El joven prodigio argentino tiene tres meses para hacer historia en el ajedrez. Hay tres ajedrecistas que ocupan los lugares de privilegio a la hora de entablar la discusión sobre el mejor de la historia: Bobby Fischer, Garry Kasparov y Magnus Carlsen. Cada uno en su época ha sido el mejor, y si bien alguno más puede ser metido en la conversación, a clamor popular, estos son los tres nombres más reconocidos. Y cuando uno de ellos destaca tus talentos, vale mucho más que cualquier otro comentario. Y, en esta ocasión, fue el ruso, campeón del mundo de ajedrez entre 1985 y 1993, quien destacó ni más ni menos que al joven prodigio argentino Faustino Oro, por una de sus más recientes actuaciones. Con apenas 12 años, Faustino completó este miércoles la segunda de las tres “normas” que necesita un ajedrecista para convertirse en Gran Maestro, el máximo rango posible. Cómo se consiguen las “normas” para ser Gran Maestro en ajedrez Para lograr una norma se necesita una performance de +2600 en un torneo oficial de la FIDE de nueve rondas. Estos torneos también deben tener al menos tres grandes maestros de diferentes países y un control de tiempo de al menos 120 minutos. Además, debe haber un árbitro internacional presente para emitir sus fallos durante el evento. El oriundo de San Cristóbal, Provincia de Buenos Aires, logró hacer tablas con el Gran Maestro argentino Diego Flores en el torneo Szmetan-Giardelli Masters 2025. Torneo donde están compitiendo también jugadores Gran Maestro de Noruega, España, Bulgaria y Perú, entre otros países. Con su actuación en el torneo Szmetan-Giardelli Masters 2025, Faustino Oro lleva ya dos torneos con el rendimiento necesario y manteniendo su Elo FIDE, superior a los 2500. Es decir, si vuelve a repetir su actuación en otro torneo internacional, se convertirá en Gran Maestro. Y, si lo hace en los próximos 86 días, será el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez. La reacción de Garry Kasparov En su cuenta personal de X, el legendario Garry Kasparov compartió el posteo de Chess24.com, donde se destacó la actuación y la norma conseguida por Faustino Oro, quedando a una de recibir el título de Gran Maestro. Su reacción fue simplemente un emoji con unos ojos que indican que está mirando de cerca al prodigio argentino. Kasparov nunca fue un hombre de muchas palabras, pero la simple reacción a lo que está consiguiendo Faustino Oro vale muchísimo y seguramente será un impulso adicional para que el argentino busque hacer historia en el ajedrez dentro de los próximos tres meses. En síntesis El joven prodigio argentino Faustino Oro (12 años) consiguió este miércoles su segunda norma de Gran Maestro tras empatar con Diego Flores en el torneo Szmetan-Giardelli Masters 2025. El legendario Garry Kasparov reaccionó al logro en sus redes sociales con un emoji de ojos, señalando que sigue de cerca la evolución del “Messi del ajedrez”. Para alcanzar el título máximo, Faustino necesita una norma más. Si lo logra en los próximos 86 días, se convertirá en el Gran Maestro más joven de la historia, superando el récord mundial actual.
La Municipalidad recogió las muestras destinadas a monitorear al mosquito que transmite la enfermedad y se detectaron resultados positivos en nuevos sectores que se suman a los ya confirmados Semana a semana, la Municipalidad realiza el monitoreo entomológico de la ciudad relacionado con el dengue . Cabe aclarar que dichas ovitrampas se colocaron en las fechas 22, 23 y 26 de diciembre de 2025, y retirado los días 29 de diciembre del pasado año, y en el día de fecha, respectivamente. En la semana epidemiológica 52, treinta y cinco barrios dieron positivo; Ciudadela Norte, Barranquitas Sur, Parque Juan de Garay, Ex Plaza España, Pro Adelanto Barranquitas, J. B. Alberdi, Jardín Mayoraz, República Los Hornos, Guadalupe Este, Guadalupe Oeste, Central Guadalupe, Guadalupe Noreste, La Boca, Sargento Cabral, Roque Sáenz Peña, Solidaridad y Progreso San Lorenzo, Facundo Quiroga, Chalet, Varadero Sarsotti, Centenario, Zona Sur Pedro Candioti, Progreso Pompeya Oeste, Altos de Noguera, Centro, Liceo Norte, La Guardia, Cabaña Leiva, Colastiné Norte, Ceferino Namuncurá, San Agustín, Loyola Sur, Candioti Sur, Las Lomitas, Domingo F. Sarmiento y Candioti Norte. Mientras que en los barrios; República del Oeste, General Alvear y Coronel Dorrego solo dieron positivo en presencia de vectores adultos, asimismo, se han encontrado presencia de ambos (huevos y adultos) en Guadalupe Oeste, Zona Sur Pedro Candioti, Centro y Candioti Norte. Es importante resaltar que no hay casos positivos de dengue en la ciudad, pero sí hay presencia del mosquito transmisor, por eso la Municipalidad sigue trabajando con distintas actividades de promoción y prevención: descacharrados asistidos, concientización en espacios públicos, ferias y eventos, talleres en las escuelas, entre otras. El sistema de monitoreo de la ciudad de Santa Fe tiene 60 localizaciones con dos ovitrampas distribuidas en los barrios que hacen el seguimiento de los huevos que pone la mosquita hembra. Este año, además, se colocaron otras 30 trampas que detectan la actividad de las mosquitas adultas a partir de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM-FICH) de la UNL . Medidas de prevención Ante la presencia del vector en estos barrios mencionados, desde la Municipalidad se recomienda vaciar todos los recipientes que acumulen agua; revisar bien desagües y canaletas, y limpiarlos de manera regular, sobre todo con agua caliente; extremar el cuidado de recipientes que no se pueden tirar, como bebederos de animales, floreros, baldes, piletines, tanques, entre otros, sobre todo luego de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas para cuidar el interior de las viviendas; limpiar y desmalezar patios y jardines; colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües; y facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado del descacharrado, entre otras. En esta línea, el municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios a través de los descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor, priorizando esos sectores de la ciudad donde se detectaron huevos o hay mayor porcentaje de ovitrampas positivas. Es importante aclarar que los trabajadores están debidamente identificados. De lo contrario, los vecinos pueden comunicarse a la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar sobre la visita de los promotores. Ante las altas temperaturas y luego de las intensas lluvias, se sugiere retirar el agua que pudo haberse acumulado; y si aparecen síntomas, consultar al médico, no automedicarse.
