El ex comisario de la Policía Federal, condenado a perpetua por crímenes en el circuito ABO, fue liberado tras un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Tras pasar 20 años preso por crímenes de lesa humanidad en el circuito represivo ABO, el ex comisario de la Policía Federal Eduardo Kalinec fue beneficiado este lunes por el juez Néstor Costabel, del Tribunal Oral Federal 2 de Ciudad de Buenos Aires, con la libertad condicional. La decisión se produce tras un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que el 16 de diciembre en un fallo dividido abrió las puertas de par en par para que Kalinec saliera de la cárcel: los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos (Mariano Borinsky votó en contra) aceptaron el recurso de la defensa de Kalinec y anularon la decisión del TOF 2, que había rechazado la libertad condicional en septiembre pasado. Kalinec fue condenado en 2010 a prisión perpetua por el TOF 2 como partícipe necesario de secuestros, tormentos y homicidios cometidos en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, donde era conocido por el alias de “Doctor K”. El expolicía es repudiado por su hija Analía, una de las fundadoras de “Historias desobedientes”, un colectivo de familiares de represores que rechaza su actuación durante la dictadura. Luego de escuchar a las partes y a las víctimas, Costabel consideró que no estaban dadas las condiciones para la liberación. Si bien el Servicio Penitenciario, a cargo entonces de Patricia Bullrich, tuvo sólo palabras elogiosas del genocida, un informe del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal de Casación, que resaltó que el detenido no registraba una actitud reflexiva sobre los delitos cometidos, que reivindicaba su actuación y no mostraba arrepentimiento alguno. Así, decidió que no estaban reunidos los requisitos para conceder la libertad condicional. La defensa de Kalinec acudió a Casación y la semana pasada la Sala IV emitió su fallo. Carbajo y Hornos consideraron que el fallo del Tribunal no tenía la fundamentación debida y que había privilegiado el informe Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal sobre el de el Servicio Penitenciario, que daba un pronóstico de reinserción favorable. A partir de esa resolución, apenas una semana después el Tribunal Oral Federal 2 revirtió su decisión original e hizo lugar al pedido de libertad de Kalinec, quien ya contaba con salidas transitorias. La salida de Kalinec del penal de Ezeiza se da en un contexto adverso para las causas por crímenes de lesa humanidad. Luego de dos años de un gobierno negacionista de los crímenes de la dictadura, este 2025, según consignó la Procuraduría de delitos de lesa humanidad, fue el que más absoluciones hubo en los juicios que abordan el terrrorismo de Estado. Su liberación se da también mientras se debate la reapertura de la investigación por la bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), una causa que el propio represor impulsa que se declare como de lesa humanidad para poder perseguir a militantes políticos de los 70´s.
Asambleístas de toda la provincia marcharán para rechazar la política minera de Alfredo Cornejo. El aliado de Milei avanza sobre los recursos naturales. “El agua de Mendoza no se negocia”. Con ese lema, manifestantes de distintos puntos de la provincia se movilizarán este martes a la Casa de Gobierno para rechazar la ley que convalida la Declaración de Impacto ambiental del proyecto minero San Jorge, que el 9 de diciembre sancionó la Legislatura de Mendoza y que generó un amplio rechazo social en un territorio que tiene una larga historia de defensa del agua. Además, pedirán la derogación de otra ley que abre la puerta a 27 proyectos de exploración en Malargüe. En las últimas semanas, las protestas se multiplicaron en distintas ciudades: asambleas, ruidazos, semaforazos, acampes y pintadas, entre otras acciones. A pocos días de las fiestas, la provincia gobernada por el radical –y aliado de Javier Milei– Alfredo Cornejo es un territorio movilizado en lo que llaman la “Gesta Libertadora por el Agua”. En General Alvear la marcha comenzará el lunes por la noche, y las caravanas se irán sumando por la mañana del martes desde distintas zonas, desde Uspallata hasta el Valle de Uco. Todos confluirán en el Kilómetro Cero de la capital mendocina para comenzar una movilización a las 10.30 que terminará en la Casa de Gobierno. Casi todas las regiones de la provincia están movilizadas, en total son 15 asambleas