El actor cruzó fuerte al presidente de la nación por desfinanciar el ente para financiar películas.

En un movimiento que busca modernizar y transparentar una industria en plena expansión, el gobierno argentino ha delineado un nuevo marco regulatorio para los casinos online que entrará en vigencia en 2025. La medida, que ha sido objeto de intensos debates en los últimos meses, pretende unificar las normativas a nivel nacional, que hasta ahora han estado fragmentadas y bajo la jurisdicción de cada provincia. Este cambio legislativo no solo impactará a los operadores de   juegos de azar, sino que también redefinirá la experiencia de miles de usuarios en todo el país. Históricamente, la regulación del juego en Argentina ha sido una competencia provincial, lo que ha generado un mosaico de leyes y requisitos que dificultaban la operación a nivel nacional y dejaban a los jugadores con distintos niveles de protección. La nueva ley busca crear un entorno más seguro y equitativo para todos. La unificación de la normativa es un paso crucial para el crecimiento ordenado del sector, que ha visto un aumento exponencial en su popularidad, especialmente tras la pandemia.La nueva legislación establece requisitos más estrictos para la obtención de licencias, así como también un régimen de impuestos que busca aumentar la recaudación fiscal. Se espera que estos fondos sean destinados a programas de prevención de la ludopatía y a fortalecer la seguridad en línea. Para los jugadores, la regulación traerá mayor transparencia y garantías, ya que solo podrán operar aquellos casinos online regulados en argentina que cumplan con las estrictas directrices del gobierno. Para los interesados en conocer las opciones licenciadas, pueden consultar la lista de según La Nación .Desde una perspectiva económica, la regulación del juego online promete ser un motor de crecimiento. La formalización de la industria no solo generará nuevos empleos, sino que también atraerá inversiones extranjeras. Los expertos estiman que la recaudación fiscal podría superar los mil millones de pesos anuales, una cifra que sin duda contribuirá a las arcas del Estado en un momento de alta necesidad. Además, se espera que la competencia entre los operadores regulados se traduzca en mejores ofertas y servicios para los usuarios.En conclusión, la nueva regulación de los casinos online en Argentina marca un antes y un después para la industria del juego en el país. Con un enfoque en la seguridad, la transparencia y el crecimiento económico, el gobierno busca posicionar a Argentina como un referente en la materia a nivel regional. Si bien la implementación de la ley presentará desafíos, el consenso general es que se trata de un paso necesario y positivo hacia un futuro más seguro y próspero para el juego online en el país.

Sostienen que contradice el principio de no regresividad y el principio protectorio de derechos al trabajo. La Confederación General del Trabajo (CGT) difundió un duro documento en el que rechaza la ley de Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional y anticipa los fundamentos de la presentación judicial que hará para frenar su aplicación. La central obrera -que se movilizó este lunes en una nutrida manifestación a Tribunales- sostiene que es “falso” que la iniciativa tenga como objetivo aumentar el empleo o formalizar a trabajadores informales y afirma que, por el contrario, implica un retroceso en derechos laborales conquistados durante décadas. Según el texto, los problemas estructurales de pobreza, desempleo y precarización no derivan del marco normativo laboral vigente, sino de la falta de crecimiento económico y de inversión productiva. Para la CGT, el deterioro social responde a decisiones macro y microeconómicas adoptadas en los últimos años, y no a un exceso de regulaciones laborales. En ese sentido, el documento vincula la reforma con un programa económico más amplio que, a su entender, ha profundizado la caída de la actividad y el empleo. Resta saber en qué tribunal hará la CGT la presentación contra la Reforma Laboral. Se espera que sea el fuero laboral o el Contencioso Administrativo. En el comunicado argumentan que la norma vulnera principios constitucionales, en particular el principio de progresividad —que impide retrocesos en materia de derechos sociales— y el principio protectorio del derecho del trabajo. También señala una afectación directa del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en aspectos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva y la libertad sindical, además de advertir sobre posibles incompatibilidades con compromisos internacionales asumidos por el país. Entre los puntos más cuestionados, la CGT enumera la habilitación de jornadas de hasta 12 horas, la eliminación de sanciones a empleadores que incumplan aportes, la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas mediante un Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes de los propios trabajadores y la reducción de aportes a las obras sociales. También objeta la fragmentación de las vacaciones, la promoción de convenios por empresa en detrimento de la negociación paritaria y las restricciones al derecho a la protesta y a la actividad sindical. El documento enmarca la reforma en un contexto económico sumamente crítico: caída de la actividad en la mayoría de las ramas del sector privado, pérdida de más de 300.000 empleos en dos años, aumento de la desocupación, cierre de empresas y pymes, deterioro del poder adquisitivo y endeudamiento creciente tanto del Estado como de los hogares. A esto suma la persistencia de la inflación y la caída del consumo, la inversión y la recaudación, como indicadores de un escenario de recesión prolongada. Frente a este panorama, la CGT reivindica su rol como actor de movilización y defensa de los derechos laborales, recordando las protestas y paros generales realizados en los últimos años. La central subraya que no forma parte del Gobierno ni define la política económica, pero asume —según afirma— una “responsabilidad histórica” en la defensa del trabajo y de la justicia social. El documento concluye con un llamado a la unidad y a la participación colectiva, bajo la consigna de que “no hay libertad sin justicia social”.