El agua sigue siendo tierra de nadie en una provincia que lleva por nombre Entre Ríos. Tampoco se toma consciencia que el agua dulce es un recurso finito, no renovable y representa el primer alimento. Sin agua no hay vida. Por eso, detrás de las cifras oficiales que celebran inversiones en obra pública y los discursos sobre desarrollo provincial, se esconde una realidad que el gobierno de Rogelio Frigerio prefiere no mencionar: miles de entrerrianos consumen agua contaminada con arsénico, agrotóxicos y desechos cloacales sin tratamiento. Y lo hacen en una provincia que lleva por nombre Entre Ríos. Toda una paradoja. La evidencia científica acumulada desde 2008, los fallos judiciales recientes y las denuncias vecinales dibujan un mapa de la emergencia hídrica que las autoridades provinciales se niegan a reconocer. Un relevamiento del Instituto Tecnológico de Buenos Aires que analizó más de 350 muestras en todo el país puso el foco sobre Entre Ríos. El estudio detectó agua con concentración de arsénico en cuatro localidades: Gualeguaychú, Gualeguay, Urdinarrain —sobre la costa del río Uruguay— y Cuatro Bocas, en Victoria. Pero, el problema es mucho más grave de lo que admiten las autoridades. En el Departamento Paraná, localidades como María Grande, Colonia Avigdor y Hasenkamp —que se abastecen de agua de pozo— registraron niveles entre 0,05 y 0,08 miligramos por litro de arsénico. Estos valores rozan o superan el límite provincial de 0,05 mg/L, que está desactualizado respecto a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud: 0,01 mg/L, cinco veces menos. “Preocupa la calidad del agua, sobre todo por arsénico y plaguicidas”, advirtió a ANÁLISIS la presidenta del Foro Ecologista de Paraná, Lucía Ibarra Bouzada. “Los niveles están al límite y, en algunos casos, excedidos de lo permitido por la provincia, que tiene una escala desactualizada”. Distintas personas realizaron pedidos de informe a las comunas sobre la calidad del agua potable. En muchos casos no hubo respuestas. Ante el silencio oficial, vecinos comenzaron a costear análisis por cuenta propia. Los resultados encendieron las alarmas. El veneno que no se ve El arsénico es uno de los elementos químicos más tóxicos que existen. La exposición crónica —a lo largo de meses y años— puede causar Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE): irritación del estómago e intestinos, disminución de la producción de glóbulos rojos y blancos, cambios en la piel y, en los casos más graves, cáncer de piel, pulmón, hígado y sistema linfático. “En Argentina hay muchos lugares donde el arsénico se considera un contaminante natural”, explicó Ibarra Bouzada. “Pero hace muchos años los plaguicidas tenían arsénico, por lo que una de las hipótesis es que en Entre Ríos, por tener una gran actividad agroindustrial, ese arsénico pudo haber filtrado a las napas”. Estudios recientes en anfibios demostraron que cuando el arsénico se une al glifosato, su efecto se potencia. “Nos preocupa el efecto que pueda estar teniendo en las personas, siendo que están dadas las condiciones para que ambas sustancias estén presentes”, alertó la referente del Foro Ecologista . El decreto obsoleto Desde el Foro Ecologista se ha reclamado la actualización del Decreto N° 2235/02, que regula la calidad del agua de consumo humano en Entre Ríos. “Hay contaminantes que no se analizan y no sabemos qué estamos consumiendo, por ejemplo, agrotóxicos”, advirtió Ibarra Bouzada. “Somos una provincia donde la principal actividad es la agroindustrial, donde se liberan al ambiente miles de litros de agrotóxicos. Estas sustancias no pueden quedar sin ser analizadas”, enfatizó. Ante la preocupación, se realizó un encuentro regional de los pueblos por el agua en Avigdor. Pero las respuestas del gobierno provincial siguen sin llegar. En un fallo que sienta jurisprudencia, la Justicia de Entre Ríos ordenó al Municipio de Crespo suspender de inmediato el riego de calles con agua contaminada. La resolución del juez de Garantías Nº 4 de Paraná, Julián Carlos Vergara, hizo lugar a un amparo ambiental presentado por once vecinos que denunciaron una práctica tan insólita como peligrosa: la ciudad regaba las calles de tierra con agua de arroyos contaminados con efluentes cloacales sin tratamiento. El fallo, basado en el principio precautorio ambiental, no admite apelaciones. Ordenó al Municipio realizar un peritaje completo del sistema cloacal en 30 días, bajo control de la Secretaría de Ambiente provincial, publicar los resultados, implementar monitoreo sistemático de la calidad del agua y comunicar a la Legislatura entrerriana la ausencia de normativa específica sobre calidad de agua para riego urbano. Los vecinos, con el patrocinio de la abogada Juliana Colja, denunciaron que el sistema cloacal deficiente genera descargas sin tratamiento sobre los arroyos N°1-5-1/2, S-3-0-5-2 y Hondonada de la Cruz. El municipio utilizaba esa misma agua para regar calles, exponiendo a la población a graves riesgos sanitarios. Esta agua contaminada no solo afecta al ambiente inmediato. Los arroyos se conectan con el arroyo Espinillo y, finalmente, con el río Paraná. Las consecuencias ya se perciben: mortandad de peces y deterioro del Parque Escolar Enrique Berduc. Durante la audiencia judicial, representantes del Municipio, la Secretaría de Ambiente provincial y organismos legales expusieron sus posturas. Reconocieron la