de las 18 regiones que existen, grupos conformados por ambientalistas, peo también por estudiantes, jubilados, docentes, entre muchos otros colectivos. “El agua pura está en riesgo”, dice Elina Urizar, docente e integrante de la asamblea del departamento de Rivadavia, en la zona Este. “Se dice que nuestra zona no está conectada a la cuenca del Río Mendoza –que llega a un millón y medio de personas–, pero más allá de la lejanía hay una alarma real, sea de forma superficial como subterránea, que incluso pone en alerta al sector vitivinícola”, le dijo a este diario. Lo que encendió la manifestación popular es la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental para los trabajos en la mina de cobre San Jorge, en Uspallata que lleva el nombre de “PSJ Cobre Mendocino” y que es propiedad de la empresa suiza Zonda Metals GmBH y el Grupo Alberdi de Argentina. Si bien en la provincia existe la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas como el cianuro y el mercurio en la minería metalífera, la Legislatura aprobó el proyecto -que ya tiene más de una década y otros rechazos- porque considera que los químicos que se utilizarán ahora no están alcanzados por la normativa: se trata de Metil Isobutil Carbinol, Isobutil Xantato de Sodio, Poliacrilamida Aniónica y Óxido de Calcio. Algo que contradicen los estudios hechos, por ejemplo, por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo (UnCuyo). En el centro de la ciudad de Mendoza, se vive la previa a la Navidad. Las calles están abarrotadas de gente, hay hombres disfrazados de Papa Noel que ofrecen una foto a cambio de una colaboración. Hay inflables colgando, hasta incluso de los Reyes Magos, hay percheros en las veredas que ofrecen liquidaciones. Imágenes que parecen distantes de la segunda gran movilización federal que hoy inundará las calles en lo que se llama “La gesta por el agua” y que, como sucedió a principios de este mes, convocará a asambleístas y vecinos de distintos puntos de esta provincia. Los vendedores y vendedoras ambulantes también aprovechan la fecha y ofertan repasadores, medias y ganchitos para el cabello. Uno de ellos, Lautaro Albornoz, cuenta que está preocupado por lo que pasa y anticipa que mañana se movilizará por primera vez: “Tomar el agua de las plazas ya no va a ser lo mismo”. La fecha de la movilización, muy cerca de la Noche Buena, no es improvisada. Remite a una gran marcha que se hizo en el año 2019, cuando el entonces gobernador Rodolfo Suárez quiso modificar la Ley 7722, la “Guardiana del agua”, como le llaman acá. También los estudiantes secundarios y universitarios se suman a las actividades. En los últimos días, hicieron asambleas interfacultades y después en conjunto con escuelas secundarias e institutos. “Es una gran emoción confluir tantos sectores y localidades como fue en 2019”, le dijo a Página/12 Carolina Alvarez, estudiante de UNCuyo. “Salimos los estudiantes de toda la provincia, que hemos sido parte de las gestas por el agua anteriores siendo muy jóvenes. Igual que ahora, que se ven en las marchas muchos pibes de las secundarias, incluso niños. Entonces hay una cuestión muy importante de transmisión de esta forma de resistir y que el agua de Mendoza no se venda, ni se contamine”, agregó. Cornejo, Milei y los glaciares Para el gobernador Cornejo la frase “El agua no se negocia” es “una consigna vacía”. “El agua sí se negocia: hay una cláusula constitucional que establece el derecho al agua ligado a la propiedad de la tierra. Con eso se hicieron millonarios muchos desarrolladores urbanos, con la complicidad de municipios, y después el Estado tuvo que llevar servicios”, le dijo días atrás al diario Los Andes. El gobernador radical es uno de los aliados más fieles a Javier Milei, tanto que el Presidente accedió a modificar la Ley de Glaciares como le pedía el mandatario provincial y a la que se sumaron los gobernadores de la Mesa del Cobre. Pero Cornejo no solo es un aliado electoral y seguidor de los designios de la Casa Rosada, apoyando el Consejo de Mayo o en el Congreso. En la provincia también hay una réplica de la lógica de la represión para imponer medidas. Así como antes Bullrich y ahora Monteoliva reprime cada miércoles a los jubilados, las marchas en Mendoza contra la minería también son blanco de la violencia de la policía. Aún hoy quedan dos personas detenidas por movilizarse a la Casa de Gobierno el el 9 de diciembre cuando el Senado provincial aprobó el proyecto San Jorge. Se trata de los