Denuncian el uso de las instalaciones por parte de grupos de extrema derecha europeos han suscitado la indignación de asociaciones, ex residentes y defensores de los derechos humanos. La Casa de Argentina en la Ciudad Internacional Universitaria de París (CIUP) se encuentra en el centro de una doble polémica desde la llegada de Santiago Muzio a su dirección, nombrado por el gobierno del presidente argentino Javier Milei. La retirada de una placa conmemorativa en homenaje a los 30 000 desaparecidos de la dictadura militar argentina (1976-1983) y el uso de las instalaciones por parte de grupos de extrema derecha europeos han suscitado la indignación de asociaciones, ex residentes y defensores de los derechos humanos. La controvertida retirada de una placa conmemorativa El 10 de febrero de 2026, Santiago Muzio ordenó retirar la placa conmemorativa instalada en 2022 por la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF) y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos. Esta placa, colocada con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, rendía homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado argentino, en conformidad con la ley argentina n.º 25.633, de 22 de agosto de 2002. La ACAF reaccionó inmediatamente con una carta dirigida al director Muzio, exigiendo la reinstalación de la placa y el respeto de la ley. «A 50 años del golpe de Estado de 1976, esta retirada es especialmente grave y exige una explicación», subraya la asociación. Hasta la fecha, Santiago Muzio no ha respondido a esta solicitud. Circula una petición en línea para apoyar la reinstalación de la placa. Para firmar la petición La Casa de Argentina, lugar de reunión de la extrema derecha europea Santiago Muzio, cercano a los círculos ultraconservadores argentinos y socio de la eurodiputada Marion Maréchal Le Pen, ha convertido la Casa de Argentina en un lugar de acogida para cursos y conferencias de extrema derecha. En 2025, las instalaciones se utilizaron para módulos del Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (ISSEP), una escuela privada fundada por Marion Maréchal Le Pen, así como para reuniones de think tanks polacos y húngaros cercanos a Viktor Orbán, asociados al Instituto de Formación Política y a la Bolsa Tocqueville. Estos últimos están relacionados con el proyecto Périclès, del millonario de extrema derecha Pierre-Édouard Stérin. Aunque el ISSEP anuncia vagamente que el lugar de la formación es el «ISSEP París», las sesiones del año 2025 se llevaron a cabo en la Maison de l'Argentine, de forma casi clandestina. El 4 de noviembre de 2025, una conferencia organizada por Ordo Iuris y el Mathias Corvinus Collegium reunió a personalidades de la derecha radical francesa y europea, infringiendo el artículo 13 del reglamento de la Maison. «Una sala llena y toda la derecha presente», informaba el medio independiente Basta!, destacando la presencia de miembros del Reagrupamiento Nacional (partido de Marine Le Pen y Jordan Bardella) y otros grupos de extrema derecha opuestos a la Unión Europea. Negativa a firmar la Carta de valores de la Ciudad Universitaria La “Maison de l'Argentine”, aunque es propiedad del Ministerio de Educación argentino, forma parte de la CIUP y debe respetar su carta de valores, que garantiza la laicidad, la no discriminación y el desarrollo sostenible. Desde la llegada de Muzio, la dirección se niega a firmar esta carta, lo que ha provocado la suspensión de los intercambios con otras casas de la CIUP. Ante esta situación, el Comité de residentes de la Casa ha firmado por su parte la Carta. Además, se ha instalado un símbolo religioso ostentoso a la entrada de la residencia, algo inédito en la historia de la Casa. Reacciones y perspectivas Los residentes y las asociaciones denuncian una «instrumentalización política» de la Casa de Argentina, que debería seguir siendo un lugar de memoria e intercambio cultural. «La CIUP es un espacio de paz y diálogo, no un refugio para la extrema derecha», declara un miembro del Comité de residentes. La cuestión de la reinstalación de la placa conmemorativa y del respeto de los valores de la CIUP sigue pendiente. La conmemoración del «Día Nacional de la Memoria» el próximo 24 de marzo por parte de los residentes de la Casa está más que comprometida. Afortunadamente, hay varias iniciativas programadas para el 50º aniversario del golpe de Estado: coloquios como el celebrado los días 25 y 26 de febrero en el Campus Condorcet, debates, proyecciones de películas, presentaciones de libros organizadas por la ACAF y el Observatorio de la Argentina Contemporánea durante los meses de marzo y abril, son algunos ejemplos de la multitud de iniciativas programadas en otras ciudades de Francia. La ACAF convoca una concentración unitaria cerca de la embajada de Argentina en París, M° Boissière, el 24 de marzo a las 18:00 para rendir homenaje a los 30 000 desaparecidos y denunciar las políticas negacionistas, ultraliberales y de violación de los derechos humanos del gobierno de Javier Milei. (Traduccion de mi artículo publicado en francés el 1° de marzo en Mediapart)