existencia del problema, manifestaron “intención de colaboración”, pero condicionaron los avances a “limitaciones presupuestarias locales” y “necesidad de asistencia financiera externa”. Es decir: sabían que estaban regando con agua contaminada, pero siguieron haciéndolo por falta de fondos. Los vecinos reclaman un plan de saneamiento integral con participación ciudadana, mantenimiento de estaciones elevadoras y cese definitivo del uso de aguas contaminadas. Sobre todo, exigen garantías reales sobre la ejecución de las obras necesarias, no promesas vacías. Pueblo General Belgrano y sus carencias Mientras en Crespo la Justicia reaccionó ante la denuncia vecinal, en Pueblo General Belgrano la contaminación lleva una década sin resolverse. La Cooperativa de Provisión de Agua Potable tiene denuncias por contaminación desde 2015. Diez años tirando efluentes cloacales sin tratamiento al río Gualeguaychú y al río Uruguay. La Unidad de Información Financiera (UIF) fue aceptada como querellante en la causa que investiga a la Cooperativa. La pesquisa, iniciada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Materia Ambiental (UFIMA), indaga sobre la provocación intencional del vuelco de efluentes sin tratamiento. Desde la UIF sostienen que la investigación patrimonial centrada en los flujos económicos que genera la actividad de la Cooperativa resultará clave para establecer no sólo la magnitud del daño ambiental y su costo de reparación, sino también la eventual responsabilidad penal de sus directivos. La causa tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay N° 1 bajo el expediente FPA 016213/2017. Ocho años de trámite judicial. Diez años de contaminación. Y los efluentes siguen cayendo a los ríos de manera irregular, contaminando un recurso que no es renovable como es el agua dulce. Si alguien todavía tenía dudas sobre el impacto de la actividad agroindustrial en los recursos hídricos entrerrianos, una investigación del CONICET las despejó de la peor manera posible. El estudio, presentado por el investigador Rafael Lajmanovich, detectó en el sedimento del arroyo Las Conchas una concentración de 5.002 µg/kg (microgramos por kilo) de glifosato. Es el nivel más alto registrado hasta el momento en Sudamérica. El estudio evaluó la contaminación en cuatro arroyos de la provincia: Las Conchas, Espinillo, Crespo y Las Tunas. Todos son afluentes directos del río Paraná. Los científicos documentaron signos inequívocos de contaminación extrema: “cócteles” de agrotóxicos, agua de coloración negra, olores pútridos y niveles de oxígeno disuelto por debajo de los umbrales críticos para la vida acuática.
Apoyado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el gobernador bonaerense impulsa una construcción que excede a la provincia de Buenos Aires y apunta a convertirse en opción nacional para 2027. “Hay otro camino”, fue el slogan que atravesó el último plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que impulsa el gobernador bonaerense Axel Kicillof y con el que busca trascender las fronteras provinciales para proyectar una alternativa de cara a 2027. Mientras la interna peronista continúa sin resolverse, el gobernante avanza con un armado propio que pretende reconfigurar el escenario político. “Tenemos claro que el MDF tiene que ser algo amplio y plural: no alcanza con el peronismo solo. Hay muchos espacios que quieren sumarse. Tenemos la posibilidad y el tiempo para construir de verdad”, se entusiasman en el entorno de Kicillof. Durante el encuentro que se llevó a cabo el 22 de diciembre, el gobernador dejó en claro cuáles son sus objetivos políticos, al plantear la necesidad de “dar una perspectiva de futuro” al pueblo, al tiempo que subrayó que no se trata de lanzar una campaña ni de discutir candidaturas, sino de abrir una nueva etapa. “Vamos a demostrar que hay alternativa. No venimos a repetir la historia, venimos a crear futuro”, pronunció durante el cierre. Desde La Plata detallan a C5N que el objetivo es “convertirse en red a nivel nacional frente a las medidas que toma el Gobierno nacional y que perjudican a la gente”. Es por ello que en las últimas semanas Kicillof visitó provincias como la de Formosa, una dinámica que se va a repetir durante el 2026, además de encabezar reuniones con centrales sindicales como la CGT y la CTA para discutir y sentar una postura en rechazo de la reforma laboral que impulsa Javier Milei. Tras el encuentro en Formosa, donde junto al gobernador Gildo Insfrán firmaron un convenio de colaboración para coordinar políticas públicas en materia de seguridad y otras áreas estratégicas, Kicillof volvió a subrayar la importancia de la “solidaridad entre las provincias” y de fortalecer el federalismo para enfrentar las políticas del Gobierno nacional. “Acá lo central es lo que podemos aportar para la construcción nacional, no pensando en Axel como cabeza o figura, sino desde la PBA pensar en construir una alternativa real. Oponerse a la reforma laboral tiene que ver con eso: armar una propuesta sólida que agrupe a distintos sectores e ideologías, más allá del peronismo, y empezar a recorrer”, adelantan en el armado bonaerense. Apoyado en un grupo de intendentes y en funcionarios de su Gabinete como la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco: el de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque: el de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y