hermanos Renzo y Facundo Gollano que mañana tendrán una audiencia para pedir por su libertad. Algo que se profundizó en los últimos meses. Cómo reveló Página/12, en una protesta que se hizo en octubre por este mismo tema, la policía de provincia reprimió y usó las instalaciones de la Legislatura para golpear y denigrar a otros dos manifestantes. Algo que el gobierno consideró un error y por lo que responsabilizó a los policías luego de que se conocieran los videos que muestran los golpes. Sin embargo, esto no impactó en las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde Cornejo se presentó en alianza con La Libertad Avanza y obtuvo un 53 por ciento de los votos. Esa fue la elección por la que Luis Petri dejó el Ministerio de Defensa para pasar a la Cámara de Diputados junto a otros tres diputados que engrosaron el bloque libertario. Quizás por eso, Cornejo confirmó que aspira a sostener la alianza electoral con La Libertad Avanza. “Me imagino enfrentando el 2027 juntos. Luego habrá que definir candidaturas, si hay PASO o no”, dijo. “Cornejo está on fire”, dicen los ambientalistas. En las asambleas sostienen que su alineación con la Casa Rosada lo envalentonó para avanzar sobre las leyes mineras y de agua. “Cuando se potenció esa alianza con Milei, avanzaron con los proyectos. Con el gobierno de LLA y un discurso de violencia y negando el cambio climático, fortalece la criminalización de las asambleas”, contó Elsa Díaz, integrante de la asamblea de Tupungato a este diario. Marcha educativa Como previa, en el atardecer del lunes hubo una caravana de autos en favor de la educación pública secundaria, que terminó frente a la Casa de Gobierno. En el último día de clases, docentes y estudiantes hicieron un acto al costado del Memorial de la Bandera para rechazar la reforma que acordó el Consejo General de Educación. “Esto le da pie a muchas otras acciones que vendrán porque el gobierno provincial de Cornejo está preparando una reforma educativa que no nos sorprende que tenga un discurso muy parecido al que tiene Javier Milei.. Hablan de modernizar la educación, pero buscan recortar la formación técnico profesional, artística, humanística. Está relacionado con el tipo de país que quieren”, le dijo a Página/12 Mon Magariño, del Movimiento Unidad Secundaria de Mendoza.
La ex presidenta tuvo un fuerte dolor abdominal y tuvo que ser trasladada a una clínica privada para que le hagan análisis
Denuncian que podría tratarse de una de las filtraciones más grandes de la historia del país. ARCA salió a negar cualquier tipo de "incidente de inseguridad". Un sitio especializado en circulación de datos de la deepweb advirtió por la supuesta filtración masiva de información de ciudadanos argentinos que estaban a resguardo de organismos oficiales como ANSES y ARCA. Se trata de una base datos de 1 TB de información confidencial de SudamericaData, una empresa dedicada a la elaboración y venta de reportes sobre personas y compañías. Desde ARCA negaron cualquier tipo de "incidente de seguridad que comprometa la información de los contribuyentes". Según un artículo de Daily Dark Web, hubo recientemente una presunta filtración masiva de datos, que incluiría registros no solo de ANSES y ARCA sino también de los Registros de la Propiedad Automotor, compañías de telefonía celular y millones de direcciones de correo electrónico recopiladas para campañas de marketing. La base de esta empresa SudamericaData, que luego pasó a llamarse "WorkManagement" según el sitio, era consultada por las fuerzas de seguridad al momento de encarar investigaciones. Sin embargo, no estaba inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos, que funcionaba bajo la órbita de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Al trascender la noticia, ARCA emitió un comunicado con el que aclaró que no detectaron "ningún acceso no autorizado, vulneración de sistemas ni compromiso de las bases de datos de los contribuyentes". También se remarcó que la presunta información "no corresponden a información confidencial ni protegida por el secreto fiscal". "No se detectaron accesos no autorizados, vulneraciones de sistemas ni afectación de las bases de datos. Asimismo, los datos mencionados en la supuesta filtración no corresponden a información confidencial ni protegida por el secreto fiscal. ARCA monitorea de manera permanente su infraestructura tecnológica y aplica estándares de seguridad para garantizar la protección de la información", agregó el organismo.
