Bardem ha comparado unas imágenes de soldados israelíes disparando contra palestinos desarmados y grabadas por los mismos soldados con un personaje nazi de la Lista de Schindler que dispara a prisioneros judíos “por puro entretenimiento” El actor Javier Bardem ha compartido este jueves un vídeo grabado a través de unos prismáticos por un soldado israelí en 2018 en el que miembros del Ejército israelí disparan contra un joven palestino desarmado a decenas de metros de distancia. Tras ello, ha calificado a las FDI (las Fuerzas de Defensa de Israel) de “nazis” y ha asegurado que utilizan la misma “lógica de terror y deshumanización” hoy contra el pueblo palestino. “FDI son unos NAZIS”, arranca en su publicación en Instagram, donde tiene más de 900.000 seguidores. Bardem ha comparado estas imágenes con el personaje de La lista de Schindler Amon Goth, un oficial de las SS “sádico, que dispara a prisioneros desde su balcón por puro entretenimiento”, y que, afirma, “representa la banalidad del mal y la crueldad ejercida con total impunidad”. A continuación, señala que su figura encarna “la violencia sádica, deshumanizadora e impune de un aparato militar opresor”, y que esa misma lógica “de terror y deshumanización” es la que “hoy aplican [las Fuerzas de Defensa de Israel] contra el pueblo palestino”. En concreto, el vídeo, distribuido en redes sociales y hecho público por varias televisiones israelíes hace casi siete años, fue grabado el 22 de diciembre de 2018. Según la versión del Ejército de Israel, los soldados habrían disparado un tiro contra un grupo de manifestantes palestinos “violentos” en la Franja de Gaza hiriendo a una persona en la pierna. Las imágenes fueron publicadas después de dos semanas de protestas palestinas en la frontera israelí ante la represión de los militares y que dejaron más de 12 fallecidos y centenares de heridos. En ellas, se puede escuchar a uno de los soldados preguntando a su compañero si tiene “una bala en la recámara”, tras lo que se escucha un disparo y el hombre palestino cae al suelo de forma instantánea. Yair Golan, líder de la izquierda israelí: “Un país sensato no mata bebés por afición” Yair Golan, líder de la izquierda israelí: "Un país sensato no mata bebés por afición" “¡Guau, menudo vídeo! ¡Sí! ¡Hijo de puta!”, se escucha decir a otra persona mientras en las imágenes se observa a una multitud corriendo hacia la víctima para tratar de ayudarla. “¡Guau! ¡Le han dado a alguien en la cabeza!”, exclama otra voz cercana a la cámara. Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron tras la publicación del vídeo que el material fue filmado, sin autorización, por un soldado que “no era parte de la unidad que disparó”. Y añadió que las afirmaciones hechas por los soldados “no corresponden con el grado de restricción esperado de los soldados de las FDI y serán gestionados de forma acorde por los comandantes”.
El abogado Gregorio Dalbón apuntó contra Javier y Karina Milei por un presunto esquema de corrupción con la venta de remedios destinados a personas con discapacidad. “Estamos ante un gobierno corrupto y represivo”, disparó. Un escándalo de corrupción que golpea a los más vulnerables En diálogo con Radio 10 , el abogado Gregorio Dalbón lanzó fuertes acusaciones contra el presidente Javier Milei , su hermana Karina Milei , y otros funcionarios y allegados. Según explicó, existiría un esquema de coimas y retornos ilegales vinculados a la provisión de medicamentos para personas con discapacidad. Dalbón calificó el hecho como un acto de “miserabilidad única” , señalando que “nunca en democracia alguien se había animado a robarle a los discapacitados”. Los principales señalados Javier Milei (presidente) Karina Milei , su hermana y funcionaria con poder de decisión Dios Spagnuolo , exfuncionario del área de Discapacidad “Lule” Menem Koval Ivker , empresario vinculado a la droguería Suizo-Argentina Para Dalbón, el mecanismo era claro: una articulación entre el Estado y una firma privada para apropiarse de fondos destinados a tratamientos indispensables. Corrupción y represión: una denuncia doble “Estamos ante un gobierno corrupto que solo se mantiene en pie porque la Justicia argentina no avanza. Y además es represivo”, sostuvo Dalbón. El abogado recordó que existen causas contra Patricia Bullrich por represión, y procesos vinculados a la estafa de Libra , que permanecen paralizados o archivados por jueces y fiscales cómplices. Esquema denunciado por Dalbón Infografía simple (en texto explicativo): Agencia Nacional de Discapacidad → compra de medicamentos Suizo-Argentina (Koval Ivker) → proveedora de fármacos Retornos ilegales (3%) → hacia Karina Milei Fondo final → círculo presidencial El rol de Karina Milei Según Dalbón, Karina Milei fue la recaudadora central en todas las maniobras . Incluso, aseguró que hay funcionarios del propio gobierno que confirmaron vía chats su rol operativo. “El propio Español dice que tiene chats con Karina donde se reconoce como recaudadora. Es gravísimo”, expresó. La desprotección judicial Dalbón apuntó contra la justicia argentina y detalló cómo jueces y fiscales archivan causas sensibles. Recordó que nombres como Sebastián Casanello , Franco Picardi y Rívolo aparecen en denuncias que terminan cajoneadas. “Cuando se trata de investigar al poder, la justicia vuelve a mirar para otro lado”, afirmó. Impacto social: los que más sufren La denuncia sostiene que pacientes con discapacidad quedaron sin acceso a medicamentos esenciales , mientras los fondos eran desviados por retornos ilegales. “Esto es lo más cruel: le roban los remedios a quienes más los necesitan. Nunca pasó algo así en democracia”, sentenció Dalbón. Conclusión Dalbón sostuvo que este es un momento clave para que el Poder Judicial actúe con independencia y que la sociedad entienda la gravedad histórica del caso. Dejanos tu comentario debajo o escribinos a enorsaionline@gmail.com Preguntas frecuentes ¿A quién denunció Gregorio Dalbón en este caso? Dalbón apuntó contra Javier Milei, su hermana Karina Milei, el exfuncionario Dios Spagnuolo, Lule Menem y el empresario Koval Ivker. ¿De qué se trata la denuncia por medicamentos para discapacitados? Se investiga un presunto esquema de corrupción y cobro de retornos ilegales en la compra de remedios destinados a personas con discapacidad, a través de la droguería Suizo-Argentina. ¿Qué rol habría tenido Karina Milei? Según Dalbón, Karina Milei funcionaba como recaudadora central de los retornos ilegales, concentrando fondos que luego llegaban al círculo presidencial. ¿Por qué se cuestiona al Poder Judicial? Dalbón sostiene que jueces y fiscales archivan causas de corrupción vinculadas al gobierno, mientras avanzan con rapidez contra dirigentes opositores, generando una doble vara judicial.