en la Jefa de Asesores, Cristina Alvarez Rodríguez, el mandatario provincial tiene como objetivo recorrer el país para empezar esa construcción, aunque aclaran que la idea no es nacionalizar el MDF, sino generar un puente entre los distintos sectores. “Nuestra idea no es llevar nuestro modelo, sino empezar a buscar, desde las problemáticas específicas de cada provincia, las formas de aportar y construir. No vamos a imponer nada”, aseguran. Mientras se prepara ese despliegue, el inicio del año en la Provincia tendrá como eje una agenda de reuniones con sectores productivos a lo largo de la Costa, acompañada por las tradicionales conferencias de verano dedicadas al panorama turístico. La discusión por el PJ bonaerense En paralelo al avance del rearmado nacional, el peronismo bonaerense deberá resolver en los próximos meses quién sucederá al diputado nacional Máximo Kirchner en la conducción del PJ de la provincia de Buenos Aires. La discusión se da en el medio de una interna que sigue abierta y suma nuevos capítulos con distintos protagonistas, sin que hasta ahora aparezca una síntesis capaz de ordenar al espacio. En este marco, se fijó el domingo 15 de marzo como fecha para la elección interna. Más allá de tener representantes en la discusión, desde el entorno de Kicillof afirman que “no es algo de lo que esté ocupándose Axel”, aunque en el peronismo bonaerense algunos consideran que debería ser él quien tome las riendas del partido. Quien suena para ese cargo y ya expresó su voluntad en un acto esta semana en La Matanza fue la vicegobernadora Verónica Magario, cuando habló de “ir por la herramienta del Partido Justicialista este 15 de marzo”. De cara a la definición, algunos sectores se muestran pesimistas sobre la posibilidad de conformar una lista de unidad. “Lo más probable es que se resuelva como la elección de septiembre”, advierten. La clave sobre si se llega o no a la unidad se conocerá en febrero: el 8 de ese mes vence el plazo para la presentación de candidatos, mientras que el 12 finaliza el plazo para la exhibición de lista de candidatos. Recién entonces quedará claro si el peronismo bonaerense llega con una fórmula consensuada o si se encamina a una nueva interna.
El CECIM La Plata le dio 24 horas al Presidente para que vuelva atrás públicamente de sus declaraciones ante un periódico inglés. Había asegurado que las Islas serán argentinas "cuando los isleños lo deseen". El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata le dio 24 horas al Presidente para que se retracte públicamente de declaraciones realizadas ante la prensa del Reino Unido. Lo acusan de incumplir la Constitución y advierten que podrían denunciarlo penalmente. Se refieren a lo que habría dicho sobre que las Malvinas serán argentinas cuando “los isleños lo deseen”. De todas maneras, el Presidente recordó la que el reclamo de soberanía "no" era negociable. Agustín Caulo reemplazará a Nahuel Sotelo como secretario de Culto de la Nación Daniel Sabsay y Alejandro Gil Domínguez cuestionaron el alcance del DNU y señalaron posibles conflictos con garantías y principios establecidos en la Constitución Constitucionalistas cuestionaron el DNU del Gobierno que modifica el sistema de Inteligencia La intimación de los excombatientes de Malvinas a Javier Milei El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata intimó formalmente al presidente Javier Milei a que se retracte de declaraciones realizadas ante medios británicos sobre la cuestión Malvinas y a que “cumpla acabadamente con la manda” de la Constitución Nacional. La intimación, fechada el 2 de enero y firmada por el presidente de la entidad, exige que Milei se retracte en un plazo de 24 horas de los dichos que, según señalan, fueron reproducidos por numerosos medios nacionales y “condicionan el histórico posicionamiento de la República Argentina” en el reclamo de soberanía sobre las islas. En el texto, el CECIM recuerda la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”, y subraya que si bien la norma exhorta a respetar el modo de vida de los habitantes de las islas, “nunca, bajo ningún punto de vista ni fundamento, sus deseos”. La organización también insta al Presidente a cumplir con la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y con la Resolución 41/11, que revitaliza la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. “Vemos con estupor y suma preocupación cómo Ud., siendo Presidente de la Nación, por tanto, plenipotenciario, se expidió en los términos en que lo hizo ante la prensa británica”, sostiene el documento. Además, el CECIM advierte que Milei habría incurrido en un “flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en los términos del artículo 248 del Código Penal, y señala que sus expresiones “faltan el respeto a la memoria de los excombatientes de Malvinas y a los caídos”. “La base militar que el Reino Unido mantiene en Malvinas amenaza la seguridad de la región y condiciona la posición de la República Argentina por vía de la imposición belicista”, afirma la intimación, que le reclama al Presidente producir “las comunicaciones oficiales pertinentes, en franca oposición con la avanzada británica”. Finalmente, la entidad anticipa que, de no cumplir con lo exigido, podría avanzar con una denuncia penal. “Las Malvinas, islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes fueron, son y serán argentinas”, concluye el texto.
