El último sondeo de Proyección muestra un cabeza a cabeza entre LLA y el peronismo que gana por un punto en intención de voto para las elecciones bonaerenses. La realidad que presenta cada sección electoral. La gran diferencia en la Tercera y los escenarios de tercios en el interior. Una encuesta realizada en exclusiva por Proyección Consultores para Tiempo Argentino reveló que, a cuatro semanas de las elecciones del 7 de septiembre, en las que se votarán legisladores locales en la Provincia de Buenos Aires, el frente Fuerza Patria mantiene una leve ventaja en intención de voto sobre La Libertad Avanza. Esa distancia, que es de menos de un punto, está dada por la diferencia de entre 15 y 20 puntos que el peronismo le saca a los libertarios en la Tercera Sección Electoral y que compensa el número a nivel provincial. El estudio de opinión pública fue realizado entre el 24 de julio y el 5 de agosto entre mayores de 16 años de las ocho secciones electorales, a quienes se les consultó a qué espacio político votarían si las elecciones fueran hoy y cuáles son los problemas del país que más les preocupan. El trabajo se basa en 6089 casos efectivos, tiene un margen de error de 1,24% y un nivel de confianza del 95 por ciento. La encuesta de Proyección arrojó un resultado de virtual empate técnico: 38,1% de intención de voto para Fuerza Patria, la alianza que tiene como cabeza de la campaña al gobernador Axel Kicillof, contra 37,3% para La Libertad Avanza, el frente político con el PRO que lidera el presidente Javier Milei. El tercer lugar es para Somos Buenos Aires, el espacio de la UCR más aliados como Elisa Carrió y Florencio Randazzo, con 6,1% de intención de voto, mientras que en el cuarto puesto aparece el Frente de Izquierda-Unidad con el 3 por ciento. El 2,9% vota a otras expresiones políticas; el 4% se inclina por el voto en blanco y el 8,5% no sabe aún a quién va a votar. “En general vemos la estabilidad que ya veníamos marcando en la provincia. Hay un escenario de paridad muy grande, donde el peronismo está un pasito mejor que La Libertad Avanza. Ese paso mejor tiene que ver estrictamente con el resultado de la Tercera Sección electoral, donde le sigue sacando entre 10 y 15 puntos de ventaja a los libertarios”, aseguró el director asociado de Proyección, Santiago Giorgetta, a Tiempo. La Tercera Sección comprende a los distritos del sur del Conurbano bonaerense. Es donde se eligen más bancas, 18 sobre las 46 que se renuevan en total en la Cámara de Diputados, y es también el bastión donde históricamente triunfa el peronismo. Allí, la disputa está planteada entre la vicegobernadora, Verónica Magario, como primera candidata por el peronismo y el excomisario Maximiliano Bondarenko como cabeza de lista por el partido de Milei. La batalla central se da en La Matanza, el distrito con mayor número de electores. El jueves Milei eligió la localidad de Villa Celina, en ese municipio, para dar por abierta la campaña violeta a nivel provincial. Se sacó una foto junto a los primeros candidatos de las ocho secciones con un cartel que decía: “Kirchnerismo Nunca Más”. El mismo día, Kicillof también recorrió ese municipio para inaugurar una escuela y anunciar obras de asfalto. “Milei vino un rato a sacarse una foto, pero no se anima a caminar los barrios de La Matanza porque allí se encontraría con las fábricas que cierran, los comercios que no venden y los trabajadores que no llegan a fin de mes”, le retrucó. Buenos Aires: Fuerza Patria lidera las encuestas en un escenario parejo En contraposición, la Primera Sección –norte y oeste del Gran Buenos Aires– es la única donde la intención de voto cambió en favor de la Libertad Avanza con los candidatos ya definidos, según Proyección. “Había un empate técnico y hoy hay casi cuatro puntos de distancia, sobre todo por candidatos. Diego Valenzuela (Fuerza Patria) le saca una ventaja de entre cuatro y cinco puntos a Gabriel Katopodis (LLA)”, precisó Giorgietta y aclaró que, sin embargo, medido por espacios políticos, los porcentajes “se emparejan” y que, por esto, hay que esperar a ver cómo sigue la disputa a medida que avanza la campaña electoral. En el interior, en la Segunda Sección (norte bonaerense) y en la Cuarta sección electoral (noroeste bonaerense), la consultora avizora un escenario de tercios que podría llevar a los libertarios a quedar en el tercer lugar. En el primer caso aparece Hechos, el partido que armaron el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y su hermano, el exintendente Manuel Passaglia, que sólo compite en esa sección. En el segundo caso es Somos Buenos Aires la que también está en la pulseada. “En las dos secciones hay escenarios de tercios donde La Libertad Avanza