La represa, ubicada en Río Negro, será gestionada por Hidden Lake, la sociedad que figura como propietaria de miles de hectáreas en la Patagonia. El Gobierno nacional cedió la propiedad de una hidroeléctrica a la firma Hidden Lake, que pertenece al billonario británico Joe Lewis. La represa, ubicada en tierras que forman parte del histórico conflicto por el acceso al Lago Escondido, será gestionada por Hidden Lake, la sociedad que figura como propietaria de miles de hectáreas en la Patagonia y que carga sobre sus espaldas con denuncias de todo tipo, según un artículo publicado por lapoliticaonline.com “El acta de adjudicación establece las condiciones de explotación y operación, formalizando un contrato que, más que un trámite administrativo, parece una ironía de la realidad: el Estado entregando una represa de forma directa a una firma cuestionada por la justicia, los organismos de control y hasta por sus propios vecinos”, resalta la nota. Esa determinación del presidente Javier Milei se suma a una serie de decisiones similares que se precipitaron antes de las elecciones. “La están juntando para la campaña”, graficó a LPO un importante dirigente político al tanto de los movimientos libertarios. La Inspección General de Justicia (IGJ) hace años que denuncia a Hidden Lake. En 2022 pidió su intervención judicial y eventual liquidación, alegando que la compañía es apenas una “pantalla” para ocultar la verdadera propiedad: la del magnate británico Joe Lewis, el mismo que desde fines de los 90 compró más de 12 mil hectáreas en una zona de seguridad fronteriza, en una operación que el propio Ministerio del Interior calificó como ilegal. Milei y Lewis, negocios y política. Vale destacar que la empresa declaraba dedicarse formalmente a la actividad agropecuaria. En 2023, un informe gubernamental indicó que Hidden Lake SA es una “sociedad ficticia” que no produce bienes agropecuarios, según asegura, sino que funciona como una excusa para encubrir la apropiación del lago. Hidden Lake es la traducción al inglés de Lago Escondido. La empresa de Joe Lewis sin matices. El empresario arrastra una historia de escándalos y en abril de este año fue condenado por los tribunales de Manhattan a tres años de prisión en suspenso por el uso de información privilegiada. En 2022, Lewis financió una cumbre secreta de jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de medios de comunicación argentinos que se alojaron en su mansión. Entre ellos estaban los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques y Pablo Yadarola, todos cercanos a Macri y que para ese viaje se autobautizaron “huemules”. La organización del viajes estuvo en manos del gerente de Hidden Lake, Nicolás Van Ditmar, empresario inmobiliario de la zona, denunciado por privación de libertad, piratería y sedición. “Hasta ahora, la usina era operada por Patagonia Energía, propiedad de Hidden Lake. De hecho, ambas firmas tienen a Van Ditmar como CEO. La hidroeléctrica tiene una potencia instalada de 7,2 mw. El río tiene un caudal promedio de 7 metros cúbicos por segundo, de los que la central en su máxima potencia toma la mitad. El ducto que lleva el agua hasta la central tiene 1,2 metros de diámetro, y fue enterrado a lo largo del campo”, remarca la nota firmada por la periodista Luciana Glezer. La usican comenzó a inyectar energía en el sistema nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando entró en el programa de Energías Alternativas Renovar que tanto se esmeró en promover el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren. Al entrar en el Programa Renovar, gozó de beneficios. Actualmente Lewis cobra el megavatio diez veces mas de lo que se le paga a la hidroeléctrica de Salto Grande.
El gran actor Mark Ruffalo recuerda en los Globos de Oro a Renee Nicole Good, la mujer que murió asesinada por un agente del ICE y manda un mensaje a Donald Trump: “Es el peor ser humano que existe”
Tras un ataque feroz y desubicado de Eduardo Feinmann contra Lucas Martín, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martín, la actriz salió al cruce sin rodeos y dejó al periodista expuesto. Lejos de esquivar la polémica, Dupláa respondió con un mensaje directo y contundente en redes sociales, defendiendo a su hijo y cuestionando con dureza el rol público de Feinmann. En un tuit que rápidamente se viralizó, escribió: “Gran madera la de Luca: sensible, empático, buen hijo, buen amigo. Va a aprender a manejar mejor su lengua y estaremos para ayudarlo. ¿Será que el del ‘ejemplo’ sos vos? ¿Cómo? ¿Operando contra los médicos del Garrahan? ¿O maltratando estudiantes? El mundo del revés”. La respuesta no solo apuntó a proteger a su hijo, sino que también puso en discusión el doble estándar moral del conductor, a quien Dupláa acusó de operar mediáticamente y de ejercer la violencia desde el micrófono. Una vez más, la actriz eligió no callarse y marcó un límite frente a un periodismo que ataca desde el poder, pero se incomoda cuando le devuelven el golpe.