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas: El Senado trata este jueves un proyecto del Ejecutivo que modifica la Ley de Glaciares, vigente desde 2010. Para el Gobierno, la reforma busca “ordenar el marco normativo vigente”, mientras que para organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil “constituye un grave retroceso en materia de protección del agua”. Según el Inventario Nacional de Glaciares del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie es cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados. El Senado tratará este jueves el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que introduce modificaciones a la Ley de Glaciares . Para el Gobierno la reforma busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución nacional”. Sin embargo, organizaciones ambientales y de la sociedad civil denuncian que la iniciativa es una “regresión ambiental inconstitucional” porque vulnera el Acuerdo de Escazú al cual Argentina adhirió, y advierten que avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua.De aprobarse la norma en la Cámara alta, todavía restará el tratamiento por parte de la Cámara baja. Qué dice la Ley de Glaciares La ley -sancionada en 2010- define como glaciar a toda masa de hielo, estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior. Según la norma, en alta montaña, el ambiente periglacial comprende áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico, y en media y baja montaña a las zonas con suelos saturados en hielo que también cumplen funciones de reserva del agua.  En el artículo 6, la ley impide la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras o infraestructura que pueda modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.  Además, con el objetivo de individualizar todas las reservas hídricas existentes, la norma creó el Inventario Nacional de Glaciares, que debe actualizarse cada 5 años como máximo. Esta tarea es del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), un organismo que depende del Conicet.  Cuántos glaciares hay en Argentina  Según el Inventario Nacional de Glaciares del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie es cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 41 veces a la Ciudad de Buenos Aires. La inmensa mayoría se encuentra en la Cordillera de los Andes y solo 890 en las Islas del Atlántico Sur.  El documento es de 2018 y la primera actualización se presentó en 2024, pero solo con datos de la región Andes Desérticos (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y el norte de San Juan) y se espera que en el corto plazo se den a conocer los datos de la región Andes Central (sur de San Juan, Mendoza y norte de Neuquén).  El inventario relevó solo glaciares mayores a una hectárea y, dentro del ambiente periglacial, únicamente a los glaciares de escombros (cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca) porque son los que pueden identificarse mediante imágenes satelitales y verificación en campo.Estudios científicos registraron retrocesos en los glaciares en la última década, según datos del Ianigla de 2024. En el noroeste argentino, por ejemplo, se registró una reducción del 17% de hielo descubierto y una contracción del 23% en los manchones de nieve perenne.  El principal factor señalado por la comunidad científica es el cambio climático. Por qué importan los glaciares Los glaciares constituyen una de las reservas de agua dulce — apta para el consumo humano— más importante de nuestro país, ya que alimentan las cuencas hidrográficas del territorio . Tanto los glaciares y el ambiente periglaciar cumplen un rol estratégico para la conservación de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas en todo el país.Un informe de las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina, WCS Argentina y Fundación Humedales/Wetlands precisa que los glaciares actúan como “tanques de agua” naturales, almacenando agua en forma de hielo y liberándola gradualmente a lo largo del año, especialmente en períodos de