puede quedar tercero, lo vemos como algo posible”, señaló Giorgetta. En tanto, la Quinta Sección (la costa y este bonaerense) y la Séptima Sección (centro de la provincia) siguen siendo cuesta arriba para Fuerza Patria. El consultor señaló que en la Séptima se impone con claridad La Libertad Avanza, mientras que en la Quinta también el partido del presidente lidera la intención de voto, aunque bajó un poco, y en la Sexta (sur bonaerense), “también descendió un poquito la intensidad” de LLA. Por último, en la Octava -que sólo incluye a La Plata- el analista aseguró que sigue “un escenario de empate técnico muy fuerte”. Inseguridad, inflación, desempleo La encuesta de Proyección también indagó en las principales preocupaciones de los residentes de la provincia de Buenos Aires. “Entre los siguientes problemas del país, ¿cuáles son los que más le preocupan en este momento?”, fue la pregunta formulada a los encuestados. La inseguridad, los bajos salarios, la inflación, el precio de la comida y el miedo a perder el trabajo aparecen como las problemáticas más votadas. El informe revela que el 51,5% considera que el problema número uno es la inseguridad, mientras que el 49,8% está preocupado por los bajos salarios y los ingresos familiares. “Si bien la inseguridad sigue siendo el principal problema de los bonaerenses, los económicos están muy marcados y son cada vez más altos. Tenemos que el bajo salario está llegando por primera vez casi al orden del 50 por ciento. Tiene casi la misma prioridad que la inseguridad”, evaluó Giorgetta, y aclaró que, si bien la preocupación por la seguridad es más fuerte en el Conurbano, en el interior de la provincia los problemas económicos están “muy por encima que en la general”. Buenos Aires: Fuerza Patria lidera las encuestas en un escenario parejo Foto: PBA En tercer lugar aparecen la inflación, el precio de los alimentos y otros gastos básicos del hogar con el 35,6%, y en el cuarto casillero el desempleo y el temor a ser despedido con el 25,1 por ciento. “Hay un 35% de los bonaerenses que considera a la inflación como su principal problema y la novedad es el desempleo, que se ubica en el orden del 25 por ciento. Uno de cada cuatro bonaerenses lo tiene como principal preocupación y es un número que, antes de que asuma Milei en diciembre del 2023, estaba entre el 5 y el 10%”, recordó el director de Proyección. En el ranking de las preocupaciones siguen la calidad de la atención en salud con el 22,3%, la calidad de la educación con el 22%; la corrupción y falta de transparencia en el gobierno con el 21,7%, y los impuestos y aumentos de tarifas con el 20,6%. Ya en el final de la tabla, los encuestados mencionan al funcionamiento de la Justicia con el 20,1% y a los problemas de vivienda con el 15,2 por ciento.
Un querellante de la causa reveló que una reunión costaba US$50.000 y un posteo US$500.000. "La causa avanza en todos los frentes", afirmó. La causa por la estafa con la criptomoneda Libra sumó un nuevo y explosivo capítulo. Martín Romeo, uno de los querellantes y damnificados, denunció la existencia de un supuesto "tarifario de Karina" para acceder al presidente Javier Milei, que incluía precios para reuniones y hasta para los posteos en redes sociales que promocionaron el token. Durante una entrevista en el programa "Noticias Argentinas" en Splendid AM 990, Romeo reveló detalles de la información que han ido recopilando. "Desde la primera semana que nos metimos de lleno a la causa Libra nos empezó a llegar información de todos lados", contó. Y disparó: "Había un tarifario de Karina para posteos de Milei, para reuniones, para todo. Nos dicen que la reunión costaba 50.000 dólares y que el posteo costaba 500.000". El querellante, que trabajó para una consultora de blockchain y para Naciones Unidas, destacó el rol que jugó la confirmación del Presidente a medios internacionales. "No nos olvidemos que el presidente no solo hace un posteo, sino que confirma a Bloomberg que el posteo era cierto. En el momento que Bloomberg publica que tiene la confirmación de Milei, se hace un efecto en cadena", explicó. Romeo se mostró optimista con el avance de la investigación, tanto en Argentina como en el exterior. "Si la justicia acá no quiere quedar atrás y no quiere quedar en evidencia, tiene que empezar a avanzar porque la causa también avanza en Estados Unidos y en Estados Unidos no es joda", advirtió. Adelantó que no cree que la etapa de recolección de pruebas se extienda más allá de este año y que ya están evaluando los próximos pasos. "Ya falta muy poco, no queda mucho más por pedir. En algún momento tendrán que declarar, se pedirán detencion es, es algo que ya estamos evaluando con los abogados", concluyó.