En el marco del debate por la Reforma Laboral que se dará en el Senado en febrero próximo, representantes de entidades bancarias advirtieron sobre las consecuencias de habilitar el pago de haberes en billeteras virtuales. La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) manifestó el jueves su enérgico rechazo a la reforma del Artículo 35 del proyecto de Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, que permitiría a los trabajadores formales acreditar sus salarios en billeteras virtuales. Según las entidades bancarias, esta apertura del mercado de cuentas sueldo podría generar un impacto sistémico negativo en la economía argentina. Las entidades financieras sostienen que las billeteras digitales (PSP) no cumplen con los mismos estándares de seguridad que el sistema bancario tradicional y plantean los siguientes puntos críticos: Liquidez y Crédito: Los bancos utilizan los fondos de las cuentas sueldo para otorgar préstamos a la producción y el consumo. Al derivarse estos fondos a billeteras que invierten en Fondos Comunes de Inversión (FCI), se elimina la capacidad de financiamiento del sistema financiero. Falta de efectivo: Los bancos públicos advirtieron que si los depósitos migran, será inviable garantizar el abastecimiento de billetes físicos en cajeros de pueblos remotos. Seguridad: Subrayaron que las cuentas sueldo actuales cuentan con el respaldo de seguros de depósito (SEDESA) y estándares internacionales de los que carecen los PSP. Mazzón advirtió además que si los usuarios intentaran retirar masivamente su dinero físico desde las billeteras al mismo tiempo, se produciría un cuello de botella. "Todo el dinero sería digitalmente visible pero operativamente inexistente en la red de sucursales", señaló y anticipó que de verificarse este escenario estaríamos ante el "primer corralito digital del mundo". En la actualidad, en la Argentina, existen unas 200 billeteras virtuales registradas ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que quedarían habilitadas para competir por el manejo de más de 10 millones de cuentas sueldo si el Congreso aprueba la modificación impulsada por el gobierno libertario.
Facundo Londero, consultor político de Zuban Cordoba, habló con Un buen comienzo sobre el momento político de Javier Milei. «Hay una división muy grande entre el mileismo y antimileismo. El gobierno ganó mucho respaldo desde el triunfo electoal. Aprueba su gestión más de un 40% de la sociedad», explicó. «Pero lo que se destaca es que el 60% de la sociedad cree que su situación económica empeoró. Hay respaldo a pesar de eso», describió. «Hay un tener en cuenta que hay un 54% no está dispuesto a votar al gobierno. Pero ese rechazo no encuentra expresión», siguió. «Hay un 20% que lo votó en el balotaje no está dispuesto a votarlo de nuevo. Ahora, no sé si votaría a un peronista», advirtió.
Se trata de una primera tanda de difusión de 3.965 documentos que el Departamento de Justicia norteamericano está obligado dar a conocer, después de una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó hoy la primera tanda de los 95 mil papeles clasificados relativos al caso de Jeffrey Epstein, el multimillonario condenado por tráfico sexual de menores y muerto en prisión en 2019. En total, se difundieron unos 3.965 documentos, entre los que se incluyen conversaciones telefónicas e imágenes comprometedoras de famosos personajes en diferentes tipos de fiestas, desde el expresidente norteamericano Bill Clinton hasta los músicos Michael Jackson y Mick Jagger. Los Rolling Stones en alerta: cuál es el problema de salud que tiene Keith Richards Algunas de las imágenes más comprometedoras fueron las de Clinton: en una se lo ve dentro de un jacuzzi con otra persona y, en otra, en un avión privado con una joven de pelo rubio sentada a su lado, a quien se le censuró el rostro para proteger su identidad. El otrora mandatario de los Estados Unidos en la década de los '90 es uno de los personajes que más se repiten en los archivos desclasificados, aunque ya era conocida su relación con Epstein. Minutos después de la publicación del material, el vocero de Clinton durante su presidencia, Ángel Ureña, salió a defenderlo. "La Casa Blanca está usando a Bill Clinton como distracción para ocultar una verdad que no quiere que salga a la luz", afirmó. Además, dijo que el exmandatario cortó todo tipo de vínculos con el financiero suicidado en prisión desde que se conocieron sus crímenes. De todos modos, Clinton no fue el único en aparecer en esta primera publicación del material clasificado relativo al caso Epstein. Otros de los personajes fueron la fallecida estrella de pop Michael Jackson y el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger. Los tres figuraron en diferentes instancias con Epstein, desde cenas hasta fiestas privadas. En total, la Justicia estadounidense publicó 3.965 archivos, con un volumen aproximado de tres gigabytes, distribuidos en cuatro nuevos conjuntos de datos. La mayoría de los documentos están en formato PDF, aunque también se incluyó un archivo de video y varias imágenes sueltas, algunas incorporadas dentro de expedientes de múltiples páginas. Pero aún quedan muchos más archivos por revelarse. El fiscal general adjunto Todd Blanche advirtió este viernes que no será posible publicar todos los documentos exigidos por ley de manera inmediata debido a su volumen. Según anticipó, el Departamento de Justicia prevé liberar "varios cientos de miles más" de archivos en las próximas semanas, lo que promete mantener el caso Epstein en el centro del debate político y mediático en Estados Unidos. La publicación de este material sucedió después de que el Congreso norteamericano votara con una amplia mayoría en ambas cámaras una ley que obligó al Departamento de Justicia a publicar los 95 mil documentos relativos a Epstein, el multimillonario condenado por tráfico sexual de menores de edad.
