El oficialismo decidió postergar el tratamiento de la reforma laboral y llevarlo recién al 10 de febrero, en una señal política que expone las dificultades crecientes del Gobierno para imponer su agenda en el Congreso. La explicación formal llegó de boca de Patricia Bullrich , quien como jefa del bloque libertario en el Senado admitió que se avanzará, por ahora, con la firma de un dictamen abierto a modificaciones , con la intención de seguir negociando apoyos antes de intentar el debate en el recinto. Sin embargo, la verdadera razón del repliegue es otra . Según fuentes parlamentarias, el oficialismo comprobó que no tiene los votos necesarios para aprobar la iniciativa tal como está planteada, un dato que terminó de precipitar la decisión de enfriar el proyecto. Un retroceso político que se acumula La postergación no ocurre en el vacío. En la madrugada, el Gobierno sufrió un duro revés legislativo cuando la oposición logró rechazar el capítulo 11 del Presupuesto, un golpe que dejó expuesta la fragilidad de las mayorías que Milei necesita para avanzar con sus reformas estructurales. A ese traspié se sumó, horas más tarde, la multitudinaria movilización sindical en la Plaza de Mayo , donde la CGT y otros sectores del movimiento obrero expresaron un rechazo contundente a la reforma laboral y al rumbo económico del Gobierno. En ese contexto, insistir con el tratamiento inmediato del proyecto implicaba arriesgar una derrota en el recinto , algo que el oficialismo prefirió evitar para no profundizar la imagen de debilidad política. Dictamen “abierto” y negociación a la defensiva El recurso del dictamen abierto funciona, en los hechos, como un reconocimiento tácito del retroceso . Lejos de mostrar fortaleza, el Gobierno busca ahora reformular el texto y ofrecer concesiones para seducir a bloques dialoguistas que, hasta el momento, se muestran reticentes. La estrategia también apunta a ganar tiempo y descomprimir el clima social, marcado por protestas que volvieron a colocar a la reforma laboral en el centro del conflicto entre el Ejecutivo y el movimiento sindical. Por ahora, el mensaje es claro: Milei no logra disciplinar al Congreso ni imponer su programa sin costos. La reforma laboral, presentada como uno de los pilares del ajuste, quedó en suspenso, atrapada entre la resistencia social y una aritmética parlamentaria que ya no le responde automáticamente al oficialismo.
La justicia avanzó con una de las medidas más duras hasta ahora contra el excandidato libertario José Luis Espert: el congelamiento de todos sus bienes y los de su núcleo familiar y societario. El expediente por lavado de dinero expone contratos ficticios, patrimonios inexplicables y vínculos con un empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos. La justicia ordenó el congelamiento de todos los bienes en el país en poder de José Luis Espert , de su esposa María Mercedes González , de su hijo y de varios socios y familiares con los que comparte fideicomisos y sociedades. La medida fue solicitada por el fiscal Federico Domínguez , que investiga al exdiputado por lavado de dinero a partir del cobro de 200.000 dólares provenientes de Federico Fred Machado , detenido y requerido por la justicia de Estados Unidos. Según el dictamen fiscal, el congelamiento apunta a “asegurar los activos pasibles de decomiso” , un paso clave en causas de corrupción y lavado. Se trata de la decisión de mayor peso desde la imputación dictada a comienzos de octubre , cuando ya constaban en el expediente la hipótesis del origen ilícito de los fondos y la existencia de un contrato por un millón de dólares firmado en Guatemala entre Espert y una firma pantalla vinculada a Machado. La resolución alcanza a su esposa; al empresario Claudio Alberto Ciccarelli , primo de Machado; a su hermano Gustavo Sergio Espert ; y a varias de las firmas y estructuras societarias de la familia. Los montos son millonarios: incluyen vehículos , sociedades , el sello electoral Avanza Libertad , y bienes inmuebles como la quinta de Escobar , allanada en el marco de la causa. En ese allanamiento apareció un documento clave: una factura de exportación por 300.000 dólares emitida a nombre de Wellington Capital Markets