sequía. “Los glaciares cubren menos del 0,25% de la superficie continental de Argentina, pero el agua que proveen alimenta ecosistemas y comunidades a cientos de kilómetros, siendo claves para la conservación de la biodiversidad argentina. Esta dependencia se está volviendo más crítica aún en un contexto de mayores temperaturas y menores precipitaciones que ya están afectando a gran parte del país”, señaló Mariano González Roglich, director de WCS Argentina. Qué cambia con el proyecto de ley del Ejecutivo Uno de los puntos claves de la reforma es la redefinición del objeto de protección. Mientras que la ley vigente ofrece un resguardo amplio a todos los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas, el nuevo proyecto acota esta tutela a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva” y relevante para la recarga de cuencas hidrográficas.  El proyecto propone que cada provincia determine qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería. Lo que dicen los expertos es que esto atenta contra el artículo 41 de la Constitución . Este artículo le da al Congreso la potestad de generar leyes de presupuestos mínimos ambientales como es la Ley de Glaciares. Es decir, de fijar una protección mínima y nacional que las provincias no pueden achicar.  Con estos cambios, se revertiría la lógica de los presupuestos mínimos porque el piso lo fijarán las provincias en función de si consideran importante el aporte de agua dulce que hace ese glaciar a su territorio. Esto podría generar conflictos entre jurisdicciones por el acceso al agua. Los defensores de modificar la ley sostienen que la protección actual del ambiente periglacial es demasiado amplia e “indefinida”, lo que habilita bloqueos a proyectos mineros aún en zonas donde no habría verdaderos recursos hídricos. Fecha de publicación original: 26/02/2026 Así votaron los senadores:

La DATIP confirmó intercambios digitales entre el presidente y el empresario imputado, incluyendo contactos con Karina Milei y Hayden Davis. Las claves La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realizó la extracción de los dispositivos de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. Los peritos detectaron "eventos compatibles con borrado de contenido", logrando reconstruir mensajes eliminados mediante metadatos. Se encontraron archivos de video de 2021 que evidencian una "relación previa a los hechos aquí investigados" entre Milei y Novelli. El fiscal Eduardo Taiano solicitó a la Casa Rosada información sobre un presunto acuerdo "confidencial" entre Hayden Davis y el presidente para asesoramiento tecnológico. DATIP confirma chats y vínculos previos con Milei El análisis pericial realizado por la DATIP sobre los teléfonos de los imputados en la causa $LIBRA arrojó evidencia de comunicaciones entre el presidente Javier Milei y el empresario Mauricio Novelli. Las interacciones se encuentran "registradas en el período objeto de análisis" y abarcan también contactos con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y con el consultor Hayden Davis. Mediante una "extracción lógica y física" de los equipos, los peritos recuperaron conversaciones, registros de llamadas y actividad en aplicaciones de mensajería. El informe establece que Javier Milei y Novelli mantenían una "relación previa a los hechos aquí investigados", respaldada por archivos de video de 2021 donde se visualiza al mandatario. Maniobras de borrado de mensajes Un aspecto central del informe indica la existencia de "eventos compatibles con borrado de contenido". Los peritos dejaron constancia de que algunos registros fueron eliminados, pero que mediante metadatos se logró reconstruir parte de la actividad que ya no resultaba visible. El documento precisa que ciertas conversaciones "si bien en parte fueron recuperadas, contienen mensajes que están borrados", visualizados en el informe mediante símbolos de "papelera" y alertas en rojo. La labor pericial se limita a la identificación, extracción y descripción de la evidencia digital, sin emitir juicios de valor sobre la relevancia penal, garantizando la integridad de los datos mediante herramientas de validación forense. Fiscal Taiano solicita información adicional Tras el peritaje, el fiscal Eduardo Taiano requirió a la Casa Rosada documentación sobre un presunto acuerdo "confidencial" entre Hayden Davis y Javier Milei para asesoramiento tecnológico. Ahora la Justicia deberá evaluar el contenido de los mensajes bajo reserva en anexos para determinar si los eventos de borrado configuran una conducta de relevancia criminal.