La coordinadora contra la represión y policial e institucional (CORREPI), elaboró un informe en el que denuncia la peor situación de represión desde 1983. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) elaboró un informe en el que denuncia la peor situación de represión desde 1983. El análisis corresponde a los dos primeros años del Gobierno de Javier Milei y desnuda los hechos de violencia estatal que sufre la sociedad argentina. El trabajo muestra todas las medidas regresivas que aplicó el Gobierno libertario y también señala los resultados negativos que produjeron. Además, denuncia que produjeron la desestructuración de todo el sistema normativo, en detrimento de los derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas. CORREPI señala algunas de las medidas que se tomaron; entre ellas, que en la actualidad el Ministerio de Seguridad Nacional responde a la doctrina continental que exigen Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante la administración de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad, que duró hasta el pasado 10 de diciembre, «se implementó el protocolo antipiquete y el protocolo de uso de arma de fuego, que permite disparar por la espalda a personas desarmadas o que están huyendo«, repasa el trabajo. También entró en vigencia la Ley Antimafia, «en realidad, antiorganización, que permite allanamientos sin orden judicial y detenciones sin intervención judicial ni defensa por hasta 30 días«. Se realizó la modificación del sistema de reincidencia y creación de la reiterancia, que impide excarcelación por detenciones previas sin condena. Y el proyecto de baja de edad de punibilidad a niños y niñas de 14 años, que ya tiene sanción en Diputados. Además, hicieron la reforma de leyes orgánicas de las Fuerzas de Seguridad por decreto gracias a las facultades delegadas que logró Milei en el Congreso de la Nación. Consecuencias de lo regresivo La principal consecuencia es que más de 1000 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal, sólo en estos dos primeros años de gestión libertaria. Se produjo un crecimiento exponencial de casos de violencia en términos generales y muertes en lugares de detención, comisarias, alcaidías y cárceles. En tanto, la violencia de género tuvo un aumente exacerbado y hubo un crecimiento de casos de femicidios, 19 de los ellos -sólo en 2025- fueron cometidos por miembros de las Fuerzas de Seguridad, según apunta el informe. También señala aumento de represión a la protesta social, 250 personas detenidas y sometidas a causas penales armadas, sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se registraron más de 1500 personas heridas por las fuerzas de seguridad durante movilizaciones pacificas. Hubo una gran represión hacia trabajadores de prensa mientras realizaban sus tareas en las movilizaciones, es algo que sucedió de manera indiscriminada. «Hoy más que nunca, la represión en Argentina es una política de Estado. De todos modos, la vamos a enfrentar con unidad, organización y lucha sin violencia«, aseguran desde CORREPI.
La ex presidenta cuestionó la política cambiaria del Gobierno, alertó por la falta de recuperación del consumo y advirtió sobre la salida de dólares. La expresidenta Cristina Kirchner lanzó este miércoles una fuerte advertencia sobre la política cambiaria del Gobierno de Javier Milei al afirmar que “la economía está en caída libre”. Lo hizo a través de un extenso posteo en redes sociales en el que cuestionó la sucesión de esquemas oficiales sin resultados concretos. La ex mandataria repasó los distintos anuncios realizados desde 2023 por parte del oficialismo actual y sostuvo que cada año se presentó una estrategia distinta sin lograr estabilizar el frente cambiario. En ese sentido, apuntó contra el último anuncio del Banco Central, que anticipó la implementación de un “dólar indexado” a la inflación a partir de 2026. “Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna”, escribió, y contrastó esas decisiones con las expresiones públicas de Milei y del ministro de Economía Luis Caputo, como “los dólares nos van a salir por las orejas” o el repetido “¡Flota! ¡Flota!”, que funcionarios del Gobierno y el propio Presidente gritaran en un canal de streaming. Causa Vialidad: Cristina Kirchner apeló la ejecución de sus bienes La ex jefa de Estado aseguró que la situación económica real desmiente el discurso del Gobierno y que no existe una sobreabundancia de la divisa norteamericana. “Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país”, afirmó, y atribuyó la salida de capitales al aumento de importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios a través de plataformas digitales, el pago de intereses de la deuda y una inversión extranjera directa negativa. Además, advirtió sobre desinversión en Argentina de empresas extranjeras, como la petrolera malaya Petronas, y señaló que el gobierno libertario ya reconoció, en los hechos, el peso central del dólar en la dinámica inflacionaria, más allá de su discurso