Ltd , con domicilio en Australia y CUIT de Panamá . Para el fiscal, la factura —de mayo de 2019— evidencia la existencia de una cuenta bancaria en el exterior por la cual Espert habría percibido pagos no declarados ante el fisco argentino. Patrimonio que no cierra y facturación dibujada La fiscalía comprobó que entre 2018 y 2020 Espert duplicó su patrimonio sin poder justificarlo. En ese período incorporó un condominio familiar y adquirió un BMW valuado entonces en $5.917.100 . Ambos bienes sumaban $18.903.390 , una cifra incompatible con los ingresos declarados ante ARCA en 2020 , que apenas alcanzaron $1.675.123,67 . El dictamen recuerda que en 2020 se registró una acreditación de USD 200.000 vinculada a actividades de Machado, un mes antes de la compra del BMW, sin figurar en la declaración jurada . Para justificar ingresos, Espert utilizó su firma Varianza S.A. , dedicada a la consultoría financiera, mediante “un mecanismo deliberado de alteración de la facturación societaria” . Lejos de frenarse, el crecimiento patrimonial se cuadruplicó entre 2022 y 2023 y volvió a duplicarse entre 2023 y 2024 , en paralelo al aumento de su influencia dentro del armado libertario . La fiscalía identificó cuatro grandes estructuras para ocultar fondos: El Encuentro de Castello S.A. y Killaco S.A. (agro, con su hermano), el condominio familiar creado tras el arreglo con Machado y Varianza S.A. (2019), compartida con su esposa. A nombre de González figuran porcentajes de un lote en Martínez y dos autos Porsche . En el caso de su hijo —de 23 años—, el expediente es contundente: sin inscripción en AFIP ni ingresos declarados , aparece como titular de un Lexus deportivo , hallado en la vivienda de Beccar. El fiscal lo define como posible testaferro . El hilo con Novelli y la sombra de Libra El dictamen también ilumina un vínculo poco conocido entre Espert y el trader Mauricio Novelli , señalado como posible nexo entre Javier Milei y Hayden Davis , el impulsor de la criptoestafa Libra . Consta que Varianza S.A. emitió facturas a María Pía Novelli , hermana del trader, persona vinculada a maniobras de ocultamiento de activos en la causa Libra. Entre los papeles secuestrados apareció incluso una anotación manuscrita con montos a facturar. En marzo de este año, Espert celebró en redes el lanzamiento de “Libra V2” ; luego alegó un hackeo. La investigación judicial desarma ese relato y conecta facturación, visitas oficiales y negocios cripto bajo sospecha. Chats, contratos ficticios y el fin del relato Tras la detención de Machado el 16 de abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén —por pedido de extradición de un tribunal federal de Texas—, Espert recurrió de urgencia a su estudio contable. Los chats incorporados a la causa son elocuentes: “ Nos mintió ”, escribió una contadora; otra reveló que la consultoría nunca existió . El periodista Sebastián Lacunza reconstruyó estos hechos a partir del expediente judicial, que muestra una carrera contrarreloj para borrar rastros . Las frases hablan por sí solas: “ Recordar limpiar WA —whatsapp—, antecedentes operación. Contrato ”. No eran recomendaciones inocentes. Llegaron cuando Machado ya estaba preso y el nombre del diputado empezaba a quedar expuesto. En ese mismo lapso, Espert y su esposa crearon Varianza , compraron una casa de 450 m² en Beccar y un BMW de unos 80 mil dólares , mientras ingresaban los 200 mil dólares documentados. Los allanamientos —al estudio contable, a domicilios vinculados a asesores y al fideicomiso Encuentro de Castello — marcaron el fin de la protección . La fiscalía recordó que los fueros no amparan allanamientos , y el juez Lino Mirabelli autorizó las medidas tras el vencimiento del mandato legislativo. Con contratos, chats, testimonios y dispositivos secuestrados, el expediente es sólido. Conclusión : el dirigente que mandaba a “laburar” a quienes protestaban habría construido su riqueza sin trabajar , usando la política como pantalla para lavar dinero de un socio acusado de narcotráfico. El congelamiento de bienes no es un gesto simbólico: es la señal de que la causa entra en su fase decisiva .
Un soldado sale a denunciar los maltratos del gobierno a las fuerzas armadas.