Se trata del decreto que transformó el INTA y el INTI; el que reduce funciones del Instituto Nacional del Teatro y de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP); el que avanzó contra la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos; el que dispuso la intervención de Vialidad Nacional; y el DNU que estableció un nuevo régimen de la Marina Mercante y limitó el derecho a huelga. En una sesión consensuada la tarde del miércoles entre la mayoría de los bloques y que no generó perspicacias sobre el quórum, la oposición rechazó los cinco decretos de desregulación de organismos estatales que ya habían sido denegados por Diputados. De esta manera, quedan rechazados de manera definitiva. También se tratarán los proyectos con media sanción de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, con expectativas de que los opositores los conviertan en ley pese a la amenaza de veto del presidente Javier Milei. El miércoles, la oposición ya había rechazado el veto a la ley de emergencia en discapacidad, aunque no logró lo mismo con el aumento de las jubilaciones. En paralelo, y en respuesta al creciente malestar en el Congreso, Javier Milei volvió a cargar contra el Poder Legislativo desde el Council of the Americas. “Fue un espectáculo macabro, el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo”, disparó. El Senado rechazó con 60 votos negativos y 9 afirmativos y 2 abstenciones el decreto que reorganizaba al INTI, al INTA y a otros organismos descentralizados vinculados a la producción, la ciencia y la tecnología. La medida disolvía su autonomía para subordinarlos directamente a secretarías del Ministerio de Economía, en un intento de recentralizar decisiones técnicas clave. Durante el debate, Silvina García Larraburu advirtió: “No hay una Argentina posible si destruimos nuestra matriz productiva, si seguimos sometiendo al sistema científico tecnológico a este escarnio. Seamos conscientes y echemos por tierra al decreto 462”. El riojano, Fernando Rejal, fue más allá: “Lo que surge de estos decretos es que pretenden apropiarse de los recursos y vender los inmuebles de estas instituciones”. También, fue rechazado con 57 votos negativos y 13 afirmativos y 1 abstención el decreto que reestructuraba una serie de organismos culturales como el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional Sanmartiniano, la Comisión Nacional de Monumentos y los institutos históricos Eva Perón, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas. El Decreto proponía fusionarlos o subordinar su funcionamiento a la Secretaría de Cultura, lo que fue considerado por la oposición como una degradación del patrimonio histórico y cultural argentino. En tercer lugar, la Cámara alta trató el decreto que modificaba el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos que recibió 58 votos para rechazarlo contra 12 para resistirlo –con 1 abstención-. La norma proponía su integración al Ministerio de Salud y alteraba su estructura jurídica, recortando su autonomía y debilitando las garantías de confidencialidad y control parlamentario. Wado de Pedro fue uno de los más firmes al rechazar la iniciativa: "Este decreto le quita competencias al Banco Nacional de Datos Genéticos, reduce las capacidades, y tiene que ver con volver a la Argentina de la impunidad”. En esa línea, añadió: “Todavía quedan muchas familias por terminar de saldar esta parte de la historia. No tengo dudas de que vamos a encontrar a esos jóvenes y a unir a las familias argentinas rotas por la dictadura”. Uno de los puntos más discutidos de la jornada fue el rechazo del decreto que disolvía Vialidad Nacional, junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y otros entes vinculados al transporte terrestre. La medida se rechazó con 60 votos negativos y 10 afirmativos y 1 abstención. La iniciativa había sido cuestionada por trabajadores del sector, gremios y por un fallo de la jueza Martina Forns, que dictó una medida cautelar suspendiendo su aplicación por posibles afectaciones a competencias provinciales y derechos laborales. Sergio Leavy remarcó la urgencia de preservar la infraestructura vial: “Hoy 20 personas pierden la vida por accidentes viales. Les pedimos a los argentinos que nos unamos, así como hoy lo estamos haciendo los legisladores”. Florencia López se dirigió directamente a los trabajadores: “A los cientos de trabajadores que hoy están acá, en la puerta del Congreso, les decimos que vamos a defender su fuente de trabajo”. Martín Lousteau fue categórico: “Hay que construir otra forma de administrar la Vialidad en la Argentina, pero el Gobierno no sabe cómo hacerlo. Entonces, lo que no le gusta como está y no sabe cómo gestionarlo, lo rompe”. Finalmente, se rechazó con 55 votos negativos y 13 afirmativos y 3 abstenciones el DNU que impuso un régimen de excepción para la Marina Mercante. El decreto permitía el cabotaje de buques extranjeros, habilitaba contrataciones directas y declaraba como esenciales determinadas actividades marítimas, lo que en la práctica restringía el