público. "Por más que Milei siga aferrado, en público y en lo discursivo, al dogma monetarista de que 'la inflación es solo y siempre un fenómeno monetario', en los hechos ya se dio cuenta que es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate", sentenció la titular del PJ en el posdata de su mensaje. "Una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro", cerró CFK. El giro del Banco Central sobre el dólar Los cuestionamientos de Fernández de Kirchner se producen luego de que el Banco Central anunciara que acelerará el ritmo de devaluación del peso a partir de enero del próximo año. Según informó la autoridad monetaria en un comunicado, desde el 1° de enero de 2026 el techo y el piso de las bandas de flotación del dólar se actualizarán mensualmente en función de la inflación informada por el INDEC con dos meses de rezago. La medida busca mejorar la competitividad cambiaria, en un contexto de crecientes críticas por el atraso del tipo de cambio, ya que hasta ahora las bandas se ajustaban a un ritmo del 1% mensual frente a una inflación que se mueve entre el 2% y el 3%. "Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio", explicó la entidad que conduce Santiago Bausili.
El ultraderechista se reunió hace algunas semanas con el Nobel Robert Merton para interiorizarse sobre un modelo de jubilación basado en instrumentos financieros de acumulación. Javier Milei mantiene su deseo por aplicar el “plan motosierra”. Esta vez, el ultraderechista busca trazar un plan para destruir el sistema previsional argentino y el esquema solidario vigente en la Argentina. Para eso, el Presidente se reunió hace algunas semanas con el economista estadounidense y Premio Nobel Robert Merton para conocer su propuesta de jubilación basada en bonos financieros. El modelo, que ya fue aplicado en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro, traslada la responsabilidad de la jubilación a cada persona. El Presupuesto 2026 se tratará sin cambios en el Senado Milei, vestido con su ya habitual mameluco de YPF, recibió en la Quinta de Olivos al economista estadounidense. El encuentro, organizado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza, anticipó una idea que el Gobierno viene deslizando desde hace meses; una reforma de fondo del sistema jubilatorio argentino. Milei, Merton y el fin del sistema previsional La visita de Merton respondió al interés del Gobierno en conocer su proyecto de jubilaciones basadas en bonos de acumulación o bonos de longevidad. En lenguaje sencillo, la idea es borrar el sistema previsional público, solidario y de reparto, y cambiarlo por un esquema individual donde cada persona debe “comprar” su propia jubilación en el mercado financiero. Merton llegó a la Argentina para participar del aniversario de la Fundación Capital, que preside el extitular del Banco Central Martín Redrado. Fue justamente Redrado quien confirmó -en el programa de streaming de Maximiliano Montenegro- que en el encuentro con Milei se habló de un programa a implementar “más adelante”, basado en bonos. La aclaración temporal no disimula el fondo de la cuestión; el Gobierno ya está explorando cómo reemplazar las jubilaciones por instrumentos financieros. Cómo funciona el modelo de jubilación por bonos El esquema propone que cada persona compre bonos desde joven, por ejemplo a los 30 años, y los vaya pagando a lo largo del tiempo. Cuando llegue a la edad de jubilación, ese ahorro se convierte en un ingreso mensual o en un contrato con una aseguradora que paga una renta durante la vejez. La idea es que cada trabajador se haga su propia jubilación. Desde joven debería comprar bonos y ahorrar por su cuenta. Al jubilarse, ese dinero se usaría para cobrar un ingreso mensual, sin una jubilación garantizada por el Estado. El modelo de Merton reduce la jubilación a dos decisiones individuales: cuándo retirarse y cuánto ingreso mensual se desea. Todo lo demás -inflación, riesgo financiero, expectativa de vida- queda atado al comportamiento del mercado. El antecedente Brasil Este proyecto ya fue implementado. En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro. En ese momento su gobierno, asesorado por Merton, lanzó el bono del Tesoro RendA+, rebautizados como Bonos de Seguridad para la Jubilación (RSB). Según sus creadores, estos bonos convierten los ahorros actuales en ingresos jubilatorios “reales y garantizados”, incluso para personas con bajo nivel de alfabetización financiera. Jubilación individual, riesgo colectivo Merton reconoce que, con este proyecto, las empresas dejarían de garantizar jubilaciones fijas, y toda la responsabilidad pasaría a los trabajadores. Cada persona debería ahorrar e invertir por su cuenta, asumiendo los riesgos financieros -como la inflación, los cambios económicos o posibles errores de cálculo sobre cuánto dinero necesitará y por cuánto tiempo-. Así, en un país con alta informalidad laboral y salarios bajos, esto podría traducirse en jubilaciones desiguales y, para muchos, directamente inexistentes.