Con la intención de defender el ajuste de Milei, los militantes del gobierno armaron un confuso relato sobre la exitosa expedición científica en el Mar Argentino. El divulgador científico Nicolás Olszevicki los ridiculizó con una simple explicación. La reciente expedición científica en el Mar Argentino, encabezada por investigadores del CONICET junto al Schmidt Ocean Institute, despertó un inédito interés público, con miles de personas siguieron en vivo por streaming la exploración. Sin embargo, el orgullo que generó la misión contrastan con la difícil situación que atraviesa la ciencia argentina, tal como indicó Roberto Salvarezza, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. En ese marco, y para desarmar el relato libertario, el divulgador científico Nicolás Olszevicki publicó un video para explicar como se llevó adelante la expedición y derribar la teoría que indica que "el Estado no puso un peso". “Están muy dolidos porque un streaming del Conicet le ganó al presidente en cadena nacional”, indicó el especialista sobre los seguidores de Milei, y agregó: “No entienden que esto es posible porque Argentina tiene un sistema científico solido, y el Estado puso muchísima plata a lo largo de muchísimos años para que esos científicos se formen, investiguen y estén en condiciones de ir a competir por un subsidio y ganarlo".
Los bloques opositores firmaron un dictamen de mayoría que resuelve la designación de la presidencia de la comisión investigadora. Sobre un total de 66 votos, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica obtuvieron 38 firmas. El texto sería llevado la semana que viene al recinto. Si se aprueba, la comisión tendrá plazo hasta el 10 de noviembre para presentar el informe. La oposición en la Cámara de Diputados logró este martes un avance fundamental para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora del escándalo $LIBRA, que se había empantanado por la imposibilidad de elegir sus autoridades. La crisis se profundizó durante meses, en medio de maniobras dilatorias por parte del bloque La Libertad Avanza (LLA) y aliados, que buscaban impedir el inicio formal de la investigación que tiene al presidente Javier Milei en el centro de la escena. "Cortala Milei: sos un estafador" El dictamen de mayoría fue firmado por 38 diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, sobre un total de 66 votos en el plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. Mientras tanto, LLA firmó un dictamen de rechazo y otros aliados del oficialismo optaron por no firmar ninguna resolución, un gesto que algunos atribuyeron a evitar quedar señalados por falta de asistencia. El mecanismo para destrabar la elección de autoridades La iniciativa opositora, impulsada principalmente por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, modifica la reglamentación de la comisión investigadora y establece un mecanismo claro para desempatar la elección de autoridades, un punto crítico que había trabado el funcionamiento. La propuesta señala que en caso de empate, la presidencia será ocupada por el candidato apoyado por los bloques que representan la mayoría de diputados en la Cámara baja. Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica y principal impulsor del dictamen que busca destrabar la comisión investigadora y garantizar la transparencia en el caso $LIBRA. Según el texto, “será designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputados en la Honorable Cámara”. La vicepresidencia recaerá en quien haya obtenido el segundo mayor respaldo y la secretaría será asignada por el mismo bloque que apoyó al presidente. La batalla por el control que desbloquea una investigación clave contra Milei Esta resolución no es un mero detalle administrativo: controlar la presidencia es clave, ya que el titular de la comisión tiene voto doble en caso de empate y es quien fija la agenda de trabajo. Durante meses, la comisión estuvo paralizada, con un empate 14 a 14 en dos instancias para definir autoridades, un bloqueo político que atrasó el inicio formal de la investigación. El caso $LIBRA, que involucra acusaciones sobre el uso de la cuenta de la red social "X" del presidente Milei para difundir información falsa y maniobras con criptomonedas, se mantiene bajo la lupa de la justicia y la opinión pública. La comisión fue creada hace más de cuatro meses, pero hasta ahora su funcionamiento fue limitado por estas disputas internas. Dictamen listo para avanzar: la comisión $LIBRA podrá convocar testigos y solicitar documentos clave Con el dictamen listo, la oposición planea llevarlo al recinto la próxima semana, con la intención de que sea aprobado para poner en marcha la comisión. De ser así, la investigación podrá extenderse hasta el 10 de noviembre, junto con la campaña electoral nacional, lo que le suma tensión política al año electoral. En paralelo, el proyecto establece plazos específicos para evitar maniobras dilatorias: tres meses para investigar y un mes adicional para emitir el dictamen final. Además, busca garantizar que la comisión pueda convocar testigos, solicitar documentación y realizar todas las tareas necesarias para esclarecer el entramado detrás del escándalo. La sesión del 20 de agosto En la sesión que podría celebrarse el próximo 20 de agosto, junto con otros temas de peso como proyectos impulsados por los 24 gobernadores que reclaman fondos, se buscará confirmar esta nueva etapa en la comisión $LIBRA. Más allá de las disputas, la puesta en marcha de esta comisión es un paso imprescindible para que el Congreso ejerza su función de control sobre el Ejecutivo, algo que al gobierno ultraderechista le resulta muy incómodo.