El Consejo Provincial del Partido Justicialista bonaerense se reunió esta tarde en Malvinas Argentinas y resolvió el día de las próximas elecciones. Cuáles fueron las propuestas de Cristina Kirchner y Axel Kicillof. El Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) bonaerense resolvió este viernes que las elecciones para renovar autoridades del espacio serán el próximo 15 de marzo. "Se trabajará en una lista de unidad", confirmaron fuentes del partido a El Destape. El mandato del actual presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, vence el próximo 21 de diciembre. Las internas entre el sector de La Cámpora-cristinismo y el espacio de Axel Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), son por demás marcadas y, producto de ello, el jueves por la tarde hubo una reunión previa al encuentro para acercar posiciones a las propuestas presentadas por ambos espacios. El objetivo es evitar una ruptura entre las partes y que la reunión de esta jornada se pueda llevar adelante dentro de los carriles adecuados. De esta manera, hubo un encuentro previo en la residencia del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, a la que también asistieron el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin - como representante de Cristina Fernández - y cuatro dirigentes en representación del Gobernador: el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, su par de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el intendente de La Plata, Julio Alak, y el diputado, Mariano Cascallares. Un gesto no menor; no hubo dirigentes de La Cámpora. Máximo Kirchner Según pudo averiguar El Destape, lo que se charló durante el encuentro fue “la fecha para los comicios, la realización de una masiva campaña de afiliación y el padrón electoral vigente”. En ese escenario, desde el MDF propusieron que las elecciones se realicen en “abril, el domingo 19 o 26”. En cambio desde el espacio de CFK, quieren que se vote el “domingo 8 de marzo”. Finalmente, la fecha elegida fue el 15 de marzo de 2026, un punto intermedio entre ambas posibilidades. Desde el entorno de Kicillof argumentaron que “no se puede hacer una elección partidaria a principio de marzo cuando la gente está comenzando el año con el arranque de clases, ¿qué mensaje le estamos dando a la sociedad si hacemos eso?”. Además agregaron que todas las presidencias de los PJ locales y los cargos de congresales terminan el próximo 17 de marzo, por lo que “se pueden estirar los plazos” reglamentarios. ¿Lista de unidad o internas? Respecto de una posible candidato o candidata a presidir el partido aún no se habló. Desde el MDF insisten en que el PJ bonaerense “debe estar alineado con el gobierno de Axel Kicillof”, algo que con Máximo Kirchner a la cabeza “no sucedió”. La Cámpora propone “mantener la misma cantidad de sillas”, que hasta ahora y allí radica el problema madre. Actualmente los apoderados del espacio responden a la exPresidenta. Se trata de Eduardo López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli, Patricia García Blanco y Ulises “Coco” Giménez, aunque el último goza de cierta autonomía. En los últimos días, desde el kicillofismo impulsaron para la presidencia del Partido Justicialista a Verónica Magario. El ministro de Gobierno y mano derecha del mandatario, Carlos Bianco, dijo en declaraciones radiales que la dirigenta era “quien mejor representaba los intereses” del Gobernador. Desde La Cámpora dieron a entender que “Máximo no buscaría reelegir”, pero ello no implica que no busquen retener el número 1. Cristina Fernández, Mariel Fernández y Axel Kicillof en uno de los últimos congresos del PJ Algunos nombres que suenan como “prenda de unidad” son el de Federico Otermin (Lomas de Zamora). Sin embargo, el equilibrio que hace el Jefe comunal entre los 2 espacios no le estaría redituando como antes. Para el MDF, es un cristinista más. Misma situación ocurre con el intendente de Pilar, Federico Achaval. Otra figura es la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández. La última declaración sobre el PJ bonaerense de la intendenta fue autopostularse al cargo e invitó a Máximo Kirchner a “caminar” su distrito. Fernández se mostró distanciada de La Cámpora. El miércoles por la tarde, la Jefa comunal se reunió con CFK. Según detallaron desde su entorno a este medio, las Fernández hablaron “de la situación social en general, del día a día en Moreno, del avance de la derecha en Latinoamérica y de Donald Trump”. En relación al PJ “no hubo mención”.
La expresidenta apareció a través de un mensaje grabado en la marcha de antorchas en Moreno con motivo del 73º aniversario de la muerte de Eva Perón. Con motivo del 73° aniversario de la muerte de Eva Duarte de Perón se realizó este sábado por la noche un acto con una marcha de antorchas en el cual reapareció la expresidenta Cristina Kirchner , con un mensaje en el que cuestionó las políticas económicas del Gobierno y aseguró que Javier Milei "gobierna para los ricos y bajo las órdenes de las fuerzas del norte". "Quiero contarles que esta marcha de antorchas me remite irremediablemente a mi juventud en La Plata cuando participé de la primera que, obviamente, se hizo después de la dictadura", expresó a través de un audio grabado que se difundió en medio del acto. Entonces recordó: "Todavía en aquella Argentina del 73 la familia argentina se ordenaba en torno al trabajo y la economía en torno a la producción. Después de esa Argentina, en la que el hijo de un laburante podía llegar a presidente, vino la Argentina del 24 de marzo de 1976, un horror, un genocidio y el cambio de la matriz económica, que muta de la producción a la valorización financiera". En ese punto, resaltó que, además, ese momento significó "un cambio cultural, donde el trabajo y el estudio dejaron de ser los instrumentos que garantizaban la prosperidad personal, familiar y social". Entonces, realizando un paralelismo, indicó: "Hoy estamos transitando un nuevo intento de destrucción de lo argentino y la subordinación total de nuestros intereses nacionales con una violencia, velocidad y profundidad nunca antes vista". "Un desgobierno, el de Milei, que claramente gobierna para los ricos y bajo las órdenes de las fuerzas del norte, no de las fuerzas del cielo como dicen ellos", advirtió. Haciendo mención a Peter Lamelas, el embajador propuesto por Donald Trump para la Argentina, la dos veces mandataria lo calificó de "venir a la Argentina prácticamente de interventor, a vigilar a los gobernadores, a frenar acuerdos con China". "Y para que a nadie le queden dudas de por qué estoy presa, a asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner, o sea, la suscripta, reciba la justicia que merece. Textual, no estoy agregando nada que no haya dicho", relató.. También se refirió a la presencia de Javier Milei en la Rural este sábado: "Dice que no hay plata para los jubilados, que no hay plata para los discapacitados, que no hay plata para el Garrahan, que no hay plata para las universidades, en fin, que no hay plata para nadie y porque hay que cuidar el superávit fiscal... Sin embargo, ahí no le importa, en la Rural no le importa el superávit fiscal y le regala plata a uno de los sectores que más plata tiene en este país". "¿Te das cuenta cómo es la cosa que no tiene nada que ver lo del superávit?", preguntó. "El verdadero problema que tenemos los argentinos que no es nuevo, pero que parece que cada vez que avanzamos finalmente terminamos retrocediendo cada vez más", concluyó.