La medida de la empresa creadora del Mantecol alcanza a delegados sindicales y personal con más de 30 años de antigüedad. Además bajan los sueldos un 20 por ciento. Se profundiza en Georgalos la crisis desatada en el último trimestre de 2025. Ahora, la empresa que creo golosinas icónicas de la Argentina como el Mantecol, notificó una nueva ronda de suspensiones, que involucra a delegados sindicales y personal con más de 30 años de antigüedad. Finalizado el proceso de suspensiones que se extendió por tres meses y que acaparó a la totalidad de los 600 operarios de la planta de Victoria, ahora el nuevo periodo de suspensiones arranca con una tanda de 20 trabajadores, los que sufrirán un recorte del 20% en sus salarios. A fines del año pasado, el argumento de la empresa que produce el clásico Mantecol fue un drástico derrumbe en las ventas. Pero en el sector también hacen acuse de recibo del golpe que representa la importación de golosinas y alimentos desde Brasil, que alienta el gobierno de Milei. Los dueños de la empresa que lanzó los caramelos "No hay plata" remataron la fábrica por la caída de ventas Ahora, tras conocerse el sostenimiento de las suspensiones, se realizaron asambleas para debatir la ilegalidad de esta medida aplicada mediante el artículo 223 bis, que habla de suspensiones por fuerza mayor o falta/disminución de trabajo no imputables al empleador. La apertura total de importaciones está barriendo con la industria nacional de golosinas. Sólo en las últimas semanas cerró la histórica fábrica de alfajores La Paila en Córdoba y la empresa que sacó los caramelos mileistas "No hay plata", tuvo que vender su fábrica. En la planta hay malestar con la pasividad del gremio de la alimentación (STIA) y reclamaron una acción "urgente" para repudiar las suspensiones y el adelantamiento compulsivo de vacaciones que -alertan- pueden ser un preludio de una avanzada de reducción de personal. La crisis de Georgalos es apenas un caso más del desastre que está causando en la industria la apertura sin freno de las importaciones que Milei y Caputo instrumentan con la idea de frenar la inflación, que igual se les está escapando. Georgalos vuelve a suspender trabajadores y reduce los sueldos un 20 por ciento LPOJuan Casas La apertura total de importaciones está barriendo con la industria nacional de golosinas. Sólo en las últimas semanas cerró la histórica fábrica de alfajores La Paila en Córdoba y la empresa que sacó los caramelos mileistas "No hay plata", tuvo que vender su fábrica. Mientras que la planta de cerveza Corona que se había inaugurado en el 2020 también redujo fuertemente su dotación de personal, por la caída de ventas. La histórica fábrica de tractores Pauny entró en crisis y cae la imagen de Milei Pero la caída se traslada a todos los sectores industriales. La fábrica de tractores Pauny está en una situación muy delicada, igual que Metalfor. Y la fábrica de neumáticos Fate directamente cerró, en un evento que sí golpeó a una sociedad que hasta ahora parece adormecida ante el cierre de fábricas.

De Ricardo Darín y Lucrecia Martel a Claudia Piñeiro, Dolores Reyes, Daniel Grinbank y Tomás Saraceno firmaron una solicitada en rechazo a la reforma que el Senado tratará este jueves Ante el tratamiento en el Senado de los cambios que el Gobierno quiere introducir en la ley de glaciares, artistas, intelectuales y escritores salieron en defensa de la ley 26.639, sancionada en 2010. En la solicitada “Los glaciares no se tocan”, figuras de la cultura, el arte y el pensamiento de la Argentina, muchos de ellos de proyección internacional, como Lucrecia Martel, Ricardo Darín, Rita Segato, Soledad Barruti, Daniel Grinbank, Andrea Pietra, Celeste Cid, Dolores Reyes, Mercedes Morán, Eleonora Wexler, Tomás Saraceno, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro, Roberto Gargarella, Georgina Barbarrosa, Verónica Gago, Abel Gilbert, Julieta Díaz, Darío Sztajnszrajber, Maitena Burundarena, Juan Carlos Kreimer, Marcelo Piñeyro, Érica Rivas y Selva Almada, entre muchos otros, expresan su rechazo a las reformas en la ley hoy vigente. “La Ley Nacional de Glaciares protege las principales reservas de agua dulce de la Argentina y es clave para el cuidado de las cuencas hídricas y la vida de nuestras comunidades -se lee en el comunicado que recogió más de veinte mil firmas-. El proyecto de modificación impulsado por el Gobierno Nacional [...] representa un grave retroceso ambiental y habilita la destrucción de glaciares y del ambiente periglacial”. En diciembre de 2025, la solicitada había colectado casi nueve mil firmas en un día, hasta que una denuncia anónima bloqueó el formulario. Google nunca respondió el pedido de revisión y la solicitada se volvió a publicar semanas atrás. “Desde