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La empresa confirmó que mantendrá las suspensiones mensuales de la producción en la planta de General Alvear, provincia de Santa Fe, con salarios al 75 por ciento. La industria automotriz nacional tuvo un difícil 2025 al ritmo del resto de los sectores productivos, debido a la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. Este 2026 no pareciera traer esperanzas y una importante fábrica ya anunció el parate de su producción y la rebaja salarial. General Motors confirmó que mantendrá las suspensiones mensuales de la producción en la planta de General Alvear, provincia de Santa Fe, con salarios al 75 por ciento. La firma continuará este año con el mismo esquema que mantuvo en el 2025 con paradas periódicas de una semana al mes. Por este motivo los empleados cobrarán menos salario. No hay señales de que se vuelva a la producción normal. Desde General Motors relativizaron esta medida señalando que no hubo caídas de la producción en el último año y que se mantiene el mismo ritmo que ya se había anunciado para este 2026. El presidente de Ford alertó sobre el posible cierre de automotrices en Argentina Desde el gremio desmienten a la empresa Sin embargo, desde el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), ofrecieron una versión opuesta a los dichos de la empresa asegurando que el freno responde a la "caída estrepitosa" de las ventas. En ese sentido, enfatizaron que esto genera una incertidumbre total sobre el futuro de la planta en Alvear, que ya funciona con una reducción del 50 por ciento y tiene alrededor de 600 operarios. Bodegas Bianchi con deuda millonaria y cheques rechazados: busca evitar el concurso Cabe señalar que el primer freno que tuvo General Motors en su planta de Alvear fue en octubre del 2023, aunque fue por un faltante de piezas importadas. De a poco comenzó a volverse una práctica habitual y para el 2024 se volvió una medida corriente. Ese mismo año la firma abrió un proceso de retiros voluntarios que alcanzó a unos 800 trabajadores de todo el país, muchos de ellos con hasta 25 años de antigüedad. Fuentes del sector denunciaron que además hubo 33 despidos en 2024 y unos 50 en 2025. En 2025, los parates se volvieron mensuales junto con la reducción salarial y la compañía volvió a abrir los retiros, aunque solo 90 empleados lo aceptaron, reduciendo el personal en todo el país a unas 900 personas. ¡Te necesitamos para seguir informando! Todos los días buscamos información relevante que ningún medio esta contando pero mantener la pagina web y todas las herramientas que usamos es muy costoso. No tenemos publicidad del gobierno ni de empresas, somos un espacio que no busca la rentabilidad que da tener un medio sino que lo que informamos se vea y escuche en todo el pais y en el mundo. Con un aporte minimo nos ayudará a seguir sosteniendo este contenido que hacemos. Consultas: infosoyargentino@gmail.com
Así lo comunicaron desde el Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo Palestino. Cristian estuvo privado de su libertad en un penal de máxima seguridad a raíz de un pedido de la embajada Israelí y bajo la orden del juez Lijo. El 14 de junio del 2023 fue detenido por una unidad antiterrorista cuando se encontraba en su casa. Un cuadro pintado a mano que muestra una mujer Palestina, un cuaderno con anotaciones en árabe, publicaciones en su Facebook personal y una bandera Palestina fueron algunas de las pruebas para sostener el supuesto delito de odio racial e intimidación pública. Recuperó su libertad el 12 de marzo del 2024 y falleció este sábado 27 de julio. El activista propalestino y trabajador metalúrgico vivía en la localidad de Varela cuando lo allanaron y detuvieron. A partir de ese momento su nombre comenzó a circular en medios hegemónicos que lo acusaban de terrorista y también, comenzó a resonar para un amplio arco del campo popular. Sin embargo, desde el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, tenía un vínculo mucho anterior al día de la detención. Él acompañaba la causa desde que era muy joven. En una de las visitas realizadas en el Penal de máxima seguridad de Marcos Paz, el miércoles 1 de noviembre del 2023, donde participó el Comité, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Coordinadora de lxs Presxs por Luchar, Cristian explicó que fue su madre quien le inculcó el amor por los pueblos árabes y en particular, por la lucha de la liberación del Pueblo Palestino. «Quien soy y