derecho a huelga. El senador Carlos Linares advirtió que “el DNU 340 permite políticas que ya perjudicaron al sector marino. Contradice la tendencia global, viola seriamente los derechos laborales de los embarcados y usurpa funciones legislativas”. La Cámara Nacional del Trabajo ya había declarado inconstitucionales algunos artículos del decreto, por vulnerar garantías sindicales y democráticas básicas. Los seis senadores libertarios, junto a Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero, votaron en bloque a favor de los cinco decretos. También acompañó Martín Goerling Lara (PRO), quien solo se diferenció del oficialismo en el decreto vinculado al Banco Nacional de Datos Genéticos. Por su parte, Victoria Huala (PRO) respaldó al Gobierno en la mayoría de los casos, aunque se desmarcó en los decretos que afectaban al INTA, al INTI y a Vialidad Nacional. La santafecina Carolina Losada también apoyó casi todos los decretos: sólo se abstuvo en el vinculado al INTI y al INTA. Algo similar sucedió con Alfredo De Angeli, quien acompañó tres de los cinco decretos, a diferencia de Losada votó en rechazo del vinculado a Vialidad. El salteño Juan Carlos Romero, que abandona su banca el 10 de diciembre tras 18 años, se abstuvo en todas las votaciones; mientras que los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut lo hicieron en el DNU de la Marina Mercante. La neuquina Lucila Crexell se ausentó durante las votaciones, aunque se la vio recorrer los pasillos del Senado. Los únicos senadores del oficialismo que tomaron la palabra fueron Juan Carlos Pagotto y el presidente del bloque, Ezequiel Atauche. Pagotto defendió la postura del Ejecutivo al sostener que “el Congreso le delegó en la Ley Bases –más allá de Kueider o no Kueider– las facultades al Poder Ejecutivo”, y agregó: “Por lo tanto, nosotros, al pretender tratar esto, estamos alegando nuestra propia torpeza, porque nadie puede ir en contra de sus actos”. En el cierre de su intervención —dirigida posiblemente a los senadores dialoguistas que acompañaron la Ley Bases— afirmó: “Si se ha hecho la delegación, creo que el camino debería ser judicial más que parlamentario”. Con esta votación, el Senado completó el rechazo parlamentario definitivo de los cinco decretos. Se trata de una nueva derrota legislativa para el gobierno de Javier Milei, en una semana cargada de tensiones en medio de la campaña y de creciente resistencia a su política de desguace del Estado.
Nicolás Gabriel Carrizo, señalado como partícipe secundario en la causa por el intento de homicidio contra la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recuperó este miércoles la libertad. El Tribunal Oral Federal N° 6 dispuso su excarcelación y el cese de la prisión preventiva que cumplía en el penal de Marcos Paz. La decisión sobre la libertad de apuntado como "jefe de la banda de los Copitos" se conoció en el tramo final del juicio, luego de que la jueza Sabrina Namer le concediera la palabra a su defensor, Gastón Marano, en medio del alegato de la fiscalía. El abogado planteó que tanto la querella de la exmandataria —a cargo de José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal— como la fiscal federal Gabriela Baigún habían desistido de acusar a Carrizo, lo que dejaba sin sustento su permanencia en prisión. Marano recordó que la detención de su cliente tenía un carácter “cautelar”, orientado a resguardar pruebas durante la etapa de instrucción, pero esa instancia concluyó en julio. Además, señaló que el riesgo de fuga dejó de existir, ya que ninguna de las partes requirió una condena en su contra: “No tiene sentido mantenerlo preso cuando no hay acusación formal”, sostuvo. En la resolución que determinó su liberación, a la que A24.com tuvo acceso resolvió "conceder la excarcelación de Gabriel Nicolás Carrizo, bajo caución juratoria" y ordenó "su inmediata libertad, la que se hará efectiva en el día de la fecha desde la sede de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6". Además, señalaron que en relación con el "pedido de excarcelación formulado por la defensa técnica de Gabriel Nicolás Carrizo en la audiencia de debate celebrada en el día de la fecha, y teniendo en cuenta los fundamentos invocados por las partes acusadoras al sostener sus pretensiones absolutorias respecto del nombrado, corresponde disponer el cese de la medida cautelar de prisión preventiva que oportunamente le fuera impuesta". En ese sentido, justificaron que "lo cierto es que tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal han prestado conformidad a la liberación solicitada por la defensa, circunstancia que excluye la existencia de motivos actuales que justifiquen el mantenimiento de la privación cautelar de la libertad. Carrizo había sido arrestado el 17 de septiembre de 2022, cuando concurrió al juzgado de María Eugenia Capuchetti a retirar su teléfono celular tras declarar como testigo. Desde entonces permanecía detenido, hasta hoy, como sospechoso de haber tenido participación secundaria en el ataque contra la exvicepresidenta.