Se publicó esta madrugada el DNU 941/25, que crea una nueva oficina de Inteligencia dentro de la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni, o sea que Karina Milei pasara a tener parte del control que antes solo ejercía Santiago Caputo. Desde la oposición ya replicaron. El Gobierno publicó en el Boletín Oficial de este viernes 2 de enero el decreto de necesidad y urgencia con el que reformula la Ley de Inteligencia (25.520) y suma polémicos cambios a esa área, otorgando mayores facultades al organismo que digita el asesor presidencial Santiago Caputo. Entre esas nuevas facultades, se establece que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) queda como órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional, y en lo sucesivo se habilita a que la SIDE pueda "proceder a la aprehensión de personas" al tiempo que se declaran como "encubiertas" todas las actividades de inteligencia. De acuerdo al texto, se establece en el articulo 2 que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”. Otro de los artículos que ya despertó críticas de la oposición y tal vez derive en denuncias judiciales es el 19, que fija que “los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial”. Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Para ello agrega que, “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”, agrega. Uno de los cambios impulsados por el DNU es que la Agencia de Seguridad pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia. La Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoria General de Inteligencia. Otro aspecto central es la separación entre las áreas de ciberinteligencia y ciberseguridad, que pasa a depender de la Jefatura de Gabinete, de Manuel Adorni, en obvio avance de Karina Milei. Precisaron que el Centro Nacional de Ciberseguridad que funcionará en la Secretaria de Innovación dentro de la Jefatura de Gabinete se ocupará de la protección de redes, sistemas y activos, mientras que la ciberinteligencia estará en la órbita de la SIDE y seguirá bajo el control de Santiago Caputo. En el DNU se especifica que la Agencia de Seguridad Nacional “se reorienta exclusivamente a la contrainteligencia, evitando superposición con la Policía Federal y dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad” En ese contexto, se define a la contrainteligencia como la forma preventiva, a detectar y analizar: "espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia extranjera” con el fin de adaptar el marco normativo a “las nuevas formas de amenaza tecnológica, política y cognitiva”. La reforma por DNU habilita formalmente a que la inteligencia pueda solicitar apoyo técnico o logístico de Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, “sin confundir funciones, para optimizar recursos y capacidades”. También elimina la Dirección Nacional de Inteligencia de Estratégica Militar y se establece que la producción de inteligencia estratégica militar queda a cargo del Estado Mayor Conjunto, cuyo comandante en jefe es el presidente de la Nación. Fuentes del Gobierno señalaron que la reforma “moderniza, ordena y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional: lo integra al Estado, lo separa de funciones policiales, lo adapta a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles, con el objetivo de mejorar la capacidad estratégica del Poder Ejecutivo”. Los voceros señalaron que los titulares de los órganos desconcentrados serán designados por el Secretario de Inteligencia, reforzando la conducción jerárquica y el control interno del sistema. Aclararon que “el sistema no cumple tareas policiales ni judiciales, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo” y “brinda respaldo legal al personal, definiendo con precisión qué está permitido y qué está prohibido. El 2 de diciembre de 2025 el presidente Javier Milei designó a Cristian Auguadra a cargo de la SIDE, tras la salida de Sergio Neiffert. Sin embargo, el organismo es comandado en los hechos por el asesor del Poder Ejecutivo Nacional Santiago Caputo, por lo que la designación de Auguadra no fue casual, sino que se trata de un hombre de gran confianza en su círculo y de estrecha relación con su propio padre, Claudio Caputo. Alerta en la oposición: "Quieren un estado policial" El DNU 941/25 deberá ser tratado en el Congreso por la Comisión Permanente de Tramite Legislativo, que tiene diez días hábiles para tratar el texto luego que el Gobierno lo envíe al Parlamento. Por su parte, el Gobierno debe comunicar el DNU en un plazo de 10 días hábiles, según lo establece la ley 26122. En ese contexto, el diputado nacional Esteban Paulón dijo que el “Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU", que definió como "un duro golpe para nuestra democracia". "La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie", definió. Paulón explicó que el proyecto podría ser rechazado "después del décimo día por votación mayoritaria en ambas cámaras” y repudió: "La interna entre Karina [Milei] y Santiago Caputo es un riesgo para la seguridad nacional y pone en riesgo la autonomía e independencia de la Inteligencia nacional". "El DNU define como 'riesgos' a activistas, opositores y periodistas. Es una confesión de parte: quieren usar los recursos del Estado para perseguir a quienes pensamos distinto. El 'Estado Policial' en su máxima expresión", agregó el legislador socialista en sus redes sociales. Por su parte, Jorge Taiana analizó: "Básicamente es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo ya hacen y a lo que quieren hacer. La consecuencia será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores". El diputado peronista y exministro de Defensa de la Nación denunció que el Gobierno busca "convertir a las FFAA en un auxiliar de las fuerzas de seguridad". "Se avanza así en el objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional, como impulsan desde hace años desde el Comando Sur" de Estados Unidos. Por último, el diputado peronista Agustín Rossi, exministro de Defensa y exinterventor de la AFI, también advirtió al periodismo por las tareas de contrainteligencia anunciadas por el DNU y explicó: "Elimina la DNIEM (Dirección de Inteligencia Militar) y la reemplaza por la DGIEMCO, que es el área de inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Esto hace que el Ministro de Defensa se quede sin inteligencia propia. Le quitan poder al ministro y se lo trasladan al Jefe del EMCO. Cuando hablamos de la militarización de la defensa, nos referíamos a este tipo de cosas". "Este DNU fortalece la idea de una Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina. El Congreso debe rechazar este DNU. Exigimos que las modificaciones de la ley de inteligencia se hagan mediante una ley", concluyó Rossi.
El Ministerio de Comercio de China anunció el miércoles un arancel adicional del 55% a las importaciones de carne vacuna de Argentina, Brasil, Uruguay, Australia y Estados Unidos que superen las cuotas anuales definidas. Esta medida regirá desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028. El gobierno chino justificó la decisión como una respuesta a la presión que los envíos extranjeros ejercieron sobre la industria local, en un contexto de caída de precios y sobreoferta. Según informó la agencia de noticias AFP, la decisión afecta de manera directa a los principales proveedores sudamericanos, que mantienen a China como principal destino de sus exportaciones. De acuerdo con el comunicado oficial, la investigación del Ministerio de Comercio chino abarcó la carne fresca, congelada, con hueso y deshuesada. El informe concluyó que el ingreso de grandes volúmenes de carne extranjera perjudicó la competitividad de los productores nacionales. Las autoridades definieron la aplicación de estas tarifas y cupos como “medidas de protección”, con la intención de que el esquema se flexibilice de forma gradual durante los tres años previstos. Según la disposición china, la Argentina dispone de una cuota de 511.000 toneladas anuales para ingresar con el arancel habitual del 12,5%. Si los envíos superan ese límite, se activa el arancel del 55%. Brasil recibió un cupo de 1,1 millones de toneladas, mientras que Uruguay podrá exportar hasta 324.000 toneladas por año. Australia y Estados Unidos registran límites de 200.000 y 164.000 toneladas, respectivamente.