mis ideales siguen intactos» , explicó aquel miércoles. Además, hizo énfasis en que lo que más le dolía de aquella detención no era la privación de su libertad, ni la posible pérdida de su puesto de trabajo, ni la campaña de difamación contra su persona, sino el hecho de que ya no podía comunicarse con a quienes él llamaba «su familia» , que se encontraban viviendo en Gaza. «Hoy día no puedo saber si siguen vivos o están muertos y probablemente nunca me entere» . Le habían cortado la comunicación con ellos. Por un lado, porque lo mantenían en prisión preventiva mientras se esperaban los peritajes a su teléfono y, por el otro, porque se estaban investigando unos giros de dinero realizados en el año 2018 y 2019 a distintas familias palestinas, a raíz de unos recibos encontrados en su casa. A continuación, reproducimos el comunicado del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino: «Con honda tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestro querido compañero Cristian Díaz este sábado 27 de julio. Cristian, militante de la causa Palestina desde su juventud estuvo detenido injustamente 9 meses, desde el 14 junio de 2023 hasta el 12 de marzo de 2024 en la cárcel de Marcos Paz por pedido de la Embajada Israelí y orden del juez Lijo. La acusación era Intimidación Pública y odio racial por haberse pronunciado públicamente y en su propio Facebook a favor de la causa Palestina y contra de las atrocidades de Israel en Gaza. Los argumentos del juez para mantenerlo detenido fueron que había que realizar peritajes en su celular y que la policía no tenía tiempo para hacerlo. Desde el Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo Palestino reivindicamos la memoria de nuestro compañero, noble, generoso, solidario y continuaremos su lucha por una Palestina libre del río al mar, Invitamos a despedirlo el día y lugar que comunicaremos en breve. Hermano Cristian, aquí estas en nuestros corazones, somos tu familia en esta y en las demás vidas. Fuente: ANRED ¡Te necesitamos para seguir informando! Todos los días buscamos información relevante que ningún medio esta contando pero mantener la pagina web y todas las herramientas que usamos es muy costoso. No tenemos publicidad del gobierno ni de empresas, somos un espacio que no busca la rentabilidad que da tener un medio sino que lo que informamos se vea y escuche en todo el pais y en el mundo. Con un aporte minimo nos ayudará a seguir sosteniendo este contenido que hacemos. Consultas: infosoyargentino@gmail.com
El patrimonio histórico del edificio de más de un siglo de vida “está en riesgo” por el posible destino inmobiliario del lugar. Organizaciones barriales de la Comuna N°11 manifestaron su rechazo y preocupación por la compra del exHospital Israelita por parte del Grupo IRSA . El edificio de Villa Santa Rita , hoy abandonado, fue adquirido por la empresa de Eduardo Elsztain en medio de un proceso judicial y los vecinos y vecinas advierten que el patrimonio histórico del edificio de más de un siglo de vida “ está en riesgo ” por el posible destino inmobiliario del lugar. A principios de noviembre, este diario informó sobre la adquisición del complejo edilicio de casi una manzana inaugurado en 1916 . El propio Grupo IRSA había confirmado la compra por casi 7 millones de dólares con una nota a la Comisión Nacional de Valores, en la que dejaba asentado su objetivo de “impulsar la refuncionalización del inmueble, con el objetivo de recuperar y poner en valor un activo emblemático de la Ciudad". Dos meses y medio después, el conjunto ya está incorporado al “ portfolio ” de propiedades que el grupo tiene en su web, en la que el exhospital se publicita por los 8.800 metros cuadrados del lote y sus 17 mil metros cuadrados de superficie actualmente construida. Aunque el fuerte de IRSA en la Ciudad son sobre todo los shoppings , en la empresa pica en punta la idea de reconvertir el excentro de salud en un edificio residencial con comercios incluidos. El proyecto no está oficialmente confirmado, pero los vecinos y vecinas de la zona ya comenzaron a levantar la voz para hacer notar los peligros del arribo del mayor peso pesado del negocio inmobiliario porteño. En un comunicado conjunto, las organizaciones Vecinos unidos Comuna N°11, Conciencia urbana Comuna N°11, Una plaza para Santa Rita, y Vecinos del Barrio Nazca, advirtieron que el terreno en cuestión “alberga un patrimonio histórico, cultural e identitario invaluable e irrecuperable que está en