La primera denuncia la realizó el fiscal federal Guillermo Marijuán por una serie de operaciones, incluído el traspaso de Cristian Medina de Estudiantes a Boca por 15 millones de dólares. La Justicia imputó a los empresarios Forster Gillet y Guillermo Tofoni, los favoritos del presidente Javier Milei para el desembarco de las SAD en el fútbol argentino, por lavado de dinero. La medida judicial fue dictada por la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, a cargo de Emilio Guerberoff. La trama oculta detrás del fallido plan del Gobierno para imponer las SAD en el fútbol argentino La primera denuncia la realizó el fiscal federal Guillermo Marijuán en marzo de este año. Se sospecha que movimientos en el mercado de pases del fútbol argentino, incluido el pase de Cristian Medica de Boca a Estudiantes de La Plata por 15 millones de dólares, eran parte de un lavado de activos. A pesar de que el acuerdo al que llegaron el Pincha y Gillet nunca se materializó porque el empresario nunca desembolsó el dinero acordado, el estadounidense sí abonó los 15 millones de dólares de la clausula de rescisión de Cristian Medina. Esa operación estuvo envuelta de varias polémicas y escándalos, pues Boca denunció que el dinero que le transfirieron provenía de una cuenta personal de Gillet, lo cual está expresamente prohibido por los reglamentos de la FIFA: las cláusulas las debe depositar el propio futbolista. Como Gillet compró Rampla Juniors de Uruguay, la Justicia sospecha de una triangulación entre Argentina, el país vecino y Europa para mantener oculto el origen de los fondos que se iban a desembolsar en Estudiantes. Unos 150 millones de dólares que nunca aparecieron. El club uruguayo terminó sumido en una profunda crisis institucional y deportiva: empleados a los que no se les paga el salario desde hace meses y divisiones inferiores y plantel profesional abandonados. Este año descendió por primera vez en su historia a la tercera división. El fiscal Emilio Guerberoff dispuso, entre otras medidas, el levantamiento del secreto fiscal tanto de Foster como de Guillermo Tofoni, su apoderado en el país, y el secreto bancario de los dos clubes involucrados (Boca y Estudiantes). Además, fueron citados a declarar los futbolsitas Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi junto a sus representantes, ya que estuvieron involucrados en operaciones lideradas por Gillet. El primero entrenó varios días en una plaza tras irse de Vélez, pero a la espera de que el estadounidense le depositara el dinero prometido de la clausula. Los otros dos también estuvieron un tiempo sin jugar por las demoras del empresario. La investigación también recae sobre el Grupo Gillet y World Eleven, la empresa organizadora de eventos deportivos de Tofoni.