El film el Mariano Cohn y Gastón Duprat genera controversia entre los espectadores. No obstante, sus números en la taquilla reflejan una gran presencia en salas No obstante, el fenómeno ya había pisado fuerte el jueves 14 de agosto, el día de su estreno que cortó más de 75 mil tickets. Se espera que la taquilla siga creciendo a favor de Homo Argentum, que ya se perfila como el estreno argentino más visto en 2025.
CELAG analizó datos del INDEC y registró incrementos desmedidos en productos esenciales del GBA, con subas que superan ampliamente el 200%. Un relevamiento del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) expone un fuerte aumento en el precio de productos de consumo básico en el Gran Buenos Aires. Basado en cifras del INDEC, el informe compara la evolución entre noviembre de 2023 y julio de 2025, revelando una tendencia marcada de subas que afecta de forma directa al bolsillo de las familias. La sal fina de 500 gramos encabeza el listado: subió un 334%, al pasar de $302 a $1311. En conjunto, los productos alimenticios y de higiene relevados muestran incrementos que superan ampliamente la inflación del período. Los mayores aumentos registrados en alimentos y limpieza Entre los productos más afectados figuran alimentos y artículos de uso diario, fundamentales para la vida cotidiana de los hogares. Según los datos de CELAG, el ranking de aumentos incluye: Sal fina (500g): 334% (de $302 a $1311) Pan de mesa (390g): 270% (de $805 a $2977) Jabón en pan (200g): 262% (de $325 a $1176) Aceite de girasol (1,5 litros): 250% (de $1273 a $4450) Leche fresca en sachet (litro): 250% (de $1273 a $4450) Pollo entero (kg): 262% (de $325 a $1176) Carne picada común (kg): 247% (de $457 a $1584) El incremento sostenido se observa tanto en alimentos como en productos de higiene del hogar. Subas fuertes también en huevos y harina El documento también detalla aumentos en otros productos básicos. Los huevos de gallina subieron un 189%, al pasar de $1397 a $4032. En tanto, la harina de trigo trepó un 180%, subiendo de $323 a $905. Estas cifras acompañan una tendencia inflacionaria en toda la cadena alimentaria. La información se basa en registros oficiales y se presenta como parte de un análisis sobre el deterioro del poder de compra en áreas urbanas del país. Cómo impactan estos aumentos en los hogares del GBA Los datos reflejan una suba sistemática y generalizada que afecta de manera directa a quienes más dependen del acceso a alimentos y productos básicos. Las cifras del informe apuntan especialmente al Gran Buenos Aires, una de las regiones más sensibles al comportamiento de los precios en supermercados y comercios minoristas. Desde el informe se remarca que la variación es generalizada y “no se trata de casos aislados”, señalando el impacto profundo sobre el consumo diario.
La Corte Suprema ratificó la sanción contra un trabajador judicial que promocionaba cursos de criptomonedas y se vinculó con Generación Zoe. El caso expone un costado incómodo del Poder Judicial y deja en evidencia el contraste con la impunidad política que ampara el gobierno de Javier Milei. El nombre de Generación Zoe sigue siendo sinónimo de fraude, estafa y ruina. Su creador, Leonardo Cositorto, condenado dos veces y con múltiples causas pendientes, convirtió la promesa de prosperidad en una máquina de despojar ilusos. Pero lo verdaderamente inquietante es que sus tentáculos alcanzaron incluso las oficinas del Poder Judicial. Un escribiente del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 16 terminó bajo la lupa por haberse sumergido en ese universo turbio. Lo sancionaron con treinta días de suspensión por promover cursos de criptomonedas y asesoramiento financiero sin autorización, y por firmar un contrato que lo vinculaba directamente con Zoe. El episodio, lejos de ser una mera anécdota administrativa, desnuda las contradicciones de un sistema que castiga con dureza a un trabajador mientras el gobierno de Milei mantiene abierta la puerta a negocios oscuros y pactos inconfesables. La historia arranca con un puñado de posteos en redes sociales. El empleado judicial, confiado en el espejismo de las criptomonedas, promocionaba capacitaciones y ofrecía consejos financieros. El Reglamento de la Justicia Nacional, en su artículo 8 inciso j, es claro: no se pueden obtener beneficios económicos por fuera del salario sin autorización. El juez a cargo del Juzgado 16, en una primera instancia, intentó restarle dramatismo al caso y archivó el sumario. No había pruebas contundentes de que el curso se hubiera dictado ni de que hubiera mediado lucro. Parecía que la cuestión se diluía. Sin embargo, la Comisión de Disciplina de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial no pensó lo mismo. Resolvió que existían evidencias suficientes: publicaciones en redes, testimonios de colegas que confirmaban haber recibido ofrecimientos de asesoramiento financiero, y sobre todo, un contrato con la estructura de Zoe. Ese contrato, un papel firmado en medio del espejismo de Cositorto, implicaba un beneficio potencial a cambio de captar inversores. El eco de la estafa más resonante de los últimos años golpeaba las puertas de Tribunales. Cuando la Cámara aplicó la suspensión, el empleado apeló. Alegó arbitrariedad, aseguró que nunca obtuvo ganancias, que no captó inversores y que, en realidad, él mismo había sido estafado. Su defensa buscó instalar la idea de que el sumario había mutado de una acusación inicial a otra distinta sin darle chance real de defenderse. Pero la Corte Suprema no compró ese argumento. El máximo tribunal ratificó la sanción y subrayó que existió