua a quienes no paguen en 60 días y deja atrás el reconocimiento del agua potable como un derecho humano esencial. “El agua ya no es un derecho, es un bien común”, establece el decreto. Bajo esta lógica, el acceso al agua deja de estar garantizado para toda la población y se transforma en un recurso transable, medible y comercializable. ¿La consecuencia? Quien no pueda pagar, no tomará agua. Una concesión para hacer caja El 90% del capital accionario de AySA está en manos del Ministerio de Economía. Según el nuevo decreto, ese paquete accionario podrá ser usado como garantía financiera: el Estado se endeuda poniendo el agua como respaldo. El servicio se medirá con nuevos dispositivos que, según denuncian los especialistas, encarecen brutalmente la tarifa. Se crea además el ERAS, un nuevo ente regulador del agua y saneamiento, cuya función y mecanismos de control no están definidos. Mientras tanto, se abre la puerta para firmar convenios con empresas extranjeras. ¿La favorita? MECOROT, la polémica compañía estatal israelí. MECOROT, el fantasma privatizador En 2022, Wado de Pedro y varios gobernadores firmaron acuerdos con MECOROT, la empresa israelí que controla el agua en su país. Entre los convenios figura el uso integral de acuíferos, ríos y napas, es decir, todo el sistema hídrico argentino. Hoy, ese asesoramiento podría transformarse en control directo del servicio. Las provincias involucradas son Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Formosa. La historia de MECOROT no es tranquilizadora: en Palestina, fue denunciada por desviar el río Jordán hacia asentamientos ilegales, dejando sin agua a millones de personas. El modelo Milei: endeudamiento y saqueo Con el nuevo marco legal, las empresas privadas no solo podrán cobrar por el agua: también podrán usar la concesión para conseguir créditos y hacer negocios especulativos. El texto del decreto incluso permite que los fondos obtenidos por la tarifa se usen como garantía para otros préstamos. Pero lo más grave es que se elimina cualquier obligación de universalizar el servicio. No hay metas, plazos ni compromisos reales para extender el acceso al agua en barrios populares. El caso de Papa Francisco en San Francisco Solano es ejemplar: AySA nunca conectó el caño maestro. Ahora, los nuevos concesionarios podrán poner canillas públicas en la entrada de los barrios y demandar a los vecinos si no cumplen con los estándares técnicos de conexión. Dependencia geopolítica y colonialismo hídrico El decreto también reactiva acuerdos históricos con Israel, algunos de los cuales se remontan a 1995. En aquel entonces, el embajador Isaac Avirán –célebre por sus declaraciones violentas y nunca esclarecidas sobre el atentado a la AMIA– firmó convenios con La Pampa. Los vínculos se fortalecieron luego con el macrismo y ahora se consolidan con Milei. En un mundo donde el agua vale más que el oro, entregar su gestión a una empresa extranjera –y además alineada estratégicamente con Estados Unidos y el bloque de la guerra– implica renunciar a la soberanía sobre un recurso vital. En el RIGI ya se especifica que las empresas tendrán prioridad sobre el agua frente a las poblaciones locales. “El sistema no está funcionando” La columna de Esteban Boxler en Radio 10 lo sintetizó de forma brutal: “Todo esto va generando violencia. Y es vida que se pierde”. A modo de ejemplo, relató cómo al día siguiente de habilitarse el corte de agua por falta de pago, AySA le envió un aviso de deuda pese a tener el débito automático al día. “¿Cómo puede ser? Llamás al banco, al proveedor, a la tarjeta y nadie se hace cargo. Eso no es servicio público: es una trampa diseñada para hacer negocio con la desesperación”. Lo mismo sucede con Edesur, donde le facturan un departamento de hace 30 años. “Estamos pagando lo que consumen en otra dirección. Y nos dicen que si no sabemos el número del medidor, no podemos reclamar. ¿Quién puede vivir así?” Volvemos a tropezar con la misma piedra La historia ya la vivimos en los ‘90: privatizaciones, facturas impagables, cortes, abandono y promesas incumplidas. La privatización del agua no solo es peligrosa: es criminal. Porque el agua es vida. Y sin agua, no hay pueblo. Solo hay clientes, deudores y condenados a la sed.
La actriz cruzó al ex futbolista