riesgo ”. “El Israelita no es solo un negocio de IRSA , es parte de la historia de la medicina porteña, de la historia santarritense, de Flores, de la Comuna N°11 y de toda la ciudad”, continuaron y agregaron que “hay precedentes de pedidos vecinales para su destino al bien común convertido en Centro de Salud y Acción Comunitaria (Cesac), escuela secundaria y espacio verde ”. En efecto, diversos proyectos fueron presentados en la Legislatura y en la Junta Comunal N°11 a lo largo de los años para reconvertir el edificio, pero ninguno fue atendido . El edificio está abandonado casi en su totalidad desde hace décadas, aunque luego de la quiebra del lugar en 2003 un grupo de trabajadores constituyó una cooperativa para seguir atendiendo allí. La cooperativa continuó haciéndolo en espacios cada vez más reducidos a modo de consultorios externos, pero en 2017 la Justicia ordenó el desalojo del edificio y la Legislatura desafectó su uso público para preparar la venta. En el marco de ese conflicto judicial, IRSA logró comprar el predio ahora, en un caso denominado de “ venta forzosa ”. En el medio, hubo proyectos para destinar parte del predio a una plaza , para construir allí una escuela secundaria con espacio verde y otros para utilizarlo como ampliación del Cesac N°34 de Villa del Parque. Con la venta ya consumada, los vecinos y vecinas piden ahora que el conjunto edilicio sea, al menos, “ estructuralmente respetado ” y que se “maximicen los espacios verdes de suelo absorbente que rodean al edificio y cada uno de los árboles preexistentes”.
A un año de los ataques de Javier Milei a la comunidad LGBTIQI+ en Davos y la reacción de las disidencias sexuales en las calles, este 7 de febrero habrá otra Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista. La comunidad LGBTIQI+ organiza una nueva Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista . Esta marcha será la segunda marcha federal de estas características que las disidencias sexuales realizarán durante el gobierno de Javier Milei , la primera ocurrió el 1 de febrero del año pasado como una reacción a los ataques del presidente argentino en el Foro Económico de Davos , donde vinculó a la homosexualidad con la pedofilia , y pronunció en contra de los feminismos , la migración y de lo “ woke ”. El sábado pasado, decenas de personas llegaron autoconvocadas a una asamblea en el Parque Lezama . La multitud era apenas la cuarta parte de la cantidad de personas que llegaron a la primera asamblea antifascista y antirracista del año pasado. En el encuentro hubo participación de representantes de diferentes sectores golpeados por el ajuste fiscal y la batalla cultural del Gobierno liberal: disidencias sexuales, seropositivos, afros, migrantes, trabajadoras sexuales, trabajadorxs de instituciones públicas y jubiladxs. Desde el micrófono instalado en la glorieta del parque, más de 30 oradorxs expusieron las problemáticas que atraviesan y que les parecen necesarias unificar en la próxima marcha, tal como ocurrió el año pasado. El hecho de que se aglomeraran varias luchas hizo que la marcha fuera multitudinaria tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otras ciudades del interior. Además de denunciar los retrocesos en derechos humanos en Argentina, como la eliminación de políticas públicas a favor de las mujeres y las disidencias, la violencia policial en las calles y la reforma laboral, lxs participantes se pronunciaron por la invasión militar de Estados Unidos en Venezuela, el genocidio en Gaza y la injerencia estadounidense en la región. “Yo creo que esta asamblea es, en principio, un anuncio de que sí podemos llenar la calle, que sí podemos organizarnos, y que este sujeto político distinto, particular, transversal, que es este movimiento LGBTIQ +, también en alianza con las trabajadores sexuales, en alianza con las personas en situación de calle, en alianza con quienes sufren el punitivismo cotidiano, sabe tejer alianzas, resistencias, y vamos a llenar las calles”, dijo en su intervención la activista Marta Dillon. La marcha del 1 de febrero del año pasado fue días después de los ataques de Milei en Davos. Para organizar esa marcha hubo dos asambleas multitudinarias en el parque Lezama, a las cuales llegaron autoconvocadxs cientos de personas que decidieron dividir la movilización por bloques, encabezada por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo junto con el colectivo travesti-trans, seguido de migrantes y personas de poblaciones