El conflicto se originó cuando el gobierno chaqueño decidió retener más de 177 millones de pesos destinados a salarios y gastos de funcionamiento y avanzó con un proceso de cierre por supuestas irregularidades administrativas. El video que se viralizó en redes sociales fue grabado el lunes pasado en el “Centro Educativo, Cultural y Deportivo Padre Severiano”, en General Vedia, a casi 90 kilómetros de Resistencia. En él, se ve a decenas de niños y adolescentes del pueblo wichí, sentados en el piso, escuchando con atención mientras un docente lee una carta enviada por el juez Civil y Comercial 21 de Resistencia, Julián Flores. No era un texto cualquiera: era la explicación de un fallo que les garantizaba seguir viviendo, estudiando y siendo cuidados en ese lugar. “Queridos niños y adolescentes de la comunidad wichí, queridos educadores de la fundación, queremos hablarles con palabras simples, mirándolos a los ojos”, comenzaba la misiva leída en la Unidad Educativa de Gestión Privada 144. En ella, el magistrado explicó que la sentencia había sido dictada pensando en su vida cotidiana, en lo que sienten y en los esfuerzos que realizan todos los días para aprender y salir adelante. Remarcó que el tribunal entendió que la institución no es solo una escuela, sino también un espacio donde comen, descansan, reciben contención y acompañamiento “cuando las cosas se ponen difíciles”. Por eso, la decisión fue clara: la institución debía seguir abierta, el Estado debía cumplir con su responsabilidad y nadie podía decidir sobre sus vidas sin escucharlos. Dicho en términos más técnicos: el fallo de Flores hizo lugar a una acción de amparo presentada por la Fundación Valdocco y dejó sin efecto las resoluciones del Ministerio de Educación del Chaco que habían ordenado la clausura del establecimiento y la suspensión de los aportes estatales. También dispuso la inmediata restitución del financiamiento para garantizar la continuidad de la institución, que alberga a unos 50 niños y adolescentes wichí. El conflicto se originó cuando el gobierno chaqueño decidió retener más de 177 millones de pesos destinados a salarios y gastos de funcionamiento y avanzó con un proceso de cierre por supuestas irregularidades administrativas. Entre los argumentos oficiales se mencionaron docentes que cobrarían haberes en Chaco y Santa Cruz, falta de balances y presuntas inconsistencias en la documentación de alumnos. Incluso se presentó una denuncia penal por supuesta defraudación al Estado. “Es inadmisible pagar algo que no existe”, sostuvo en su momento la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, quien reconoció que fue Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, la que le informó de esta anomalía. Sin embargo, el juez Flores dejó de lado la discusión administrativa y puso el foco en el impacto social de la medida. Sostuvo que el Estado incumplió con la obligación de realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, tal como establece el Convenio 169 de la OIT, y advirtió que cerrar una institución de cuidado sin ofrecer una alternativa real implica una regresión de derechos. Definió a la institución como un “dispositivo comunitario integral” que brinda educación, alojamiento, alimentación y atención sanitaria a niños que no encuentran respuesta en el sistema común. En su sentencia, el magistrado formuló una pregunta incómoda: qué destino tendrían esos chicos si la fundación cerrara sus puertas. “¿A dónde irán? ¿Quién garantizará de manera inmediata su alojamiento y su alimentación cotidiana?”, se interrogó, para concluir que “no hay justicia posible allí donde la decisión estatal incrementa el sufrimiento evitable de los más vulnerables”. La resolución ya fue apelada por el gobierno provincial, que la calificó de “arbitraria”, mientras en medios oficialistas se insiste en presentar el caso como el de “docentes truchos”. “Contundente” En diálogo con Página/12, el sacerdote salesiano y diputado nacional de Fuerza Patria por Santa Cruz, Juan Carlos Molina, fundador de Valdocco, valoró ampliamente el fallo. Lo definió como “contundente”, destacó la solidez de los fundamentos y ponderó la perspectiva intercultural y de derechos humanos adoptada por el juez. De estrecha relación con el Papa Francisco y con Cristina Fernández de Kirchner, Molina creó la Fundación Valdocco en 2005. La organización —que toma su nombre del barrio turinense donde Don Bosco inició su obra— trabaja bajo el modelo de Casas Educativas Terapéuticas en distintas localidades: Casa Cañadón y Casa Calafate, ambas en Santa Cruz; Casa Chaco, en General Vedia; y Casa Cabo Haitiano, en Haití. El referente de Valdocco aseguró que la decisión del juez Flores desarma las acusaciones que se realizaron contra la fundación y que, a su entender, respondieron a una persecución “política y racial”. Indicó que las medidas administrativas del Ministerio de Educación del Chaco comenzaron a gestarse cuando se conoció su candidatura política y que incluyeron la suspensión de la subvención estatal y resoluciones que calificó como “gravísimas” desde el punto de vista institucional. “El objetivo no era cuidar a los chicos, sino cerrar Valdocco”, afirmó. Molina sostuvo que fue clave la declaración de los alumnos de la institución, quienes brindaron su testimonio ante la Asesoría