La Secretaría de Transporte ejecuta un paquete de obras en trenes y señalamiento para "ordenar" el sistema ferroviario y dejarlo listo para que quede en manos de privados. El Gobierno sacó un comunicado en el que se jacta de haber puesto en marcha un amplio plan de obras ferroviarias con el objetivo de recomponer un "sistema deteriorado". Sin embargo, la peculiaridad es que la ejecución de obras fue descripta como un paso para avanzar hacia su futura privatización. Es decir, el presidente Javier Milei financia con fondos públicos las acciones que deberían realizar los agentes privados en caso de querer hacerse cargo del servicio con el objetivo final de rapiñar dólares. Bajo el paraguas de la Emergencia Ferroviaria, la Secretaría de Transporte informó que se ejecutan más de 60 intervenciones sobre vías, señalamiento, material rodante e infraestructura crítica, en un intento por mejorar la seguridad y la operación diaria de los trenes antes de abrir el sistema al capital privado. El plan de acción incluye actualmente más de 60 obras en ejecución y más de 100 procesos administrativos lanzados para la compra de repuestos y la contratación de trabajos. Las intervenciones se concentran en cuatro áreas clave: señalamiento, vías, energía e infraestructura general. Entre los avances destacaron la puesta en funcionamiento del sistema de Frenado Automático (ATS) en todas las líneas del AMBA, una mejora central en términos de seguridad operacional. A esto se añade la renovación de más de 30 kilómetros de vías en líneas como Mitre y Belgrano Norte, junto con otras obras distribuidas en distintos ramales metropolitanos. Uno de los focos del programa está puesto en el señalamiento que planea regalar el Gobierno al futuro gestor privado, un punto esencial del sistema ferroviario argentino. En total, se tendieron más de 210 mil metros de cables, se instalaron 53 nuevas señales y se montaron seis tableros ferroviarios, además de reacondicionar edificios técnicos vinculados a la operación. También se habilitó un nuevo viaducto en la línea Belgrano Sur, se "renovaron y mejoraron pasos a nivel y se intervinieron puentes y alcantarillas que presentaban riesgos operativos", señaló el documento. Estas obras buscan reducir incidentes y mejorar la regularidad del servicio, un "aspecto clave" para cualquier "esquema de concesión futura". Otro eje central del plan es la recuperación del parque ferroviario. Según datos oficiales, el 40% de la inversión total se destinó a la compra de material rodante, repuestos para mantenimientos pesados y la modernización de talleres. Entre las acciones más relevantes se destaca la adquisición de tres locomotoras para la línea San Martín, que llegarán en el primer trimestre de 2026, un acuerdo para la compra de repuestos destinados a más de 500 coches eléctricos, y el proceso de adquisición de 43 triplas diésel para ramales del AMBA. Desde el Gobierno remarcaron que las obras buscan corregir problemas estructurales que afectan la seguridad y la calidad del servicio. Sin embargo, el trasfondo del plan es claro: eficientizar el sistema ferroviario antes de avanzar con su traspaso al sector privado. Emergencia ferroviaria: la estrategia del Gobierno En diciembre de 2023, el Gobierno remitió al Congreso el proyecto de Ley 27.742, denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que declaró a todas las empresas ferroviarias estatales como “sujetas a privatización”. A diferencia de lo ocurrido durante la década de 1990, la iniciativa habilitó no solo concesiones, sino también la venta directa de material rodante y de la infraestructura ferroviaria al sector privado. No obstante, mientras el debate legislativo avanzaba hacia la aprobación de la Ley Bases, un grave accidente ferroviario volvió a poner en foco el deterioro operativo y las falencias de seguridad del sistema. El 10 de mayo de 2024, un tren de pasajeros de la línea San Martín colisionó con una formación sin usuarios que se encontraba detenida entre las estaciones de Retiro y Palermo, tras haber sufrido una falla mecánica. El episodio combinó dos factores críticos: por un lado, la avería de la locomotora en un punto no previsto para detenciones; por otro, la inoperatividad del sistema de señalamiento automático en ese tramo, que llevaba varias semanas fuera de servicio. Esta situación obligaba a una circulación bajo