originarias. La convocatoria hizo eco en la sociedad argentina al punto de que de la misma participaron médicxs de hospitales públicos, sobrevivientes de la dictadura, jubiladxs, asambleas barriales y hasta partidos políticos. En respuesta a la movilización, La Libertad Avanza reformó la Ley de Identidad de Género para prohibir la hormonización en las y los adolescentes trans menores de 18 años tras una campaña de desinformación comandada por funcionarixs e ideológos. El racismo estructural “Yo realmente he vivido momentos peores, no estoy en el peor momento. Este es el peor momento para un sector LGBTIQ + capitalino, clase media, urbano, que tiene determinado acceso a muchos derechos, que se ven interpelados ”, señala, a Soy, Marlene Wayar, activista travesti, quien cuenta que desde los 15 años fue apresada por su identidad sexual , pero que años después aún hay mujeres trans que se dedican al trabajo sexual en la calle como única alternativa de vida por la falta de políticas públicas del gobierno pasado y del gobierno actual. Para Wayar, los encuentros como la asamblea del sábado son transformadores y una marcha multitudinaria es una postal mundial sobre “el otro sentido de mundo” que busca la sociedad argentina, plantándose en las calles para pedir respeto por los derechos humanos, pero señala que luego debe haber un trabajo para acabar con los “ microfascismos ” y el racismo estructural del que tampoco escapa la diversidad sexual. “Es un logro para nosotros que tengamos no solamente una asamblea, sino que la palabra ‘antirracista’ los haga pensar sobre lo que significa”, dice a Soy, por su parte, la activista afro Sandra Chagas, quien forma parte de la comisión antirracista de la asamblea LGBTIQ +. Chagas considera que la sociedad argentina es “absolutamente racista” y por ende en algun os espacios puede no haber discriminación por las identidades u orientaciones sexuales, pero sí por el color de piel. “De repente te respetan de una manera y de la otra te minimizan. Tenemos una lucha bastante desigual”, dice. Mientras Milei estará esta semana a Davos, donde podría seguir atacando a la población LGBTIQI+ , en Argentina convocan a una nueva asamblea para el próximo sábado en la plaza Garay, en el barrio de Constitución. Faltan todavía voces por escuchar, definir las actividades para una semana de lucha previo al 7 de febr ero y la marcha contra la reforma laboral, el 10 de febrero. También falta una consigna que unifique todas las luchas , aunque de momento la que ya comenzó a circular es “Acá no sobra nadie. Ninguna vida es descartable”.
El organismo intervenido por el Gobierno de Milei aprobó un régimen especial que permite a las empresas de telecomunicaciones regularizar deudas históricas con quita de intereses y multas. La medida beneficia a los grandes grupos del sector, debilita el Fondo del Servicio Universal y consolida un esquema de impunidad empresaria disfrazado de gestión administrativa. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un Régimen de Facilidades de Pago que habilita a las empresas de telecomunicaciones a regularizar deudas acumuladas durante años con el Estado nacional, incluyendo tasas, derechos radioeléctricos, aportes obligatorios y multas ya aplicadas o en trámite. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La medida alcanza a los licenciatarios y autorizados de servicios TIC y permite cancelar obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con condiciones ampliamente favorables: quita de intereses, eliminación de multas diarias y planes de pago en cuotas. El plazo de adhesión será de 180 días y podrá prorrogarse por otros seis meses. Una moratoria hecha a medida de los grandes jugadores Aunque el texto administrativo se presenta como una herramienta técnica para “mejorar la recaudación”, lo cierto es que el régimen funciona como una moratoria encubierta para las empresas más poderosas del sector, muchas de las cuales arrastran deudas millonarias con el ENACOM desde hace años. La resolución reconoce explícitamente que existen obligaciones vencidas de difícil o nula cobrabilidad, pero en lugar de avanzar con sanciones efectivas o ejecuciones, el organismo opta por perdonar penalidades y ofrecer facilidades excepcionales. En los hechos, se premia a quienes incumplieron sistemáticamente, mientras se licúan sanciones que tenían como objetivo disciplinar conductas abusivas. El propio ENACOM admite que puede excluir la aplicación de multas