Alerta: El Gobierno quiere sacar la Subsecretaría de DDHH de la ex ESMA

Tras degradar el área y avanzar con despidos, la gestión de Javier Milei analiza trasladar el organismo fuera del espacio de memoria. En paralelo, impulsa cambios en el museo y la llegada de organismos judiciales.

El Gobierno evalúa retirar la sede central de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) del espacio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). De producirse la mudanza, tal como trascendió, ésta sería una de las intervenciones simbólicas que la administración de La Libertad Avanza (LLA) prepara para mostrar un giro radical en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia al cumplirse 50 años del último golpe de Estado.

El 2 de diciembre de 2015, a pocos días de terminar su presidencia, Cristina Fernández de Kirchner llegó a la ex ESMA para inaugurar las nuevas oficinas de la entonces Secretaría de Derechos Humanos. Lo hizo acompañada por los organismos. En ese acto, la entonces presidenta habló de las deudas con quienes seguían buscando a sus seres queridos desaparecidos, pero revalorizó lo hecho durante aquellos años. “Por lo menos, hemos hecho un acto de Memoria, Verdad y Justicia”, dijo.

Mucho pasó desde entonces. La llegada de un Gobierno que niega la magnitud de los crímenes de la dictadura y justifica a sus perpetradores alteró el escenario de una manera difícil de imaginar. A poco de que se cumpla medio siglo desde el último golpe de Estado, la avanzada oficial contra la Memoria, la Verdad y la Justicia parece no encontrar freno.

En mayo pasado, Javier Milei dio su primera estocada: decidió degradar la Secretaría de Derechos Humanos y convertirla en subsecretaría. El proceso fue acompañado por el despido de más del 40 por ciento de la planta de trabajadores, de acuerdo con estimaciones del propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

En diciembre pasado, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, renunció a su cargo y fue reemplazado por Joaquín Mogaburu, un funcionario de Comodoro Py que había estado en el Ministerio de Defensa con Luis Petri, desde donde impulsaba unos cursos de “verdad completa”.

Tras la llegada de Mogaburu a la SDH, cobró fuerza la versión de que el Gobierno querría mudar las oficinas del organismo. Así lo hicieron trascender los funcionarios que secundan a Mogaburu, Alfredo Mauricio Vitolo (Jurídicos) y Soledad Suasnavar (Protección), en diálogo con distintos interlocutores, según pudo reconstruir Página/12.

“Los directores dan por hecho que la mudanza sería en abril, pero nadie lo oficializa”, comentó una fuente. Según la información preliminar, no cambiarían su ubicación ni la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) ni el Archivo Nacional de la Memoria (ANM).

De acuerdo con lo que dejaron trascender desde la SDH, la nueva sede sería el edificio de la calle Cochabamba donde solía funcionar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que Javier Milei eliminó.

A partir de estas versiones —recogidas tanto por trabajadores como por integrantes del directorio de organismos de derechos humanos que administra el espacio de memoria—, este diario hizo un pedido de acceso a la información para saber si efectivamente el Gobierno había decidido el traslado de la sede principal de la SDH.

Mogaburu rechazó dar una respuesta con el argumento de que se trataba de “eventuales decisiones futuras de gobierno, extremos que, además de no encontrarse documentados, no configuran el acceso a la información pública”.

Sería extraño que un proceso de mudanza no estuviera documentado, sobre todo porque en junio del año pasado su antecesor, Alberto Baños, pidió una reunión para discutir la posibilidad de “ceder el uso y guarda del edificio Nº 27 del predio de la ex ESMA a la Defensoría General de la Nación, la Procuración General de la Nación, el Poder Judicial de la Nación y/o el Consejo de la Magistratura”.

El edificio 27 corresponde a la SDH. Baños no ocultaba sus planes de mudar las oficinas, recuerdan quienes trataban con él. Pero su reemplazante, evidentemente, prefiere no mostrar las cartas por ahora.

Mogaburu fue designado el 24 de diciembre. Su actividad, por el momento, estuvo centrada en pedirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que levante las medidas de protección para que Milagro Sala pueda ser encarcelada o en presentarse ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) para justificar los retrocesos en esta materia.

Desde hace tiempo, el Gobierno impulsa la instalación de organismos del sistema de justicia en el espacio de memoria. En diciembre pasado, el juez federal Julián Ercolini —a cargo de la megacausa ESMA— dio el visto bueno para que se instale el archivo de la Unidad Fiscal de Investigación sobre el caso AMIA (UFI-AMIA) en los edificios 22 (ex pañol de equipos, donde funcionaba el Consejo Federal) y 23 (ex lavadero). La mudanza, por el momento, no se hizo.

El 4 de febrero, el procurador general interino Eduardo Casal firmó la resolución 2/26, a través de la cual oficializó el convenio para que el edificio 11 sea ocupado por el Ministerio Público Fiscal. El edificio 11 llegó a ser bautizado “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se pensaba usar ese espacio como sede del Ministerio de Justicia.

Más allá de la mudanza de la SDH, el Gobierno enfoca sus cañones hacia el museo que funciona en lo que fue el casino de oficiales —núcleo del centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) ESMA—. Como publicó este diario en diciembre, la administración mileísta prevé hacer cambios en el relato que reciben quienes visitan el lugar. Las posibilidades son que se modifiquen el guión y el video de introducción al recorrido.

El discurso apunta a responsabilizar a las víctimas y justificar la violencia represiva. En los últimos días circuló un video de la Fundación Faro, que dirige Agustín Laje, en el que se planteaba que no hubo un golpe de Estado sino una “continuidad” de una “dictadura peronista”.

La Fundación Faro suele ser una usina de ideas para quienes actualmente manejan el Museo Sitio ESMA, que pasó a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). Meses atrás, la titular del CIPDH, Ana Belén Mármora, publicó que había terminado su primer curso en la Fundación Faro. También suele replicar en redes sociales los mensajes de Laje, quien fue la voz del Gobierno en el video que distribuyó el último 24 de marzo, al cumplirse 49 años del golpe.

Mármora designó en el Museo Sitio ESMA a un hombre de su confianza, Fernando Vedoya, quien, al igual que ella, proviene del llamado Frente Joven, un espacio dedicado a la militancia contra el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo.

Lo primero que hizo Vedoya al llegar al museo fue ordenar que se retiraran las marcas que daban cuenta de la violencia diferencial que habían sufrido las mujeres que estuvieron cautivas en la ESMA. Eran anotaciones que se habían introducido en el guión como respuesta al Ni Una Menos y a la marea verde.

Cuando un grupo de sobrevivientes fue a pedir explicaciones por los cambios, Vedoya se justificó diciendo que existía una política oficial contra el “lenguaje inclusivo”. El funcionario encontró un aliado imprevisto en el juez Ercolini, quien, ante un planteo de los querellantes por las modificaciones, sostuvo que no podía involucrarse en la narrativa del museo.

En las últimas semanas, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó una serie de informes que dan cuenta del deterioro que puede comprobarse en los sitios de memoria que funcionan en territorio porteño —Olimpo, Club Atlético, Virrey Cevallos y Automotores Orletti—. El lunes pasado, Ercolini le pidió a la Defensoría que enviara, si lo tenía, un relevamiento sobre el estado de la ex ESMA, que ha sido y seguirá siendo un escenario privilegiado de la disputa por la memoria.