de Niñez, Adolescencia y Familia 5 de Resistencia, con la asistencia de traductores. Del relevamiento incorporado a la causa surgió que los niños y adolescentes alojados en la institución tienen domicilios lejanos, en su mayoría en la región de El Impenetrable, y que, ante un eventual cierre de Valdocco, el gobierno ni siquiera había previsto su reubicación escolar. “Los chicos le decían: ‘Yo no quiero volver al monte porque tengo hambre, yo no quiero volver a mi casa porque no tengo cama’. Cuando escucharon a los pibes se dieron cuenta dónde estaba el verdadero problema y por qué estaban viviendo con nosotros”, explicó Molina. Respecto de las críticas oficiales sobre supuestas irregularidades en el plantel docente, el sacerdote rechazó que existan “ñoquis” y explicó que el trabajo educativo se adapta a la realidad de los chicos, con equipos interdisciplinarios, alfabetizadores especializados y profesionales formados para abordar situaciones de alta complejidad cultural y social. Aclaró además que la fundación rinde cuentas y que los pagos se realizan de manera transparente, como ocurrió hasta el momento en que el Estado dejó de transferir los fondos. Molina, quien estuvo al frente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) entre 2013 y 2015, también vinculó lo ocurrido en el Chaco con situaciones similares vividas por Valdocco en Santa Cruz, donde, según relató, se repitieron denuncias y maniobras administrativas producto de su posicionamiento político. En ese sentido, aseguró que existe un patrón de hostigamiento que se replica en distintas provincias y que ya fue desmentido en otras oportunidades por la Justicia. De cara al futuro, Molina advirtió que la continuidad de la obra dependerá de la decisión del gobierno chaqueño. Señaló que la fundación puede sostener la asistencia alimentaria por un tiempo limitado, pero que no puede afrontar el pago de salarios ni reemplazar al Estado en sus obligaciones básicas. “Yo puedo juntar plata para darles de comer, pero no puedo pagar salarios, no puedo pagar docentes. Hoy es imposible. Tendremos que repensarnos, en todo caso”, evaluó.
La quita de fondos estatales paralizó terapias, provocó despidos y puso en riesgo la atención de miles de personas con una enfermedad crónica y costosa. Las claves El Estado dejó de financiar a la Fundación de la Hemofilia desde enero. El subsidio cubría entre el 80% y 90% de su funcionamiento. Casi 5 mil pacientes quedarían sin tratamientos ni seguimiento médico. Ya se produjeron despidos y advierten un cierre inminente. La entidad inició acciones judiciales para garantizar la continuidad. Corte de fondos y emergencia en la atención El Gobierno nacional retiró los subsidios que sostenían a la Fundación de la Hemofilia, una medida que dejó sin tratamiento a casi 5 mil pacientes en todo el país. El financiamiento estatal representaba entre el 80% y el 90% de los recursos de la institución y su eliminación provocó una crisis inmediata en el funcionamiento del centro. El recorte derivó en la suspensión de terapias, la paralización de cirugías y el inicio de despidos. La entidad, referente nacional en el abordaje integral de la enfermedad, enfrenta ahora un escenario de cierre. Denuncias por despidos y cierre inminente Trabajadores de la fundación difundieron un comunicado en el que alertan sobre la gravedad de la situación: "Estamos juntando firmas y fundamentalmente buscando dar difusión al inminente cierre de la Fundación de la Hemofilia, centro integral de tratamiento de la enfermedad". Desde la institución señalaron que el subsidio se otorgaba de manera sostenida desde 2001 y que su interrupción se produjo de forma intempestiva durante la gestión de Javier Milei. "El año pasado decidieron cortarlo argumentando que se trata de una institución privada. Hay que conseguir el déficit cero! Cuando tuvimos el diagnóstico de Santiago a 10 días de nacido, en el Italiano, nos dijeron que era el lugar indicado para su tratamiento x tratarse de una enfermedad rara. Y así fue!", denunciaron. Venta del edificio y salarios adeudados La crisis financiera impactó de lleno en el personal. Según detallaron desde la fundación, 19 empleados ya fueron despedidos y quienes continúan trabajando acumulan meses sin cobrar sus salarios. "Hoy está al borde del cierre, echaron a 19 empleados, los pocos que quedaron hace meses no cobran y nos acabamos de enterar de que el consejo de administración vendió su edificio de Soler 3483 para poder pagar indemnizaciones", advirtieron. Guardia presencial de 24 horas, que ya no funciona. Atención con traumatólogos y kinesiólogos especializados. Servicio odontológico adaptado a pacientes con hemofilia. Provisión de medicación cuando las obras sociales interrumpen la cobertura. Gestión ante el Estado de uno de los tratamientos crónicos más costosos. La interrupción de estas prestaciones deja a miles de personas sin una red de atención especializada. Acciones judiciales en marcha Ante la falta de respuesta oficial, los trabajadores confirmaron el inicio de acciones judiciales. "Ya iniciamos acciones judiciales con las que esperamos conseguir la continuidad en los tratamientos", señalaron. Mientras avanza el reclamo, pacientes y familias enfrentan la incertidumbre por la suspensión de una atención médica considerada vital.