diarias, aun cuando los incumplimientos se hayan extendido en el tiempo, apelando a una supuesta afectación de la “seguridad jurídica” de los administrados. Una lógica que, una vez más, protege al poder económico antes que al interés público. El Fondo del Servicio Universal, otra vez la variable de ajuste Uno de los puntos más sensibles del régimen aprobado es que incluye los Aportes al Fondo del Servicio Universal, un instrumento clave destinado a garantizar conectividad en zonas rurales, barrios populares y regiones postergadas del país. Al permitir la regularización flexible —y con quitas— de esas obligaciones, el ENACOM debilita el financiamiento de políticas públicas esenciales, mientras las empresas continúan cobrando tarifas cada vez más altas a los usuarios. El ajuste no cae sobre los balances corporativos, sino sobre el derecho a la comunicación de millones de argentinos. No se exige, además, ninguna contraprestación social: ni inversiones obligatorias, ni mejoras en la calidad del servicio, ni compromisos concretos de expansión de redes. El perdón es liso y llano. Milei, el Estado blando y la impunidad empresaria La resolución se inscribe de lleno en la lógica del gobierno de Milei: mano dura discursiva para los sectores populares y mano blanda real para los grandes grupos económicos. Mientras se recortan derechos, se ajustan presupuestos y se criminaliza la protesta social, las corporaciones reciben beneficios bajo el rótulo de “eficiencia administrativa”. No es un dato menor que el ENACOM continúe intervenido, sin directorio plural ni control democrático, lo que facilita la adopción de decisiones de alto impacto económico sin debate público ni transparencia real. La emergencia administrativa invocada funciona, en este caso, como coartada para consolidar privilegios. La adhesión al régimen implica que las empresas desisten de cualquier acción judicial o administrativa, cerrando conflictos a su favor y garantizando una paz fiscal construida sobre la renuncia del Estado a cobrar lo que le corresponde. Un mensaje claro: incumplir paga Lejos de fortalecer la regulación del sector, la Resolución 3/2026 envía un mensaje inequívoco: incumplir conviene. Las empresas que especularon, dilataron pagos o judicializaron deudas hoy reciben premios; las que cumplieron en tiempo y forma no obtienen ningún reconocimiento. Así, bajo el discurso de la modernización y la eficiencia, el gobierno profundiza un modelo donde el Estado se disciplina frente al poder económico, resigna recursos estratégicos y consolida un esquema de impunidad que tiene ganadores claros y perdedores previsibles.
El proyecto fue ideado y desarrollado por universidades y entes a los que Javier Milei fue desfinanciando en estos dos años. El doble discurso del gobierno de Javier Milei quedó en evidencia nuevamente. Esta vez, fue por el anuncio de que la Argentina integrará la misión Artemis II de la NASA para volver a la Luna . “El desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos es la prioridad de la inversión en ciencia de este Gobierno ”, publicó el viernes la Oficina del Presidente. Sin embargo, ayer la senadora bonaerense Malena Galmarini demostró que fue un proyecto ideado durante el gobierno peronista y desarrollado por instituciones y universidades públicas. “No se cuelguen de mis tetas!”, diría Moria Casan”, escribió Galmarini en las redes sociales y después agregó: “El Presidente-topo dice que gracias a su gestión horrorosa, Argentina fue seleccionada para la Misión Artemis II”. Y luego dio detalles de cómo se gestionó el proyecto previamente a la llegada de La Libertad Avanza al poder. En primer lugar, explicó que el Proyecto USAT-1 fue desarrollado en la Universidad Nacional de La Plata, se trató del primer microsatélite universitario argentino, antecedente fundamental de “Atenea”. Luego, se hicieron los acuerdos de Artemis: “en 2023, durante la gestión peronista, se produce la visita clave a la NASA, se inician el desarrollo técnico y los acuerdos políticos necesarios que posibilitan la adhesión a los Acuerdos de Artemis , se formaliza la cooperación espacial para misiones lunares y la inclusión de Argentina en esta Misión.”, escribió. Pero además, Galmarini dejó en evidencia el doble discurso de Milei, que desprestigia y desfinancia a las universidades públicas mientras que hace publicidad de un proyecto que “fue financiado y desarrollado por TODAS instituciones públicas/estatales, desfinanciadas por este gobierno”.