una línea directa entre las imputaciones originales y las comprobaciones finales. Para los supremos, el problema no era probar el enriquecimiento, sino la falta de autorización para ejercer una actividad claramente incompatible con su función. En palabras crudas: el escribiente nunca pidió permiso, y ese detalle fue su sentencia. Lo llamativo, y también lo irritante, es el doble estándar que destapa este caso. Mientras un trabajador judicial es sancionado por no haber solicitado autorización para dar un curso de criptomonedas, en el escenario político nacional los funcionarios de Javier Milei avanzan sin reparos en pactos opacos con sectores financieros, juegan al límite con decretos plagados de beneficios para empresarios amigos y sostienen un relato de pureza ética que se derrumba a la primera verificación. No es la defensa de un escribiente que coqueteó con Zoe, sino la constatación de un sistema que descarga la vara disciplinaria sobre los más débiles y que, al mismo tiempo, permite que los poderosos se muevan con absoluta impunidad. El episodio tiene además un costado humano. El acusado insistió en que él mismo fue víctima de la estafa, que perdió dinero en el engranaje de Zoe. No es menor: cientos de personas cayeron en la red de Cositorto, muchos entregaron sus ahorros, otros hipotecaron su futuro. Que un empleado judicial, que debería representar sobriedad y respeto por las normas, se sumara a esa cadena fraudulenta, es un golpe demoledor a la confianza en las instituciones. Y sin embargo, más que un hecho aislado, es un reflejo de un clima social: el caldo de cultivo perfecto que favorecen gobiernos como el de Milei, que demonizan al Estado, glorifican el sálvese quien pueda y convierten al mercado en la única brújula moral. Bajo esa lógica, no sorprende que hasta en los pasillos de Tribunales alguien se haya dejado seducir por las promesas vacías de Zoe. La Corte, en su fallo, fue categórica: el derecho de defensa no fue vulnerado. El escribiente había reconocido haber promocionado el curso, las declaraciones lo confirmaban, y el vínculo contractual con Zoe era innegable. No había escapatoria. Lo que parece quedar sepultado entre tanto tecnicismo jurídico es la pregunta de fondo: ¿por qué un trabajador judicial busca refugio en el espejismo de una estafa piramidal? La respuesta remite a un clima de desesperanza, precarización y desconfianza que se extiende en la Argentina actual. El ajuste brutal, el vaciamiento de políticas públicas y el culto a la especulación financiera que fomenta Milei alimentan justamente esos escenarios donde las estafas florecen. Zoe fue un síntoma, no una excepción. Así, el caso del “cripto-escribiente” no puede leerse como un simple sumario disciplinario. Es un espejo incómodo que refleja la fragilidad de un Poder Judicial incapaz de blindarse contra la penetración de negocios turbios y que, al mismo tiempo, elige el camino más fácil: sancionar al eslabón débil. Mientras tanto, el poder económico y político, protegido por el gobierno libertario, sigue moviéndose con absoluta discrecionalidad. Es la Argentina de los contrastes brutales: un empleado castigado por un curso de criptomonedas frente a un Estado que convierte la especulación y la falta de control en política oficial. El expediente ya tiene cierre judicial, pero el debate de fondo sigue abierto. Generación Zoe mostró hasta dónde puede llegar la codicia disfrazada de oportunidad. El caso del escribiente exhibió que ni siquiera las instituciones más formales están a salvo de la tentación. Y el gobierno de Javier Milei demuestra, día a día, que mientras se entretiene castigando a los débiles, la verdadera estafa ocurre a plena luz del día, amparada por el poder. Fuente: https://www.infobae.com/judiciales/2025/08/17/trader-cripto-o-estafado-sancionaron-a-un-empleado-del-poder-judicial-vinculado-a-generacion-zoe/
La Cámara Baja confirmó la convocatoria para el próximo miércoles 20 de agosto a partir de las 12. Además de debatir el rechazo a emergencia en discapacidad y la reforma jubilatoria, se suman los proyectos de los gobernadores y la comisión investigadora por la causa $LIBRA. La Cámara de Diputados confirmó una megasesión para este miércoles al mediodía en la que se tratarán varios temas que incomodan al Gobierno, incluidos los vetos del presidente Javier Milei a los proyectos de reforma jubilatoria y emergencia en discapacidad. La sesión fue solicitada por el jefe de bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, y otros legisladores, y tendrá lugar a partir de las 12 del miércoles 20. El temario incluye, además, los proyectos impulsados por los gobernadores sobre el reparto de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos (ICL). También se debatirá la declaración de la emergencia en Bahía Blanca, otro de los vetos de Milei; proyectos para modificar el huso horario; la reforma del Régimen Penal Tributario, y la nueva conformación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA, con un nuevo método para elegir autoridades y plazos de funcionamiento. Además de UP, la sesión fue pedida por diputados de Encuentro Federal, Democracia Para Siempre y la Coalición Cívica. El objetivo del Gobierno es evitar un nuevo revés como el que sufrió el 7 de agosto, cuando estos bloques opositores se impusieron en 12 votaciones seguidas. Tras la derrota parlamentaria, Milei se reunió en Olivos con un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA) y de bloques aliados para planificar la estrategia legislativa, asegurarse los votos que le permitan blindar los vetos y defender el equilibrio fiscal en el Congreso.