Tras el primer caso confirmado en el país trasandino, el Instituto Malbrán analiza muestras locales de influenza para determinar si corresponden al "subclado K", una mutación asociada a contagios e internaciones. El desarrollo de la supergripe H3N2 crece a pasos agigantados y, tras confirmarse los primeros casos en Sudamérica, particularmente en Chile, el Instituto Malbrán analiza diversas muestras de influenza para determinar si el virus ya ingresó a la Argentina y comenzó a circular en el país. Christian Petersen se encuentra internado en terapia intensiva. Te puede interesar: Qué es una falla multiorgánica, el delicado cuadro de Christian Petersen Este jueves por la tarde, el Ministerio de Salud de Chile informó que se ha detectado el primer caso en ese país del subclado K y las alarmas sanitarias se encendieron en Argentina. “Este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus. Es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas para este subclado a medida que se completan los análisis de secuenciación pendientes”, expuso la cartera chilena en un comunicado. El subclado K de la influenza A H3N2 ya había sido identificado previamente en México, y más recientemente en Perú y Colombia. Su llegada a Chile refuerza la hipótesis de un avance sostenido por la región, incluso en un contexto climático distinto al del hemisferio norte. Desde el Instituto Malbrán, laboratorio nacional de referencia, informaron que “actualmente se encuentran en proceso de secuenciación de muestras de H3N2 recibidas en el mes de diciembre en el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR)”. Lo que buscan determinar es si corresponden al subclado K, que es el que esquiva en parte la inmunidad adquirida. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de la presencia de esta variante en territorio argentino. No obstante, los especialistas remarcan que se trata de una situación dinámica, que puede modificarse con rapidez debido al flujo constante de personas entre países donde el virus ya está circulando. Además de la vacunación, los organismos sanitarios recomiendan sostener las medidas de cuidado que ya se volvieron habituales en los últimos años: lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios y permanecer en el hogar ante la aparición de fiebre, tos o malestar general.
La Justicia de Río Negro dictó una medida cautelar por 40,5 millones de pesos en una causa por fraude inmobiliario en Las Grutas. La diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde , se mantuvo en la Cámara de Diputados para no perder su banca, luego de renunciar al Senado en medio de un escándalo vinculado al narcotráfico . Sin embargo, la Unidad Jurisdiccional Civil N.º 3 de San Carlos de Bariloche dispuso una medida cautelar para embargar sus haberes en el marco de una demanda por fraude en la compraventa de un lote en Las Grutas . El embargo preventivo sobre Villaverde será hasta cubrir la suma de 40,5 millones de pesos , según la resolución dictada por el juez Santiago Morán . El magistrado, que aún no definió la cuestión de fondo, consideró cumplidos los requisitos para dictar la cautelar, debido a la verosimilitud del derecho invocado y al peligro en la demora . La denuncia contra Villaverde fue presentada por un vecino de Río Negro por el fraude en la compraventa de un lote en la ciudad balnearia de Las Grutas . El embargo deberá cubrir 27 millones de pesos correspondientes al capital reclamado y 13,5 millones en concepto de intereses y costas judiciales . El denunciante demandó a Villaverde por haber recibido un boleto de compraventa con firmas certificadas , pero sin haber obtenido la posesión del inmueble . El juez Morán validó el embargo preventivo al considerar acreditada la existencia de cartas documento, recibos y constancias de mediación entre las partes. Morán libró un oficio a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para que cumpla con el apercibimiento de aplicar sanciones y multas diarias en caso de incumplimiento. Esta causa se suma al escándalo por narcotráfico que la diputada de La Libertad Avanza enfrenta desde la campaña electoral, cuando se hicieron públicos registros judiciales del Estado de Florida que indican que Villaverde fue detenida en Miami en 2002 , acusada de intentar comprar un kilo de cocaína por 17 mil dólares . Además, Villaverde mantiene un vínculo cercano con Claudio Ciccarelli , primo y presunto testaferro de Fred Machado , empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos y aportante de la campaña presidencial de José Luis Espert , vínculo que derivó en la renuncia de del diputado . Los bienes de Espert, congelados por 90 días La Justicia congeló todos los bienes en el país de José Luis Espert , de su esposa, su hijo y varios socios y familiares , con los que comparte sociedades y fideicomisos . La medida, que regirá por 90 días , fue dispuesta por el juez Lino Mirabelli , a pedido del fiscal Federico Domínguez , en el marco de la causa por lavado de dinero que investiga los 200 mil dólares que Espert habría recibido de Federico “Fred” Machado , acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Según la resolución, los bienes no podrán ser vendidos, transferidos ni gravados , con el objetivo de preservar el patrimonio y evitar maniobras que frustren un eventual decomiso de activos de origen ilícito . Se trata de la decisión judicial de mayor alcance desde que Espert fue imputado, a comienzos de octubre, cuando ya formaba parte del expediente la hipótesis de que los fondos recibidos para su campaña presidencial de 2019 provenían de actividades ilícitas atribuidas a Machado. La medida también alcanza a María Mercedes González , esposa de Espert; a Claudio Alberto Ciccarelli ; a Gustavo Sergio Espert , hermano del exdiputado; y a empresas del entorno familiar . Entre los bienes congelados figuran inmuebles, vehículos, sociedades comerciales y el sello electoral Avanza Libertad , además de la quinta de Espert en Escobar , donde se halló una factura de exportación por 300 mil dólares emitida por Wellington Capital Markets Ltd , firma con domicilio en Australia y CUIT en Panamá .