Rolando Graña apuntó contra Yanina Latorre, quien acusa de dar una información falsa sobre él Rolando Graña apuntó contra varios periodistas y una de esas personas es Yanina Latorre. Tiene que ver con el caso de Diego Fernández Lima, quien murió en 1984 en el barrio porteño de Coghlan pero cuyo cuerpo fue hallado hace pocas semanas al lado de la casa que habitó el músico Gustavo Cerati. En América Noticias, el ciclo que conduce Graña con Soledad Larghi, entrevistaron a Adrián Farias, compañero de colegio de Fernández Lima y de Cristian Graf, el señalado como quien lo habría matado. El hombre dio un testimonio en contra del fallecido, a quien tildó de ‘problemático’ y de hacer ‘bullying’. En redes sociales apuntaron contra Rolando, se dijo que era una figurita que usó en otras entrevistas, y se comprobó que no fue así. Sin embargo, muchos se subieron a lo que se dijo en redes sociales, y una de ellas fue Latorre. Ante esto, el periodista se descargó: “Querida Yanina Latorre, vos que tanto te jactas de ser precisa y tener información infalibre, no podés salir a decir semejante burrada”. Su descargo fue en X donde, además, compartió el video de la opinión de Yanina. “En este video asegurás que el camarógrafo Adrián Farías ya estuvo en un programa conmigo. Falso. Estuvo con Mauro Viale luego de una cobertura que hizo del caso Maldonado. No te costaba nada buscarlo. Repetiste como lorito lo que viste en Twitter, reconocelo” Rolando Graña también se expresó en Instagram Lejos de terminar ahí, sumó: “En segundo lugar, Adrián solo contó su experiencia personal intentando aportar datos a un contexto desconocido y extraño que sucedió hace más de 40 años. Para nada hizo un juicio de valor ni se refirió a lo sucedido puertas adentro de la casa en cuestión. Si es fiscal de la causa considera interesante su aporte lo llamará a declarar. Fin”.
Javier Milei festejó el galardón “Economista del Año” de la Ordem dos Economistas do Brasil, una entidad privada sin aval oficial cuyo titular fue sancionado por desviar fondos en beneficio personal. Javier Milei festejó este lunes haber recibido el premio "Economista del Año 2025" de la Ordem Dos Economistas Do Brasil (OEB), una entidad no oficial de Brasil cuyo titular, Manuel Enríquez García, tiene la matrícula suspendida por un escándalo ético. En 2019, el titular de la ONG fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años por el Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) tras haberlo encontrado responsable de operaciones financieras fraudulentas . Las relaciones del Gobierno argentino con la entidad brasileña comenzaron seis meses atrás, cuando el 25 de febrero 2025 --a pocos días del criptoescándalo de $Libra-- Milei fue notificado de esta distinción. Finalmente, este lunes, el mandatario recibió a la comitiva brasileña en el despacho presidencial de la Casa Rosada para festejar, según las propias palabras de la entidad, su rol en la difusión del conocimiento económico en la región. Fraude, estafa y desvío de fondos La acusación original del TCU había apuntado que Enríquez García utilizó su cargo de director en el Consejo Económico Regional de Sao Paulo (Corecon) --la entidad oficial que representa a los economistas brasileños-- "para obtener ventajas indebidas mediante el uso de las estructuras, contratos y empleados de la junta directiva". Estos fondos habrían sido desviados en favor de la OEB y en beneficio de sus propias cuentas personales. De acuerdo a los textos oficiales, el modus operandi de Enríquez García para hacerse del dinero consistía en "la coerción o incitación a empleados de ambas organizaciones" para la emisión de "facturas fraudulentas" y, finalmente, ejecutar "retiros de tarjetas de la OEB". En los documentos analizados, las autoridades de Brasil detectaron irregularidades como "acuerdos celebrados sin un proceso de licitación" o "acuerdos celebrados entre entidades cuyo máximo responsable es la misma persona". Entre otras conductas señaladas como fraudulentas se destacan la firma de acuerdos "con objetivos vagos y genéricos" y sin la presentación de la documentación oficial requerida. A las irregularidades antes mencionadas, se sumaron violaciones a los procesos de licitación, la ausencia