artistas muy reconocidos, científicos, investigadores y los mas repuestos Constitucionalistas, todos rechazan esta reforma regresiva de la ley de glaciares. Y esto porque pone en peligro, nada más y nada menos, que el lugar donde nacen los ríos de nuestro país, el agua”, dice a LA NACION el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale que, en su cuenta de X, denunció un “silenciamiento mediático”. La filósofa Maristella Svampa, de la Colectiva Socioambiental Mirá, lidera la campaña de rechazo a los cambios en la ley de glaciares que impulsa el Gobierno. “La ley nacional de glaciares sancionada en 2010 protege solo el 1% de nuestro territorio -dice a este diario-. Pero el Gobierno nacional, algunos gobernadores y las corporaciones mineras decidieron ir por esa porción de nuestro territorio, donde están nuestras reservas de agua, y donde nacen ríos que abastecen y recorren varias provincias, que son más que nunca necesarios en tiempos de estrés hídrico, sequía y agravamiento de la crisis climática. Estamos ante un proceso de radicalización del capitalismo que no respeta los límites planetarios, y que en vez de activar el freno de emergencia, acelera aún más por el camino de la destrucción. Y a la par que perdemos la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar, perdemos también cada vez mas democracia, reducida hoy a un delincuencial tomo y daca en el Congreso, bajo la amenaza de motosierra de Milei. No hay límites para la devastación, no hay límites para la tristeza”. La historietista Maitena Burundarena, que también firmó la solicitada, hizo un posteo en su cuenta de Instagram con una ilustración en la que un glaciar en proceso de derretimiento pide ayuda a la estrella de mar “culona” que se hizo célebre en la transmisión en vivo del Schmidt Ocean Institute, el Conicet y varios organismos públicos. “En un mundo en el que el 75% de la población vive en países clasificados como inseguros o críticamente inseguros en materia de agua, y 2000 millones de personas viven en terrenos que se hunden debido al colapso de los acuíferos subterráneos [...], el gobierno argentino propone modificar la ley que protege a nuestros glaciares para permitir actividades mineras”, escribió. En su cuenta de X, el cantante y compositor Manu Chao también convocó a defender los glaciares, y advirtió en su texto: “Intentan redefinir qué es un glaciar y anular el inventario nacional que ha contabilizado más de 16 mil glaciares en la Cordillera de los Andes. No podemos permitirlo! Una vez más tenemos que defender los glaciares! El agua no se negocia. El agua es vida”. En un comunicado difundido esta semana, la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Iglesia Católica exhortó a los legisladores a actuar con “solidaridad intergeneracional” y a escuchar a científicos y a las comunidades locales antes de avanzar con cambios en la ley. “Los glaciares no son simples recursos económicos”, sino “fuentes de agua y de vida, reguladores del clima y del ciclo hídrico”, sostiene la Comisión, que define a los glaciares como “catedrales de agua”. “Destruir una fuente de agua dulce es destruir nuestra propia vida”, advirtió.

Convencidos de que la reforma laboral será sancionada este viernes en el Senado, la conducción de la CGT decidió no movilizar y mucho menos convocar a un paro. Se convenció de que ahora es el turno de dar batalla en tribunales. En ese sentido, el próximo lunes movilizará a Plaza Lavalle para acompañar la presentación judicial contra la ley que destruye los derechos de los trabajadores y trabajadoras. La decisión se tomó durante la reunión de mesa chica ampliada que se realizó en la sede de UPCN, el gremio estatal que conduce Andrés Rodríguez. Lo reconoció el triunviro Jorge Sola: “La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, dijo el titular del gremio de los seguros. Sola no detalló los artículos a impugnar, pero adelantó que el planteo apuntará a aspectos que consideran inconstitucionales, vinculados a derechos individuales y colectivos. Según explicó, hay puntos que alteran la representación gremial y derechos de los trabajadores. La estrategia, entonces, será disputar la letra chica una vez sancionada la norma. La convocatoria, similar a lo realizado a finales de diciembre de 2023 cuando se hizo la presentación judicial contra el DNU 70/23. En aquella oportunidad la central obrera logró frenar el capítulo laboral de ese decreto que ya atacaba a las estructuras del Estado. Ahora, según trascendió, la CGT no convocará a los trabajadores y solo quiere que participen delegados y dirigentes sindicales. Una especie de público cautivo que no incomode a la conducción sindical. Si bien primó la visión conservadora que impulsa el triunvirato junto a los dirigentes enrolados