La Cámara Federal porteña dejó sin efecto un fallo previo y habilitó que avance una acusación por injurias. La decisión abre la posibilidad de un juicio oral y reactiva el debate sobre el uso del sistema judicial frente a voces críticas del poder. La Cámara Federal de Buenos Aires revocó el sobreseimiento de la causa por injurias que el presidente Javier Milei promovió contra la periodista Julia Mengolini, y ordenó que la investigación continúe. Con ese fallo, la causa vuelve a tramitarse tras haber sido cerrada en primera instancia, y queda la posibilidad de que llegue a juicio oral. La denuncia se originó en declaraciones públicas de Mengolini, en las que hacía referencias sobre la vida privada del presidente que Milei consideró injuriosas y dañinas para su honor. En primera instancia, el juez de la causa había considerado que esas expresiones estaban vinculadas con el debate político y, por lo tanto, protegidas por la libertad de expresión, y dictó el sobreseimiento. Con la decisión de la Cámara Federal, esa decisión quedó sin efecto y el proceso continúa. El tribunal de alzada evaluó que los dichos cuestionados “distan de formar parte de asuntos de interés público relativos a la función presidencial”, por lo que consideró pertinente que la causa siga su curso. El punto de inflexión en la evaluación de los magistrados giró en torno a si los dichos en cuestión estaban cubiertos por la protección constitucional de la libertad de expresión en el marco de un debate político o si excedían ese terreno. La causa había sido impulsada por Milei en julio de 2025, cuando presentó una denuncia penal contra Mengolini por comentarios que había hecho en medios sobre aspectos de su vida personal. El presidente sostuvo que esas afirmaciones, que incluyeron referencias a detalles de su vida familiar, afectaban su honor y reputación, y optó por iniciar acciones judiciales por injurias. Mengolini denunció una campaña de hostigamiento En paralelo, Mengolini presentó su propia acción penal contra Milei y varios dirigentes libertarios por una campaña de hostigamiento digital, amenazas e intimidación pública que, según su presentación, incluyó la difusión de un video falso generado con inteligencia artificial y mensajes ofensivos en redes sociales. La periodista denunció que esas acciones formaban parte de un ataque coordinado contra su persona y su trabajo, y la situación motivó que se le asignara custodia policial debido al nivel de agresiones recibidas. Este conjunto de denuncias y contradenuncias se da en un contexto de confrontación pública sostenida entre Mengolini y sectores del oficialismo, que se trasladó al plano judicial y mediático. La periodista es figura destacada de la radio y el periodismo digital, y en diciembre de 2025 fue noticia también por haber recibido un premio Martín Fierro del Streaming por su programa, donde aprovechó el discurso para cuestionar al Gobierno y llamar a “empezar a contar lo que pasa”, lo que generó atención mediática. La reactivación de la causa por injurias contra Mengolini implica que la investigación, que había sido sobreseída, vuelve a estar en marcha. El proceso judicial continuará con las etapas procesales correspondientes, y podría desembocar en una audiencia oral si se confirma la continuidad de la imputación. En el ámbito político y mediático, el caso abrió un debate sobre los límites de la libertad de expresión en el contexto de críticas a autoridades públicas, por un lado, y sobre el uso de causas judiciales para dirimir disputas personales o políticas, por otro. Las partes involucradas mantienen posturas encontradas: Milei sostiene que actuó para defender su honor frente a afirmaciones que consideró injuriosas, mientras que Mengolini y sus defensores sostienen que las acciones judiciales forman parte de una campaña de presión mediática y judicial contra su labor periodística.