de estudios de precios en la mayoría de los acuerdos e informes financieros deficientes. Tras haberlo encontrado responsable de operaciones fraudulentas, el TCU de Brasil le retiró la matrícula de economista, dispuso una inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos y lo obligó a pagar una multa. Las críticas al premio "Economista del Año" Tras su salida de la entidad oficial, las nuevas autoridades de la Corecon criticaron en duros términos a la organización paralela y, puntualmente, al premio otorgado al Presidente argentino. "El presidente argentino se enfrenta a un escándalo económico en su país, acusado esta vez de participar en una asociación ilícita que causó pérdidas a más de 40.000 personas", indicaron desde la organización en un texto oficial difundido en aquel momento. Además de señalar el escándalo de $Libra, apuntaron que el premio busca reconocer a economistas "que se han distinguido en sus actividades profesionales o en trabajos que beneficien al país, a la comunidad o a la profesión económica", condición que no aplica al mandatario argentino. Finalmente, señalaron que la OEB "es una entidad privada que agrupa a un pequeño grupo de ciudadanos, sean economistas o no, y no tiene autoridad regulatoria, supervisora ni representativa sobre la profesión de economista". De acuerdo a las leyes vigentes en el país carioca, la Corecon y la Cofecon son las únicas entidades calificadas para regular y supervisar el ejercicio de la profesión en el país.
La intervención quirúrgica duró 3 horas. Al joven fotógrafo le colocaron una prótesis en la cabeza. Quedó bajo supervisión del equipo médico del hospital porteño. La operación que atravesó Pablo Grillo en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires tuvo buenos resultados, según confirmó este miércoles la familia del fotógrafo. Tras haber sufrido el impacto en la cabeza de un cartucho de bala de gas lacrimógeno del agente Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina, el joven atravesó su séptima intervención quirúrgica, esta vez para la colocación de una prótesis craneal. La familia señaló que desde este miércoles el fotógrafo "quedará en terapia intensiva para transitar el postoperatorio con todos los cuidados pertinentes". El comunicado oficial de la familia Grillo tras la operación. (Imagen: Redes sociales) El La familia Grillo continúa la lucha por esclarecer los sucesos que ocurrieron durante la represión policial que comandó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich el 12 de marzo frente al Congreso, en respuesta a las protestas sociales en defensa de los jubilados. En busca de encontrar al/los responsable/s del disparo para exigir Justicia, se realizaron diferentes peritajes. Cómo fue la reconstrucción del disparo Por orden de la jueza federal María Servini, la División Balística de la Policía de la Ciudad, junto con peritos de la querella y la defensa, realizaron este lunes, durante más de tres horas, la reconstrucción del disparo de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotoperiodista en la localidad de General Rodríguez. Los especialistas ejecutaron diversas pruebas para reproducir las condiciones exactas del disparo. Se buscó determinar la trayectoria del proyectil, la velocidad, y el ángulo en que fue disparado, así como la posición del arma en el momento del incidente. Se trata de un operativo complementario al peritaje planimétrico realizado días atrás, y serán clave para la elaboración del informe técnico que aportará claridad a la causa judicial. Al respecto, Fabián Grillo sostuvo que este procedimiento fue como "remover la llaga y el dolor". “Esto es un disparo a toda la sociedad. En la cabeza de Pablo se le disparó a toda la sociedad con el objetivo de disciplinar. Este tipo de gobiernos de saqueo requieren de la anulación de la lucha popular porque saben que es su límite”, apuntó. Por ahora, el único imputado en la causa, el gendarme Héctor Guerrero, está citado a declarar el próximo 2 de septiembre. La querella sostiene que el disparo fue efectuado de forma horizontal, directamente hacia la cabeza de Grillo, lo que constituiría una violación a los protocolos nacionales e internacionales sobre el uso de armas menos letales.