El presidente de Brasil cuestionó el unilateralismo de Estados Unidos y celebró el multilateralismo con Europa a días de la firma del acuerdo con el Mercosur. A solo 15 días del secuestro de Nicolás Maduro tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó tanto la política exterior del país que gobierna Donald Trump como el avance del proteccionismo global. En su columna en The New York Times , denunció los bombardeos en territorio venezolano como un signo de la erosión del derecho internacional, mientras que en La Nación celebró la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea como una respuesta multilateral frente al aislamiento de los mercados. Desde el diario estadounidense, Lula sostuvo que las grandes potencias han debilitado la autoridad de la ONU y que el uso de la fuerza como regla pone en riesgo la paz y la estabilidad global. Según su planteo, ningún Estado tiene legitimidad para imponer justicia de manera unilateral, y prácticas como las aplicadas en América Latina generan violencia, inestabilidad y afectan el comercio y la inversión. Recordó que es la primera vez en más de dos siglos que Sudamérica sufre un ataque militar directo de Estados Unidos. El expresidente brasileño defendió que la región, con más de 660 millones de habitantes, tiene sus propios intereses y sueños, y no debe someterse a proyectos hegemónicos. Propuso una agenda regional positiva que incluya inversiones en infraestructura, generación de empleo, ampliación del comercio y cooperación contra el hambre, la pobreza y el cambio climático. Rechazó la división del mundo en zonas de influencia y sostuvo que el futuro de Venezuela debe estar en manos de su pueblo, mediante un proceso político inclusivo. Al mismo tiempo, aseguró que Brasil mantiene un diálogo constructivo con Washington y que ambas democracias deben unir esfuerzos en inversión y combate al crimen organizado. Lula Da Silva se le planta a Trump: "Este Hemisferio pertenece a todos” Lula y el acuerdo Mercosur–Unión Europea En su artículo publicado en La Nación , Lula destacó que “en una época en la que el unilateralismo aísla los mercados y el proteccionismo inhibe el crecimiento global, dos regiones que comparten valores democráticos y defienden el multilateralismo eligen un camino diferente ”. Tras más de 25 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea firmaron uno de los acuerdos más amplios del siglo XXI, creando la mayor área de libre comercio del mundo. El líder brasileño subrayó que “no existe una economía aislada” y que el comercio internacional no es un juego de suma cero . Con un PIB combinado que supera los 22 billones de dólares y más de 720 millones de ciudadanos, el acuerdo ampliará el acceso mutuo a mercados estratégicos y multiplicará inversiones y exportaciones. Según Lula, la versión aprobada resguarda los intereses de los sectores más vulnerables, garantiza la protección ambiental y fortalece los derechos de los trabajadores. MÁS INFO “ La firma constituye apenas el primer paso ”, advirtió, al señalar que el verdadero éxito se medirá por la rapidez con la que los beneficios lleguen a los supermercados, al campo y a los bolsillos de los ciudadanos. Para Lula, este acuerdo demuestra que la cooperación es más ventajosa que la intimidación y que el multilateralismo sigue siendo imprescindible frente al avance del extremismo político.