en Gordos e Independientes, hubo algunas pocas voces en contrario. Paros por sindicatos promovió el titular de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid. En tanto, el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano pidió que se convoque a un Comité Central Confederal para determinar las medidas que debería tomar la CGT, el plan de lucha que tanto se cita en los discursos. No tuvo eco su propuesta. Además del dueño de casa, los triunviros Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, también participaron Schmid, Maturano, Rodolfo Daer (Alimentación), Gerardo Martínez (Uocra), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros) y Armando Cavalieri de Comercio, entre otros. Según trascendió, el veterano líder de Comercio cuestionó la división del PJ que favorece los avances del gobierno libertario, pero también destino uno que otro dardo contra sus compañeros de CGT al sostener que “solo criticamos y no hacemos nada”. No tuvo ningún efecto. En todo caso, los más conservadores insistieron en la necesidad de que sea la pata política del peronismo, senadores y diputados nacionales, la que pague lo que llamaron el “costo político” de la sanción de la reforma laboral. Esta idea es parte del discurso de los triunviros desde diciembre pasado, cuando el 18 de ese mes marcharon a Plaza de Mayo contra la reforma laboral. Ese día el gobierno había decidido no tratar el proyecto en el primer turno de la sesiones en período extraordinario que vencía el 31 de diciembre. Así, trasladaron su tratamiento para febrero convencidos de que tendrían más tiempo para conseguir los votos necesarios para sancionar la norma que está dentro de la larga lista de exigencias del Fondo Monetario Internacional y que la Casa Rosada acata sin cuestionamientos. A diferencia de lo que realizó el gobierno, la CGT no activó sus contactos con la dirigencia política. Esperó que pasara enero para comenzar a buscar alianzas con algunos gobernadores y legisladores. Con los primeros no tuvieron el eco esperado, con los segundos un poco más, pero ya las garras del oficialismo habían cooptado a una cantidad suficiente como para pasar la Cámara alta sin sufrimiento. Ni siquiera las modificaciones en Diputados, que obliga a un segundo paso por el Senado, energizó la estrategia cegetista. Los combativos Mientras tanto, un sector de gremios de la CGT que no se resignan a perder derechos, realizará un paro de 36 horas y una movilización a partir de las 12 al Congreso para este viernes. Son los sindicatos que conformaron el FreSU (Frente de Sindicatos Unidos). Allí militan la UOM de Abel Furlán, los aceiteros de Daniel Yofra, Raúl Durdos del SOMU, los gremios aeronáuticos como los aeronavegantes Juan Pablo Brey y los pilotos de Pablo Biró. También están las dos versiones de las Central de Trabajadores Argentinos. La decisión de la CGT no sorprendió a los gremios del FreSU. Es más anticiparon que las marchas no se detendrán, que seguirán protestando en defensa de los derechos de los trabajadores y planean ampliar el Frente buscando que se replique en las provincias una experiencia que no es nueva, la de las facciones más combativas.

El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado por lo ocurrido en la escuela St. John´s School de Pilar. El Ministerio de Capital Humano le pidió a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires información acerca de una docente que les dijo a sus alumnos que la política migratoria de Donald Trump es “rechazar lo diferente” . El Gobierno Nacional busca que sea sancionada. “Una inspectora habría realizado, ante estudiantes de nivel primario, consideraciones ideológicas sobre la política migratoria del presidente de los Estados Unidos, y habría señalado que se basa en el rechazo a ‘lo diferente’”. El momento habría sido filmado y de esa manera llegó a las manos del Gobierno Nacional. La cartera de Capital Humano, que incluye a la Secretaría de Educación, aseguró que los hechos podrían encuadrarse como “adoctrinamiento político en un ámbito escolar”. En un texto enviado a las autoridades bonaerenses, el Gobierno Nacional advierte que “este tipo de situaciones afecta la integridad psicológica, el derecho a una correcta educación cívica y el libre desarrollo del pensamiento de los estudiantes”. La política de deportaciones de Trump incluye torturas, personas encerradas sin causa durante días, separadas de sus parejas, hermanos e hijos e incluso asesinadas a sangre fría por las calles . Una mínima crítica a eso es lo que el Gobierno de Javier Milei considera “adoctrinamiento”. Desde Capital Humano le pidieron a la Provincia de Buenos Aires que inicie una investigación y que explique qué mecanismos tienen para evitar o sancionar este tipo de situaciones.