condiciones de seguridad precarias. Apenas tres días después del siniestro, el Ejecutivo anunció la declaración de la emergencia ferroviaria a través del vocero presidencial. Antes del choque, la conducción de Trenes Argentinos ya había alertado formalmente sobre la situación financiera de la empresa. En una nota enviada al entonces secretario de Transporte, Franco Mogetta, se advertía que el presupuesto asignado era un 75% inferior al del año previo, lo que comprometía seriamente el funcionamiento cotidiano y forzaba a administrar los recursos “al límite de lo prudente”. La emergencia ferroviaria fue oficializada el 12 de junio de 2024. Además de habilitar herramientas habituales en este tipo de regímenes —como la flexibilización de procesos de contratación y la reasignación de partidas sin los mecanismos administrativos tradicionales—, el decreto amplió las facultades del Ejecutivo. Entre ellas, la posibilidad de renegociar deudas, rescindir contratos vigentes, revisar acuerdos con concesionarios privados —incluso mediante la asignación de fondos— y sumar inversores privados a través de convenios con las empresas ferroviarias estatales. El objetivo privatizador que atraviesa la Ley Bases enfrenta un obstáculo particular en el caso del transporte ferroviario, especialmente en los servicios de pasajeros: la dificultad de hacer rentable un sistema que tampoco lo es para el propio Estado. Las inversiones estructurales que requiere el sector reducen el atractivo de una concesión sin aportes públicos. Frente a ese escenario, el Gobierno definió dos ejes centrales: ejecutar obras e inversiones consideradas críticas para mejorar la operación de cara a una eventual privatización y avanzar, en paralelo, con un ajuste de servicios y de la plantilla laboral.
La ciudad de Bariloche está en vilo mientras las autoridades solicitan refuerzos para controlar un incendio forestal que afectó también a la zona urbana. La ciudad de San Carlos de Bariloche está en vilo este viernes mientras las autoridades intentan controlar un incendio forestal que empezó en la ladera del cerro Runge, a la altura del kilómetro 1 de la Avenida Bustillo, y llegó cerca de las casas. Por el momento están afectadas tanto la zona urbana como silvestre, en lo que se conoce como un incendio interfase. De hecho, el incendio comenzó en un bosque de pinos que se extiende por detrás del Sanatorio San Carlos, informó el sitio Río Negro. Lluvioso y tolerable: bajan las temperaturas este sábado en medio de fuertes tormentas Personal del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) y Bomberos Voluntarios del Cuartel Centro de Bariloche intervienen en el operativo mientras las autoridades locales requirieron dos medios aéreos para reforzar el equipo dado que las llamas se extienden a gran velocidad por la ladera del cerro y ya pasó las calles Salta y Tucumán. Nelson Leal, subjefe del SPLIF Bariloche, explicó a medios de Río Negro que "el fuego comenzó en la ladera del cerro Runge, justo detrás del sanatorio", y que "avanza rápido por la pendiente y la densa vegetación en ese sector". Leal aclaró que "ya están los equipos trabajando en la zona", y luego se supo que no será necesario evacuar el Sanatorio San Carlos, como se había sugerido en un primer momento. Sí trascendió que el humo es importante en el área, que está a 20 metros del centro médico. Por el momento tampoco será necesario que los medios aéreos se sumen a los cinco móviles que ya están en el terreno -incluidos de Bomberos Melipal y Campanario- porque para las 15 de este viernes la parte del incendio que más cerca estaba de la Avenida Bustillo estaba bajo control. "En este momento, se trabaja sobre los puntos calientes. Hay gente preocupada en la parte de arriba del cerro", señalaron fuentes locales en referencia a la población en el Barrio Belgrano. Apenas unos días atrás desde el SPLIF en Río Negro emitieron un comunicado en el que se detallaba que el verano 2026 podría ser de muy alto riesgo en materia de incendios forestales, sobre todo en la zona de San Carlos de Bariloche. El Gobierno de Río Negro, hoy encabezado por Alberto Weretilneck, se comprometió a mantener informada a la población en este tema al declarar el estado de Emergencia Ígnea en toda la provincia, por lo que está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales que no estén habilitadas.