Tras los incendios en Chubut, la senadora Edith Terenzi pide tratar el proyecto en extraordinarias. Especialistas explican de qué se trata esta figura. Los incendios que se desataron en la provincia de Chubut vuelven a poner en el foco la necesidad de profundizar la legislación argentina en materia de medio ambiente. En el Senado, representantes patagónicos, encabezados por la chubutense Edith Terenzi, proponen una iniciativa para incorporar la figura del “ecocidio” en el Código Penal argentino. Además, acompañan el pedido del gobernador de la provincia, Ignacio Torres, de que el presidente Javier Milei sume el proyecto en febrero en el marco de las sesiones extraordinarias. “Es fundamental tipificar el ecocidio y establecer penalizaciones para avanzar en la protección ambiental, incluyendo la creación de ámbitos judiciales especializados en temas ambientales dentro de la justicia federal”, resaltó Terenzi en diálogo con Tiempo. Pero, ¿qué es el ecocidio? Desde Madrid, el abogado Rodrigo Lledó explicó a este medio que “se define ecocidio a las acciones ilegales que causan daños graves y duraderos al medio ambiente. Es un concepto que surge en tiempos de la guerra de Vietnam, acuñado por un biólogo estadounidense, Arthur Galston”. El director de Stop Ecocidio para LATAM señaló que “es un neologismo que está compuesto en base a una raíz griega y otra latina. La griega es eco, que viene de oikos, que significa casa u hogar. Y del latín sidium, que significa matar, por eso, homicidio, genocidio, etcétera. Entonces, ecocidio significa matar nuestro hogar, nuestra casa, o en palabras del papa Francisco, matar la casa común”. “El concepto estuvo en estudio para formar parte del estatuto de la Corte Penal Internacional, pero antes del código de crímenes contra la paz y seguridad de la humanidad. En 2021, un panel de expertos, incluido Pablo Fajardo, formuló una definición técnica que transversaliza aspectos jurídicos y ambientales esenciales”, agregó el especialista que resaltó que la incorporación de esta figura en la normativa de los países “es absolutamente necesaria”. “Por un lado tenemos el cambio climático, el calentamiento global, pero también tenemos el agotamiento de los recursos naturales. Lo que está sucediendo es que las grandes corporaciones están yendo a buscar esos recursos naturales, esas tierras raras, el petróleo que queda, etcétera, en lugares donde antes no se había buscado y entonces se está yendo a zonas donde viven pueblos indígenas, por ejemplo, o zonas vírgenes o incluso se está pensando en minería submarina para encontrar más minerales”, agregó. Relacionado a lo que sucede con los incendios en la Comarca Andina, Lledó analizó que el resultado “es terrible porque cambia el ecosistema y los ecosistemas están de alguna manera relacionados, entonces es como el efecto mariposa, lo que pasa en Chubut va a terminar afectando lo que pasa en el océano, que va a terminar afectando lo que pase con el aumento del CO2 a nivel global, etcétera”. Proponen incorporar la figura del “ecocidio” al Código Penal argentino Proyecto a la espera de tratamiento en el Senado La senadora Terenzi, recordó a Tiempo que presentó el año pasado una iniciativa en colaboración con la senadora (mandato cumplido) Silvina García Larraburu. El texto se centra en la creación de un capítulo sobre el ecocidio en el Código Penal. “No fue tratado en comisión porque, en realidad, la dificultad que tuvimos durante todo el año pasado estaba directamente relacionada con la falta de quórum. No logramos conseguir el quórum para reunir no solamente la Comisión de Ambiente, sino muchas otras, porque gran parte de las comisiones no habían sido integradas formalmente por el kirchnerismo”, comentó. Para la chubutense, “dañar el ambiente no puede ser gratis, porque un bosque que se incendia intencionalmente, un río que se contamina, un ecosistema destruido afecta a todos y sobre todo a las generaciones futuras”. Terenzi, indicó que el gobernador Torres solicitó públicamente que se trate un proyecto en sesiones extraordinarias. “Es una conversación que tenemos aún pendiente, sobre todo, con la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, que es la senadora Patricia Burrich. Si no se trata en extraordinaria, voy a intentar convocar a plenario los primeros días de marzo de las dos comisiones que tienen este proyecto en sus giros. Una es la de Justicia, que es cabecera del proyecto, y la otra es la de ambiente”. Ante la pregunta de Tiempo sobre la postura que tiene el gobierno libertario respecto al medio ambiente, la senadora respondió: “Creo que más allá de la ideología ambiental que tenga el gobierno nacional, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y no lo digo en forma personal, sino la clase política argentina, generando determinadas legislaciones que tienen que ver con la protección del medio ambiente, y yo estoy absolutamente convencida de que no vamos a retroceder en eso”. Según la información aportada por Lledó sobre la situación en el resto del mundo, el ecocidio ya está incorporado en el Código Penal de Bélgica. Hay una normativa también comparable en Francia y un proyecto de ley en Países Bajos. En América Latina ha habido proyectos de ley en México. Otro en debate actual en República Dominicana, en Brasil, Colombia y Perú. El caso de Chile incorpora una figura de grave daño ambiental que es, en el fondo, el ecocidio con un nombre diferente.«