Así lo solicitó la querella que representa a la ex presidenta. Ambos estás acusados de homicidio agravado por el atentado del 1° de septiembre de 2022. La querella de la ex presidenta Cristina Kirchner pidió este miércoles condenar a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado a los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte a raíz del atentado a la entonces vicepresidenta ocurrido el 1° de septiembre de 2022. En su alegato final, la querella anticipó que no acusará al tercer detenido Gabriel Carrizo por entender que no hay pruebas para vincularlo con el hecho. El abogado de la ex presidenta, Marcos Aldazábal, inició el alegato en el tramo final del juicio ante el Tribunal Oral Federal 6 con duras críticas a la instrucción de la investigación por el citado atentado. Finalmente, pidió las condenas de 15 años de cárcel contra Sabag Montiel y Uliarte, ante los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari. La querella consideró que el intento de homicidio estuvo agravado por el uso de arma de fuego y el contexto de "violencia de género" que sufría la ex vicepresidenta en ese momento. Sobre Carrizo, explicó que no será acusado por esta querella y que, al consultar el tema con Cristina Kirchner, ella manifestó no usar el derecho penal "para hacer política", por lo cual dijo: "Si no hay que acusarlo, no lo acusen". Sabag Montiel está detenido desde la noche del 1° de septiembre de 2022 cuando gatilló sin éxito un arma a centímetros del rostro de Cristina Kirchner, quien volvía a su casa en el barrio porteño de Recoleta. La etapa de alegatos se inició en esta jornada y seguirá el 20 de agosto cuando sea el turno de la fiscal de juicio Gabriela Baigún.
ATE e H.I.J.O.S (ambos de la sección Capital) denunciaron ante la Justicia Federal al Primer Ministro de Israel por el genocidio contra Palestina y, además, pidieron una orden de captura para cuando realice la visita al país, prevista entre el 7 y 10 de septiembre. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), ambos de la sección Capital, denunciaron al Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Justicia Federal y solicitaron su detención -cuando asista a la Argentina recibido por el presidente Javier Milei- por haber cometido "crímenes de guerra y genocidio" contra Palestina. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello, y en la Fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan. En el texto plantearon que el Primer Ministro israelí cometió "crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra el pueblo palestino". Dentro de la denuncia presentada por ATE e H.I.J.O.S., adjuntaron como pruebas distintos informes y publicaciones en donde se demuestra que Netanyahu cometió genocidio como "supresión colonial", con el objetivo de lograr la "destrucción incesante y general" de Gaza. "La violencia desatada por Israel a partir del 7 de octubre de 2023, sostiene, forma parte de un largo proceso sistemático y organizado con el fin de provocar el desplazamiento forzado y la sustitución de palestinos, provocando un perjuicio irreparable a su pueblo", indicaron. En otro fragmento del documento, manifestaron que la Corte Penal Internacional (CPI) entiende que Benjamin Netanyahu "es responsable penalmente como coautor del crimen de guerra de provocar intencionadamente la muerte por hambre; de crímenes contra la humanidad como homicidio, persecución y otros actos inhumanos; además de la destrucción de su infraestructura civil, incluyendo los centros de salud, las escuelas y los campos de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas". "Hemos presentado una denuncia formal ante la Justicia Federal solicitando la inmediata detención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por su responsabilidad en crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad contra el pueblo palestino, conforme a las órdenes emitidas por la CPI el 21 de noviembre de 2024", indicaron. La presentación reclama, además, una orden de captura contra el Primer Ministro israelí, quien planea visitar la Argentina entre el 7 y 10 de septiembre, según se precisó en el documento. "Se solicita la aplicación del principio aut dedere aut iudicare (extraditar o juzgar), para que, en caso de no ser entregado a la CPI, sea juzgado en tribunales argentinos por los graves delitos imputados".