En la causa se investiga si hubo un “ejercicio de la fuerza de forma desproporcionada, irracional y abusiva por parte de agentes de las fuerzas federales”. Reacción policial desmedida que podría haberse evitado. La Justicia federal procesó este jueves al inspector de la Policía Federal Argentina Nicolás Emanuel Céspedez por el violento episodio ocurrido durante la marcha de jubilados del 12 de marzo pasado, frente al Congreso Nacional, en el que resultó herida Beatriz Blanco, una jubilada de 82 años. En el mismo fallo, fue sobreseído otro efectivo imputado por el uso de gas pimienta. La resolución fue dictada en una causa que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de María Servini, en la que se consideró que existen elementos suficientes para atribuirle a Céspedez el empujón que provocó la caída de la mujer, causándole un traumatismo craneoencefálico y una herida cortante en la región occipital que requirió sutura. Respecto del rol de Patricia Bullrich, la denuncia aclara que el vínculo familiar “no implica por sí solo reproche penal alguno”. Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado “Resultaba a todas luces evidente que un empujón de fuerza desmedida por parte de un miembro de las fuerzas de seguridad (…) sobre una femenina que a simple vista se notaba su avanzada edad (…) podría causar los daños que finalmente ocasionó o aún peores, resultando esta una ‘desgracia con suerte’.”, advierte uno de los párrafos del fallo. El policía fue procesado por “lesiones leves agravadas por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad“. Además fue embargado en 40 millones de pesos. La resolución destacó que “de las imágenes se puede concluir que Céspedez logra visualizar a la persona que está empujando antes de hacerlo, resultando ser una mujer jubilada de 82 años de edad que necesita de la ayuda de un bastón para trasladarse, ejerciendo una fuerza totalmente desproporcionada en su contacto.” El hecho El hecho ocurrió alrededor de las 16.15, en la intersección de las avenidas Rivadavia y Entre Ríos, en CABA, cuando Blanco “cayó desde su propia altura hacia el piso de la acera, quedando en posición de decúbito dorsal”, tras el contacto con personal policial que intervenía en el operativo de seguridad. El informe del Cuerpo Médico Forense confirmó que las lesiones fueron producto de un “traumatismo contuso cortante” y que, si bien no hubo pérdida de conocimiento, demandaron atención hospitalaria y controles posteriores. En la misma resolución, la jueza sobreseyó al ayudante Pablo Alexis Aldama, quien había sido imputado por el presunto uso de gas pimienta contra la jubilada. En este punto, la magistrada concluyó que no se logró acreditar con el grado de certeza requerido su responsabilidad penal en ese tramo de los hechos. Durante la investigación se incorporaron registros fílmicos, fotografías, testimonios de periodistas y manifestantes, además de informes médicos y peritajes oficiales, que permitieron reconstruir la secuencia del episodio ocurrido en el marco del operativo desplegado por las fuerzas federales durante la protesta. “Pensé que me estaba muriendo” En su declaración, Beatriz Blanco relató que se encontraba en las inmediaciones del Congreso cuando fue golpeada y cayó al suelo. “Pensé que me estaba muriendo”, expresó al describir el momento posterior a la agresión. Para la justicia “La violencia con la que cae la querellante sobre el asfalto no deja lugar a dudas de que la reacción del encartado podría haberse evitado ejerciendo algún otro medio disuasivo no violento.” La causa se inscribe en una investigación más amplia sobre el accionar de las fuerzas de seguridad durante la marcha de jubilados, que terminó con varios incidentes, personas lesionadas y denuncias por violencia institucional.
Lali Espósito utilizó su cuenta de X para responder, nuevamente, a las críticas que lanzó el presidente argentino, Javier Milei, durante su entrevista de este miércoles en el programa La Misa, del canal de streaming Carajo. Luego de su quinto Vélez repleto durante 2025, la cantante publicó una foto del show y agregó unos versos de su último sencillo, Payaso, lo que se interpretó como una clara respuesta al mandatario. El conflicto entre la joven y el dirigente resurgió durante la entrevista que Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, le realizó a Milei. Ante la pregunta del conductor sobre Lali, el Presidente arremetió con argumentos que ya había utilizado antes. “Si para vivir del arte necesitás que te subsidie el Estado, no vivís del arte, vos sos un ‘munipa’ a gran escala”, atacó. La popstar argentina, que la noche anterior había brindado un show para 50 mil personas en el Estadio José Amalfitani, en Liniers, recogió el guante y aprovechó las miles de fotos de su espectáculo para responderle a Milei. Junto con una imagen en la que se la ve en el escenario, conectada con su eufórico público, escribió: “Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas…”. La frase es parte de uno de sus últimos hits que, al igual que Fanático, parece una respuesta poética a quienes la atacan desde las esferas del poder. Fanáticos de Lali, que captaron rápidamente las intenciones de la cantante, contestaron al post con mensajes de cariño, apoyo y aliento a la artista nacida en Parque Patricios: “Te amamos”, señalaron los tuits de algunos de sus seguidores.