Mauricio Novelli y Manuel Torres Godoy enfrentarán pedidos de detención por parte de las querellas esta semana. Las transferencias que los pusieron contra las cuerdas. Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy enfrentan horas decisivas en la causa $Libra. El primero viene de mandar a su madre y a su hermana a vaciar una caja de seguridad y ambos habrían movido más de medio millón de dólares para esquivar un congelamiento de la jueza María Servini. Ahora, estos dos socios del presidente Javier Milei enfrentan un pedido de detención por parte de una de las querellas de la causa radicada en Comodoro Py y la semana que viene podría haber novedades en la situación procesal de ambos. Novelli y Terrones Godoy son dos nombres clave en el entramado en torno al token presidencial. Fueron los organizadores del evento Tech Forum donde el presidente coincidió con el resto de los involucrados en la criptoestafa, entre ellos Julian Peh, el misterioso empresario singapurense con el que Milei quedó «deslumbrado». En la causa que lleva adelante el fiscal Eduardo Taiano no son pocas las voces que coinciden en que se aceleraron los tiempos. Es que a mediados de semana se conoció un movimiento por demás sospechoso que ocurrió en julio pasado, pero que se mantuvo bajo secreto de sumario para evitar nuevas “vivezas”. El movimiento fue el siguiente. El 8 de julio el fiscal pidió una cautelar para congelar una cuenta de tipo multisig, que requiere de varias firmas para habilitar transferencias de fondos. Al 18 de junio, esa cuenta tenía USDT 517.728, es decir, la misma cantidad de dólares. El 16 de julio, Servini dejó firme el congelamiento, pero cuando fueron a chequear el cumplimiento, la Justicia descubrió que cuatro días antes habían desviado la totalidad de los fondos a otra cuenta por medio de tres transacciones. Es decir que en la ventana de tiempo que hubo entre que el fiscal pidió el congelamiento y que la magistrada lo convalidó, la plata desapareció. La cuenta multisig identificada como CPE1, donde estaba ese medio millón de dólares, era propiedad de otras tres cuentas, de las cuales requería de la autorización de dos para mover los activos. Todo indica que detrás estaban la cuenta F1 de Novelli y las cuentas F2 y F3 ligadas a Terrones Godoy. Por medio de un informe de Binance, el fiscal con el apoyo de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes pudo saber que esa cuenta CPE1 tuvo movimientos entre el 3 de diciembre del 2024 y el 5 de febrero del 2025. Se trata de una ventana temporal que arrancó semanas después del Tech Forum y nueve días antes del posteo de Milei con el contrato para comprar el token que escaló a casi U$S 5 y se desplomó a las pocas horas. En ese periodo, de acuerdo a documentos judiciales a los que accedió Tiempo, hubo 14 movimientos. De esos, hay tres acreditaciones con importes significativos de 35 mil USTD, 180 mil USDT y 695.990 USDT. Pero esa última tiene especial atención por parte de la justicia, ya que ocurrió el 4 de febrero. Ese día, Novelli abrió dos cajas de seguridad en una sucursal bancaria de zona norte. Fue la misma sucursal en la que quedaron filmadas la madre y la mamá de este empresario cripto vinculado a Milei cuando fueron el 17 de febrero con bolsos vacíos que después de pasar por el área de cajas de seguridad salieron llenos. Para Taiano es posible interpretar que los fondos que estaban en la cuenta CPE1 estaban vinculados con los delitos bajo investigación y que los movimientos sugerían una «planificación y coordinación deliberada» para la canalización de dinero de origen ilícito que tendría relación con $Libra. Ahí también aparece la sospecha de que ese dinero podría estar vinculado con pagos a funcionarios públicos. En la causa quedó claro que estos dos imputados ejecutaron una maniobra para eludir la investigación y eso los dejó, de cara a la semana venidera, en una situación compleja. La querella del damnificado Martín Romeo anunció que pedirán la detención de Novelli y de Terrones Godoy, algo que no había ocurrido al cierre de esta nota. Uno de sus representantes dijo a Tiempo que probablemente hagan la presentación en los primeros días de la semana entrante. Más nombres Mientras tanto, Taiano está a la espera de que cinco compañías cripto aporten el legajo completo del cliente (KYC, por sus siglas en inglés) respecto de al menos seis cuentas y 19 transacciones que aparecieron en el radar. Los pedidos fueron dirigidos Bybit, Bitget, Binance y OKX, además de una insistencia a la firma Kucoin para que responda un pedido cursado a principios de julio. Entre las querellas hay una fuerte expectativa respecto a ese pedido de información, ya que podrían conocerse más nombres de los involucrados en movimientos que podrían estar relacionados con $Libra. El abanico de posibilidades va desde el creador del token Hayden Mark Davis hasta funcionarios públicos, según dijo una fuente del expediente a este medio. «Esto tiene mucho peso porque es prueba que no se puede discutir, con la que no necesitás poner a un perito», señaló para graficar la elocuencia de los datos. « Las coincidencias con Peh Una llamativa coincidencia horaria entre dos posteos en X une al presidente con uno de los imputados. Y toma relevancia luego del intríngulis en torno a la verdadera identidad de Julian Peh. Este empresario, que en realidad se llama Peh Chyi Hao, es el dueño de Kip Protocol, que “deslumbró” a Milei. El 15 de febrero Peh y Milei publicaron un mensaje a la misma hora y con un mismo sentido: eximir la responsabilidad presidencial. A las 12:38, la cuenta @JMilei posteó: “Hace unas horas publiqué un tweet (…) apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión”. A la misma hora, Peh, vía @KIPprotocol celebró el lanzamiento del token, pero en un segundo párrafo agregó: “Queremos aclarar que el presidente Milei no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto, que es absolutamente privado”. En el entramado, la coincidencia resulta sugerente. Saber si en este punto también hubo coordinación es, de momento, un interrogante sin respuesta.