Lo dijo, además, para justificar sus ataques a Ian Moche, un niño con autismo. En la era de la posverdad y las redes sociales la información es parte de una zona de combate desigual, sucia y en la que parece valer todo. Bajo el gobierno de Javier Milei esta batalla digital alcanza niveles de beligerancia inéditos, con un Presidente que utiliza su cuenta en la red X (antes Twitter) para descalificar, insultar y confrontar a quienes considera enemigos. Paran las universidades nacionales y se organiza una nueva Marcha Federal La última controversia, que puso en evidencia el estilo violento de la comunicación oficial se centra en un caso particularmente sensible: la agresión a Ian Moche, un niño con autismo. La historia escaló a la esfera judicial y, hasta el momento, Milei se niega a borrar un posteo en el que descalificó a Ian, quien lo había acusado de insultarlo. Lejos de retractarse, el mandatario presentó un escrito ante la Justicia que, según publicó la agencia NA, apela a una serie de argumentos que rozan lo insólito. En la presentación, la defensa de Milei insiste en una teoría ya utilizada y desestimada: que la cuenta @JMilei es “personal” y no lo representa como Jefe de Estado. Este mismo argumento de la “doble personalidad” ya había sido rechazado por el fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía en una causa previa por estafa con criptomonedas, quien dictaminó que la cuenta de X sí representa al presidente de la Nación. , Califican la demanda como “carente de sustento jurídico” y niegan una lista de puntos clave. Entre ellos, que la cuenta de X sea oficial, que los posteos hayan agredido la “honor, reputación o integridad” del niño, que un reposteo (o retweet) signifique una “ratificación de agravios”, o que la publicación haya generado un “daño irreparable, grave, inminente”. La joya de la argumentación, sin embargo, llega al final: afirman que el “interés superior del niño” no habilita a “restringir la libertad de expresión política”. El presidente insiste en que el tuit fue una “acción privada” y una “expresión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido”, en alusión a Paulino Rodríguez, y no un ataque al menor. Con esta justificación, busca desviar el foco y transformar la denuncia de la familia de Ian en un conflicto de índole ideológica, un recurso habitual en la estrategia comunicacional del gobierno. El caso de Ian Moche es un espejo de la lógica que domina el discurso del neofascismo que el gobierno de Javier Milei encarna. Como en la distopía que anticipó la película Joker de Todd Phillips, el mundo parece haberse roto, y la disolución de los consensos ha dado lugar a una cultura de la confrontación permanente. El “final aterrador es mejor que un miedo sin fin”, como planteó el filósofo Bifo Berardi, se materializa en una sociedad que, hastiada de un miedo constante, parece dispuesta a votar por la demencia como forma de poder político. La insistencia de Milei en su “libertad de expresión” por encima de la protección de un niño vulnerable, sumado a la recurrente descalificación a cualquier voz crítica —sean periodistas, artistas, opositores o, en este caso, un menor— dibuja un panorama sombrío.
El desfinanciamiento y la inacción del Gobierno Nacional ponen en peligro la continuidad del Programa Nacional de Conectividad. La iniciativa, orientada a garantizar el acceso equitativo a Internet en zonas vulnerables, enfrenta una parálisis alarmante. La retórica libertaria choca, una vez más, con la realidad concreta de una Argentina que queda offline. En un país donde más del 35% de la población vive en la pobreza y la brecha digital se ensancha con la misma velocidad con que crece la desigualdad, el acceso a internet no es un lujo: es una necesidad básica. Lo que antes era evidente y urgente para cualquier gobierno con algo de sensibilidad social, hoy es ignorado por una administración que se jacta de derribar “estructuras obsoletas”, aunque eso signifique dejar a miles de niños, jóvenes, docentes, médicos y familias enteras al margen del siglo XXI.El Programa Nacional de Conectividad, creado para garantizar acceso a Internet en escuelas rurales, centros de salud, barrios populares y áreas sin cobertura comercial, está siendo víctima directa del brutal ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa, que supo avanzar con inversiones públicas concretas en la reducción de la brecha digital y el fortalecimiento de la infraestructura de redes troncales, hoy se encuentra prácticamente desactivada. La parálisis no es casual ni técnica: es una decisión política.En el proyecto de ley presentado bajo el número 4134-D-2025, se denuncia con claridad meridiana cómo el Poder Ejecutivo ha abandonado el financiamiento del Programa Nacional de Conectividad durante el corriente año. El texto alerta sobre el abandono del Plan Conectar y la paralización de obras fundamentales para garantizar igualdad de acceso a la información y los servicios