En el gobierno bonaerense trabajan en dos proyectos de ley aplicados al sector laboral. Uno es para los trabajadores de plataformas digitales y delivery; el otro crea una instancia de conciliación laboral obligatoria prejudicial. Los detalles. Mientras el gobierno de Javier Milei presentó un cuestionado proyecto de reforma laboral que, entre otros aspectos, viola la Constitución Nacional, prohíbe el derecho a huelga a miles de personas, impulsa la tercerización, fomenta la competencia entre trabajadores y promueve el convenio por empresa para liquidar las mejoras que obtengan los sindicatos nacionales, el gobernador Axel Kicillof tiene en agenda dos proyectos de ley para el sector laboral diametralmente opuestos. Se trata de dos iniciativas - una en estudio - y otra que tomó estado parlamentario en el Senado bonaerense pero que aún no se trató. Los escritos apuntan a las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales y delivery y el otro a la creación de una instancia de conciliación laboral obligatoria prejudicial. Junto al ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, el primer proyecto busca mejorar de manera inmediata las condiciones laborales de la totalidad de los trabajadores mediante plataformas, en cuya elaboración trabajan, de manera transversal, varios ministerios. La propuesta contempla tres ejes principales: potencia las inspecciones laborales de las denominadas “tiendas invisibles”, garantiza la salud y seguridad laboral de los empleados y empleadas; y crea una APP en la que tendrían un “botón de pánico”, “aviso rápido de seguridad o salud para accidentes en vía pública”; y accesos a descuentos especiales para la adquisición de insumos indispensables para sus tareas. En coordinación con los municipios y empresas, también promueve la creación de paradores de acceso público y gratuito para que los trabajadores cuenten con áreas de descanso adecuadas durante la jornada laboral; accedan a instalaciones que faciliten el aseo e higiene personal, incluyendo sanitarios que garanticen el acceso a agua potable en condiciones dignas, y se les facilite el resguardo seguro de objetos personales y herramientas de trabajo. Según detallaron del Ministerio de Trabajo, se “intensificarán las inspecciones en las ‘tiendas invisibles’”, a las que el proyecto de ley define como “establecimientos que, a puertas cerradas, realizan actividades de venta, almacenamiento, empaque y entrega de mercaderías, cuyos pedidos son objeto de transacción mediante plataformas digitales, y desde los cuales se efectúa la entrega a los repartidores”. Las tiendas deberán cumplir con la legislación laboral vigente. Estos centros tienen dos costados laborales a abordar: por un lado, los trabajadores de puertas adentro que tienen modos de trabajo a presión, y por otro lado los “repartidores”, que están usualmente estacionados o sentados en la vía pública, esperando a que se les asignen pedidos, con escaso o nulo acceso a condiciones de trabajo dignas. El escrito contempla también que las empresas deban contratar, a su exclusivo cargo, un “seguro de accidentes personales” que garantice cobertura integral frente a los riesgos de la actividad, incluyendo muerte accidental, invalidez permanente y asistencia médica de emergencia. La medida establece un piso mínimo de seguridad y salud laboral, asegurando que cada trabajadora y trabajador cuente con respaldo inmediato ante situaciones de siniestralidad vial o accidentes en el desarrollo de sus tareas. Otro aspecto de la iniciativa será la creación de una APP que estará destinada a resolver varios temas como el acceso a trabajadoras y trabajadores a un “botón de pánico”, o “aviso rápido de seguridad”, el que se accionará cuando adviertan una situación de inseguridad o sean protagonistas de ella. También contendrá un “botón de emergencia en salud” para cuando se produzca un accidente en la vía pública. Finalmente posibilitará el acceso gratuito a asistencia y asesoramiento en sus derechos básicos y problemas usuales como contratación de seguros, gestiones vinculadas a las licencias para conducir o trámites migratorios, entre otros. De qué se trata la instancia de conciliación laboral obligatoria prejudicial Otro proyecto que tomó estado parlamentario el 24 de junio pasado en el Senado provincial pero que aún no se trató en ninguna comisión es el A 3 25/26 que crea la instancia de conciliación laboral obligatoria prejudicial. Según se detalla en el escrito, el objetivo es “priorizar la pronta respuesta que requiere cada trabajador o trabajadora” Según información oficial publicada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la cantidad de causas laborales iniciadas por sede entre los años 2007 a 2023 aumentaron significativamente. En año 2007 fueron 46.218; mientras que en 2023 fueron 105.235 causas. Hubo un aumento del 227% en 16 años. Incluso, durante el 2024, la tendencia de inicio de expedientes judiciales en el fuero laboral se mantuvo al alza. El proyecto permitirá “descomprimir las tareas del Fuero Laboral de la provincia”, tal como ha sucedido al instaurarse la mediación obligatoria mediante Ley Provincial N°13.951. Ello se solventa con el dato de que en 2023, sobre el total de causas iniciadas, el 51% finalizaron por acuerdo conciliatorio. Es decir, existe una voluntad conciliatoria de las partes. En ese sentido se podría haber evitado la instancia judicial, de en promedio 4 años, mediante una conciliación prejudicial, la cual tendrá un plazo máximo de hasta 35 días.