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Serpaj, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otros, presentaron una denuncia penal contra el primer ministro israelí, que tiene previsto llegar a Buenos Aires el mes que viene. Acusan a Netanyahu de llevar a cabo una “política de exterminio contra el pueblo palestino”. Los organismos de derechos humanos denunciaron por “genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad” al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien tiene previsto visitar la Argentina el próximo mes por invitación del gobierno de Javier Milei, a quien también acusaron de "cómplice de esa política criminal". La denuncia recayó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini. La denuncia penal se suma a la serie de presentaciones que distintas organizaciones realizaron ante la Justicia y por las cuales el premier podría ser requerido por la Justicia a través de un pedido de captura o detención al llegar al país, entre el 7 y el 10 de septiembre. Así lo habían planteado sendas denuncias presentadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) a los pocos días de conocerse el posible arribo del responsable de la ocupación de Gaza. Solicitaron lisa y llanamente la captura del premier. Esta vez, integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otros, informaron que su denuncia penal acusa a Netanyahu de llevar a cabo una “política de exterminio contra el pueblo palestino”. “El pueblo y los organismos de derechos humanos de Argentina conocen en carne propia las implicancias que tiene los crímenes de masa”, subrayaron a través de un comunicado y acusaron al gobierno de Tel Aviv de “violación del derecho a la vida, a la dignidad humana y a la libre determinación de los pueblos”. Los dirigentes que realizaron la denuncia en tribunales. En cualquier lugar en que se produzcan crímenes de esa magnitud, “no puede sernos indiferente, tal y como los sobrevivientes de la shoah supieron enseñarle al mundo”. La nota fechada este lunes 18 de agosto deja clara la denuncia por “crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio contra el pueblo palestino” contra Netanyahu y también repudió al gobierno nacional por invitarlo al país. En este sentido, los organismos acusaron a Javier Milei como “cómplice de esa política criminal” por su estrecho vínculo con el premier que, “bajo el argumento de responder al brutal ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023” desplegó “un ataque masivo y sistemático contra el pueblo palestino, sin precedentes en la historia contemporánea”. Los referentes de los organismos de derechos humanos argentinos describieron que, desde la ocupación de Gaza, “decenas de miles de personas han perdido la vida como consecuencia de los bombardeos de las fuerzas israelíes”. “Más de un millón de personas han sido desplazadas y miles padecen los efectos del cerco establecido por el gobierno israelí, en toda la Franja de Gaza que impide el acceso a medicamentos, alimentos y ayuda humanitaria”. Además, recordaron que “la comunidad internacional se ha expresado en masivas movilizaciones, reclamando el cese del fuego, y que se garantice el derecho inalienable a la vida del pueblo palestino”. La acusación contra Netanyahu en el fuero penal fue realizada por distintos referentes, como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Vera Jarach, de Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; Eduardo Tavani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Luis Alman Bornes, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Malena Silveyra, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos; Beatriz Capdevila, de la APDH La Matanza; Adriana Taboada, de la Comisión Zona Norte; Gabriela Alegre, de la asociación Buena Memoria; Mabel Careaga, de la Asociación Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y Cristina Muro, de Familiares.