En medio del conflicto que generó el cierre de Fate y el despido de casi un millar de trabajadores, Javier Milei cruzó al dueño de las gomerías Neumen tras su "sincericidio". En medio del conflicto por el cierre de Fate y mientras rige la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, el presidente Javier Milei volvió a cargar este miércoles contra los empresarios del sector. Lo hizo en sus cuentas en las redes sociales en los que publicó un extracto de la entrevista que le realizó el periodista Maxi Montenegro al dueño de la cadena de gomería Neumen, Roberto Méndez , quien admitió que "robábamos con los precios de las cubiertas". “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien. VLLC”, escribió Milei junto al video con el "sincericidio" de Méndez. Informate más Conflicto por el cierre de Fate: no hubo acuerdo y se planteó para mazo la próxima reunión "Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, aseguró Méndez. Y siguió: "veo bien lo de Sturzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal que sería alrededor de un 20%. En algún momento estábamos con una rentabilidad del 60 - 70%". El sincericidio de Méndez le vino como anillo al dedo a Milei para negar que detrás del cierre de Fate y el millar de despido están la avalancha de importaciones que fomentó y el derrumbe del consumo producto de sus políticas económicas, sino la connivencia entre Estado y empresarios que "cazan en el zoológico". En medio del conflicto la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por 15 días y ordenó retrotraer la situación al estado previo al conflicto. De esta manera Fate tuvo que retrotraer los despidos mientras que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) se vio obligado a cesar toda medida de acción directa.

Afiliados y dirigentes peronistas formalizaron un pedido para echar del partido al gobernador y a los legisladores nacionales, a quienes acusan de actuar como aliados del mileísmo. El reclamo fue anticipado en FM Infinito y luego plasmado en una carta documento. Un grupo de afiliados y dirigentes del Partido Justicialista en Salta formalizó este lunes un pedido de expulsión contra el gobernador Gustavo Sáenz, el diputado nacional Pablo Outes y la legisladora “muda” Yolanda Vega, a quienes acusan de haber “traicionado el mandato popular” y de actuar de manera funcional al gobierno de Javier Milei. La iniciativa fue anticipada en declaraciones radiales y luego oficializada mediante un duro parte de prensa que exige sanciones “inmediatas y ejemplares”. La avanzada había sido anunciada horas antes por el militante Rodrigo Escribas en FM Infinito 96.5, donde sostuvo que “hay que quitar a los traidores” del PJ salteño. Según explicó, el malestar se profundizó tras el acompañamiento legislativo a iniciativas impulsadas por la Casa Rosada, interpretado por sectores internos como “un alineamiento incompatible con la plataforma con la que fueron electos dentro del frente nacional y popular”. El documento difundido posteriormente endurece aún más el tono. Allí se afirma que no se trata de “un error político” sino de “una decisión consciente de colocarse del lado contrario al proyecto por el cual fueron electos”. También sostiene que quienes accedieron a cargos con votos peronistas no pueden “ponerse al servicio de un programa que ataca los derechos laborales, la justicia social y el rol del Estado”, y califica esa conducta directamente como “traición política”. El texto apunta especialmente contra el mandatario provincial, al que define como “principal arquitecto” de las alianzas que habrían subordinado la representación legislativa de Salta a los intereses del gobierno nacional. Para los firmantes, no hay margen para la ingenuidad: hablan de una estrategia política deliberada que terminó colocando a diputados surgidos de un frente nacional y popular bajo la órbita del oficialismo libertario. Además, reclaman que la futura conducción partidaria, en medio de la intervención del PJ local, tome medidas disciplinarias siguiendo precedentes de otras provincias donde se sancionó a dirigentes considerados funcionales al mileísmo. El comunicado advierte que el partido “no puede convertirse en una estructura vaciada de contenido” ni permitir que su legitimidad electoral sea utilizada para fortalecer proyectos “antagónicos a su doctrina”, indica. “La lealtad al pueblo no es negociable”, concluye el pronunciamiento, que sostiene que la ruptura del mandato popular debe tener consecuencias “políticas, claras y definitivas”. Mientras tanto, la tensión interna vuelve a escalar en un peronismo salteño cada vez más fragmentado, donde la disputa ya no se limita a matices sino a la pertenencia misma.