La reforma de Inteligencia concentra todas las facultades en la Secretaría que maneja Cristian Auguadra y autoriza a sus agentes a aprehender personas. Punto por punto, las claves de la reforma. (SIN) a través de la modificación de la ley N° 25.520. Entre los cambios más polémicos se destacan la salida del organismo del control de la seguridad interna y la facultad de detener personas en casos específicos . Según el decreto del Ejecutivo, los cambios buscan “modernizar estructuras, evitar la superposición de funciones y mejorar el intercambio de información estratégica”. Sin embargo, desde la oposición denuncian la creación de un “ Estado Policial ”. Uno de los puntos clave del decreto 941/2025 es la consolidación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) como el órgano rector y superior del sistema, que tendrá entre sus entidades descentralizadas al Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y la Inspectoría General de Inteligencia (IGI) . La medida instrumentada este viernes le da “ carácter encubierto ” a todas las actividades de inteligencia nacional debido a su “sensibilidad”. El objetivo, según el Ejecutivo, es minimizar el Riesgo Estratégico Nacional. También se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) para separar las funciones de inteligencia de las de protección civil. El CNC será un organismo descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y su función es proteger infraestructuras críticas y activos digitales del Estado. El decreto crea, en tanto, la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional ( CIFN). Estas estructuras buscan, según el Gobierno, que diversos organismos públicos compartan información con el SIN bajo la dirección de la SIDE, lo que busca evitar “ vacíos críticos ” en la identificación de amenazas. Se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar por considerar que su estructura estaba “sobredimensionada" y generaba “superposiciones”. Sus funciones y patrimonio se transfieren a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO). A su vez, la antigua División de Asuntos Internos se convierte en la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), encargada de realizar auditorías, inspecciones y evaluar la eficacia de todos los órganos del SIN. Según la medida, los órganos del SIN podrán garantizar la protección de sus instalaciones, bienes, personal y operaciones, y actuar ante agresiones en cualquier lugar donde desarrollen actividades de inteligencia. La normativa habilita a su personal a detener personas en tres escenarios: durante actividades de inteligencia, ante auxilios o requerimientos judiciales, y en casos de delitos flagrantes. Una vez concretada la aprehensión, los agentes deberán notificar de inmediato a las fuerzas de seguridad competentes. Además, el decreto amplía el uso de facultades compulsivas exclusivamente para tareas de contrainteligencia y seguridad, redefiniendo los límites tradicionales de la labor de los órganos de inteligencia y consolidando un marco operativo más amplio y autónomo. La justificación del Gobierno y la SIDE a los cambios La Secretaría de Inteligencia emitió un comunicado con los principales objetivos y lineamientos de la reforma. En el texto publicado en redes sociales, el organismo sostuvo que los cambios buscan un sistema de inteligencia moderno, profesional y eficiente, alineado con "estándares democráticos". Asimismo, la SIDE indicó que ya no estará bajo su órbita cuidar la seguridad interna , dado que quedará bajo competencia del Ministerio de Seguridad . En tanto, la protección de infraestructura crítica pasará a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. La Agencia de Seguridad Nacional, ahora Agencia Nacional de Contrainteligencia, se enfocará únicamente en proteger al Estado de espionaje y amenazas externas, eliminando tareas de vigilancia política interna. La Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar se disuelve para evitar "superposiciones" y sus funciones pasaran a la inteligencia militar bajo el Estado Mayor Conjunto, informó la Secretaría en un parte de prensa. La información oficial también señala que se implementará un sistema de flujo de información trazable y automatizado , con controles legales, técnicos y presupuestarios claros a fin de buscar transparencia y eficiencia. La reforma, según la SIDE, apunta a terminar con décadas de " décadas de desorden y opacidad ", estableciendo un orden institucional donde cada organismo tiene funciones delimitadas y cada acción deja registro.
La última medición oficial del Indec mostró una caída abrupta de la pobreza , llevándola a mínimos no vistos desde 2018. Sin embargo, detrás de ese dato se abre un debate técnico y político: distintas estimaciones privadas señalan que la mejora fue menor y que parte del descenso se explica por factores metodológicos y no económicos , en un contexto todavía marcado por la inflación y la crisis de ingresos. Además, esta baja atenuada implica que la pobreza medida hoy por los privados es más alta que la medida con la metodología del Indec antes de la llegada de Javier Milei al poder. Si se corrige la medición ajustando la canasta básica total a los ponderados 2017/2018 y además se adapta con la mejor captación de ingresos que tiene el Indec desde mitad de 2024, la pobreza representaría el 42% , es decir, 11 puntos más de los que dice el organismo estadístico. Según las últimas cifras del Indec, la pobreza pasó del 52,9% en el primer semestre de 2024 al 31,6% en la primera mitad de 2025. La baja, de más de 21 puntos porcentuales en apenas un año, fue presentada como uno de los datos sociales más contundentes del período reciente. Sin embargo, el número llamó la atención de economistas y analistas: ningún otro indicador social o laboral mostró una mejora de esa magnitud en tan poco tiempo. Uno de los puntos clave está en la forma en que se calcula la línea de pobreza. El Indec utiliza una Canasta Básica Total (CBT) basada en patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/2005, una estructura que quedó desfasada tras dos décadas de cambios en los hábitos de consumo y un largo ciclo de inflación alta. Las estimaciones alternativas que actualizan esa canasta con datos más recientes muestran que la línea de pobreza sería más exigente. En términos simples: hoy los hogares destinan una menor proporción de su gasto a alimentos y una mayor a servicios, transporte, educación y otros rubros no alimentarios. Al no reflejar plenamente ese cambio, la medición oficial tendería a subestimar el nivel de pobreza.
El Índice de Confianza en el Gobierno, elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella , disminuyó 0,1% en diciembre y sufre una caída interanual de 7,2%. El indicador, que se mide mensualmente en una escala de 0 a 5, se ubica en 2,46 en el último mes de 2025. En relación a noviembre, registró una leve variación de -0,1% y, en términos interanuales, de -7,2%. “Aun así, el nivel de diciembre se ubica por encima del observado en el mismo punto del mandato de las dos gestiones anteriores: es 4,3% superior al de diciembre de 2017 (gestión de Mauricio Macri; ICG = 2,36) y 73,2% superior al de diciembre de 2021 (gobierno de Alberto Fernández; ICG = 1,42)”, expresaron desde la casa de estudios. “Tras el marcado aumento de noviembre, en diciembre el ICG se mantuvo prácticamente estable. Este patrón se repite por segundo diciembre consecutivo, con variaciones acotadas: en diciembre de 2024 el índice descendió un 0,3%”, añadieron.