Los efectos del fallo son para los niños de la familia que realizó la demanda y para ellos se aplicará la ley sancionada por el Congreso. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial a la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. La resolución se dictó en el marco de un amparo presentado por una familia con dos hijos menores con discapacidad y sostuvo que el veto vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos de la infancia y de las personas con discapacidad Los efectos del fallo son para los niños de la familia que demanda. Lo que hace es que para ellos se aplique la ley sancionada por el congreso. NOTICIA EN DESARROLLO.-
Trascendieron audios de Diego Spagnuolo donde detalla las coimas en la compra de medicamentos. "Tengo todos los whatsapp de Karina. A ella le llega el 3%", dice el funcionario amigo del Presidente. Karina Milei y los hermanos Menem aparecen mencionados como supuestos responsables de un entramado de recaudación ilegal montado en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La droguería Suizo Argentina, una empresa de la familia Kovalivker, fuerte en el norte del país y de buenos vínculos con Martín y Lule Menem, aparece mencionada como quien ejecuta los contratos y pide un retorno del 8% que va directo a la hermana del Presidente y los riojanos. LPO fue el primer medio en revelar las sospechas sobre esa droguería en agosto del año pasado, cuando este medio reveló una denuncia propiciada por la ministra Santa Petovello contra la Suizo y Martín Menem. Ahora el caso toma otra dimensión, porque quien habla en los audios que difundió el canal de streaming Carnaval es Diego Spagnuolo, titular de la Andis. Además, amigo y abogado personal de Javier Milei. En la filtración de ese material habría estado Santiago Caputo, quien a último momento intentó evitar que se difundan. Caputo y su socio Rodrigo Lugones vienen sufriendo la lluvia ácida de periodistas muy cercanos al gobierno, como Alejandro Fantino, que reclaman la renuncia inmediata del ministro de Salud, Mario Lugones, por las cien muertes por el fentanilo adulterado que su cartera no controló. En el entorno de los Lugones atriyuben esas críticas a Karina. En los audios que se conocieron este martes, Spagnuolo le comenta a su interlocutor que el Presidente no es parte del negocio. "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores", le dice a alguien de su confianza probablemente -por los sonidos de fondo- en un bar. El funcionario describe el porcentaje de la coima y cómo se reparte. Dice que la gente de la Suizo Argentina llama a los proveedores y les dice que ahora tienen que poner el 8%. Que ya no es más el 5% que se cobraba anteriormente, se supone durante el pasado gobierno de Alberto Fernández. La droguería vinculada a los Menem es la que recauda ese 8%. "De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia. Es una gama enorme de negocios que hay", dice Spagnuolo en audios que recibió el periodista Mauro Federico. De lo que cobran de medicamente tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia. Es una gama enorme de negocios que hay. El titular de la Andis explica el porcentaje que se lleva la hermana del Jefe de Estado. "A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria", dice dejando entrever que alguien se queda con un porcentaje importante. Según cuenta Spagnuolo, ese 8% ronda los 500.000 y 800.000 dólares mensuales. "Esto no es una operatoria improvisada. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional lo frizé. Después me quiso meter al de Recursos Humanos y lo frizé. Al final me metió el más importante de todos a través Karina. Uno que vino para chorear", dice en un relato impactante. Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina. Le dije no te podés hacer el boludo conmigo. No me tires a mi este fardo. El escándalo ya había empezado a trascender meses atrás y algunos referente cercanos al gobierno tenían en claro que iba a estallar. Hace un año, Alejandro Fantino entrevistó a Spagnuolo en Neura y dejó bastante claro que conocía los negociados que se adjudican a los Menem. "No te dejés usar. Se te nota nervioso. Se ve que sos un tipo que sufre lo que está viendo", le dijo Fantino al titular de la Andis. "No estabas preparado para ver lo que viste, te asomaste a un abismo", dice el conductor y empieza a dar pistas de quienes están atrás de la maniobra. "Son gente genéticamente voraz", dijo en una alusión al apellido Menem. "Muchas veces a los honestos como vos los usan como forros y los terminan tirando a un tacho de basura", dice Fantino, mientras Spagnuolo busca esquivar la polémica. "Yo estoy muy comprometido por ordenar esta cuestión. Quiero ordenar esto", agregó Fantino. Fantino fue incluso un paso más allá y buscó instalaren esa nota el nombre de Lule Menem. "Escándalos puede haber en la provincia de Buenos Aires o pueden ocurrir, no sé, en Lules", dijo con ironía haciendo referencia al principal asesor de Karina. Lules es una ciudad de poco más de 20.000 habitantes ubicada en el centro de Tucumán. Esto no es una operatoria improvisada. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional lo frizé. Después me quiso meter al de Recursos Humanos y lo frizé. Al final me metió el más importante de todos a través Karina. Uno que vino para chorear. Ahora, en los audios que trascendieron, Spagnuolo deja en claro que habló del tema con Milei. Es decir que el Presidente estaría al tanto de la maniobra de corrupción. "Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina. Le dije no te podés hacer el boludo conmigo. No me tires a mi este fardo", se lo escucha decir. LPO había contado de la sospecha de una operación interna de Sandra Pettovello contra Lule y Martín Menem. Fue tras la presentación de una denuncia en la justicia federal por estafa y administración fraudulenta por los 30 mil millones de la droguería Suizo Argentina. Esa denuncia realizada por Alejandro Díaz Pascual, el abogado que en el gobierno consideran cercano a Sandra Pettovello. La denuncia surgió en medio de una fuerte interna entre la ministra de Capital Humano y Karina. Tras ese episodio, ambas se mostraron sonrientes en el balcón de la Casa Rosada. Fue un intento de desmentir la interna entre ellas. Acusan a Pettovello de empujar la denuncia contra Menem por los 30 mil millones de la droguería Suizo Argentina El periodista Tomás Méndez había revelado que la Andis le compró a Suizo Argentina productos medicinales por casi 27 mil millones de pesos. Méndez aseguró que la firma es cercana a Martín Menem y comercializa los productos de su compañía de suplementos dietarios Gentech. El conductor del programa Telenueve Investiga agregó que el informe surgió a partir de una información que le dio un abogado que habría sido consultado por el titular de Andis, Diego Spagnuolo, acerca de la conveniencia legal de avanzar con esa operación. La aparición de estos audios se le cruza a destiempo a Santiago caputo. El asesor presidencial mantiene una pelea durísima con los Menem -es señalado como quien amplificó la denuncia por el contrato del Banco Nación-, pero tras la paliza que sufrió en el cierre, decidió bajar el perfil para sobrevivir y aceptó el rol de creativo de campaña sin peso en las decisiones políticas que le impuso la hermana de Milei. En el medio ya estaba disparada la filtración de los audios de Spagnolo, pero sólo logró frenarla en un canal. Fuente: La política Online