digitales. Es decir, lo que estaba en marcha con planificación, inversión y resultados medibles, ha sido deliberadamente abandonado bajo la excusa del “déficit cero”, una muletilla tecnocrática que esconde consecuencias sociales devastadoras.La situación es doblemente alarmante si se considera que el despliegue de redes troncales de fibra óptica y la provisión de conectividad en instituciones públicas son competencias centrales del Estado nacional, tal como lo establece la ley 27.078 Argentina Digital. En lugar de consolidar estos avances, el gobierno libertario parece empecinado en desmantelar cualquier política pública que no se ajuste a su dogma del mercado autorregulado, ignorando que en buena parte del país no hay negocio posible sin un Estado presente.La conectividad no solo es clave para el acceso a la educación, la salud y la cultura, sino también para el desarrollo productivo. Sin internet, las cooperativas, los pequeños productores y los emprendedores de economías regionales quedan aislados, sin herramientas para competir, innovar o simplemente subsistir. ¿Qué clase de “libertad” se les ofrece a esos sectores cuando se les niega el acceso a una herramienta básica del siglo XXI?El documento parlamentario remarca que el gobierno nacional no ha presentado ningún plan alternativo para sustituir el Programa Nacional de Conectividad ni ha dado explicaciones sobre la suspensión de las obras iniciadas. Es una parálisis con aroma a desidia, a desprecio por lo público, por lo común, por lo que no se mide en dólares ni rinde en una planilla de Excel. Y es, también, una muestra más de la profunda contradicción entre el discurso de modernización y el accionar regresivo del oficialismo.El texto también recuerda que el Plan Conectar, lanzado en 2020, permitió la expansión de más de 30.000 kilómetros de fibra óptica, conectando más de 700 localidades y generando un impacto tangible en la vida de miles de personas. Sin embargo, a partir de diciembre de 2023, con la llegada de Milei al poder, esa expansión se detuvo abruptamente. El nuevo gobierno no solo frenó las obras, sino que eliminó toda partida presupuestaria para su continuidad, desarticulando también la sinergia con provincias, municipios y cooperativas que se había tejido en los últimos años.Lejos de impulsar una política federal de conectividad, el gobierno nacional ha optado por una lógica centralista, mercantilista y excluyente. En lugar de ampliar derechos, los recorta. En lugar de conectar, desconecta. En lugar de construir, desmantela. El daño no es solo técnico: es humano. Niños que ya no pueden seguir sus clases virtuales. Centros de salud sin sistemas de telemedicina. Pueblos enteros condenados al aislamiento digital por el capricho ideológico de un gobierno que desprecia lo común.La presentación legislativa también expone un punto crucial: la necesidad de restituir con urgencia los fondos y obras del Programa Nacional de Conectividad, apelando al Congreso para que exija al Poder Ejecutivo la reactivación inmediata de los proyectos paralizados. Pero con un oficialismo refractario al diálogo institucional, la incertidumbre reina. Mientras los discursos libertarios se multiplican en foros internacionales, la fibra óptica nacional se oxida sin mantenimiento y los puntos de acceso gratuitos caen en el olvido.Paradójicamente, mientras Javier Milei se pasea por escenarios donde proclama su ambición de convertir a la Argentina en una potencia tecnológica global, su administración apaga pantallas en los barrios más pobres del país. El contraste no podría ser más brutal. Una narrativa de Silicon Valley con prácticas propias de un apagón digital planificado.Este modelo de exclusión, disfrazado de modernización, es el mismo que pregona un Estado ausente, una meritocracia ficticia y un mercado que “todo lo soluciona”. Pero cuando los privados no llegan, cuando las inversiones no aparecen y cuando los cables no se tienden solos, lo que queda es un país fracturado por la desigualdad. Un país desconectado, literal y simbólicamente.Hoy más que nunca, garantizar el acceso a internet en condiciones de equidad no es una opción, es un imperativo ético. Y ese imperativo está siendo violado con total impunidad por un gobierno que prefiere la motosierra a la fibra óptica, la especulación a la planificación, el ajuste al desarrollo. Argentina no puede resignarse a ser un archipiélago de conectividad para pocos en medio de un océano de exclusión digital.Es hora de exigir que el Congreso no mire para otro lado. Que los funcionarios rindan cuentas. Que la conectividad vuelva a ser una política de Estado. Porque sin acceso a la información, sin conexión al conocimiento, no hay democracia plena ni futuro posible. Y ese es, en definitiva, el núcleo más peligroso del experimento libertario en curso: la desconexión como estrategia de gobierno.Fuente: https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2025/PDF2025/TP2025/4134-D-2025.pdf
